11J en Cuba: tres años de violencia de género contra las prisioneras políticas

Eran las siete de la noche del 11 de julio de 2021, Lisdani Rodríguez cuenta a El Espectador que su familia y ella estaban muy emocionados de salir a la calle en la segunda ronda de manifestaciones, pues ver tanta gente en las calles pidiendo la libertad de Cuba era algo que no habían visto antes. Sin embargo, al salir, se dieron cuenta de que habían muchas personas que estaban siendo perseguidas por otros civiles con palos y gritos, por lo que decidieron resguardarse en su casa. En ese momento, Lisdani y su familia creían que todo había terminado, pero no fue así. En la madrugada después de esa noche, unos uniformados llegaron hasta su casa, diciendo que ella y su hermana, Lisdianis, estaban detenidas. Ellas, al no ver un documento oficial que dijera eso, se negaron.

Eran las siete de la noche del 11 de julio de 2021, Lisdani Rodríguez cuenta a El Espectador que su familia y ella estaban muy emocionados de salir a la calle en la segunda ronda de manifestaciones, pues ver tanta gente en las calles pidiendo la libertad de Cuba era algo que no habían visto antes. Sin embargo, al salir, se dieron cuenta de que habían muchas personas que estaban siendo perseguidas por otros civiles con palos y gritos, por lo que decidieron resguardarse en su casa. En ese momento, Lisdani y su familia creían que todo había terminado, pero no fue así. En la madrugada después de esa noche, unos uniformados llegaron hasta su casa, diciendo que ella y su hermana, Lisdianis, estaban detenidas. Ellas, al no ver un documento oficial que dijera eso, se negaron.

Los días siguientes no fueron tranquilos, entre rumores de que había personas que se estaban metiendo a las casas, ella, su hermana y su hija decidieron mudarse por temor. Su madre fue la única que quedó en casa y durante seis días la abordaron diferentes personas amenazando con que si sus hijas no se presentaban ante las autoridades, a ella le iba a pasar algo. Ante las amenazas, Lisdani y su hermana se entregaron a las autoridades el 17 de julio de 2021 y tres días después fueron trasladadas a la cárcel de Guamajal, en Santa Clara.

En ese momento, la vida de Lisdani, una mujer que se dedicaba a ser asistente educativa en una de las escuelas de su municipio, cambió para siempre. Sin antecedentes penales, hoy cumple una condena de ocho años por los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos, según las autoridades cubanas. Para ella, la única razón por la que está en prisión es por salir a manifestarse en las calles por la libertad de su país.

Hoy se cumplen tres años de las emblemáticas protestas del 11 de julio de 2021, una manifestación que reunió a miles de cubanos en las calles de decenas de ciudades. Para ese momento, las personas no solo protestaron por la escasez de productos de necesidades básicas (alimentación, higiene, medicina y electricidad), sino también en contra de la política de represión del Estado cubano que, por décadas, había violentado la libertad de expresión y la reunión pacífica. De estas manifestaciones resultaron cientos de personas detenidas y otras desaparecidas, entre los detenidos está el caso de Lisdani Rodríguez y su hermana, y el de Brenda Díaz, una mujer trans recluida en una cárcel de hombres.

En 2023, la organización Prisoners Defenders presentó, ante Naciones Unidas, una denuncia en la que hay reportados 520 casos de presos políticos de las manifestaciones del 11J en Cuba. Entre las personas detenidas, para 2021, aproximadamente 100 de ellas eran mujeres. Hoy, la organización Justicia 11J reporta 56 mujeres en prisión, el número disminuyó porque algunas de ellas ya cumplieron su condena.

Sin embargo, el Observatorio de Violencias de Género de Alas Tensas denuncia que durante estos tres años se han reportado diferentes tipos de violencia de género contra estas mujeres en las instalaciones penitenciarias: violencia sexual, física, verbal, psicológica y vicaria. Incluso se han reportado hechos en los que se ha atentado contra los derechos sexuales y reproductivos, como es el caso de Lisdani Rodríguez.

