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En la última legislatura, el Congreso de la República ha pretendido tipificar el delito de violencia digital de género; crear una licencia menstrual remunerada; prohibir las mal llamadas “terapias de conversión”; reconocer la violencia vicaria dentro del ordenamiento jurídico; castigar a las personas que se retiren el condón sin consentimiento durante las relaciones sexuales y garantizar los derechos de las niñas y los niños huérfanos por feminicidios. Estas iniciativas tienen un elemento en común, implementan un enfoque de género.
Desde que se posesionó el actual Congreso, en julio de 2022, hasta febrero de 2024, se han radicado 101 proyectos de ley que abordan temas con este enfoque. La erradicación de las Violencias Basadas en Género (VBG); la prevención y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes; la maternidad y la gestación; los derechos sexuales y reproductivos y las garantías para las personas LGBTIQ+ son los más frecuentes. De estos, 69 siguen en curso y tan solo dos - el Plan Nacional de Desarrollo y la creación del Ministerio de la Igualdad - se han convertido en ley.
De forma sencilla, el enfoque de género se reconoce como la herramienta que permite ver los roles sociales y políticos que se le han asignado tanto a hombres como mujeres, e incluso a personas con identidades diversas, y que determinan su acceso a ciertos derechos. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la perspectiva de género es una herramienta imprescindible para entender la sociedad en la que vivimos y modificar sus estructuras desiguales que tradicionalmente han beneficiado a los hombres.
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Además, permite cuestionar estereotipos y elaborar contenidos que incidan en el imaginario colectivo al servicio de la igualdad y la equidad. De no ser aplicada ni incorporada en las instituciones o las leyes, se seguirán reproduciendo “esquemas sexistas que discriminan, estereotipan o invisibilizan a la infancia, mujeres y población LGBTIQ+”, enfatiza el organismo internacional en su guía sobre enfoque de género.
En los últimos años, ha habido un aumento en el interés por legislar con perspectiva de género y son más las congresistas y los congresistas que se enuncian desde este enfoque. Carolina Giraldo, representante a la Cámara y actual presidenta de la Comisión de la Mujer, explica que “presentar proyectos de ley con enfoque de género es esencial para avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa”. Añade que independientemente del partido o filiación política, un enfoque diferencial y de género trasciende a un tema de derechos humanos: el poder garantizar a las personas una vida libre de violencia.
¿Quiénes están detrás de estos proyectos?
En el Senado, la mayoría de los proyectos de ley que tienen un enfoque de género fueron radicados por el Partido Conservador, seguido del Pacto Histórico y la Alianza Verde. En la Cámara de Representantes, el partido que más radicó proyectos que incorporan esta perspectiva fue el Pacto Histórico. Después están en el Partido Liberal, Partido Conservador y la Alianza Verde.
Tras analizar los proyectos de ley de la actual legislatura, El Espectador encontró que algunas congresistas han tomado el liderazgo de este tipo de iniciativas. Aunque la mayoría pertenece a movimientos políticos que tienden a una postura de centro o izquierda, lo que se observa es que en todos los partidos hay congresistas con un interés por radicar propuestas que buscan reducir las brechas de género en el país.
La primera es la congresista Katherine Miranda. Solo ella ha radicado más del 50% de los proyectos de ley con enfoque de género que presentó su partido, la Alianza Verde, en la Cámara de Representantes durante este periodo. La politóloga de la Universidad del Rosario se ha caracterizado por proponer iniciativas que buscan generar cambios en temas como la gestión menstrual, la licencia postparto, la situación militar de personas trans y la prevención de la violencia sexual.
Uno de sus proyectos, por ejemplo, busca proteger a las niñas, los niños y los adolescentes que nacieron producto de la violencia sexual. La propuesta establece, entre otras cosas, que las madres o personas gestantes que hayan sido víctimas y se encuentren en situaciones de vulnerabilidad puedan recibir un apoyo económico. Que tanto ellas como sus hijos o hijas tengan acceso gratuito a acompañamiento psicosocial. Además, el articulado de proyecto establece que estos casos deberán atenderse de manera prioritaria para evitar cualquier tipo de violencia adicional que pueda ejercerse sobre la niñez.
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La representante Miranda le dijo a El Espectador que es el anhelo de que todas las colombianas y los colombianos puedan tener igualdad de derechos y oportunidades, y que su hija de nueve años viva en un país garante de derechos, lo que la ha movido a impulsar y liderar temas de género en la agenda legislativa. A su vez, explica que, a la hora de legislar, este enfoque debería estar siempre de manera transversal.
