Caso Poulos: fallas en traducción al inglés podrían llevar a la revictimización

Valentina Trespalacios, joven de 21 años, fue asesinada en Bogotá presuntamente por su pareja, John Poulos. Su cuerpo fue encontrado el pasado 22 de enero. Debido a la mediatización del caso y a la insistencia de la mamá de la víctima, las autoridades dieron con el paradero del principal sospechoso cuando estaba en Panamá, desde donde pretendería huir a Turquía. La semana pasada iniciaron, entonces, las audiencias que darán paso al juicio en el que se determinará si Poulos es culpable o no. Sin embargo, esas diligencias han estado marcadas por las fallas a la traducción al inglés, lo que, según fuentes expertas, implicaría una vulneración al derecho al debido proceso de él y la revictimización para las víctimas. (Valentina Trespalacios y un inicio de año que le quita esperanza a Colombia)

Sin importar si eres culpable o no, la ley en Colombia establece que a todas las personas se les debe dar garantías para defenderse en igualdad de condiciones ante el sistema penal. Entre ellas está la posibilidad entender en su totalidad los delitos por los cuales se está siendo imputado (feminicidio agravado y ocultamiento y alteración de medios probatorios). Como en este caso Poulos no habla español, él tiene derecho de ser asistido gratuitamente por traductores acreditados o reconocidos por el juez. (Las esposas moradas en el caso Valentina Trespalacios: ¿irrelevantes o simbólicas?)

No obstante, de acuerdo con expertos en traducciones legales consultados por este diario y que pidieron no mencionar sus nombres, lo que se ha podido observar estos días es que la traductora asignada hace grandes esfuerzos por darse a entender, pero no tiene un dominio amplio del inglés ni del lenguaje jurídico.

Las fuentes aseguran que no se observa una adecuada traducción de los términos que se utilizan, lo que se ha evidenciado, por ejemplo, en no poder traducir palabras “simples” como celular y decir frases más técnicas como “elemental material profesional”, cuando se refiere al elemento material probatorio, cuya traducción más aproximada sería “evidentiary material”.

La mayoría de los penalistas y las penalistas consultadas por este diario han tildado de “bochornoso e improvisado” el manejo que el sistema le está dando a este caso, que pone en evidencia que el sistema judicial colombiano no está preparado para atender audiencias con personas que hablen un idioma diferente al español. Se ha criticado también que, al no estar ofreciendo la traducción simultánea, se interrumpe la argumentación cada cinco o seis palabras generando confusión en las partes. (Violencia basada en género: ¿qué está haciendo el Distrito para prevenirla?)

El penalista Santiago Trespalacios considera que la traducción sigue siendo “insuficiente”, pese a que con el transcurrir de las audiencias se ha ido mejorando, “pues al comienzo ni siquiera se le traducía (a Poulos) todo lo que acontecía en la audiencia, sino ciertos fragmentos, y la traductora ni siquiera estaba junto con él”. Las diligencias judiciales se han tardado más de siete horas. Por eso, países como Estados Unidos, según refiere el abogado Trespalacios, cuentan con varios traductores para un mismo caso para que se turnen por horas, pues el ejercicio es bastante agotador y se necesita alta concentración.

Para las abogadas Dalila Henao y Pamela Forero, tampoco se están garantizando los derechos del procesado y, por lo tanto, se está entorpeciendo directamente el proceso de esclarecimiento de los hechos. “Se están vulnerando también los derechos de la víctima, en este caso la familia de Valentina, a recibir justicia, conocer la verdad y finalmente obtener algún tipo de reparación”, añade Henao. (La mamá de Valentina y otras mamás que pelean por sus hijas asesinadas)

En respuesta a estas críticas, la Fiscalía aseguró a El Espectador que es la judicatura, y no la entidad, la competente para decidir quién será la persona encargada de la traducción en la audiencia. El ente investigador afirma que tenía listos a tres traductores expertos de la dirección de relaciones internacionales por si se requería de apoyo, pero que la judicatura asignó a otra traductora en el marco de su independencia y autonomía.

