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El dolor es intenso y va del abdomen bajo a la zona lumbar. La tumba a la cama. Un torrente precipitado baja por su útero, con la fuerza de un alud. Con el sangrado, expulsa una masa corporal que desconocía. Está asustada y débil. Nadie más está en casa. Ni sus primos, ni su tía. Camina hasta la cocina y con un cuchillo común corta el cordón umbilical como puede. Deja el pequeño cuerpo sin vida en una caja de zapatos. Se desvanece. Es 1 de octubre de 2019.
Aurelia García Cruceño llegó a la casa de su tía Lucía Palazin, en Iguala, hace cuatro meses. Ella aceptó recibirla a cambio de que le ayudara en las tareas domésticas: limpiar la casa y preparar las comidas. Aurelia no hablaba español, pero deseaba por encima de todo salir de su pueblo, Xochicalco, una comunidad nahua de Chilapa, de 360 habitantes, en el estado Guerrero, al sureste de México. Tiene 19 años, nunca había estado embarazada. Mide menos de metro y medio. Su lengua materna es el náhuatl. Estudió hasta la Secundaria. Su intención era escapar del último hombre que la agredió sexualmente, una autoridad comunitaria de su pueblo.
De niña fue violentada sexualmente por un hombre de su círculo familiar. Siempre escuchó que a las mujeres que quedaban embarazadas antes del matrimonio las quemaban vivas. Cuando sospechó que ese era su caso, pidió orientación en la Casa de Salud, pero se la negaron. Entonces, tomó todos los tés y brebajes que le dijeron para estos posibles casos; olvidó lo sucedido, recogió sus cosas y salió de su pueblo.
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Esa noche del 1 de octubre de 2019, en Iguala, Aurelia se desangraba cuando llegaron sus familiares a casa. Sus signos vitales eran muy débiles, según el paramédico Jason Muñoz, que la vio a media noche. Por eso pidieron una ambulancia y la llevaron al Hospital General Dr. Jorge Soberón Acevedo. Sus familiares no salían de su sorpresa. Días atrás, Aurelia solo tenía cólicos menstruales y la tía le dio unas pastillas antiinflamatorias para aliviar el dolor. Le dijo que si seguía con el dolor irían a un hospital. ¿De dónde pudo salir ese pequeño cuerpo si Aurelia era tan delgada?, se preguntaron.
En la madrugada del 2 de octubre de 2019, cuando Aurelia retomó la conciencia, se vio esposada a la cama hospitalaria. No entendía nada. Seguía un poco anestesiada del legrado que le hicieron para retirar los residuos de la placenta en el útero. El personal del hospital llamó a los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y trasladaron a una cárcel mixta a los dos días (4 de octubre) sin que le dieran el alta del hospital. La acusaron, supuestamente, de matar a su hijo, de cerca de ocho meses de gestación, y la condenaron, el 8 de julio de 2021, a trece años y cuatro meses de reclusión.
Aurelia narró a la abogada Verónica Garzón Bonetti, con mucha dificultad, los hechos que recordó de esa noche y madrugada que le cambiaron la vida, durante un acompañamiento psicológico y jurídico de preparación para enfrentar el delito que le endilgaban: homicidio en razón de parentesco.
El encierro
El cuarto es pequeño. La voz de Aurelia es casi inaudible. Se le ve triste. Se encorva y baja la mirada para musitar alguna palabra. Es 4 de marzo de 2022. Las activistas de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, una colectiva integrada por diversas organizaciones de mujeres de Guerrero, visitan a Aurelia por primera vez en el Centro de Readaptación Social de Iguala. Desde ese día, no la dejaron sola. La acompañaron en la intimidad del penal y dieron a conocer su caso en la opinión pública.
A la par, las abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democráticos (IMDHD), Ximena Ugarte y Verónica Garzón Bonetti, decidieron llevar su defensa en el terreno legal. Lucía, la tía de Aurelia, buscó a Garzón Bonetti por su reconocida lucha por los derechos humanos de las mujeres.
En esos encuentros, que se extendieron durante todo el 2022, Aurelia les contó de a poco, como las pausadas gotas de un proceso de destilación, que extrañaba mucho a su mamá y a su papá, Agustina Cruceño y Alberto García. Les dijo que anhelaba, algún día, poder construirles una casa. Con el poco español que había aprendido, narró que adentro de la cárcel solía escuchar la radio, que veía algunas series de televisión, y que compartía celda con una mujer que tenía un niño pequeño con el que jugaba a menudo y con otra, que era mayor que ella. Explicó que trabajaba en un puesto de aguas frescas dentro del penal, pero que su deseo era estudiar y convertirse en maestra. También, que adentro estaba Mayra Onofre, recluida por el mismo delito, homicidio en razón de parentesco.