“Quiero dar mi granito de arena para que Colombia sea un país incluyente, pueda cerrar la brecha de derechos a grupos sociales que han sido históricamente estigmatizados, violentados, ignorados por los gobiernos de turno y con ello evidenciar que tenemos una deuda social muy grande”, asegura Miranda.
La senadora Nadia Blel Scaff, del Partido Conservador, es otra de las congresistas que más ha liderado estos temas en el Congreso. Durante este periodo ha radicado cuatro proyectos de ley que aún siguen en trámite por el legislativo. La “Ley Gabriel Esteban”, por ejemplo, es una de sus iniciativas. Con ella, busca que la violencia vicaria sea reconocida, prevenida y sancionada dentro del marco legal Colombiano.
La violencia vicaria es un tipo de violencia basada en género que tiene como objetivo causarle daño a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente de sus hijas e hijos. El proyecto lleva el nombre de Gabriel Esteban, un niño que fue asesinado por su padre en un hotel de Melgar, con la finalidad de causarle dolor a su expareja.
La senadora explica a este diario que, aunque suela creerse que este tipo de proyectos no vienen de los partidos tradicionales, la tarea que se ha encomendado va más allá de la ideología. “Todas hemos sufrido de una manera u otra, o hemos conocido a una mujer que se ha visto afectada por los prejuicios sociales de nuestro país. Nosotras estamos en el Congreso para representar esas voces, no importa la ideología, lo que nos une es mucho más grande que un partido político”.
Blel agrega que presentar un proyecto de ley con enfoque de género tiene varios retos, entre ellos que la ciudadanía entienda la importancia de legislar desde esta perspectiva. Según la senadora, muchas veces son los mismos ciudadanos los que demandan las iniciativas en favor de las mujeres. “De pronto ellos no entienden que esta es una discriminación positiva. ‘Discriminación’ es una palabra con una connotación fea, pero si no reconocemos esos derechos, esas brechas, nos vamos a tardar más en lograr la equidad y la igualdad por la que venimos luchando hace tanto tiempo”, enfatiza.
En contraste, para la representante Miranda, los retos son otros: encontrar el apoyo parlamentario de quienes que no le dan relevancia a este tipo de propuestas, que el Congreso las priorice en la agenda o el orden del día, y que se reconozca la necesidad de una inversión significativa para hacer viables los proyectos. También que las reformas propuestas por el Gobierno Nacional han ocupado y seguirán ocupando la agenda legislativa de este año. “Esto reduce los espacios para que otras iniciativas sigan curso y sean debatidas, no solo los proyectos de diversidad”.
Después de Miranda y Blel, las congresistas que más han radicado proyectos con enfoque de género son la senadora Angélica Lozano y la representante Carolina Giraldo de la Alianza Verde. Le siguen el representante Juan Carlos Willis. Él ha presentado varias iniciativas que reconocen esta perspectiva de género, por ejemplo, está en curso un proyecto que busca capacitar en este asunto a funcionarios que atienden a mujeres víctimas de violencias y otro que pretende fortalecer el programa de Madres Comunitarias.
Dos de los proyectos incluidos en el conteo general que hablan sobre el derecho al aborto fueron radicados por congresistas de la autodenominada “Bancada Provida”. Estas iniciativas pretendían prohibir la interrupción voluntaria del embarazo, al querer modificar la Constitución y definir al feto como un sujeto de derecho desde la concepción. Dichos proyectos fueron archivados por vencimientos de términos.
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Sin embargo, este diario tomó la decisión de mantener estos proyectos de ley en el balance legislativo, pues permiten evidenciar que las discusiones de estos temas no se dan de forma homogénea. Adicionalmente, desde el movimiento Causa Justa, responsable del fallo que despenalizó el aborto voluntario en Colombia hasta la semana 24 de gestación, mencionan que este tipo de iniciativas, y el grupo de congresistas que están tras de ellas, hacen visibles los retos que aún existen para garantizar derechos que han sido ganados desde el ámbito jurídico.
Algo similar sucede con los temas relacionados específicamente con la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Si bien hoy el Congreso cuenta con siete congresistas abiertamente LGBTIQ+ y una comisión accidental pensada para esta materia, lo que se puede evidenciar, desde los proyectos que están en curso, es que el panorama está dividido.
