Catalina Ortiz y los peligros de instrumentalizar la violencia de género

Catalina Ortiz, precandidata a la Alcaldía de Cali, logró posicionarse esta semana en los medios de comunicación y las redes sociales, por la supuesta noticia de ser víctima de un ataque machista mientras hacía campaña en las calles de Cali. Su nombre se volvió tendencia, al igual que el video en el que se veía a un hombre arrojarle agua, después de gritarle “vaya pa’ la casa, mija”. Sin embargo, este jueves se supo que todo fue un montaje. En la mentira no solo cayeron periodistas, sino funcionarios, mujeres en la política, organizaciones de derechos humanos y hasta la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que se ofreció a asesorarla para activar la ruta de atención. (Puesta en escena”: Catalina Ortiz dice que agresión en su contra fue un montaje)

El video que la puso en los titulares fue publicado en Twitter el pasado lunes. La primera sospecha provino por la cuenta desde la que se divulgó la pieza (@CamiloPulido98), que parecía ser falsa, pues no tenía más de 30 seguidores, había interactuado días atrás con algunas publicaciones de la precandidata, fue creada en 2018 y no tenía más de 20 trinos en su perfil. Una vez se hizo viral el video de Ortiz, la cuenta cambió su nombre por @juank77p. (Así suena y se ve la violencia económica)

Los mismos usuarios de Twitter comenzaron a especular sobre otros elementos que no cuadraban del todo con una situación espontánea. Por ejemplo, detectaron que en el video se observaba que un hombre grababa la escena desde otro ángulo. El sujeto trabaja para la campaña de Ortiz, quien esquivó las dudas diciendo que su compañero se puso nervioso, por el supuesto “ataque” contra ella, y nunca activó el botón de grabar. Los internautas también se preguntaron por qué no se veían las placas del carro del “agresor”, por qué no se pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad del espacio público y por qué no se denunciaba el hecho formalmente en la Fiscalía para que se investigara y si sancionara. (Un líder religioso, la iglesia Su Presencia y una denuncia de violación)

Con el paso de los días, el supuesto agresor fue identificado en redes sociales como Fernando Palechor, quien en realidad es un actor de una agencia de publicidad llamada Mulatos Rec, de la que han sido clientes Nutresa, Sandwich Qbano, Colombina, Coomeva, entre otras. En la madrugada de ayer, la directora creativa y mánager de la compañía, Isa “La Negra Vikinga”, publicó un video en el que admitió que el ataque a Ortiz fue una puesta en escena como “experimento social”, para concientizar sobre la violencia de género, y que la precandidata no sabía de la actuación, porque la intención era que reaccionara de forma “natural”. (Las fallas al momento de denunciar una violencia de género)

Horas después, Ortiz reforzó esa idea reiterando que no sabía que era una puesta en escena y que nunca fue informada. “Me disculpo profundamente por lo ocurrido y les pido que esto sirva para hacer un frente unido por la defensa de los derechos de las mujeres”, agregó la precandidata. Pero esa versión ha generado dudas y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó tener pruebas de que el montaje fue planeado por Ortiz y que ella participó en tareas para ocultar al “agresor” y que no fuera descubierto por los medios. (¿Por qué se habla de “feminicidio” y no de “crimen pasional”?)

Lo que sí es un hecho, según expertas, es que la campaña de Ortiz instrumentalizó la violencia de género para buscar votos y eso supone varios peligros para los derechos de las mujeres en Colombia. El primero de ellos es que banaliza la violencia política, que sí existe y afecta directamente a las mujeres que están participando en ella. La representante Mafe Carrascal aseguró que Ortiz instrumentalizó los dolores y las luchas de las mujeres para catapultar su carrera política, que lo sucedido es “grotesco” y que se burla de la violencia política y la solidaridad de cientos de personas que la respaldaron. Agregó que es poco creíble que Ortiz no supiera lo que su equipo hacía. (¿Por qué el crimen en Unicentro será investigado como feminicidio?)

