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Harold Echeverry aceptó que es el feminicida de Michel Dayana González, una niña de 15 años que fue encontrada desmembrada en un centro automotor cerca de su casa en Cali el pasado 7 de diciembre. El hombre de 32 años fue capturado este lunes en el barrio La Porfía de Villavicencio y trasladado de inmediato a Cali para las audiencias en su contra. Aunque la Fiscalía le imputó ayer los delitos de feminicidio agravado y hurto calificado, fuentes cercanas al caso le confirmaron a este diario que, por el estado en el que se encontró el cuerpo de la niña, no fue posible determinar si hubo también una violación sexual.
La hermana de la menor, Angie Juliet Serna Sierra, aseguró en su testimonio que el hombre, que ya tenía antecedentes judiciales, las acosaba a ambas. Según El Tiempo, Echeverry tiene un proceso por acceso carnal violento en menor de 14 años, que reposa en el juzgado 15 civil municipal de Cali, pero salió de la cárcel en 2022. Este diario conoció que el exmilitar también tiene una denuncia por abuso sexual, que le llegó hace pocos días a las autoridades.
Contexto: Las pistas que llevaron a la captura del presunto feminicida de Michel Dayana
Brisa De Ángulo, la psicóloga y abogada que logró una sentencia histórica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de llevar su propio caso de violencia sexual, asegura que lo que ocurrió con Michel Dayana es el claro ejemplo de un hecho lamentable que pudo haberse prevenido. Para ella, “los feminicidios comienzan con pequeños actos de violencia, pero los Estados y la sociedad permiten que el agresor llegue a un nivel irreversible”.
El feminicidio, que se da cuando una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer, es “un extremo en la larga fila de violencias —físicas, emocionales, verbales—que lo preceden”, indica Paula Cepeda, abogada y magíster en género y justicia.
Cepeda explica que la situación actual de las mujeres resulta bastante paradójica. Nunca antes hubo tantas leyes como ahora que las protege. Tanta literatura e investigaciones circulando. Tanta teoría. Tantos tribunales internacionales. Organismos. Leyes modelo. “Y aun así, siguen muriendo niñas todos los días”.
La abogada lo atribuye a diferentes factores: la impunidad que rodea los casos de violencia hacia las mujeres. Que los discursos sobre la prevención y protección de las mujeres no se traducen en programas destinados a ello. La falta de implementación de las leyes internacionales. Y que “no estamos trabajando desde el principio para que los pequeños actos de violencia no desemboquen en algo tan brutal e irreversibles como el feminicidio”.
María Vega, directora de la Fundación Justicia para Todas, considera que la Justicia Colombiana no es responsable de los casos de violencia contra niñas y mujeres, pues “la sanción penal ataca las consecuencias y no las causas. La prevención, atención, erradicación y no repetición de las violencias debe partir de un compromiso del Estado para crear e implementar políticas públicas que materialicen sus derechos”.
Para Brisa De Ángulo hay dos medidas de protección claves que podrían ayudar a prevenir este tipo de casos en Colombia: una lista de agresores sexuales como la que hay en Estados Unidos, Canadá, España, Francia y Australia, y el seguimiento por parte de las autoridades a aquellos agresores que busquen reinsertarse en la sociedad.
Aunque Colombia cuenta con una lista de “ofensores sexuales”, en la base de datos solo están quienes han sido condenados y a ella solo pueden acceder empleadores o contratantes de entidades (públicas y privadas) para verificar los antecedentes por delitos sexuales de quienes van a contratar. En otros países, Estados Unidos, por ejemplo, la lista es de conocimiento público.
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“Creo que estas bases de datos son muy útiles y sirven para prevenir escenarios donde se puedan presentar nuevas agresiones, pero no propiamente para evitar la reincidencia de un delincuente, porque ella está dada por otros factores que tiene que ver más con la psique del agresor, la posibilidad que tenga de agredir a otra persona y los procesos de resocialización”, indica Juan Mario Tobón, abogado penalista,
La otra medida propuesta por De Ángulo es un proceso de seguimiento que evita que el agresor sexual no solo salga de la cárcel, sino que deba dar cuenta sobre las acciones y conductas que toma para revertir las conductas violentas que ejercía. “Según la neurociencia, los agresores sexuales pueden cambiar. En el cerebro todo se puede, pero mientras no existan programas que acompañen los procesos de resocialización, no podemos dejar en riesgo al resto de la sociedad. El gobierno tiene que asegurar que nuestros niños puedan ir a la tienda sin que los maten”.
Por su parte, Cepeda advierte la importancia de no desligar los temas de género con otros factores como la desigualdad, la raza, el factor económico, pues todo ello está enlazado en los sistemas de violencia y por eso es necesario abordarla desde todas sus aristas. “Lo único esperanzador es que la resistencia está viva, aunque nos fallen los sistemas, seguimos luchando”, concluye.
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