El informe “Medios sin violencias. La urgencia de políticas de abordaje y prevención”, realizado por Comunicación para la Igualdad, en articulación con la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe y el apoyo de la UNESCO, se dio a la tarea de analizar cómo están los medios de comunicación en América Latina frente al abordaje de las violencias basadas en género y si cuentan con protocolos robustos para atenderlas y prevenirlas. Aunque el 75% de las personas encuestadas dijo conocer al menos un caso de violencia de género hacia periodistas, lo cierto es que la mayoría de medios de comunicación en la región no cuenta con protocolos para atender esos casos (57%).
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El informe analizó la situación en 95 medios de 14 países de América Latina y el Caribe. Las modalidades de violencias que con más frecuencia se presentan son las psicológica, verbal, acoso sexual, digital, malos tratos, física y económica. La mayoría de éstas ocurrieron en el espacio físico de las redacciones y en entornos digitales, por parte de personas en cargos jerárquicos y del sector gubernamental y político.
El estudio cuenta, por ejemplo, el caso de un directivo televisivo que fue denunciado por instalar una cámara espía en la sala de vestuario del canal y grabar a dos periodistas mientras se cambiaban de ropa. También se mencionó el caso de RTVC, donde se identificó violencia digital por parte de un hombre hacia su jefa mujer.
“Los dos eran periodistas de RTVC. Él ejercía una presión psicológica horrible hacia ella, siempre la estaba acusando en todas partes, la hacía quedar mal, la amenazaba con llevar quejas a Recursos Humanos. Hasta que finalmente ella lo enfrentó, él no fue capaz de hacer nada y terminó su contrato; la entidad le dijo que no se le iba a renovar. La mayoría del trabajo que él hacía era online y cuando lo sacan él borra toda la información y la inhabilita para ingresar. A la vez, en sus redes personales empieza a publicar mensajes alusivos a ella, ofensivos. Dañó la imagen de ella ante varias entidades y ante varios colegas”, se lee en el informe.
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Pese a que los resultados evidencian que en las redacciones periodísticas las violencias de género están más que presentes, solo el 28% de las víctimas realizaron denuncias y esa cifra tan baja se debe al temor por hablar, ya que en el 41.5% de los casos hubo represalias sobre las denunciantes, quienes fueron despedidas, amenazadas o se le relegó en el trabajo. Mientras que el 54.5% de los agresores no fue sancionado. Las agresiones contra las periodistas se desencadenaron por cuenta de la expresión de posicionamientos feministas y/o políticos partidarios, la condición de mujeres de las agredidas, y reclamos salariales.
“Suelo recibir acoso psicológico en redes sociales por tomar postura o compartir información acerca de la violencia, los feminismos y las luchas de las mujeres”, dijo una de las personas encuestadas en Paraguay. “Le dijeron al gerente del medio en el que trabajaba que me daba un programa porque se acostaba conmigo, porque era mi amante”, agregó otra en Perú.
Una de las conclusiones del estudio es que, en general, los medios de comunicación no cuentan con áreas especializadas para tratar las violencias de género, solo en el 18.5% existen estas áreas y, por lo general, los medios grandes son los que las tienen, porque tienen mayores recursos. Los esfuerzos están dirigidos a realizar charlas informativas y talleres de capacitación, pero no campañas de prevención.
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Pero las falencias permanecen incluso en los medios que cuentan con protocolos de género. Las personas que trabajan en esas redacciones aseguraron que, pese a que estos documentos existen, se mantiene la situación de desprotección y se abordan de manera equivocada esos temas. La presentadora de un canal de cable de Paraguay narró que “no hay ningún lugar, y no hay tampoco una persona, a la que uno pueda recurrir en caso de acoso sexual. De violencia laboral específicamente nada tampoco. O sea, están absolutamente desprotegidas las trabajadoras”.
Incluso existiendo los protocolos de género en algunos medios, las personas encuestadas reportaron desconocerlos. “La herramienta existe pero no tiene la suficiente disponibilidad y visibilidad como para que la gente se apropie de ella. Una editora de un medio gráfico grande de Argentina observa que ‘la empresa no quiere compartir el protocolo; hay un problema enorme, yo sé que existe pero hay un muro infranqueable’. En un medio gráfico grande de Brasil dicen algo similar: ‘No recuerdo haberlo recibido de parte de la empresa; sé que existe porque fue mencionado en las charlas con la Editora de Diversidad’”, reseña el informe.
“La existencia de protocolos de violencia de género es un paso más hacia la construcción de organizaciones de medios más democráticas. La violencia de género es un problema estructural vinculado a las relaciones de poder que requiere de un compromiso constante de todas las personas que trabajan en los medios para desarticularla. En este proceso, los protocolos ofrecen un mecanismo para abordar las violencias en sus diferentes etapas: desde la prevención hasta la atención de las denuncias”, concluyó Sandra Chaher, presidenta de Comunicación para la Igualdad y coordinadora de la investigación.
Sumado a esto, las personas encuestadas hablaron de una cultura laboral violenta y falta coherencia entre lo que pregona un medio de comunicación en su contenido, respecto a lo que sufren internamente sus periodistas. “La valoración de la cultura democrática es “sólo para afuera”, una pose del medio, y que al interior de las empresas las prácticas no se condicen con el discurso pregonado; en este sentido, se destacaron conductas autoritarias y violentas como parte de las rutinas generales de producción”, añade el documento.
10 puntos básicos que toda organización debe considerar para prevenir y actuar contra la violencia laboral con perspectiva de género y diversidad:
1) Determinar quiénes serán las personas alcanzadas, tanto agresoras como agredidas.
2) Definir los ámbitos de aplicación espacial; la violencia laboral va mucho más allá del espacio físico de trabajo.
3) Incluir descripción y definición de conductas violentas, tanto tipos como modalidades.
4) Determinar los principios de intervención: las reglas que deben respetarse a lo largo del proceso.
5) Designar a las personas encargadas de intervenir frente al hecho concreto, tanto internas como externas a la organización, cuando corresponda.
6) Establecer las medidas a adoptar: tanto las medidas urgentes necesarias para el cese inmediato de la violencia, como aquellas que se definan como consecuencia de la investigación para la resolución del caso.
7) Asumir la responsabilidad sobre los hechos, sea directa o indirecta, y ofrecer reparar el daño mediante acciones concretas.
8) Prever sanciones y consecuencias para la persona que comete el hecho violento.
9) Generar mecanismos para detectar la existencia de factores de riesgo que pueden contribuir a que se produzcan hechos de violencia y trabajar para mitigarlos.
10) Realizar el seguimiento de los casos y llevar a cabo revisiones que incorporen las experiencias aprendidas.