El gobierno del “cambio”, como lo llamó desde un inicio el presidente Gustavo Petro, prometió hace un año paridad de género en todos los niveles y todas las ramas del poder público. Las mujeres ocuparían el 50% de los cargos. Su promesa, sin embargo, no se cumple con el actual gabinete, compuesto mayoritariamente por hombres (57%). Las más recientes movidas ministeriales (doce en total, como contó este diario) terminaron por desequilibrar la balanza y poner nuevamente en la delantera al marcador masculino. En otros puestos del Ejecutivo, por debajo de los ministerios, tampoco se entrevé paridad.
Cuando Petro se posesionó como presidente, la ley exigía que las mujeres ocuparan al menos el 30% de los cargos públicos, pero él prometió elevar ese porcentaje al 50%, para tener una paridad de género real. Su primer gabinete arrancó cumpliendo esa premisa: 9 de los 18 ministerios estaban liderados por mujeres: Sandra Urrutia (Tecnologías), Gloria Ramírez (Trabajo), Susana Muhamad (Ambiente), Cecilia López (Agricultura), Carolina Corcho (Salud), Patricia Ariza (Cultura), María Isabel Urrutia (Deporte), Irene Vélez (Minas) y Catalina Velasco (Vivienda).
Hoy la foto es distinta. A comienzos de este año se creó un ministerio nuevo, el de la Igualdad, lo que suma en total 19 carteras, de las cuales solo ocho están al mando de mujeres: Jhenifer Mojica (Agricultura), Gloria Ramírez (Trabajo), Aurora Vergara (Educación), Susana Muhamad (Ambiente), Catalina Velasco (Vivienda), Astrid Rodríguez (Deporte), Ángela Olaya (Ciencia) y Francia Márquez (Ministerio de la Igualdad), aunque este último aún no está funcionando.
El primer desbalance de género se dio a los seis meses de gobierno, en febrero, con la salida de la ministra Patricia Ariza, dramaturga y feminista, de la cartera cultural. Quedó encargado un hombre, Jorge Zorro. Tres meses después, volvió a darse el desequilibro cuando Carolina Corcho fue reemplazada por Guillermo Jaramillo en el Ministerio de Salud; y Sandra Urrutia, por Mauricio Lizano, en TIC.
El remate fue la salida de la ministra de Minas, Irene Vélez, el pasado 19 de julio, en medio de señalamientos en su contra por presunto tráfico de influencias y las críticas por sus desconocimientos técnicos. En su reemplazo fue nombrado otro hombre: Omar Camacho, quien tampoco se ha librado de los cuestionamientos, pues tiene algunas inconsistencias en su hoja de vida.
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La abogada Erika Rodríguez Gómez, abogada feminista y defensora de DDHH, califica como desacertado que se haya perdido la paridad en la recomposición del gabinete. Pero pide poner la lupa sobre las demás entidades estatales, más allá de los ministerios. “Hacia abajo también es importante revisar que el gabinete esté conformado de forma paritaria, porque los puestos siguen ocupados en su mayoría por hombres”.
A finales del 2022, un informe de La Silla Vacía revisó los 100 nombramientos más importantes del gobierno de Petro y encontró que solo 23 eran mujeres. No se alcanzaba ni siquiera a cumplir con el 30% de la Ley de Cuotas o con el 50%, que ordena un decreto impulsado por el gobierno de Iván Duque, del que poco se habla. La mayoría de las mujeres ocupaban puestos del sector social, que tradicionalmente ha sido feminizado; a diferencia de sectores como defensa, paz y justicia, en los que no tienen casi liderazgo.
La paridad es un concepto que aboga por los espacios compartidos igualitariamente entre hombres y mujeres, y reconoce que históricamente ha habido una desigualdad entre ambos, así que no arrancan desde el mismo punto de partida para competir por cargos estatales. Por eso, 130 países del mundo, incluido Colombia, han adoptado cuotas electorales para que las mujeres estén representadas en la política.
Según Naciones Unidas, estas son una acción afirmativa, porque han permitido incrementar en más de 40% la participación de las mujeres, quienes tienen más obstáculos debido al poco respaldo de los partidos y movimientos políticos, la discriminación y la falta de confianza en ellas mismas. Otros países como Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, México, Argentina, Francia, Túnez y Senegal también han adoptado normas sobre paridad. Pero, a 2018, ninguno había alcanzado la igualdad 50/50.
Uno de los mitos sobre la paridad es creer que es una fórmula que deja de lado la meritocracia. Así lo explica a este diario María Noel Leoni, directora de la campaña Gqual, quien aclara que la paridad no es contraria a contar con las personas idóneas y con las experticias y experiencias necesarias para ocupar los puestos de toma de decisión. “Eso es un falso dilema que mal entendido puede ayudar a sostener situaciones de status quo que muestran que las mujeres estamos subrepresentadas en muchos de los espacios clave de toma de decisión, tanto a nivel nacional como internacional”.
