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“Un cliente estaba siendo muy violento y, en el estudio, me dijeron que continuara. Yo seguía diciendo ‘no quiero’, y ellos seguían diciendo ‘tienes que seguir conectada’. Apunté la cámara a mi regazo para poder llorar”. Este fragmento hace parte del testimonio de María*, una modelo webcam de 33 años, que trabaja turnos de 12 horas transmitiendo contenido para adultos desde un cubículo de 1 x 2 metros, separado únicamente por cortinas, en Bogotá.
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María es una de las 55 modelos webcam entrevistadas por Human Rights Watch (HRW) para la elaboración de su más reciente informe: “Aprendí a decir no: Abusos laborales y explotación sexual en los estudios de webcam colombianos”. Durante 18 meses, el estudio, liderado por Erin Kilbride, investigadora de la División de Derechos de la Mujer de HRW, en colaboración con organizaciones de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales como la Liga de Salud Trans y la Corporación Calle 7 Colombia, documentó abusos sistemáticos en estudios de webcam de Bogotá, Cali, Medellín y Palmira.
Colombia se ha convertido en uno de los países que más aportan a la multimillonaria industria del modelaje webcam. Este oficio, que está inmerso tanto en la economía de las plataformas digitales como en el trabajo sexual, opera en un limbo jurídico. Y es que el trabajo sexual, incluido el modelaje webcam, es legal y reconocido como una actividad económica lícita y protegida por la Corte Constitucional. Sin embargo, no existe una regulación, lo que lleva a abusos laborales sistemáticos, explotación sexual y condiciones de trabajo insalubres, como las denunciadas por el informe de HRW.
Condiciones laborales inhumanas
Las modelos entrevistadas describen jornadas de trabajo de hasta 18 horas en cubículos estrechos, mal ventilados y frecuentemente infestados de insectos. Una trabajadora relató que los teclados y muebles a menudo estaban contaminados con fluidos corporales de otros trabajadores. “Nos salieron erupciones en las manos porque los equipos estaban sucios, y no había jabón ni desinfectante disponible”, se lee en el documento.
El informe revela que la mayoría de las modelos trabajaban en estudios sin personal de limpieza y tenían que limpiar ellas mismas. Incluso, llegando a cobrar a las modelos el jabón, el desinfectante, los pañuelos de papel y otros artículos de higiene. Adicional a esto, las personas entrevistadas por la ONG compartieron que les colocaron multas por hacer pausas para comer o ir al baño.
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“Aunque estás sola en el cubículo, siempre sientes que te están observando, eso afecta mucho tu mente”, dice una de las entrevistadas. Como detalla la investigación, las modelos son sometidas a vigilancia constante. La presencia de cámaras de vigilancia en las paredes de los estudios, los pasillos, las escaleras, las cocinas, incluso en áreas privadas como baños y vestidores y, en algunos casos, dentro de cada cubículo. Asimismo, varias trabajadoras sexuales les dijeron a HRW que la falta de privacidad en estos pequeños cubículos, incluía la posibilidad de oír o ver a la trabajadora o trabajadoras del lado, afectando también su salud física y mental.
“No podía imaginarme que las condiciones en los estudios de webcam fueran tan abusivas como las que documentamos”, afirmó Kilbride en entrevista con El Espectador. La autora del reporte señala que fue impactante escuchar a trabajadoras sexuales decir que prefirieron volver a las calles debido al nivel de violencia y explotación laboral que ocurre en esta industria. Por esto, desde HRW afirman que este informe es una prueba de la necesidad de reformas laborales que no solo protejan, sino dignifiquen el trabajo sexual como cualquier otra labor.
Coerción y explotación
Una de las grandes revelaciones de la investigación se centra en cómo los estudios de webcam utilizan amenazas y manipulación para presionar a las modelos a realizar actos sexuales no consentidos. Por ejemplo, una modelo trans de 29 años relató que, al intentar detener una actuación que le causaba un dolor extremo, el encargado le respondió: “Si paras, afectará tu calificación, así que tuve que continuar”. Otra modelo contó a las investigadoras una experiencia en la que estaba aterrorizada ante la posibilidad de que se rompiera una botella de cristal que le habían presionado a insertarse.
Ahora, el informe es enfático al explicar que estos contextos de coerción y explotación sexual que son expuestos, no ocurren en sí por tratarse de actividades sexuales pagas, sino por la ruptura del consentimiento de las trabajadoras. “La presencia de consentimiento diferencia el trabajo sexual y el modelaje webcam de la trata de personas y la ‘prostitución forzada’”, explica la ONG.
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Por eso, cuando se habla de “explotación sexual” se refiere a las denuncias de abusos cuando las modelos experimentaron violencia sexual, acoso sexual o una violación de su consentimiento en relación con una actuación o acto sexual; o cuando ese abuso implicó la fuerza o la coacción ejercida sobre una modelo para mantener o generar beneficios monetarios para los estudios o las plataformas. Por ejemplo, cuando los monitores (es decir, quienes vigilan las transmisiones) utilizaban el chat para hacerse pasar por modelos, hablar con los clientes en su nombre y consentir a actos sexuales para los que la modelo no había aceptado.