El montaje en Cali encuadraba con una situación típica de violencia política, un tipo de violencia de género sobre la que justamente la semana pasada el Congreso aprobó una ley. Se refiere a toda acción que, basada en prejuicios de género, busque impedir o dificultar el ejercicio de los derechos políticos de una mujer. Por ejemplo, las mujeres en política que son señaladas por sus colegas hombres de estar “enamoradas” de ellos simplemente para desacreditarlas o cuando los hombres les gritan en la calle que, en vez de hacer política, se vayan para la casa.

La representante Carrascal afirmó a este diario que, por ser la ponente de la Reforma Laboral, hay un congresista en particular que ha sido violento con ella. Ha pretendido, por ejemplo, catalogarla de “conflictiva” en medios de comunicación, un calificativo que refuerza el estereotipo de que todas las mujeres son “problemáticas”. “En reuniones a puerta cerrada habla más fuerte, no me deja hablar, asegura cosas que no he dicho, se levantó gritando de la mesa de negociación con los ponentes y el Ministerio del Trabajo”, aseveró Carrascal.

Tan real es la violencia política que, con la nueva ley, los partidos en Colombia tendrán que adoptar protocolos y medidas en sus estatutos o códigos de ética para prevenirla. El Consejo Nacional Electoral, por su parte, deberá también atender los casos y trasladarlos a las autoridades competentes para investigar y castigar a los responsables. (Marlon Rincón, el abogado que acosó mujeres en Bucaramanga, ¿y ahora en Cartagena?)

Por eso, la congresista Támara Argote pidió que Catalina Ortiz sea sancionada, ya que “ofende, indigna y deslegitima la lucha histórica de mujeres que han entregado su vida por la reivindicación de más mujeres y que sí han sido violentadas, agredidas, empobrecidas y asesinadas”. En el mismo sentido, Ángela María Robledo, excongresista y excandidata vicepresidencial, sostuvo que con la violencia política contra las mujeres no se juega y que quienes han sido víctimas reales, como ella, se sienten indignadas.

Otro de los peligros de instrumentalizar la violencia de género con fines electorales es que puede profundizar el machismo y reforzar la falsa idea de que todas las mujeres que denuncian violencia de género mienten. La congresista Angélica Lozano Correa aseguró a El Espectador que “esta farsa, con patético objetivo de visibilidad, retrocede años, esfuerzos colectivos, espontáneos, dispersos e institucionales para deconstruir prejuicios y esa lógica de ‘algo hizo para buscarse el ataque o la agresión’. Es una tragedia y tiene un incalculable costo social, porque retrocede, legitima prejuicios y dudas contra las mujeres de Colombia”. (“Acosan y violentan”: testimonios de violencia sexual en el colegio Bethlemitas)

La violencia de género es real. Según la Procuraduría, el año pasado se registraron 614 casos de feminicidio y 47.771 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, cifra que, en comparación con el año 2021, presentó un aumento de 7.713 casos. La situación es tan alarmante que, desde hace dos semanas, Colombia declaró la emergencia por las violencias de género, con la que se espera que obtener información en tiempo real sobre los casos y las denuncias, para generar alertas tempranas para prevenir feminicidios y otras violencias.

Por otra parte, es un mito decir que la mayoría de las mujeres que denuncian violencias de género mienten. En España, por ejemplo, las denuncias falsas de casos de violencia de género no han superado el 0,007%, de acuerdo con la Fiscalía. En méxico no superan el 3%, según Naciones Unidas. En Colombia, la investigadora de la Universidad Nacional Daniela Vargas Gómez dice que solo el 2 % de los casos de denuncias de violación son falsas, pero cada víctima de violencia sexual es sospechosa de pertenecer a este porcentaje y no al 98 % de los casos en los que sí ocurren. (Por miedo, ¿le escondes a tu pareja lo que compras? Puede ser violencia económica)

En diálogo con este diario, Natalia Escobar, coordinadora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, de la universidad Icesi, agrega que otro peligro generado por la campaña de Ortiz es que se puede perpetuar un clima de impunidad, al desconfiar de quienes denuncian. Por eso, invitó a todas las campañas y gobernantes a no instrumentalizar la violencia de género y pidió a la sociedad seguir creyendo en las mujeres. Pero creer en las denunciantes y partir de la buena fe es, además, un principio constitucional, de acuerdo con Erika Rodríguez Gómez, abogada feminista y defensora de DDHH.

