Alcaldía de Medellín responsabiliza a Claudia Gómez de su propio feminicidio

Foto: Cortesía familia Gómez Castaño

Claudia Patricia Gómez Castaño fue asesinada en 2017 por Andrés Felipe González Montoya, su esposo. El feminicidio ocurrió una semana después de que ella pidiera protección en una comisaría de familia por violencia intrafamiliar. Por eso, la familia de la víctima asegura que la institución no actuó con la inmediatez que exige la ley y decidió demandar a la Alcaldía de Medellín, para que repare los daños que, según los demandantes, les ocasionaron. La Alcaldía respondió ante la jueza que lleva el caso que la responsabilidad de “autocuidado” era de la víctima, lo que, según sus seres queridos, la revictimiza. Esta es la historia.

Claudia era la mayor de cinco hermanas: Diana, Catalina, Susana y Clara. Tenía 40 años, de los cuales 26 los había vivido al lado de Andrés Felipe, su esposo, con quien vivía en una casa del barrio Santa Lucía, en Medellín, junto a 10 de sus 11 hijos. Era la principal proveedora del hogar, con una tienda de empanadas en el barrio.

El 7 de noviembre de 2017, Claudia le pidió a su esposo que se fuera de la casa y él respondió con una golpiza y agresiones a sus hijos, que implicaron llamar a la Policía para desalojar al agresor. Andrés solo se fue cuando llegaron los uniformados. De acuerdo con Ana Isabel, la hija mayor, fue más por su propia mediación y no por la Policía, que, recuerda ella, le preguntó a Claudia a dónde pensaba irse con los 10 hijos, porque Andrés se quería quedar.

Al siguiente día, Claudia despertó decidida a no aguantar más violencia y, a las 9:30 a.m., estaba con Ana Isabel en la Comisaría de Familia 12 de Medellín. Allí le contó a la secretaria su caso, le dijo que, por años, su esposo la había maltratado a ella y a sus hijos y que la había amenazado de muerte. En ese momento se escuchó un alboroto en el primer piso: Andrés Felipe estaba en el lugar.

Para Ana Isabel, la única explicación posible es que él seguía a su madre. Cuenta que se le enfrentó a gritos y, mientras tanto, a Claudia le terminaron de recibir la denuncia, le dejaron una copia de un documento con la medida de protección y, mientras funcionarios de la comisaría atajaban a Andrés que vociferaba, madre e hija salieron por la puerta principal y tomaron un taxi.

A Claudia se le entregó una orden de alejamiento para que Andrés no se acercara a más de 200 metros, también tenía prohibido entrar a la casa y se le había hecho la advertencia de que, si volvía a agredir a su esposa, le esperaba un eventual proceso penal. También se le ordenó al sujeto pagar una cuota alimentaria y se le citó a audiencia en Fiscalía.

La comisaria esperaba que, si Andrés aparecía, Claudia llamara a la Policía y le mostrara una fotocopia de la orden de alejamiento. Al llegar y ver el documento, la Policía sabría que el caso iba en serio y arrestaría al agresor. Pero la fotocopia no sirvió. Ocho días después, el 15 de noviembre, hacia las 3:00 a.m., Andrés Felipe entró a la casa con una copia robada de las llaves, la despertó y le disparó cinco veces frente a sus hijos. Esa tarde, el agresor se entregó a las autoridades.

González fue condenado a 33 años y cinco meses por los delitos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. Los 11 hijos sintieron que quedaron a la deriva. No existe una política pública para huérfanos por feminicidio. “Nosotros, los mayores, tuvimos que buscar dónde vivir y cómo sobrevivir”, relata a este diario Ana Isabel; “los menores, con mis abuelos”.

Clara, la hermana menor de Claudia, agrega que desde ese momento “vivir se volvió complicado”. Comenzó a sufrir claustrofobia y a tener pesadillas recurrentes y asegura que su mamá, Patricia, quiso suicidarse en dos ocasiones, tras la pérdida de su hija.

La familia de Claudia considera que el distrito de Medellín es también responsable por no haber garantizado la seguridad de Claudia cuando ella pidió ayuda, pues las comisarías de familia son parte de la Secretaría de Seguridad, que anuncia tener la función de “proteger, promover y garantizar los derechos de todos los miembros de la familia”. Por ello, exige ante una jueza administrativa una reparación de perjuicios. Con ese dinero esperan garantizar la calidad de vida de los hijos de Claudia menores de edad y de Ana Judith, otra de las hijas, que padece parálisis cerebral, pero no ha podido acceder a atención especializada.

Fotocopias para prevenir feminicidios

La ley establece que, al llegar a la comisaría de familia, Claudia hubiera podido exponer su caso. El comisario evaluaría el riesgo e implementaría alguna de las medidas para la prevención de violencia contra las mujeres. Estas medidas pueden ser, para la víctima, el acompañamiento de la Policía, la atención jurídica y psicosocial e ir a casas de acogida con gastos pagos; para el agresor, cuotas de alimentación para los hijos, decomiso de bienes y armas, orden de alejamiento y desalojo, entre otras. Y todas estas medidas tienen en común que deben ser inmediatas; pero, en la práctica, la realidad es otra.