La peor y la más drástica de las eventuales consecuencias jurídicas de estas fallas, según las fuentes consultadas, podría ser la nulidad de lo actuado, lo que implicaría que se invalide lo hasta ahora realizado en las audiencias y se tendría que volver a empezar todo el proceso. En caso de que el defensor de Poulos lo considere, podría proponer la nulidad en una diligencia que tendría lugar más o menos en tres meses y, en caso de anularse, (Poulos) podría quedar en libertad.

Esto no quiere decir que no se pueda seguir investigando, pero sí implicaría iniciar de nuevo el proceso y tener que revivir una vez más todos los hechos y detalles para esclarecer en su totalidad el feminicidio de Valentina, lo que sin duda constituirá una revictimización. “Tener que repetir diligencias, volver a revivir los sucesos, enfrentar al investigado: todo eso es revictimización. Además de la prolongación en el tiempo de un proceso que debería ser rápido y sin dilaciones injustificadas”, considera Helena Hernández, abogada penalista. (¿Por qué culpamos a las víctimas de sus feminicidios y no a sus agresores?)

Una opinión distinta tiene Juan Tobón, abogado de la Universidad de Antioquia. Aunque crítica algunas actuaciones del juez, Tobón no cree que haya lugar para una nulidad. “Si bien la metodología que ha desarrollado el juez es pésima, tediosa y a veces se hace incomprensible por tanta interrupción y pausas, no por ello es ilegal. A Poulos se le ha brindado un intérprete y ha tenido la oportunidad también de que su abogado lo asesore y le dé indicaciones sobre cómo responder a las preguntas que le han hecho en el transcurso de las audiencias. Más allá de las falencias metodológicas que ha tenido la diligencia, me parece que al señor Poulos se le ha garantizado de manera correcta el derecho que tiene a contar con el intérprete y a conocer en su idioma cuáles son los términos de la imputación”.

Mientras tanto, este martes 31 de enero las partes del caso contra John Poulos están citada a las 9a.m. para llevar a cabo la audiencia en la que se decidirá si el sospechoso enfrentará su proceso penal en la cárcel o en libertad.

Valentina Trespalacios, joven de 21 años, fue asesinada en Bogotá presuntamente por su pareja, John Poulos. Su cuerpo fue encontrado el pasado 22 de enero. Debido a la mediatización del caso y a la insistencia de la mamá de la víctima, las autoridades dieron con el paradero del principal sospechoso cuando estaba en Panamá, desde donde pretendería huir a Turquía. La semana pasada iniciaron, entonces, las audiencias que darán paso al juicio en el que se determinará si Poulos es culpable o no. Sin embargo, esas diligencias han estado marcadas por las fallas a la traducción al inglés, lo que, según fuentes expertas, implicaría una vulneración al derecho al debido proceso de él y la revictimización para las víctimas. (Valentina Trespalacios y un inicio de año que le quita esperanza a Colombia)

Sin importar si eres culpable o no, la ley en Colombia establece que a todas las personas se les debe dar garantías para defenderse en igualdad de condiciones ante el sistema penal. Entre ellas está la posibilidad entender en su totalidad los delitos por los cuales se está siendo imputado (feminicidio agravado y ocultamiento y alteración de medios probatorios). Como en este caso Poulos no habla español, él tiene derecho de ser asistido gratuitamente por traductores acreditados o reconocidos por el juez. (Las esposas moradas en el caso Valentina Trespalacios: ¿irrelevantes o simbólicas?)

No obstante, de acuerdo con expertos en traducciones legales consultados por este diario y que pidieron no mencionar sus nombres, lo que se ha podido observar estos días es que la traductora asignada hace grandes esfuerzos por darse a entender, pero no tiene un dominio amplio del inglés ni del lenguaje jurídico.

Las fuentes aseguran que no se observa una adecuada traducción de los términos que se utilizan, lo que se ha evidenciado, por ejemplo, en no poder traducir palabras “simples” como celular y decir frases más técnicas como “elemental material profesional”, cuando se refiere al elemento material probatorio, cuya traducción más aproximada sería “evidentiary material”.

