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Actualmente, el Congreso de la República está discutiendo cinco proyectos de ley que, según expertos, ponen en riesgo los avances logrados en materia de derechos, igualdad y no discriminación de la población LGBTIQ+, las mujeres y las infancias. Estas iniciativas incluyen la prohibición de procedimientos médicos y psicológicos relacionados con la identidad de género de personas trans menores de 18 años, la introducción de educación religiosa en los colegios del país y la restricción de la participación de mujeres trans en el deporte femenino. Además, se propone prohibir la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) desde la Constitución y permitir que los padres de familia intervengan en los programas de educación sexual integral de los colegios.
En entrevista con El Espectador, la congresista Carolina Giraldo, integrante de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y de la Comisión por la Diversidad del legislativo, alerta que hay una avanzada de proyectos de ley que podrían representar un retroceso para los derechos de esta población, algo que no había ocurrido en anteriores legislaturas. “Es la primera vez que vemos una acción legislativa antiderechos, coordinada y continua”, afirmó Giraldo.
El proyecto de ley conocido como “Con los niños no te metas”, liderado por la senadora Lorena Ríos* del partido cristiano Colombia Justa Libres, que de hecho fue el primero en radicarse este periodo, podría limitar los derechos de los niños, niñas y adolescentes trans. Esta iniciativa busca prohibir los tratamientos de afirmación de género, su difusión y orientación en menores de 18 años. Durante las audiencias públicas, Ríos ha argumentado que, al no existir una regulación de dichos tratamientos, esto ha generado una “experimentación” con los menores, causando afectaciones psicológicas y de salud.
Sin embargo, Santiago Carvajal, abogado y cofundador de Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual y de Género (FAUDS), sostiene que este proyecto está basado en noticias falsas y estudios científicos con poca validez, y que, por el contrario, lo que promueve es la estigmatización, invisibilización y discriminación de las infancias con identidades de género diversas, así como la vulneración de su derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la salud.
“Hay dos falacias que se usan en este proyecto de ley. La primera es que los medicamentos hormonales son experimentales, y la segunda es que no son reversibles”, apunta Carvajal en entrevista con El Espectador. Frente a esto, argumenta que los medicamentos hormonales se han utilizado durante décadas, no solo para personas trans, sino también para tratar deficiencias en el crecimiento, pubertad precoz, entre otros. Estos medicamentos están regulados y aprobados para su uso en menores de edad y son reversibles si se suspende su administración.
Por su parte, la representante Giraldo agrega que el proyecto “Con los niños no te metas” también pone en riesgo el principio de “autonomía progresiva” de los menores de edad, el cual está ratificado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el que la Corte Constitucional ha venido trabajando en los últimos años. Según UNICEF, este principio se refiere a la capacidad que tienen los niños, niñas y adolescentes de ejercer sus derechos a medida que se desarrollan en lo cognitivo, lo físico y en la toma de decisiones propias.
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También relacionados con la infancia y la adolescencia, este diario identificó otros dos proyectos vinculados con la educación y los derechos de las mujeres y la población diversa. El primero, la “Ley Los Padres Educan”, igualmente liderado por Lorena Ríos y firmado por otros 25 congresistas, busca “asegurar el goce y ejercicio efectivo del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos menores de edad, a fin de que estos últimos reciban una educación sexual que sea acorde con sus cosmovisiones, al interior de los establecimientos educativos públicos y privados”.
Abiertamente en sus redes sociales y otros comunicados, los coautores del proyecto de ley afirman que su objetivo es también evitar que en los colegios se enseñe lo que ellos denominan “ideología de género”, en caso de que los padres no estén de acuerdo con ello. En entrevista con El Espectador, el congresista Hernando González, coautor de este proyecto de ley, explicó que con la “ideología de género” se refieren a “la eliminación de la diferencia entre hombre y mujer, incluso eliminando hasta las diferencias biológicas”.
Sin embargo, lo que estos sectores sociales denominan como “ideología de género”, según Santiago Carvajal, ha sido una estrategia de desinformación contra la educación sexual. Siendo un concepto que utilizan sectores conservadores de manera despectiva para negar la desigualdad y rechazar los avances en derechos para las mujeres y la población LGBTIQ+. Surgió en la década de los noventa en el Vaticano para referirse a un supuesto movimiento liderado por gais y feministas para subvertir las familias tradicionales y los valores sociales.