Leoni cita cifras que muestran que las mujeres están subrepresentadas: en los parlamentos (34,9% de mujeres en América Latina y el Caribe), en las altas cortes (30,4% en América Latina), en las presidencias (solo 31 países tienen mujeres jefas de estado o de gobierno), los gabinetes (22% a nivel global, con solo 13 países en el mundo con paridad en los gabinetes), los consejos directivos de empresas (un estimado de 20%) y los espacios multilaterales (donde las mujeres ocupan tan solo un tercio de los espacios de liderazgo).
“Hoy no es posible pensar que en todos estos espacios no hay suficiente cantidad de mujeres con trayectorias y experiencias mejores o comparables a las de los varones que ocupan la mayoría de los cargos. Esa subrepresentación responde a otros factores ligados a la desigualdad, la discriminación, los estereotipos y muchas veces la violencia que impiden y limitan el acceso de las mujeres a esos espacios, y a algunas mujeres más que a otras”, concluye la directora de Gqual.
En Colombia, la paridad se introdujo legalmente en el 2000, con la Ley de Cuotas, que estableció que las mujeres deben ocupar por lo menos el 30% de los cargos decisorios de las entidades públicas a nivel nacional, regional y local. Esa cifra es estricta, al punto de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le tumbó al entonces presidente Iván Duque el nombramiento de dos ministros porque rompían la paridad.
Tania Luna Blanco, profesora asistente del departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Javeriana, dice que, aunque ahora el gobierno Petro está en el marco del 30% que exige la Ley de Cuotas en el gabinete ministerial, hay que recordarle que se comprometió a avanzar al 50%. “La paridad es una apuesta por incluir a las mujeres, lo que permite fortalecer el debate democrático y las deliberaciones”.
Pero también hay discusión sobre ese 30% que exige la Ley de Cuotas, pues un decreto del presidente Duque dice otra cosa. En 2020, estableció que, para esta época, los cargos de nivel directivo de la Rama Ejecutiva ya serían desempeñados mínimo en un 50% por mujeres. Es decir, que el gobierno de Petro sí estaría obligado legalmente a cumplir con la paridad 50/50 y no solo se trata de voluntad política. María del Rosario Perea, coordinadora de Inclusión y diversidad de la Misión de Observación Electoral (MOE), explica que dicho decreto no ha sido derogado por uno posterior y, por tanto, está vigente y es exigible.
“En un país, donde, según los datos del último Censo del Dane, el 51,2% de la población somos mujeres, no es comprensible que sigamos siendo una minoría en los espacios de poder. Contar con un gabinete paritario no solo es necesario, es importante y no por cumplir con una promesa de campaña (…) La presencia de mujeres en la conformación del Estado, contrario a reforzar estereotipos, transforma imaginarios tradicionales sobre el rol social de las mujeres. Contrario a ver la paridad como un enemigo, que deja de lado la meritocracia, la invitación es poder verla como un mínimo para eliminar brechas de género y lograr la construcción de una democracia más equitativa y más justa con la mitad de la población colombiana”, agrega Perea a El Espectador.
En esto coincide María Eugenia Sánchez Gómez, responsable de la línea de incidencia de la Casa de la Mujer, quien sostiene que la paridad debe ser complementada con otros insumos en una próxima reforma política, como por ejemplo un componente de transformación cultural para cambiar los imaginarios que siguen reduciendo a las mujeres a oficios domésticos o de cuidado, y no como sujetas políticas individuales y colectivas.
A mediados de este año, el Congreso aprobó la ley de Paridad Ya, que actualiza la Ley de Cuotas y también asegura que, en 2026, el 50% de los cargos de máximo nivel decisorio y de representación en el exterior deberán ser ocupados por mujeres. Eso incluye ministerios, departamentos administrativos, unidades administrativas especiales, entre otros. Sin embargo, el proyecto está pendiente por revisión de la Corte Constitucional y luego irá a sanción presidencial. Así que aún no es una realidad.
Valentina Enciso León, coordinadora de acción política en Artemisas y dinamizadora de la campaña Paridad Ya, que estuvo detrás de esta ley, recuerda que Gustavo Petro prometió un gobierno del cambio con las mujeres y todas sus formas de organización y enfoques feministas. Y que es necesario que cumpla el discurso de campaña sobre la paridad porque aún hay barreras para la participación femenina en política. Recuerda que, mientras se debatía la ley de paridad, algunos congresistas preguntaban cómo las mujeres iban a dedicar tiempo para participar en política si debían estar también al pendiente de asuntos como el cuidado y la educación.
Artemisas está preparando un informe sobre la paridad en el Estado. Para eso, está sistematizando quiénes ocupan los 2.000 cargos a nivel decisorio a nivel nacional para intentar responder si están ocupados en un 50% por mujeres y qué tan representadas están las comunidades indígenas, LGBTIQ, afro, entre otras. En 2020, un estudio de Función Pública hablaba de que la paridad en los niveles decisorios estaba en 43%.