La comisaria de familia que tomó el caso reconoce que la Policía no estaba debidamente alertada del riesgo que corría Claudia. Los papás de Claudia enviaron un derecho de petición a la comisaría 12, en el que preguntaron cómo y cuándo se le notificó a la Policía del barrio el oficio de la denuncia de Claudia, como corresponde. La comisaria Isabel Cristina Escobar respondió que la entrega nunca ocurrió, porque el día siguiente a la denuncia de Claudia, el transporte de la comisaría estaba ocupado con “trasladar a la comisaria de familia encargada a capacitaciones oficiales que tenía programadas”.

Y estas tareas, según la comisaria Escobar, fueron suficiente razón para que el servicio de transporte no pudiera hacer una ruta de 10 minutos para entregar la fotocopia del oficio. En el derecho de petición, a la misma comisaria le pareció oportuno aclarar que, cuando se supo del feminicidio de Claudia la siguiente semana, “no se consideró pertinente hacer la entrega del citado oficio”.

En las audiencias, la comisaria arrojó otra excusa: Claudia era la que debía ir a la estación de Policía a entregar el documento. Según la demanda de los familiares de la víctima, no queda claro por qué la funcionaria no envió el oficio por correo electrónico ni por qué no hizo una llamada a la estación de Policía.

Isabel Agatón, abogada experta en feminicidios y promotora de la Ley Rosa Elvira Cely, considera absurdo que la comisaria no haya tomado medidas inmediatas tras la denuncia. Según ella, la comisaria debía saber que denunciar violencia intrafamiliar puede desencadenar actos violentos al hacer que el agresor se sienta amenazado.

Una publicación de ONU Mujeres Colombia de 2019 lo reitera: en 18 de los 81 casos estudiados, la denuncia ante las autoridades fue el detonante de hechos violentos. Agatón encuentra incomprensible que la comisaria de familia no hubiera percibido un riesgo inminente para la vida de Claudia, siendo que el agresor se presentó en la comisaría e hizo un escándalo.

Además, advirtió que en este caso, que incluía violencia vicaria (ejercida contra los hijos), no se hubiera empezado por la restricción inmediata de la patria potestad a Andrés Felipe. La abogada recuerda que según las leyes de violencia intrafamiliar y feminicidio y diversos tratados internacionales, “el Estado está en la obligación de desplegar todas las acciones para garantizar una vida libre de violencias”, cosa que no sucedió.

Aun así, la Alcaldía de Medellín considera que “la actuación de la comisaría de familia 12 estuvo acorde con las normas legales”.

No soy yo, es ‘Fico’: alcalde Daniel Quintero

“La efectividad de las medidas de protección no depende de manera absoluta de (...) las autoridades de policía”, respondió el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, en una comunicación del 23 de marzo de 2023 a la jueza que lleva el caso. Antes de firmar, el alcalde agregó que, según los testimonios de Andrés González y tres de sus hijas, “pese a la medida de alejamiento o prohibición de acercarse, el fin de semana anterior a los hechos de feminicidio, Claudia Patricia Gómez Castaño accedió a verse con [el asesino], faltando de esta manera al autocuidado”.

El Espectador habló con el alcalde Daniel Quintero, quien asegura que la misiva que él firmó y escribió junto a sus abogados no lo representa a él, sino a “lo consignado en la alcaldía de Federico Gutiérrez” cuando sucedió el feminicidio. No obstante, la demanda fue admitida el 20 de enero de 2020, cuando Quintero ya estaba en funciones, pero, según él, “eso no importa porque se refiere a unos hechos que ocurrieron antes”.

Frente a si el mensaje es revictimizante por responsabilizar a la víctima, Quintero dijo estar “totalmente de acuerdo en lo personal, pero yo tengo que responder lo que planteó Federico Gutiérrez en su administración y lo que quedó consignado como hechos de la Secretaría de Seguridad de ese momento en una defensa judicial”.

El alcalde resaltó que durante su administración ha bajado el número de feminicidios y que cuando uno ocurre, sobre todo luego de que la víctima hubiera pedido ayuda, “el Estado está fallando”. Sin embargo, no afirmó ni negó que el Estado hubiera fallado en el caso particular de Claudia Patricia, pues se trata de un caso “con reserva de sumario, atravesado por una cuantiosa demanda en curso”.

El equipo de comunicaciones de Quintero recordó que Claudia Patricia había radicado, en 2008 y 2009, dos denuncias por violencia intrafamiliar en la Comisaría de Familia de la Comuna 13, de las cuales “se desentendió” y que esto significa que “el Estado hizo lo que pudo”. Las hijas de Claudia explican que cuando su mamá lo denunció, él la amenazó con matar a una de ellas si continuaba los procesos.

Sobre si esta versión provenía de la administración de Federico Gutiérrez, El Espectador quiso contrastar con Valeria Molina, secretaria de la Mujer al momento de los hechos. Molina no negó ni confirmó la postura de su administración frente al crimen. Aseguró que este caso demuestra que las mujeres viven en permanente riesgo y que “necesitamos que todas las instituciones responsables estén en permanente revisión de los procesos”.