Adicional a los peligros que activó, la campaña política de Catalina Ortiz también evidenció que hablar de las violencias de género es un terreno fértil para hacer política, ganar visibilidad y votos, mejorar la imagen y generar empatía. Esa es una tendencia que abarca a hombres y mujeres, y a cualquier corriente política. Es rentable hacer campaña hablando de las mujeres, aun cuando la preocupación es falsa y no se tiene un compromiso real con sus derechos. Así lo explica la abogada Erika Rodríguez, quien califica a esas personas y a Ortiz de “oportunistas”.

Rodríguez concluye que no se puede creer que las mujeres son buenas por naturaleza y que no se trata de que participen en política simplemente por ser mujeres. “No necesitamos a una mujer como Catalina Ortiz en la Alcaldía de Cali, que es capaz de instrumentalizar un tema tan delicado y cometer actos fraudulentos para impulsar su campaña política. Este caso tiene algo positivo: demostró que la opinión pública no va a permitir que se usen las luchas de las mujeres para hacer campaña política”.

Hace pocos días, Catalina Ortiz anunció que acudiría a la Fiscalía para denunciar formalmente el ataque que había sufrido, que hoy se sabe que fue un montaje. El Espectador se contactó con ella y la Fiscalía, para confirmar la radicación, pero no obtuvo respuesta. De ser cierta, la abogada Erika Rodríguez considera que Ortiz podría ser investigada por el delito de falsa denuncia, con una circunstancia de agravación, que es la fabricación o simulación de pruebas, porque habría movido el aparato judicial provocando un desgaste en la administración de justicia desde la mala fe.

Catalina Ortiz, precandidata a la Alcaldía de Cali, logró posicionarse esta semana en los medios de comunicación y las redes sociales, por la supuesta noticia de ser víctima de un ataque machista mientras hacía campaña en las calles de Cali. Su nombre se volvió tendencia, al igual que el video en el que se veía a un hombre arrojarle agua, después de gritarle “vaya pa’ la casa, mija”. Sin embargo, este jueves se supo que todo fue un montaje. En la mentira no solo cayeron periodistas, sino funcionarios, mujeres en la política, organizaciones de derechos humanos y hasta la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que se ofreció a asesorarla para activar la ruta de atención. (Puesta en escena”: Catalina Ortiz dice que agresión en su contra fue un montaje)

El video que la puso en los titulares fue publicado en Twitter el pasado lunes. La primera sospecha provino por la cuenta desde la que se divulgó la pieza (@CamiloPulido98), que parecía ser falsa, pues no tenía más de 30 seguidores, había interactuado días atrás con algunas publicaciones de la precandidata, fue creada en 2018 y no tenía más de 20 trinos en su perfil. Una vez se hizo viral el video de Ortiz, la cuenta cambió su nombre por @juank77p. (Así suena y se ve la violencia económica)

Los mismos usuarios de Twitter comenzaron a especular sobre otros elementos que no cuadraban del todo con una situación espontánea. Por ejemplo, detectaron que en el video se observaba que un hombre grababa la escena desde otro ángulo. El sujeto trabaja para la campaña de Ortiz, quien esquivó las dudas diciendo que su compañero se puso nervioso, por el supuesto “ataque” contra ella, y nunca activó el botón de grabar. Los internautas también se preguntaron por qué no se veían las placas del carro del “agresor”, por qué no se pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad del espacio público y por qué no se denunciaba el hecho formalmente en la Fiscalía para que se investigara y si sancionara. (Un líder religioso, la iglesia Su Presencia y una denuncia de violación)