Los primeros abogados que tuvo Aurelia la llevaron a aceptar un proceso penal abreviado. Es decir, un proceso que termina de manera anticipada con una sentencia condenatoria. Por eso, cuando las abogadas Ximena Ugarte y Verónica Garzón tomaron el caso, apelaron la sentencia y pidieron a la justicia que le permitiera a Aurelia defender su inocencia en un juicio oral. El 17 de enero de 2022, la magistrada Indalecia Pacheco León les dio la razón, revirtió la sentencia condenatoria y repuso el procedimiento judicial, por las graves violaciones a los derechos humanos que identificó en el procedimiento.
Para el IMDHD, la magistrada reconoció que Aurelia “fue juzgada por un sistema jurídico al que ella no pertenece y cuyas reglas no comprende. Y en el camino, además, sufrió discriminación por ser mujer, por ser indígena, por ser migrante y por encontrarse en situación de pobreza”. Para ese momento, además, Aurelia ya había pasado presa dos años y dos meses. Por eso, las abogadas pidieron al juzgado que le permitiera enfrentar el proceso en libertad, ya que había superado el tiempo máximo de reclusión preventiva (dos años) que establece la Constitución Política Mexicana, no tenía antecedentes penales y no representaba ningún riesgo para la sociedad.
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En cambio, estar privada de su libertad sí podía ser peligroso para ella, porque estaba en un centro penitenciario mixto, donde no era efectiva la separación entre hombres y mujeres, y existía un riesgo muy alto de que Aurelia volviera a vivir una agresión sexual. La audiencia para revocar la medida carcelaria se dio el 20 de julio del 2022. La jueza encargada del caso, Mariela Alfaro Zapata, negó la propuesta y aseveró que Aurelia sí era un peligro social, por el crimen que se le endilgaba y porque “si es tan pobre como dicen —les dijo a las abogadas—, ¿quién va a garantizar que va a poder pagar su transporte para venir acá?”.
Según la defensa de Aurelia, para ese momento ya era claro que la jueza culpaba de forma anticipada a Aurelia y daba por cierta la teoría de la Fiscalía General del Estado. Entre otras supuestas pruebas, la Fiscalía tenía una declaración ministerial de la tía de Aurelia en la que decía que la señora había denunciado a su sobrina. Pero después se descubrió que se trató de una declaración que Lucía Palazin dio en español, sin abogado ni intérprete, porque su idioma natal también es el náhuatl. Los servidores públicos ministeriales la escribieron y le pidieron a la tía que la firmara. Ella confió y lo hizo sin leer el documento. Así lo manifestó ella misma en la audiencia, ante la jueza Alfaro Zapata.
Las abogadas de Aurelia sostuvieron que la tía solo recibió órdenes del personal de la Fiscalía, como cuando le pidieron que condujera a unos policías ministeriales a su casa para hacer diligencias después del parto fortuito de Aurelia. Lucía creyó que eso era parte del procedimiento. La defensa también demostró que el dictamen forense del feto que presentó la Fiscalía era inconsistente porque no probaba que las lesiones que tenía fueran posteriores a la emergencia obstétrica que tuvo Aurelia. También dijeron que la prueba que utilizó esta entidad, para aseverar que el feto nació con vida, estaba revaluada por la comunidad científica, por su alto margen de error en esa interpretación.
En la hipótesis de la Fiscalía nunca fueron importantes los abusos sexuales que padeció Aurelia desde la infancia, ni la violencia sicológica y falta de oportunidades que tuvo a lo largo de su vida, ni la última agresión sexual por la que quedó embarazada en 2019, ni la falta de asistencia y orientación médica para interrumpir ese embarazo en semanas tempranas al ser un caso de violación, como establecía para esa fecha el Código Penal Federal.
Durante el juicio oral, los comentarios de la jueza demostraron, rápidamente, de qué lado estaba: “cómo una mujer no va a saber que está embarazada”, dijo una vez, “obviamente era su bebé”, soltó en otro momento. El juicio corrió al tiempo que los medios de comunicación, estatales y nacionales, informaban lo que pasaba.
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La estrategia mediática y política la abanderó la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres. El caso resonó, incluso, en la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional de Ciudad de México. “Tenemos buena relación con el Poder Judicial. Cuando hay estos temas se escucha nuestro planteamiento”, dijo López Obrador, en favor de Aurelia.