Cuando se le preguntó si era cierto, como asegura el alcalde Daniel Quintero, que desde su administración se consignó la tesis de que la víctima de feminicidio “faltó al autocuidado”, “permitió acercamientos con el [agresor]” y de esa manera él logró asesinarla, Molina guardó silencio. No obstante, cuando fungía como secretaria, en 2017, sí se pronunció sobre los hechos: “[Claudia] es una mujer que había sido violentada toda su vida y tenía once hijos con este señor. O sea, las mujeres tienen que, desde el primer momento, alertarse y decir ‘no más’”, declaró Molina ante medios.

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La congresista Susana Boreal, víctima también en tanto perdió a su hermana, considera que todas las respuestas del Estado han sido revictimizantes y machistas. “Desconocen que la violencia intrafamiliar no solo es física, sino psicológica, y que es difícil como víctima separarse del agresor, sobre todo cuando tienen hijos compartidos”. Rechaza que las autoridades narren el crimen desde la cantidad de hijos de Claudia y el tiempo que fue abusada, y no desde la condena al victimario.

Clara, otra de las hermanas, piensa que la explicación de Quintero es “como si el presidente Petro rechazara el informe de la Comisión de la Verdad porque él, en el momento del conflicto armado, no era el presidente”. A ambas las hiere pensar que el alcalde priorice el dinero del Estado antes que responder por un feminicidio.

Con esas apreciaciones coincide Susanna Helfer Vogel, quien fue directora de protección social del Ministerio de Salud y desde ese cargo coordinó la reglamentación de la Ley 1257 contra la violencia intrafamiliar. Para Helfer, las razones expuestas por la alcaldía de Medellín no son más que “excusas de su ineficacia”. La exfuncionaria asegura que la normatividad es suficiente y que los recursos existen, “lo que falta es coordinación y gestión”. “Cuando una mujer va a una comisaría de familia, va asustada. Apenas entre, debería activarse un sistema de alerta y apoyo psicosocial en el que se involucren todas las instituciones”. Agrega que los sistemas de alerta deben ser integrales, apoyarla a ella y sus hijos y “no ponerla a hacer trámites por las instituciones”.

Las expertas consultadas consideran que el Estado sí es responsable pues, si la comisaría hubiera procedido con la inmediatez que indica la ley, el feminicidio de Claudia se hubiera podido evitar. Y, aunque aún no hay una sentencia en el juzgado administrativo, en la condena penal contra Andrés Felipe González, el magistrado Óscar Bustamante dijo lo mismo: “El Estado falló (…) Es un absoluto fracaso el tener que juzgar estas situaciones; incluso, debería responder por tanta negligencia”.

Un caso frecuente

Según cifras suministradas por la Secretaría de la Mujer de Medellín, de nueve feminicidios registrados en 2023 en Medellín, dos víctimas ya habían pedido ayuda. En octubre de 2022, funcionarios de las comisarías de familia de Medellín hicieron un plantón de protesta en la sede de la Alcaldía. Se quejaban de que las condiciones laborales no les permitían cumplir con sus tareas en un contexto de aumento de violencia intrafamiliar tras la pandemia. Entró a mediar Angélica Ortiz, actual secretaria de la mujer de Medellín, quien reconoce que los “recursos de las comisarías de familia son limitados para unas demandas infinitas”, que existen fallas en los servicios y que entregar fotocopias con órdenes de alejamiento suele ser inútil. Incluso, no atribuye el descenso de feminicidios en la ciudad a un logro de la Alcaldía, sino a una transformación estructural en las ciudades. Ortiz añade que han aumentado las capacitaciones en materia de género al personal de las comisarías, “desde porteros hasta los comisarios”, para evitar revictimización en las distintas fases del proceso y ha ampliado el acceso a hogares de acogida. La secretaria, además, expresó su preocupación porque, en contraste con Medellín, los feminicidios han aumentado en otras zonas del país.

Estefanía Rivera y Carol Rojas, investigadoras del Observatorio Colombiano de Feminicidios, han constatado que casos como el de Claudia, lejos de ser la excepción a la norma, son lo común. Lamentan que, si en una ciudad principal como Medellín el tratamiento estatal del crimen es revictimizante, en las zonas más apartadas es peor. Recuerdan los casos de Leidy Yojana Restrepo, encontrada sin vida junto al río Atrato, en el Carmen de Atrato (Chocó); y el de Leidy Johana Mangones Morelos, en Purísima, Córdoba. Ambas fueron asesinadas, los hombres que las acompañaban no han sido tratados como sospechosos y no hay avances en sus procesos.

La familia Gómez Castaño reconoce que la visibilidad de Susana, como congresista, es un privilegio que permite que el caso de su hermana no pase inadvertido, algo que no les sucede a la mayoría de las víctimas. Su deseo es que la demanda contra el distrito de Medellín siente un precedente para que familias menos privilegiadas, a las que el Estado les haya fallado, puedan exigir reparaciones.