Con el paso de los días, el supuesto agresor fue identificado en redes sociales como Fernando Palechor, quien en realidad es un actor de una agencia de publicidad llamada Mulatos Rec, de la que han sido clientes Nutresa, Sandwich Qbano, Colombina, Coomeva, entre otras. En la madrugada de ayer, la directora creativa y mánager de la compañía, Isa “La Negra Vikinga”, publicó un video en el que admitió que el ataque a Ortiz fue una puesta en escena como “experimento social”, para concientizar sobre la violencia de género, y que la precandidata no sabía de la actuación, porque la intención era que reaccionara de forma “natural”. (Las fallas al momento de denunciar una violencia de género)

Horas después, Ortiz reforzó esa idea reiterando que no sabía que era una puesta en escena y que nunca fue informada. “Me disculpo profundamente por lo ocurrido y les pido que esto sirva para hacer un frente unido por la defensa de los derechos de las mujeres”, agregó la precandidata. Pero esa versión ha generado dudas y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó tener pruebas de que el montaje fue planeado por Ortiz y que ella participó en tareas para ocultar al “agresor” y que no fuera descubierto por los medios. (¿Por qué se habla de “feminicidio” y no de “crimen pasional”?)

Lo que sí es un hecho, según expertas, es que la campaña de Ortiz instrumentalizó la violencia de género para buscar votos y eso supone varios peligros para los derechos de las mujeres en Colombia. El primero de ellos es que banaliza la violencia política, que sí existe y afecta directamente a las mujeres que están participando en ella. La representante Mafe Carrascal aseguró que Ortiz instrumentalizó los dolores y las luchas de las mujeres para catapultar su carrera política, que lo sucedido es “grotesco” y que se burla de la violencia política y la solidaridad de cientos de personas que la respaldaron. Agregó que es poco creíble que Ortiz no supiera lo que su equipo hacía. (¿Por qué el crimen en Unicentro será investigado como feminicidio?)

El montaje en Cali encuadraba con una situación típica de violencia política, un tipo de violencia de género sobre la que justamente la semana pasada el Congreso aprobó una ley. Se refiere a toda acción que, basada en prejuicios de género, busque impedir o dificultar el ejercicio de los derechos políticos de una mujer. Por ejemplo, las mujeres en política que son señaladas por sus colegas hombres de estar “enamoradas” de ellos simplemente para desacreditarlas o cuando los hombres les gritan en la calle que, en vez de hacer política, se vayan para la casa.

La representante Carrascal afirmó a este diario que, por ser la ponente de la Reforma Laboral, hay un congresista en particular que ha sido violento con ella. Ha pretendido, por ejemplo, catalogarla de “conflictiva” en medios de comunicación, un calificativo que refuerza el estereotipo de que todas las mujeres son “problemáticas”. “En reuniones a puerta cerrada habla más fuerte, no me deja hablar, asegura cosas que no he dicho, se levantó gritando de la mesa de negociación con los ponentes y el Ministerio del Trabajo”, aseveró Carrascal.

Tan real es la violencia política que, con la nueva ley, los partidos en Colombia tendrán que adoptar protocolos y medidas en sus estatutos o códigos de ética para prevenirla. El Consejo Nacional Electoral, por su parte, deberá también atender los casos y trasladarlos a las autoridades competentes para investigar y castigar a los responsables. (Marlon Rincón, el abogado que acosó mujeres en Bucaramanga, ¿y ahora en Cartagena?)

Por eso, la congresista Támara Argote pidió que Catalina Ortiz sea sancionada, ya que “ofende, indigna y deslegitima la lucha histórica de mujeres que han entregado su vida por la reivindicación de más mujeres y que sí han sido violentadas, agredidas, empobrecidas y asesinadas”. En el mismo sentido, Ángela María Robledo, excongresista y excandidata vicepresidencial, sostuvo que con la violencia política contra las mujeres no se juega y que quienes han sido víctimas reales, como ella, se sienten indignadas.