Por una parte, desde la Cámara de Representantes se están discutiendo dos proyectos de ley: uno que pretende prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” conocido como “Inconvertibles” y otro que busca que el servicio militar sea voluntario para las personas trans y no binarias. Estos proyectos fueron redactados en compañía de organizaciones LGBTIQ+ y han sido liderados, principalmente, por varios representantes de la Alianza Verde y el Pacto Histórico.
Por el contrario, en el Senado cursan dos proyectos de ley que organizaciones como la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) y Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual y de Género (FAUDS) han señalado que, de ser aprobadas, pondrían en riesgo los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se identifican como trans o personas no binarias. Se trata de las iniciativas “Con los niños no te metas” y “Niños, no experimento”, que quieren prohibir el acceso a la atención de la “disforia de género” en menores de edad.
Estos proyectos fueron radicados por Lorena Ríos, del partido cristiano Colombia Justa y Libres, y por los congresistas conservadores Óscar Mauricio Giraldo y Luis Miguel López. Este último fue noticia recientemente por solicitar un minuto de silencio por “los fetos abortados” el 21 de febrero, día en que se conmemoraron los dos años de la despenalización total del aborto voluntario hasta la semana 24 de gestación.
Para Andrés Cancimance, representante a la cámara y hombre gay, es normal que estos temas ocasionen resistencias, sobre todo por los sectores más tradicionales. “Todo lo que suene en función del género, lo relacionan con la supuesta ‘ideología de género’ y es rechazado de entrada”, comenta en diálogo con El Espectador. El congresista explica que por eso, en proyectos como ‘Inconvertibles’, la estrategia que han manejado es tener acercamientos con las bancadas más conservadoras para que entiendan que no es un asunto de ideología, sino de proteger el derecho a una vida digna, libre de discriminación y torturas.
“Hay que hacer una labor de pedagogía y reenfocar la discusión porque hay cosas que nos unen. Pero claro, los proyectos alrededor de mujeres, derechos reproductivos o personas LGBTIQ+ siempre van a ser un poco más visibles, pero también generan más tensiones. Seguramente, cuando se radique la Ley Integral Trans, será uno de los proyectos más tensos por toda la carga negativa que hay por el desconocimiento sobre la población trans y lo conservadora que sigue siendo la sociedad colombiana”, añade Cancimance.
La Ley Integral Trans es una iniciativa que se está gestando desde organizaciones sociales y que cuenta con el respaldo de la Comisión por la Diversidad del Congreso. Se propone converger en una ley todos los avances en materias de derechos de las personas trans y con identidades de género diversas que han sido logrados en la Corte Constitucional. Por el momento, no hay una fecha definida para su radicación, pero se espera que ocurra este año.
Otro aspecto relevante es que hay un interés significativo sobre la prevención de las VBG. Esto también lleva a que en el actual Congreso se hayan radicado proyectos de ley similares entre sí tanto en Cámara, como en Senado. Por ejemplo, respecto a la violencia vicaria, además de “Ley Gabriel Esteban”, también está en curso una iniciativa de las representantes Alexandra Vásquez y Jennifer Pedraza que, al igual que la propuesta de Nadia Blel, pretende tipificar este tipo de violencia.
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El que haya proyectos de ley con enfoques y objetivos parecidos deja entrever que, por una parte, son temas de interés nacional, pero que también hay falta de comunicación entre congresistas o que, incluso, puede ser un asunto de “competencia” dentro del Congreso. El analista político Gabriel Cifuentes explica que cuando esto sucede “es posible que también que haya un genuino interés de los congresistas de abanderar una determinada causa y que el proyecto recoja elementos que de pronto no están contenidos en otros proyectos similares”. Sin embargo, Cifuentes añade que en el trámite legislativo son pocas las iniciativas que resultan ley. Por eso, algunos proyectos se agrupan, pero otros quedan anulados entre sí.
Todas las personas consultadas por este diario están de acuerdo en que el Congreso de la República es, cada vez más, un lugar donde se pueden dar discusiones de género y diversidad sexual. También, que el aumento en los proyectos de ley que buscan atender problemáticas que le conciernen a estos sectores responde a la mayor visibilidad que tienen hoy los movimientos feministas y LGBTIQ+, así como a las demandas de la ciudadanía.
No obstante, quienes están tras estos proyectos en el Congreso le expresaron a este diario que todavía tienen que enfrentarse a una agenda legislativa muy apretada y que, aunque exista la disposición de debatir las propuestas, es poco el tiempo para el trámite efectivo, lo que aumenta la probabilidad de que se archiven. Las cifras también lo dicen: en los casi dos años de este Congreso se han vuelto ley de la República menos del 2% de los proyectos con enfoque de género radicados.