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“Ya vengo, papi”. Esas fueron las últimas palabras que le dijo Michel Dayana González a su papá durante la Noche de Velitas del pasado siete de diciembre, cuando salía a comprar mecato en una tienda cerca de su casa. Durante horas, su familia no supo nada de ella y por eso la reportaron como desaparecida. Al día siguiente, su papá, en compañía de las autoridades, la encontró descuartizada en un centro automotor ubicado en la misma cuadra de su vivienda, en el barrio San Judas de Cali
La Policía Nacional advirtió que el principal sospechoso del feminicidio es Harold Andrés Echeverri, quien era vigilante de ese taller y a quien varios vecinos del sector aseguran haber visto con manchas de sangre, rasguños y moretones después de que desapareciera la menor. Según el secretario de seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, el hombre tiene un proceso activo por el delito de acceso carnal violento.
Las autoridades lograron su captura en la tarde de este lunes, en el barrio Porfiria, en la vía Villavicencio- Acacias, mientras se movilizaba en una motocicleta. Echeverri llevaba puesto un tapabocas, al parecer, para intentar evadir los controles policiales.
Contexto: Capturan a Harold Echeverry, presunto feminicida de Michel Dayana González
En el caso de Michel Dayana se trata de un feminicidio agravado, pues la conducta punible fue cometida hacia una menor de edad, según establece el Código Penal. La pena máxima podría ser hasta de 60 años de prisión. Además, hubo una instrumentalización de su cuerpo y sevicia a través del desmembramiento.
Mariana Botero Ruge, abogada penalista y experta en violencia de género, asegura que en este caso confluyen varias situaciones de vulnerabilidad, pues Michel Dayana no solo era una mujer, sino también una menor de edad, negra, en condiciones de vulnerabilidad económica.
“Según la Constitución Política de Colombia, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre cualquier otro y también son de especial protección las personas que pertenecen a una minoría étnica y las mujeres. Estamos evidenciando un caso en el que el Estado le falló a un montón de grupos diferentes, que se materializaban en una niña que debía ser especialmente protegida”.
Botero Ruge también explica que el hecho de que la menor haya sido encontrada desmembrada dentro de varias canecas del taller es una denotación de desprecio hacia el cuerpo y la dignidad de la niña. “Esto suele ocurrir en los casos de feminicidio y evidencia cómo la dignidad de la mujer es reducida al mínimo. Ya no se la entiende como un ser humano sujeto de derechos, sino como una cosa que puede ser comprada, vendida, destruida, y, en últimas, desmembrada”.
Sin embargo, para Juan Mario Tobón, abogado penalista, existen otras causas de desmembramiento, entre ellas la búsqueda de la impunidad. “Es posible que esto ocurra como la máxima expresión de odio hacia la mujer, pero también como una forma de ocultar y desaparecer el cuerpo para no ser descubierto. Es imposible afirmar cuál de las dos hipótesis es más probable, pues tiene que ver con la psique de cada criminal”.
El feminicidio es el acto más atroz de la violencia machista, explica la abogada Helena Hernández. Para ella, la razón del desmembramiento de Michel es clara: “Hay un deseo de destrucción de la identidad, un último acto despótico por la vida que se tomó”. Además, indica que la forma en que son dejados los cuerpos de las mujeres y las niñas víctimas de feminicidios evidencian también el desprecio hacia sus vidas.
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El feminicidio se da cuando una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer, es decir, cuando el delito es motivado por prejuicios de género. Al creer, por ejemplo, que las mujeres son inferiores o apropiables y se les mata cuando deciden terminar una relación de pareja o para acceder a sus cuerpos sin consentimiento.
Botero Ruge, dice que han pasado varios años desde el feminicidio de Yuliana Samboní y de la ley que busca condenar los delitos contra menores de edad. Varios años más desde el feminicidio de Rosa Elvira Celis y desde que se promulgó una ley con su nombre que tipifica el feminicidio como un delito autónomo. Esto se traduce en penas más altas para los agresores y menos posibilidades de rebaja de pena.
Sin embargo, explica que el caso de Michel demuestra cuán lejos estamos de poder garantizar un país libre de violencias contra las mujeres. “A pesar de que tenemos leyes, a pesar de los marcos normativos internacionales y nacionales, a pesar de que se supone que el Estado está comprometido, no se ve realmente un cambio, ni se evidencia que efectivamente estas normas tengan un impacto real”.
Para María Vega, directora de la Fundación Justicia para Todas, este tipo de hechos siempre van a causar indignación. Sin embargo, “es importante que el caso de Michel nos convoque más allá de esos sentimientos efímeros. Debemos unirnos como sociedad y exigirle al Estado que garantice de manera real y efectiva el derecho de niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencias, con políticas públicas que materialicen el goce de sus derechos. De lo contrario, cada tanto, estaremos conversando sobre casos similares”.
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