Con todo este panorama, se encontró un factor agravante a la situación de las modelos webcam: la incapacidad de las trabajadoras para tomar control de sus cuentas e imagen en las plataformas, un problema que limita su posibilidad de independencia. A menudo, quienes intentan abandonar los estudios deben comenzar desde cero, debido a que estos se niegan a transferir el acceso a las cuentas, perpetuando, según el informe, “un ciclo de dependencia y explotación”.
El vacío legal y la complicidad de las plataformas
Las plataformas que alojan este contenido, como BongaCams, Chaturbate y Stripchat, retienen entre el 50 % y el 65 % de los ingresos generados por las modelos, mientras que los estudios toman hasta el 70 % del restante. Esto deja a las trabajadoras con ingresos mínimos, a pesar de las largas jornadas. Además, según el informe, 49 de 50 modelos entrevistadas nunca vieron ni firmaron los términos y condiciones de las plataformas. En la mayoría de los casos, los estudios aceptaron los términos en su nombre. Esto contribuye al desconocimiento sobre sus derechos y facilita prácticas como el robo de salarios y la coerción sexual.
“El modelaje por webcam es mi trabajo y me lo tomo en serio. Pero, la forma en que nos tratan deja claro que no nos ven como trabajadoras, sino como personas a las que explotar”, comparte María. A pesar de que ninguna de las modelos entrevistadas fue obligada a ingresar a la industria, todas coincidieron en que las condiciones laborales violan sus derechos humanos. Por ello, HRW critica la falta de medidas efectivas por parte de las plataformas que, aunque cuentan con políticas contra la trata y el abuso infantil, niegan su responsabilidad en otros abusos dentro de sus cadenas de suministro, argumentando que se trata de terceros.
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Y ahí recae una de las denuncias más graves expuestas por la investigación: el uso de “cuentas recicladas”. La gran mayoría de las modelos entrevistadas dijeron a las investigadoras que los estudios no les permitían “llevarse su cuenta consigo” cuando dejaban de trabajar allí. Según las entrevistas de HRW, estos establecimientos frecuentemente se niegan a ceder el control de sus perfiles una vez renuncian y, y, en su lugar, “colocaban” a una nueva modelo en esa cuenta, lo que ahora se conoce como una cuenta “reciclada”. El reciclaje de cuentas permite a los estudios eludir el proceso de verificación de identidad y empezar a ganar dinero inmediatamente con una nueva persona utilizando la cuenta y el tráfico web de la modelo anterior.
Esta práctica permite la contratación de menores y la posible producción de material de abuso sexual infantil. Aunque las políticas de las plataformas webcam prohíben la creación de cuentas para niñas, niños y adolescentes o para cualquier persona menor de 18 años. Sin embargo, estas “cuentas recicladas” permiten a los estudios zafarse de los requisitos de verificación de edad. Esto “deja abierto el riesgo de que los estudios empleen a niñas, niños y adolescentes para hacer transmisión en vivo desde estas cuentas previamente verificadas”, se lee en el informe.
En Colombia, la explotación sexual infantil es un delito y tiene una pena de 14 a 25 años de prisión, que puede ser agravada cuando involucra a un menor de 14 años. Un informe de la Fundación Ideas Para la Paz, calcula que entre 2021 y 2023 hubo al menos 8.131 denuncias por explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. No obstante, en los últimos tres años solo se abrieron 212 procesos judiciales.
Derechos laborales, salud ocupacional y seguridad social
Muchas personas llegan a estos estudios webcam bajo la promesa de “crecer”, “obtener más seguidores” y alcanzar el “éxito”. Pero esta, en palabras de Carolina Urrego, activista y sindicalista por los derechos de los trabajadores sexuales,puede ser engañosa y generar condiciones perjudiciales para los creadores de contenido. “Es importante que el Estado regule las formas en que las plataformas digitales establecen intercambios de beneficios con los creadores. Aceptar los ‘términos y condiciones’ sin derecho a réplica es un reemplazo peligroso del contrato laboral”, enfatiza Urrego en diálogo con El Espectador.
La legislación colombiana exige normas de seguridad en el lugar de trabajo, pero rara vez se aplican en los estudios de webcam. Estas condiciones subrayan la necesidad de que el trabajo sexual se reconozca bajo las mismas protecciones laborales que se conceden a otras industrias. El informe de HRW reclama inspecciones periódicas de los estudios para garantizar el cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo, así como sanciones en caso de infracción.
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En esta línea coincide la autora de la investigación, quien relata la necesidad de un cambio estructural en la industria. “Las plataformas tienen el poder y la responsabilidad de prevenir estos abusos. Si realmente priorizan la seguridad de sus trabajadoras, deben implementar estándares claros y transparentes”, comparte Kilbride a este diario.
El informe de HRW, además de exponer las denuncias de explotación laboral, incluye recomendaciones y un llamado a los diferentes actores implicados para abordar los abusos documentados. Entre ellas, se destacan: implementar estándares de salud ocupacional para los estudios; prohibir que los administradores obliguen a las modelos a realizar actos sexuales no consentidos; garantizar el derecho de las modelos a transferir sus cuentas y tomar descansos adecuados; y establecer mecanismos confidenciales para denunciar abusos laborales y sexuales. Pues, como afirma María, “aprendí a decir que no, pero es difícil cuando las plataformas tienen todo el poder”.
* María es un nombre ficticio para proteger la identidad de la modelo.
