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El debate de control político sobre la violencia de género, que estaba programado para este miércoles 6 de diciembre, fue aplazado por las representantes citantes, ya que solo dos de los 11 ministros invitados hicieron presencia. Sin embargo, durante la sesión, ellas señalaron como una falta grave de respeto que carteles con información alusiva a las violencias basadas en género que se registran en el país fueran rotos.
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Este debate de control político, que fue reprogramado para la próxima semana, fue citado desde hace un año y tiene el objetivo de que las principales autoridades del país conozcan y respondan por la delicada situación que vive el país en materia de feminicidios y violencias basadas en género. Pero también, visibilizar las fallas estatales en materia de atención y protección de la vida de las mujeres.
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Desde el partido de gobierno, varios representantes, incluida María Fernanda Carrascal, dijeron que sí había presencia de por lo menos 15 funcionarios de las carteras convocadas, por lo que había disposición para el debate. Sin embargo, como puntualiza Olga Lucía Velásquez, representante de la Alianza Verde, “no estaba ninguna persona de la Fiscalía que es parte fundamental de la ruta de atención”. Por eso, la representante Velásquez añade que es frustrante tener espacios desaprovechados como este, cuando cada día cerca de dos mujeres están perdiendo la vida por violencias.
Ahora, frente a los carteles rotos, no hay certeza de quienes fueron las personas responsables de esto. La representante Jennifer Pedraza dice que los tuvieron que retirar de la curul de una representante del Pacto Histórico, es decir, del puesto asignado en la sala. Para ella, esto es una “bajeza” en el marco de un debate de control político que contaba con la presencia de mujeres sobrevivientes de violencias.
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Algunos de los datos contenidos en estas piezas señalaban que, cada año, más de 500 mujeres son víctimas de feminicidio en el país y que, de ellas, una de cada tres ya había denunciado su situación de riesgo y buscado protección de la justicia. “¿De verdad este es el mensaje que le quiere dar el Congreso de la República a las mujeres?, ¿siquiera se dignaron a leer la información que tenían?” , se pregunta la congresista Catherine Juvinao.
Según Carolina Giraldo, representante por Risaralda, este hecho constituye un acto de violencia simbólica, un tipo de agresión indirecta que por medio de símbolos, palabras, gestos o actitudes perpetúan discriminación y relaciones de poder desiguales. Como señala Bárbara Ojeda, abogada y editora de género y sociedad de la plataforma United Explanations, “la descalificación del trabajo intelectual y profesional también son violencia simbólica porque buscan transmitir un mensaje de ‘lo que haces o lo que dices no importa’”.
En video: ¿Qué es la violencia simbólica?
Pero no es la primera vez que esto sucede en el Congreso. Según Giraldo, cuando se hizo el protocolo interno de violencia contra las mujeres del legislativo también hubo un par de carteles rotos en su momento. “El llamado es a trabajar en el cambio cultural porque nosotras podemos avanzar haciendo leyes, por ejemplo, la de cero violencia política. Pero, es muy importante reflexionar acerca de las normas sociales que están imperando y que finalmente terminan siendo barreras para tener un país más igualitario”, reflexiona la congresista.
Las congresistas también hacen énfasis en que resulta decepcionante que hechos como estos sucedan en el marco de los “16 días de activismo contra la violencia de género”, una campaña internacional a la que Colombia está adscrita, que se celebra cada año con el fin de exigir la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Esta comenzó el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y se extiende hasta el próximo 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
Según el Reporte Dinámico de Feminicidios Colombia, entre enero y septiembre de 2023, se cometieron 410 feminicidios, registrándose en promedio 52 casos mensuales. Asimismo, se han documentado más de 35.000 casos de violencia intrafamiliar y se han hecho más de 16.000 exámenes medicolegales por delitos sexuales. Por ello, las citantes al debate reiteran su llamado a la participación de las cabezas de las entidades del Estado a la sesión programada para la próxima semana.