Así impacta el cambio climático a mujeres y personas LGBTIQ+

No es ningún secreto que el cambio climático está afectando a todas las personas en este planeta, pero, lo que se ha ignorado es el impacto desproporcionado que la crisis medioambiental tienen en los grupos históricamente marginados o discriminados como las mujeres y las personas LGBTQ+. Las desigualdades sociales hacen que sean más propensas a experimentar pobreza, discriminación y violencia, lo que a su vez puede limitar la capacidad para acceder a recursos y adaptarse a las cambiantes condiciones ambientales hoy.

Esta semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llevó a cabo una serie de audiencias públicas en Manaos, Brasil, sobre cambio climático y derechos humanos. Estas reuniones buscan recolectar información de organizaciones de la sociedad civil con el fin de atender a una solicitud de Chile y Colombia por una opinión consultiva del tribunal.  Las opiniones consultivas establecen los estándares o lineamientos sobre un tema y cómo los Estados deben dar respuesta, en este caso, a la emergencia climática.

Durante el encuentro, se destacó la gravedad de la crisis climática y su impacto en los derechos humanos, especialmente en grupos socialmente vulnerables. Por eso, hubo un llamado desde distintas organizaciones de la sociedad civil a reconocer la manera diferencial que afecta las emergencias medioambientales en los derechos sexuales y reproductivos  de las mujeres y personas LGBTIQ+.

Lea aquí también: Chile y Colombia consultan a la Corte IDH sobre crisis climática y derechos humanos

El caso de Yaneth Valderrama se expuso en las discusiones sobre la crisis ambiental y el manejo que el Estado colombiano le da a estos temas. Ella, con 27 años, tuvo un aborto después de estar  expuesta al glifosato en Caquetá. Poco tiempo después, falleció como resultado de la intoxicación causada por este químico.

En diversos estudios se ha comprobado que el glifosato tiene un impacto directo en el ambiente, por su generación de gases de efecto invernadero que terminan en el calentamiento global. Pero, además, un impacto directo a la salud reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar, incluyendo trastornos de fertilidad, abortos involuntarios, bajo peso al nacer, partos prematuros, preeclampsia y muchas mas afectaciones de salud en mujeres y niños.

Si bien esto ocurrió en 1998 y su caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2018, este acontecimiento refleja la complejidad de la realidad de muchas mujeres, niñas y población diversa en Colombia, cuya vulnerabilidad se ve atravesada por condiciones geográficas, el conflicto armado interno, la pobreza, la racialización, la discriminación, entre otros. Por eso, hay un llamado a incorporar el enfoque de género en estas problemáticas.

Lea aquí también: Organizaciones piden a la CIDH conocer la gravedad de la aspersión con glifosato

En entrevista con El Espectador, Cristina Rosero Arteaga, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos y vocera durante la audiencia pública de la Corte IDH, explicó que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la población LGBTIQ+ están amenazados en cuanto al acceso a servicios de salud y medicamentos, así como afectación directa en la salud de estas personas.

¿Por qué razón? En escenarios en donde hay fenómenos climáticos extremos, como olas de calor, desastres naturales e inundaciones, “usualmente terminan por destruir o dañar las instalaciones de salud y pueden dificultar el acceso físico al sistema de salud de muchas niñas y mujeres afectadas por estos desastres”, asegura Rosero. Así mismo, puede perjudicar el acceso a insumos esenciales para la gestión  menstrual o medicamentos para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual y VIH, métodos anticonceptivos y métodos para un aborto seguro.

Ahora bien, en muchas ocasiones el desastre natural, producto de la crisis climática, es de tal magnitud que obliga a muchas mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ a desplazarse de sus hogares y regiones, en busca de alimentos, agua potable y asistencia médica. “Las experiencias a nivel global han mostrado que este tipo de desplazamientos están ligados al incremento de la prevalencia de violencias basadas en género, incluyendo la violencia sexual y la trata de personas contra niñas y mujeres”, apunta Rosero.

En el caso específico de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, los prejuicios sobre sus vidas encrudecen los efectos del cambio climático. Como explican organizaciones como la Liga de Salud Trans, Aida Ambiente, Colombia Diversa, Fundación Plurales, Women’s link, el Instituto Cordilheira y Madre Selva Colectivo, en su concepto para la Corte IDH, no es que por ser LGBTIQ+ te afecte más la crisis climática per se, sino que es una población más propensa a sufrir discriminación antes, durante y después de desastres ambientales.

