Con la ilusión de un nuevo comienzo, Karina* cruzó la frontera hacia Colombia, hasta llegar a Cúcuta, en busca de oportunidades para sostenerse económicamente a ella y a su familia. Al llegar, le surgió la oportunidad de desempeñarse como trabajadora doméstica y aceptó. Su empleadora le solicitó su pasaporte y su cédula como una garantía, “porque me dijo que ella había tenido unas venezolanas y la habían robado.” A pesar de que ella aclaró que no la iba a robar, accedió y le entregó sus documentos. Sin embargo, lo que comenzó como una oportunidad para sostenerse económicamente se transformó en una realidad violenta. Durante tres años, vivió bajo el mismo techo que su empleadora, trabajando incansablemente en la casa y en el restaurante familiar. A pesar de sus esfuerzos, no recibió una remuneración justa ni las mínimas condiciones laborales: “No me dieron ni cinco mil pesos de arreglo de nada”.
Este es uno de los relatos que recopiló la investigación “Estudio sobre características y condiciones de trabajo de personas migrantes y refugiadas en el Trabajo Doméstico Remunerado en Colombia”, de la agencia humanitaria internacional CARE Colombia. Una realidad que enfrentan a diario cientos de mujeres colombianas y migrantes que se dedican al trabajo doméstico en el país. Además de las condiciones precarias en las que trabajan, también están expuestas a violencia sexual, psicológica y económica.
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Este sector laboral, que emplea a más de medio millón de personas, está compuesto principalmente por mujeres, muchas de ellas migrantes. A nivel mundial, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor de 67 millones de personas trabajan en empleos domésticos, de las cuales 11 millones son migrantes y aproximadamente el 74% son mujeres.
A pesar de que las mujeres tienen más oportunidades para acceder a estos empleos en los países a los que migran, se enfrentan a condiciones de vulnerabilidad respecto al género, la xenofobia y la pobreza. Las trabajadoras domésticas a menudo ganan menos del salario mínimo, tienen horarios laborales que no se respetan y carecen de los mismos derechos y protecciones que otros empleados. Siendo uno de los sectores más desprotegidos por las leyes laborales de diferentes países, según la OIT.
“Yo llegué porque fui recomendada. No conocía a las personas donde iba a trabajar. Fue una experiencia fatal. Me tuvieron 15 días trabajando, no me pagaron. Me dijeron que un millón. Que si yo me iba a ir, que buscara cómo irme, pero que ella no me iba a dar los medios para irme. Yo le rogué tanto, le supliqué para que me sacara. Eso fue en Rionegro, Antioquia. Ella me dijo: ‘Yo te puedo sacar hoy a las 10 de la noche, pero no te doy ni un peso para que te muevas’”, cuenta otro de los testimonios recogidos en el informe.
En el caso colombiano, el estudio encontró que cerca del 70% de las trabajadoras domésticas gana menos del salario mínimo, aumentando al 82% si son migrantes. En cuanto a la seguridad social y sus prestaciones sociales, solo el 18% de ellas cuenta con este derecho laboral, y ese porcentaje se reduce a menos del 1% si son mujeres migrantes.
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“El trabajo doméstico en Colombia siempre ha sido difícil; siempre ha pasado por un contexto muy fuerte, un contexto cultural de no reconocimiento de los derechos de las trabajadoras”, menciona Claribed Palacios, presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico, en entrevista con El Espectador. Haciendo referencia a que el trabajo doméstico no es considerado como un trabajo por la cultura colombiana, y al ejercerse al interior de las casas, no hay un control sobre las violencias que sufren las mujeres que desempeñan estas labores y una garantía de sus derechos.
Magda Alberto, asesora de Equidad, Igualdad y Derechos de las Mujeres del Ministerio del Trabajo, mencionó durante la presentación del estudio que es común pensar que las trabajadoras domésticas le están haciendo un favor a las familias, porque históricamente las labores domésticas no se han considerado un trabajo. “El primer reto que existe para atender esta situación es reconocer el trabajo doméstico como un trabajo, y el segundo, que las trabajadoras conozcan sus derechos y los exijan a sus empleadores”, afirmó.
Sin embargo, muchas de las trabajadoras domésticas migrantes no cuentan con los requisitos para trabajar legalmente en el país, como el Permiso de Protección Temporal (PPT) y no conocen el marco normativo colombiano al ser extranjeras, lo que las pone en una encrucijada a la hora de exigir sus derechos laborales. Incluso, se enfrentan a violencias de género, que se traducen en intimidaciones, humillaciones, calumnias, violencia física y violencia sexual.
“Como en tres oportunidades el esposo de esa señora se llegó a acercar a mí de manera inapropiada. En la última oportunidad me dijo que si mi deseo era permanecer en el trabajo, o accedía a salir con él y a dejar que me tocara, o me quedaba sin trabajo y sin la recomendación. Entonces, encima de eso, la cerecita del pastel, fue que si yo le decía a su esposa me iba a acusar de que yo le había robado, ¿yo? Cuando ni siquiera había tocado una aguja, degenerado. Y bueno, además de eso, he sufrido discriminación y violencia psicológica, verbal. Mentalmente me siento decepcionada y traumatizada”, relató una trabajadora doméstica migrante en Cúcuta, durante uno de los grupos focales realizados en esa investigación.
“Como ese abuso ocurre en la privacidad del hogar, las trabajadoras muchas veces no se atreven a denunciarlo”, explica Claribed Palacios.
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Así mismo, las trabajadoras suelen enfrentar largas jornadas laborales, que pueden variar entre 8 y 12 horas al día. A esto se suma el tiempo que dedican al cuidado de sus propias familias, lo que puede llevar a jornadas de hasta 17 horas diarias. “Es una forma de esclavitud moderna que se está extendiendo en muchos países latinoamericanos”, acota Sofía Sprechmann, secretaria general de CARE Internacional, en entrevista con El Espectador.
Para Claribed Palacios, si bien se ha avanzado en el marco normativo colombiano, esto resulta insuficiente frente al pensamiento de “aprovecharse del otro”. Según ella, todas las trabajadoras domésticas están en una condición de vulnerabilidad, “por ejemplo, hay una xenofobia muy marcada contra la migrante venezolana, pero también un endoracismo. A la mujer indígena se le califica como “cochina” o “perezosa”, a la mujer negra como “fea” y “grosera”. Hay una cantidad de estigmatizaciones que rodean a estos grupos poblacionales que engrosan el trabajo doméstico, nada más que para discriminarlo”.
Entre tanto, Sofía Sprechmann afirma que una forma de mitigar esa desprotección de las trabajadoras domésticas es mediante el fortalecimiento de sus asociaciones, “también deben haber inspecciones laborales, eso es fundamental, porque no basta con que la trabajadora, por ejemplo, conozca sus derechos y reclame un contrato, y que luego sea despedida por esa razón, reemplazada por alguien dispuesto a trabajar sin contrato y aceptar menos que el salario mínimo”.
Además, los países de latinoamérica pueden crear un censo y un sello de “Trabajo digno”, “que indique que esa casa ha sido censada respecto al trabajo digno. Esto también podría influir en los vecinos, mostrando que la trabajadora doméstica es bien tratada”, agrega Sofía Sprechmann.
*Karina es un nombre ficticio para representar uno de los testimonios relatados en el marco de la investigación “Estudio sobre características y condiciones de trabajo de personas migrantes y refugiadas en el Trabajo Doméstico Remunerado en Colombia” realizado por CARE Colombia