“Mi experiencia en la cárcel ha sido muy difícil”, cuenta Lisdani Rodríguez en entrevista con este diario. Con siete meses de embarazo, en este momento se encuentra en una licencia extrapenal dada su condición de salud y el riesgo en su embarazo. Es decir, que la justicia cubana le concedió el permiso de estar en su casa durante un año, ya que las condiciones de salud de Lisdani no se pueden atender en el establecimiento penitenciario. No obstante, en marzo de este año denunció que las autoridades cubanas la estaban presionando para abortar. “Una vez me hacen el ultrasonido y confirman que estoy embarazada, empiezan a presionarme de muchas formas para que yo aborte”, afirma Lisdani. Por ejemplo, según ella, privándola de sus comidas diarias, de medicamentos y de visitas de control para su embarazo. “Constantemente, las guardias me hacían comentarios de que para qué iba a tener un hijo si yo iba a seguir encerrada”, agregó.

Yanelys Núñez, activista y coordinadora del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), mencionó en entrevista con El Espectador que, de no ser por la presión internacional que recibió el gobierno cubano después de publicar el caso de Lisdani en la prensa, ella no estaría en esa licencia extrapenal de un año.

Agrega que durante estos tres años se han denunciado tres casos de violencia sexual contra tres presas políticas, entre ellas una menor de edad. Uno de estos es el de Yeilis Torres, quien sufrió violencia sexual “por parte de dos hombres dentro de una estación de la Policía, en La Habana, lo que le provocó un aborto, pues ella estaba embarazada”, afirma Nuñez.

La activista añade que los hijos también se han convertido en un mecanismo del régimen para violentar psicológicamente a las presas políticas. El caso de Lizandra Góngora, madre de cinco niños, es quizá uno de los más extremos, pues fue trasladada a la Isla de la Juventud, a una prisión a 500 kilómetros de su familia, impidiendo que tuviera contacto con ellos. “A ella le afectaron los supuestos beneficios que tiene de visitas familiares y conyugales, llevándola al punto de autolesionarse de la desesperación”, acota Yanelys Nuñez.

Según Amnistía Internacional, la violencia vicaria es un tipo de violencia de género, en la que “los hijos e hijas de las mujeres son instrumentalizados para maltratar y ocasionar un dolor extremo a sus madres”. La historia de Lizandra es sólo una de las que cuentan con frecuencia las presas políticas de Cuba, en donde las autoridades las presionan con sus familias e hijos para violentarlas psicológicamente. “Alejar a la familia es otra de las formas represivas que el gobierno aplica para que ellas y sus familias sufran más”, dice Nuñez.

Algo parecido cuenta Ana María García. El 11 de julio de 2021 se encontraba fuera de su municipio visitando a sus nietos, pues llevaba cuatro meses sin verlos por las medidas de restricción por la pandemia por Covid-19. En horas de la tarde, recibió una llamada de uno de sus vecinos que le indicaba que las autoridades se habían llevado a sus dos hijos -Brenda y un menor de edad-, y no sabía a dónde. En medio de la prisa, ella se devolvió a su municipio, Güira de Melena, en la provincia de Mayabeque, para poder buscarlos, pero durante ocho días no obtuvo ninguna respuesta, sus dos hijos estaban desaparecidos.

Tras tocar muchas puertas, el 20 de julio llegó a la estación de Policía, en donde uno de los agentes le dijo que su hija y su hijo habían sido detenidos por vandalismo. Su hijo, cuyo nombre Ana María prefirió no mencionar, cumplió una condena corta en casa, dadas sus condiciones de salud mental. Mientras que Brenda fue condenada a 14 años de prisión por los delitos de atentado, desorden público y sabotaje de carácter continuado. En estos tres años, las autoridades cubanas la han acusado de ser un hombre que se “disfrazó” de mujer para sabotear las manifestaciones. Es así como la lucha por los derechos de su hija Brenda Díaz ha sido el pan de cada día de esta madre, pues dentro de la cárcel no respetan sus derechos básicos ni su identidad de género.