Por ejemplo, en Haití tras el terremoto de 2010, las personas LGBTIQ+ denunciaron ser víctimas de violencia física en los campamentos de víctimas. Estas violencias incluyeron las mal llamadas “violaciones correctivas” contra mujeres lesbianas y bisexuales. Por eso, como explicaron las organizaciones ante el tribunal interamericano, el cambio climático exacerba las desigualdades preexistentes en la sociedad.

En video: El cambio climático afecta más a las personas LGBTIQ+

Según un informe del 2021, cerca de 26 millones de niñas y mujeres en contextos humanitarios enfrentan amenazas para su salud sexual y reproductiva. Al desplazarse hasta los resguardos, “no necesariamente existen planes para evitar las formas de violencia a las que puedan quedar expuestas dentro de esas infraestructuras y, como resultado, se puede dar un incremento de esta incidencia en las violencias de género”, dijo Rosero.

Por otro lado, las olas de calor, la contaminación del aire y la exposición al uso de agrotóxicos causan efectos negativos en la salud materna y neonatal, como el aumento de los partos prematuros, el bajo peso al nacer y la mortalidad fetal, entre muchos otros. De hecho, un estudio publicado en 2022 por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, encontró que las mujeres que están expuestas a este tipo de químicos tienen un 75% de probabilidades de sufrir un aborto involuntario.

En Colombia, particularmente, se agudizan otros riesgos en relación a la crisis ambiental. Mujeres rurales, afros e indígenas, que son suceptibles a los estragos de la discriminación étnico-racial, “sufren una carga desproporcionada de peligros para la salud”. Según la experta, al tener que vivir cerca de fuentes de residuos tóxicos como alcantarillas, minas, vertederos, centrales eléctricas, carreteras principales y emisores de partículas en el aire, sus derechos sexuales y reproductivos no son los únicos en riesgo, sino también su salud en general.

Lea aquí también: La lucha de las mujeres indígenas y afro para acceder al aborto en Colombia

Yoko Ruiz, activista trans y coordinadora territorial de la Liga de Salud Trans, concuerda con Rosero. “Estoy convencida de que el cambio climático, como fenómeno global, debe abordarse desde una perspectiva que integre los derechos humanos y la justicia social. Las soluciones que se propongan los Estados deben tener en cuenta las particularidades de las poblaciones más vulnerables”, asegura. Durante su intervención ante la Corte IDH Ruiz, quien es la primera mujer trans colombiana en referise ante el tribunal, explicó que las personas trans, debido a la discriminación y exclusión que enfrentan, son especialmente susceptible a los efectos devastadores de los desastres naturales y la degradación ambiental.

Y es que esta situación no ha sido ajena a Colombia, por ejemplo, durante la pandemia por Covid-19, se evidenció que “las brechas de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que ya existían antes de la crisis se mantuvieron y se profundizaron”, afirmó Rosero. Siendo muchísimo más difícil para las comunidades rurales ejercer su derecho a la salud, debido al cierre de centros asistenciales y la imposibilidad de transportarse a otros municipios por las cuarentenas estrictas. Además de eso, las denuncias por violencias de género se incrementaron exponencialmente.

También los estigmas y la discriminación contra la población LGBTIQ+ fueron una barrera de acceso durante esta emergencia. Un ejemplo de esto fue el caso de Alejandra Monocuco, una mujer trans y trabajadora sexual a quien le negaron servicios de salud durante la pandemia, por presunta negligencia del personal médico. Según sus allegados, esto ocurrió porque Alejandra era una persona VIH positivo, trans y trabajadora sexual, tres condiciones que, hoy por hoy, siguen teniendo grandes estigmas en la sociedad colombiana.

Lea aquí también: Abren tres investigaciones tras muerte de mujer trans en Bogotá, por posible negligencia médica

Es así como diferentes organizaciones se pronunciaron frente a la Corte IDH exigiendo que los Estados deben incluir un enfoque de género dentro de sus políticas para enfrentar la crisis climática. Por el momento, no hay países que adopten este enfoque salvo Nueva Zelanda, que en 2022 incorporó un plan de adaptación a la crisis climática considerando algunas poblaciones vulnerables, como las personas en condición de discapacidad, personas que enfrentan pobreza, comunidades rurales, personas LGBTIQ+ y un especial hincapié sobre las mujeres.

