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En los primeros cuatro meses del 2024, se presentaron más de 1.400 casos de violaciones sexuales contra niñas en Guatemala. Así lo denunciaron esta semana el Centro de Derechos Reproductivos, Equality Now y otras organizaciones de sociedad civil durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país. El organismo regional observó la situación de derechos humanos, en especial “la de grupos en situación de vulnerabilidad, desde los enfoques étnico racial y de género”.
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Como presentaron las organizaciones, se estima que cada 46 minutos una niña es víctima de violencia sexual y, en promedio, cada día cinco de ellas quedan embarazadas como resultado de esa violencia. Pero, Guatemala tiene una de las legislaciones de aborto más restrictivas de la región, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) está prohibida en todos los casos, con la única excepción del riesgo para la vida de las mujeres y personas gestantes.
“Las mujeres y niñas de Guatemala tienen derecho a vivir libres de violencia, a tomar decisiones sobre sus cuerpos y a acceder a servicios de salud de calidad. Las políticas actuales no sólo fallan en proteger a las sobrevivientes de violencia sexual, sino que también limitan severamente su acceso a servicios de salud esenciales”, aseguró Fernanda Vanegas, directora de Incidencia y Relaciones Externas del Centro de Derechos Reproductivos.
Otro de los temas que se discutió durante la visita de la CIDH fue la educación sexual integral (ESI) en el país. Según las cifras presentadas, apenas 10% de los y las adolescentes utiliza algún método anticonceptivo y más de la mitad, el 56.47%, no ha recibido información sobre cómo prevenir un embarazo.
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Las leyes que penalizan la violencia sexual en Guatemala solo reconocen el delito cuando hay pruebas de intimidación, uso de la fuerza y violencia. Hoy los estándares internacionales establecen que la fuerza no constituye un elemento necesario para juzgar los casos de violación. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó claro que la judicialización de estos casos debe centrarse en el consentimiento, que deberá ser explícito y no inferido, y que se considera viciado cuando hay relaciones de poder, como lo señaló en la sentencia del caso “Brisa de Angulo vs. Bolivia”.
“Es urgente que el Estado guatemalteco proteja a las mujeres, adolescentes y niñas sobrevivientes de violencia sexual. En la actualidad, las cifras por estos delitos son alarmantes. Es necesaria una reforma sobre los delitos sexuales que proteja, especialmente, a las mujeres, adolescentes y niñas indígenas, afro descendientes o con discapacidades”, enfatizó Ana Elena Obando, asesora legal de Equality Now.
La organizaciones piden que Estado guatemalteco acate las recomendaciones que le han hecho distintos organismos de supervisión de derechos humanos para que las sobrevivientes de violencia sexual puedan acceder a una justicia libre de estereotipos de género y regida por el estándar internacional del consentimiento. Además, mencionan que se deben implementar protocolos para atender a las víctimas de violencia sexual en los que se les brinde atención integral para evitar embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual.
Asímismo, hay un fuerte llamado por la despenalización del aborto en Guatemala para todas las personas que lo requieran y sin un sistema de causales. Pues, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), se debe promover una regulación del aborto a través del sistema de salud y no desde una mirada penal.