En entrevista con El Espectador, Ana María cuenta que, durante estos tres años, ha tenido que vender hasta su máquina de coser, con tal de llevarle medicamentos y comida a su hija en la prisión. También se ha alejado del resto de su familia para no poner a nadie más en riesgo ante las posibles represalias de las autoridades. Brenda Díaz es una mujer trans recluida en una cárcel de hombres, que antes de ser presa política era manicurista y en ocasiones hacía performances de drag queen en uno de los cabarets de su ciudad.

“Cuando mi hija llegó a la cárcel, la obligaron a cortarse el cabello como un hombre y para ella su cabello lo era todo. No la dejaban ponerse accesorios de mujer, ni nada. Tampoco la nombran como Brenda, sino que la llaman por su nombre biológico”, menciona Ana María. Para Brenda, esta situación ha sido muy difícil porque se siente muy frustrada al no poder ser ella misma. “Todos sus sueños se acabaron, mi hija sólo ponía uñas acrílicas y ahora la tratan como una criminal”, agrega.

Su madre agrega que cuando llegó a la cárcel intentaron violarla, en repetidas ocasiones ha sido víctima de palizas por parte de los guardias y su situación de salud no ha sido tratada adecuadamente. Brenda tiene VIH, gastritis y cálculos en los riñones, por lo que la violencia contra ella en la cárcel no solo irrespeta su identidad de género sino su derecho a la salud. “Hubo tres meses en los que no recibió sus retrovirales, y se sabe que con el VIH cualquier enfermedad puede llevarla a la muerte”, afirma Ana María.

“La semana pasada fui a visitarla y las condiciones en la cárcel son pésimas, hay gente muriéndose de hambre, en estado de desnutrición y con muchas enfermedades que ponen en riesgo a mi hija. Hay días en los que a mi hija le dan una papa al desayuno y puré de papa en el almuerzo y la comida, y ella necesita estar bien alimentada”, concluye Ana María.

Tres años de silencio y miedo

“El viernes pasado, durante la visita a mi hermana, me llamaron las autoridades para hablar conmigo y me dijeron que estaba mal que diera entrevistas con medios de comunicación, pero yo me mantengo en esta posición. Durante todos estos años me he dado cuenta de lo que el gobierno es capaz de hacer, y eso es lo que me motiva. Antes, cuando yo trabajaba en la escuela, no sabía nada de política y ahora que sí sé me mantengo en mi posición de luchar por la libertad de todos los presos políticos”, declaró Lisdani Rodríguez al iniciar la entrevista con El Espectador.

Esta posición también la manifestó Ana María García, cuyo único deseo es la libertad de los presos políticos y “la libertad para nuestro país, eso es lo más importante”. Tanto Ana María como Lisdani concluyen que cualquier represalia en contra de ellas y de sus familias, por dar entrevistas y mostrar lo que está pasando con los presos políticos, es responsabilidad del gobierno cubano.

En ocasión de los tres años de las históricas protestas del 11J en Cuba, diferentes organizaciones de derechos humanos, como Artists at Risk Connection (ARC), Civil Rights Defenders, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Cubalex, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Justicia 11J, entre otras, expondrán la situación de los presos políticos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según estas organizaciones, tan solo entre enero y febrero de 2024 se reportaron “cerca de 300 acciones represivas contra personas activistas y defensoras de derechos humanos, disidentes políticos, periodistas, artistas independientes, y familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos”.

Las manifestaciones, después de aquel 11 de julio de 2021, no se han detenido. Tampoco el encarcelamiento arbitrario de personas que participan de dichas protestas. Según la organización Justicia 11J, son más de 650 personas las que en este momento están privadas de la libertad por su participación en las marchas, sin contar las personas exiliadas forzosamente, que tuvieron que abandonar la isla por falta de garantías en su seguridad.