La mayoría de los penalistas y las penalistas consultadas por este diario han tildado de “bochornoso e improvisado” el manejo que el sistema le está dando a este caso, que pone en evidencia que el sistema judicial colombiano no está preparado para atender audiencias con personas que hablen un idioma diferente al español. Se ha criticado también que, al no estar ofreciendo la traducción simultánea, se interrumpe la argumentación cada cinco o seis palabras generando confusión en las partes. (Violencia basada en género: ¿qué está haciendo el Distrito para prevenirla?)

El penalista Santiago Trespalacios considera que la traducción sigue siendo “insuficiente”, pese a que con el transcurrir de las audiencias se ha ido mejorando, “pues al comienzo ni siquiera se le traducía (a Poulos) todo lo que acontecía en la audiencia, sino ciertos fragmentos, y la traductora ni siquiera estaba junto con él”. Las diligencias judiciales se han tardado más de siete horas. Por eso, países como Estados Unidos, según refiere el abogado Trespalacios, cuentan con varios traductores para un mismo caso para que se turnen por horas, pues el ejercicio es bastante agotador y se necesita alta concentración.

Para las abogadas Dalila Henao y Pamela Forero, tampoco se están garantizando los derechos del procesado y, por lo tanto, se está entorpeciendo directamente el proceso de esclarecimiento de los hechos. “Se están vulnerando también los derechos de la víctima, en este caso la familia de Valentina, a recibir justicia, conocer la verdad y finalmente obtener algún tipo de reparación”, añade Henao. (La mamá de Valentina y otras mamás que pelean por sus hijas asesinadas)

En respuesta a estas críticas, la Fiscalía aseguró a El Espectador que es la judicatura, y no la entidad, la competente para decidir quién será la persona encargada de la traducción en la audiencia. El ente investigador afirma que tenía listos a tres traductores expertos de la dirección de relaciones internacionales por si se requería de apoyo, pero que la judicatura asignó a otra traductora en el marco de su independencia y autonomía.

La peor y la más drástica de las eventuales consecuencias jurídicas de estas fallas, según las fuentes consultadas, podría ser la nulidad de lo actuado, lo que implicaría que se invalide lo hasta ahora realizado en las audiencias y se tendría que volver a empezar todo el proceso. En caso de que el defensor de Poulos lo considere, podría proponer la nulidad en una diligencia que tendría lugar más o menos en tres meses y, en caso de anularse, (Poulos) podría quedar en libertad.

Esto no quiere decir que no se pueda seguir investigando, pero sí implicaría iniciar de nuevo el proceso y tener que revivir una vez más todos los hechos y detalles para esclarecer en su totalidad el feminicidio de Valentina, lo que sin duda constituirá una revictimización. “Tener que repetir diligencias, volver a revivir los sucesos, enfrentar al investigado: todo eso es revictimización. Además de la prolongación en el tiempo de un proceso que debería ser rápido y sin dilaciones injustificadas”, considera Helena Hernández, abogada penalista. (¿Por qué culpamos a las víctimas de sus feminicidios y no a sus agresores?)

Una opinión distinta tiene Juan Tobón, abogado de la Universidad de Antioquia. Aunque crítica algunas actuaciones del juez, Tobón no cree que haya lugar para una nulidad. “Si bien la metodología que ha desarrollado el juez es pésima, tediosa y a veces se hace incomprensible por tanta interrupción y pausas, no por ello es ilegal. A Poulos se le ha brindado un intérprete y ha tenido la oportunidad también de que su abogado lo asesore y le dé indicaciones sobre cómo responder a las preguntas que le han hecho en el transcurso de las audiencias. Más allá de las falencias metodológicas que ha tenido la diligencia, me parece que al señor Poulos se le ha garantizado de manera correcta el derecho que tiene a contar con el intérprete y a conocer en su idioma cuáles son los términos de la imputación”.

Mientras tanto, este martes 31 de enero las partes del caso contra John Poulos están citada a las 9a.m. para llevar a cabo la audiencia en la que se decidirá si el sospechoso enfrentará su proceso penal en la cárcel o en libertad.