Y es allí donde expertos problematizan los alcances de este proyecto de ley, ya que podría privar a los niños, niñas y adolescentes de tener una educación integral sobre derechos sexuales y reproductivos, prevención de violencias, discriminación y diversidad. Como afirma María Mercedes Acosta, cofundadora de Sentiido, este tipo de proyectos está influenciado por la desinformación sobre lo que es la educación sexual. “Se dejan llevar por las noticias falsas de que van a enseñarles a masturbarse a los niños, cuando se ha explicado miles de veces que la educación sexual está por grupos, por etapas, y cada una tiene una respectiva”, dice en entrevista con este diario.
No obstante, González asegura que “el proyecto busca que el niño o la niña tenga como referencia a papá y mamá. Pero que también papá y mamá tengan conocimiento, y tengan la oportunidad y el derecho de educar a su hijo como creen que deben educar. Esto, si a los papás se les orienta debidamente, evita que un niño sea abusado, porque llena a papá e hijo de confianza y se pueden comentar las cosas como son, sin tapujos, sin mentiras”.
Pero esto genera dudas sobre el alcance de este proyecto de ley frente a temas de discriminación e inclusión. Como explica Acosta, “a los padres y a las personas de mi generación no se les enseñó sobre sexualidad, menos si se trataba de ser gais o lesbianas; era un tema del que no se hablaba, eran chistes sobre la educación sexual y chistes homofóbicos”. Así, la experta señala que lo ideal es que la educación que se transmite en la casa y la del colegio no rivalicen, pero esto no significa que se pase por alto la enseñanza sobre el respeto a la diferencia.
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El segundo proyecto relacionado con la educación es el que lidera la congresista Irma Luz Herrera, del partido MIRA, el cual busca “reconocer la incidencia del Sector Religioso en el ámbito educativo y fortalecer su aporte en la formación de valores y principios éticos y morales en Colombia”.
Las críticas a este proyecto también se centran en la información que se proporcionará a los menores, la cual podría estar influenciada por creencias religiosas que, en ocasiones, contienen prejuicios sobre los derechos sexuales y reproductivos, así como sobre la diversidad sexual y de género. Debido a esta incertidumbre, existe preocupación de que el proyecto de ley pueda afectar negativamente los derechos de niños, niñas y adolescentes en general.
“Lo que nos dice la Constitución sobre temas de educación es muy claro: la responsabilidad recae en las familias, el Estado y el sector educativo. No podemos permitirnos regresar a la educación que se promovía antes de la Constitución de 1991″, señala Carolina Giraldo. Desde su perspectiva, es arriesgado abrir la puerta a la imposición de un solo tipo de creencias en el ámbito educativo.
En diálogo con este diario, la representante Herrera afirma que el proyecto de ley no tiene relación con imponer creencias ni con la comunidad LGBTIQ+. “Nosotros no queremos discriminar a nadie”, asegura. Para ella, el proyecto se traduce únicamente en el reconocimiento del papel del sector religioso en el avance ético y moral de la sociedad colombiana.
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Otro de los proyectos que podría afectar los derechos de las mujeres y la población LGBTIQ+ es la iniciativa “Ley de protección al deporte femenino”, liderada por el congresista Mauricio Parodi, del partido Cambio Radical. En esta, se plantea “garantizar la protección al deporte femenino y la integridad en las competiciones deportivas, implementando la división de categorías por sexo biológico”, lo que podría causar repercusiones en la participación deportiva de las personas con experiencia de vida trans.
Según Parodi, en diálogo con El Espectador, el proyecto de ley está orientado a que las competencias deportivas femeninas sean exclusivas para mujeres con genotipo XX. Para el congresista, las mujeres trans, cuyo sexo es masculino pero socialmente se identifican como mujeres, poseen “ventajas” como mayores niveles de testosterona, masa muscular o mayor volumen cardiovascular que, en sus palabras, les otorgan mejores marcas de desempeño deportivo. “Con el pasar de los días, todas las competencias de categoría femenina terminarían siendo ganadas por personas de sexo masculino que se identifican como mujeres, lo cual sería muy injusto”, argumentó.