Otro de los peligros de instrumentalizar la violencia de género con fines electorales es que puede profundizar el machismo y reforzar la falsa idea de que todas las mujeres que denuncian violencia de género mienten. La congresista Angélica Lozano Correa aseguró a El Espectador que “esta farsa, con patético objetivo de visibilidad, retrocede años, esfuerzos colectivos, espontáneos, dispersos e institucionales para deconstruir prejuicios y esa lógica de ‘algo hizo para buscarse el ataque o la agresión’. Es una tragedia y tiene un incalculable costo social, porque retrocede, legitima prejuicios y dudas contra las mujeres de Colombia”. (“Acosan y violentan”: testimonios de violencia sexual en el colegio Bethlemitas)

La violencia de género es real. Según la Procuraduría, el año pasado se registraron 614 casos de feminicidio y 47.771 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, cifra que, en comparación con el año 2021, presentó un aumento de 7.713 casos. La situación es tan alarmante que, desde hace dos semanas, Colombia declaró la emergencia por las violencias de género, con la que se espera que obtener información en tiempo real sobre los casos y las denuncias, para generar alertas tempranas para prevenir feminicidios y otras violencias.

Por otra parte, es un mito decir que la mayoría de las mujeres que denuncian violencias de género mienten. En España, por ejemplo, las denuncias falsas de casos de violencia de género no han superado el 0,007%, de acuerdo con la Fiscalía. En méxico no superan el 3%, según Naciones Unidas. En Colombia, la investigadora de la Universidad Nacional Daniela Vargas Gómez dice que solo el 2 % de los casos de denuncias de violación son falsas, pero cada víctima de violencia sexual es sospechosa de pertenecer a este porcentaje y no al 98 % de los casos en los que sí ocurren. (Por miedo, ¿le escondes a tu pareja lo que compras? Puede ser violencia económica)

En diálogo con este diario, Natalia Escobar, coordinadora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, de la universidad Icesi, agrega que otro peligro generado por la campaña de Ortiz es que se puede perpetuar un clima de impunidad, al desconfiar de quienes denuncian. Por eso, invitó a todas las campañas y gobernantes a no instrumentalizar la violencia de género y pidió a la sociedad seguir creyendo en las mujeres. Pero creer en las denunciantes y partir de la buena fe es, además, un principio constitucional, de acuerdo con Erika Rodríguez Gómez, abogada feminista y defensora de DDHH.

Adicional a los peligros que activó, la campaña política de Catalina Ortiz también evidenció que hablar de las violencias de género es un terreno fértil para hacer política, ganar visibilidad y votos, mejorar la imagen y generar empatía. Esa es una tendencia que abarca a hombres y mujeres, y a cualquier corriente política. Es rentable hacer campaña hablando de las mujeres, aun cuando la preocupación es falsa y no se tiene un compromiso real con sus derechos. Así lo explica la abogada Erika Rodríguez, quien califica a esas personas y a Ortiz de “oportunistas”.

Rodríguez concluye que no se puede creer que las mujeres son buenas por naturaleza y que no se trata de que participen en política simplemente por ser mujeres. “No necesitamos a una mujer como Catalina Ortiz en la Alcaldía de Cali, que es capaz de instrumentalizar un tema tan delicado y cometer actos fraudulentos para impulsar su campaña política. Este caso tiene algo positivo: demostró que la opinión pública no va a permitir que se usen las luchas de las mujeres para hacer campaña política”.

Hace pocos días, Catalina Ortiz anunció que acudiría a la Fiscalía para denunciar formalmente el ataque que había sufrido, que hoy se sabe que fue un montaje. El Espectador se contactó con ella y la Fiscalía, para confirmar la radicación, pero no obtuvo respuesta. De ser cierta, la abogada Erika Rodríguez considera que Ortiz podría ser investigada por el delito de falsa denuncia, con una circunstancia de agravación, que es la fabricación o simulación de pruebas, porque habría movido el aparato judicial provocando un desgaste en la administración de justicia desde la mala fe.