No es ningún secreto que el cambio climático está afectando a todas las personas en este planeta, pero, lo que se ha ignorado es el impacto desproporcionado que la crisis medioambiental tienen en los grupos históricamente marginados o discriminados como las mujeres y las personas LGBTQ+. Las desigualdades sociales hacen que sean más propensas a experimentar pobreza, discriminación y violencia, lo que a su vez puede limitar la capacidad para acceder a recursos y adaptarse a las cambiantes condiciones ambientales hoy.

Esta semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llevó a cabo una serie de audiencias públicas en Manaos, Brasil, sobre cambio climático y derechos humanos. Estas reuniones buscan recolectar información de organizaciones de la sociedad civil con el fin de atender a una solicitud de Chile y Colombia por una opinión consultiva del tribunal.  Las opiniones consultivas establecen los estándares o lineamientos sobre un tema y cómo los Estados deben dar respuesta, en este caso, a la emergencia climática.

Durante el encuentro, se destacó la gravedad de la crisis climática y su impacto en los derechos humanos, especialmente en grupos socialmente vulnerables. Por eso, hubo un llamado desde distintas organizaciones de la sociedad civil a reconocer la manera diferencial que afecta las emergencias medioambientales en los derechos sexuales y reproductivos  de las mujeres y personas LGBTIQ+.

Lea aquí también: Chile y Colombia consultan a la Corte IDH sobre crisis climática y derechos humanos

El caso de Yaneth Valderrama se expuso en las discusiones sobre la crisis ambiental y el manejo que el Estado colombiano le da a estos temas. Ella, con 27 años, tuvo un aborto después de estar  expuesta al glifosato en Caquetá. Poco tiempo después, falleció como resultado de la intoxicación causada por este químico.

En diversos estudios se ha comprobado que el glifosato tiene un impacto directo en el ambiente, por su generación de gases de efecto invernadero que terminan en el calentamiento global. Pero, además, un impacto directo a la salud reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar, incluyendo trastornos de fertilidad, abortos involuntarios, bajo peso al nacer, partos prematuros, preeclampsia y muchas mas afectaciones de salud en mujeres y niños.

Si bien esto ocurrió en 1998 y su caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2018, este acontecimiento refleja la complejidad de la realidad de muchas mujeres, niñas y población diversa en Colombia, cuya vulnerabilidad se ve atravesada por condiciones geográficas, el conflicto armado interno, la pobreza, la racialización, la discriminación, entre otros. Por eso, hay un llamado a incorporar el enfoque de género en estas problemáticas.

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En entrevista con El Espectador, Cristina Rosero Arteaga, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos y vocera durante la audiencia pública de la Corte IDH, explicó que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la población LGBTIQ+ están amenazados en cuanto al acceso a servicios de salud y medicamentos, así como afectación directa en la salud de estas personas.

¿Por qué razón? En escenarios en donde hay fenómenos climáticos extremos, como olas de calor, desastres naturales e inundaciones, “usualmente terminan por destruir o dañar las instalaciones de salud y pueden dificultar el acceso físico al sistema de salud de muchas niñas y mujeres afectadas por estos desastres”, asegura Rosero. Así mismo, puede perjudicar el acceso a insumos esenciales para la gestión  menstrual o medicamentos para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual y VIH, métodos anticonceptivos y métodos para un aborto seguro.

Ahora bien, en muchas ocasiones el desastre natural, producto de la crisis climática, es de tal magnitud que obliga a muchas mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ a desplazarse de sus hogares y regiones, en busca de alimentos, agua potable y asistencia médica. “Las experiencias a nivel global han mostrado que este tipo de desplazamientos están ligados al incremento de la prevalencia de violencias basadas en género, incluyendo la violencia sexual y la trata de personas contra niñas y mujeres”, apunta Rosero.

En el caso específico de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, los prejuicios sobre sus vidas encrudecen los efectos del cambio climático. Como explican organizaciones como la Liga de Salud Trans, Aida Ambiente, Colombia Diversa, Fundación Plurales, Women’s link, el Instituto Cordilheira y Madre Selva Colectivo, en su concepto para la Corte IDH, no es que por ser LGBTIQ+ te afecte más la crisis climática per se, sino que es una población más propensa a sufrir discriminación antes, durante y después de desastres ambientales.