Para las mujeres trans consultadas por este diario, los argumentos en contra de la inclusión resultan transfóbicos y machistas, ya que no solo invalidan sus identidades de género, sino que también refuerzan estereotipos que sugieren que los hombres siempre ganarán y que las mujeres son inherentemente débiles y requieren protección. Además, al compartir sus experiencias con la hormonación, afirman que han experimentado una reducción en su rendimiento deportivo. También mencionan que, en la cancha, siempre se han enfrentado a compañeras muy fuertes, por lo que, desde su perspectiva, la supuesta “ventaja biológica” no existe.
De hecho, un estudio financiado por el Comité Olímpico Internacional (COI) y publicado en 2022 en el British Journal of Sports Medicine demostró que las mujeres trans enfrentan desventajas físicas en comparación con las mujeres cisgénero (quienes su sexo asignado coincide con su identidad de género), particularmente en aspectos como la función pulmonar y la fuerza en la parte inferior del cuerpo. Por lo que, según algunos expertos, las iniciativas que promueven la exclusión de mujeres trans en el deporte están fundamentadas en argumentos discriminatorios.
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De igual manera, la congresista Carolina Giraldo afirma que las pruebas bajo las cuales se comprueban los genotipos y los niveles de testosterona se aplican sólo a las deportistas que no se ven “tan femeninas”, reforzando estereotipos de género. Las repercusiones de estos prejuicios se pudieron observar en los pasados Juegos Olímpicos con el caso de la boxeadora Imane Khelif.
El último proyecto es el de “Estoy vivo desde la concepción”, liderado por el grupo de congresistas que se autodenominan “Bancada Provida”, entre ellos Luis Miguel López, del partido Conservador. Este proyecto propone modificar el artículo 11 de la Constitución Política para prohibir el aborto al establecer que “el derecho a la vida es inviolable a partir del momento mismo de la concepción”.
En Colombia, desde 2022, el aborto está despenalizado hasta la semana 24 de gestación, y a partir de ese momento entran en vigencia tres causales para acceder a la IVE: malformación del feto que haga inviable su vida fuera del útero; que la gestación sea producto de violación, incesto o inseminación artificial no consentida; y que el embarazo constituya un riesgo para la salud física o mental de la mujer o persona gestante.
El Espectador se contactó con el congresista López, quien aseguró que con este proyecto de ley no se tendría en cuenta ninguna causal para acceder a un aborto, ni siquiera en casos de violencia sexual. Según López, esta causal revictimiza a la mujer que fue agredida sexualmente y al feto. “Tampoco es justo que el bebé, que es totalmente inocente, pague con su vida por un abusador que debería estar tras las rejas. Al abusador es al que realmente debemos castigarlo”, opinó.
Ante esto, Jessika Barragán, abogada y docente del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, explica en entrevista con este medio de comunicación que es posible que este proyecto no sea efectivo porque podría ser demandado por inconstitucionalidad. Es decir, va en contra de lo que la Corte Constitucional ha postulado y en contravía de la misma Constitución.
Para ella, este tipo de proyectos pueden representar un retroceso para los derechos de las mujeres y las personas gestantes, en la medida en que, al hablar de la vida “desde la concepción”, anularía los avances jurídicos y terminaría desprotegiendo la vida de las niñas, mujeres y personas gestantes que tienen un embarazo no deseado. Además, “se sigue viendo a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar como máquinas de reproducción o incubadoras, despojándolas de toda autonomía sobre sus cuerpos y sus vidas”, concluyó.
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En suma, estos cinco proyectos de ley, según expertos en temas de género y diversidad, podrían representar un retroceso para los derechos ya conseguidos de las mujeres y la población LGBTIQ+. En palabras de Carolina Giraldo, dichas iniciativas están pensadas desde una visión pasada sobre la familia, el género y la sexualidad, cercanas a la década de los cincuenta, en la que “el rol principal de la mujer era en la casa y el del hombre en el trabajo. Todos los actos sexuales que eran socialmente aceptados ocurrían dentro del matrimonio heterosexual y su único fin era la reproducción.”
*El Espectador intentó contactarse con la congresista Lorena Ríos para entrevistala sobre el proyecto de ley “Con los niños no te metas”, pero no se obtuvo respuesta hasta el momento de la publicación de este artículo.