La última audiencia del juicio oral de Aurelia fue el 20 de diciembre del 2022. Al final, la jueza Alfaro Zapata dictó su libertad porque, según ella, la Fiscalía no reunió suficientes pruebas para determinar que las lesiones que tenía el feto fueran provocadas por Aurelia. Un tecnicismo jurídico que, según sus abogadas, estuvo lejos de reconocer los derechos vulnerados de esta joven nahua y la importancia de que el Poder Judicial se actualice y garantice una justicia con perspectiva intercultural y de género en casos similares. Casos como el de Mayra Onofre, a quien Aurelia conoció en la cárcel de Iguala y sigue privada de su libertad.
La misma Aurelia tiene pocas certezas después de su liberación, porque la Fiscalía General del Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (que depende del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias en Guerrero) apelaron la sentencia absolutoria de Aurelia. Sus argumentos para pedir que la condenen la invisibilizan como víctima de una cadena de violencias y refuerzan que su vida importa menos que el feto que expulsó.
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La historia de Aurelia permitió entender por qué muchas mujeres como ella no accedían a un aborto seguro en Guerrero, aun cuando fueran víctimas de abuso sexual. El Código Penal del Estado de Guerrero establecía que el acceso a este servicio médico se permitiría en casos de agresión sexual, pero solo hasta que un agente del Ministerio Público o un juez lo autorizara. Es decir, las mujeres víctimas tenían que someterse al escrutinio de un servidor público para acceder a un derecho que ya garantizaba la Legislación Federal.
En la práctica, las mujeres buscaban ayuda en los centros de Salud Pública y les negaban la atención, como le pasó a Aurelia. Las integrantes del Observatorio de Violencias contra las Mujeres de Guerrero ya tenían documentado el problema cuando hicieron público el caso de Aurelia.
La coordinadora del Observatorio, Viridiana Gutiérrez Sotelo, detectó decenas de casos de mujeres, entre los 13 y 16 años, a quienes se les impidió abortar, aun cuando sufrieron agresiones sexuales siendo menores de edad.
Por esa razón, las integrantes del Observatorio pidieron que la Secretaría de la Gobernación de Guerrero decretara una segunda alerta de género que subsanara el problema. La Secretaría la aceptó el 5 de junio de 2020 y pidió al Poder Ejecutivo de Guerrero que cumpliera con 14 medidas reparadoras para que esa situación no se repitiera más.
A la fecha, de las catorce medidas solicitadas, solo ha cumplido una, y más por la incidencia política que realizaron las colectivas feministas: el 17 de mayo de 2022, el Congreso de Guerrero despenalizó totalmente el aborto antes de las 12 semanas de gestación. El parlamento argumentó que fue una respuesta a la alerta de género mencionada. Guerrero fue el noveno estado en hacerlo, de los 32 que existen en México. En total, once estados han despenalizado parcial o totalmente el aborto en este país.
Sin embargo, aun con la despenalización, en Guerrero todavía no hay garantías para acceder a abortos seguros y gratuitos, porque siguen pendientes algunas reformas a las leyes de Salud y al Código Penal del Estado. Las activistas feministas Jesica Estévez Ojendiz y Lourdes Juárez Díaz creen que aún falta un largo camino legislativo y constitucional, además, de la necesaria capacitación y formación del personal médico.
La libertad
Es 20 de diciembre de 2022. Son las 9:20 de la noche. Aurelia camina hacia la entrada del Palacio Judicial de Iguala, acompañada de su madre y padre. Cruza las rejas de la fachada. Está libre. Sonríe. Se lleva la palma de la mano a la boca. La baja y vuelve a sonreír. Los ojos le brillan. Las mujeres que la esperan desde la tarde le expresan su apoyo con un grito de guerra: “¡Aurelia, hermana, aquí está tu manada!”. La mayoría son integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.
Varios reporteros la aguardan. Horas antes, Aurelia le había dicho a las abogadas y a las activistas que no hablaría con nadie. “Muchas gracias por apoyarme, por defenderme y estar con mis papás. Me sentía triste por ellos, ya los quería ver, pero me hice fuerte para salir adelante”, le dice al primero que le acerca un micrófono, ante la sorpresa de la comitiva.
La emoción le cimbra el pecho. Respira agitada. “Me siento muy feliz, no lo puedo creer. Me siento muy feliz”, suelta cuando otra reportera le pregunta cómo se siente. A otros les dice que, ahora en libertad, quiere estudiar y cumplir su sueño de ser maestra. Ana Grabiela Candela Garzón, la coordinadora de la Red, la escucha y la desconoce. No es la misma Aurelia que conoció el 4 de marzo del 2022 en el penal de Iguala, pero está feliz de ver a la nueva Aurelia.
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Tan pronto recuperó su libertad, Aurelia, ahora, con 23 años, tuvo que irse, junto a su madre y padre, a trabajar como jornalera en los campos agrícolas del norte del país. Su sueño de ser maestra sigue aplazado.
*#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia, que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.