Por ejemplo, en Haití tras el terremoto de 2010, las personas LGBTIQ+ denunciaron ser víctimas de violencia física en los campamentos de víctimas. Estas violencias incluyeron las mal llamadas “violaciones correctivas” contra mujeres lesbianas y bisexuales. Por eso, como explicaron las organizaciones ante el tribunal interamericano, el cambio climático exacerba las desigualdades preexistentes en la sociedad.

En video: El cambio climático afecta más a las personas LGBTIQ+

Según un informe del 2021, cerca de 26 millones de niñas y mujeres en contextos humanitarios enfrentan amenazas para su salud sexual y reproductiva. Al desplazarse hasta los resguardos, “no necesariamente existen planes para evitar las formas de violencia a las que puedan quedar expuestas dentro de esas infraestructuras y, como resultado, se puede dar un incremento de esta incidencia en las violencias de género”, dijo Rosero.

Por otro lado, las olas de calor, la contaminación del aire y la exposición al uso de agrotóxicos causan efectos negativos en la salud materna y neonatal, como el aumento de los partos prematuros, el bajo peso al nacer y la mortalidad fetal, entre muchos otros. De hecho, un estudio publicado en 2022 por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, encontró que las mujeres que están expuestas a este tipo de químicos tienen un 75% de probabilidades de sufrir un aborto involuntario.

En Colombia, particularmente, se agudizan otros riesgos en relación a la crisis ambiental. Mujeres rurales, afros e indígenas, que son suceptibles a los estragos de la discriminación étnico-racial, “sufren una carga desproporcionada de peligros para la salud”. Según la experta, al tener que vivir cerca de fuentes de residuos tóxicos como alcantarillas, minas, vertederos, centrales eléctricas, carreteras principales y emisores de partículas en el aire, sus derechos sexuales y reproductivos no son los únicos en riesgo, sino también su salud en general.

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Yoko Ruiz, activista trans y coordinadora territorial de la Liga de Salud Trans, concuerda con Rosero. “Estoy convencida de que el cambio climático, como fenómeno global, debe abordarse desde una perspectiva que integre los derechos humanos y la justicia social. Las soluciones que se propongan los Estados deben tener en cuenta las particularidades de las poblaciones más vulnerables”, asegura. Durante su intervención ante la Corte IDH Ruiz, quien es la primera mujer trans colombiana en referise ante el tribunal, explicó que las personas trans, debido a la discriminación y exclusión que enfrentan, son especialmente susceptible a los efectos devastadores de los desastres naturales y la degradación ambiental.

Y es que esta situación no ha sido ajena a Colombia, por ejemplo, durante la pandemia por Covid-19, se evidenció que “las brechas de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que ya existían antes de la crisis se mantuvieron y se profundizaron”, afirmó Rosero. Siendo muchísimo más difícil para las comunidades rurales ejercer su derecho a la salud, debido al cierre de centros asistenciales y la imposibilidad de transportarse a otros municipios por las cuarentenas estrictas. Además de eso, las denuncias por violencias de género se incrementaron exponencialmente.

También los estigmas y la discriminación contra la población LGBTIQ+ fueron una barrera de acceso durante esta emergencia. Un ejemplo de esto fue el caso de Alejandra Monocuco, una mujer trans y trabajadora sexual a quien le negaron servicios de salud durante la pandemia, por presunta negligencia del personal médico. Según sus allegados, esto ocurrió porque Alejandra era una persona VIH positivo, trans y trabajadora sexual, tres condiciones que, hoy por hoy, siguen teniendo grandes estigmas en la sociedad colombiana.

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Es así como diferentes organizaciones se pronunciaron frente a la Corte IDH exigiendo que los Estados deben incluir un enfoque de género dentro de sus políticas para enfrentar la crisis climática. Por el momento, no hay países que adopten este enfoque salvo Nueva Zelanda, que en 2022 incorporó un plan de adaptación a la crisis climática considerando algunas poblaciones vulnerables, como las personas en condición de discapacidad, personas que enfrentan pobreza, comunidades rurales, personas LGBTIQ+ y un especial hincapié sobre las mujeres.