“Fedegán”: el grupo de WhatsApp de fotos sexuales no consentidas en la U. Nacional

“Fedegán”, así bautizaron un grupo de WhatsApp en el que estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia compartían imágenes íntimas y contenido sexual no consentido de sus compañeras; hacían comentarios cosificantes hacia ellas; e incitaban a la violencia sexual. El nombre, que hace alusión a la Federación Colombiana de Ganaderos, tenía una connotación violenta, pues pretendía “objetivizar a las mujeres y referirse a ellas como ganado”, le dijo a El Espectador Laura*, una de las denunciantes.

Lea también: Reforma a la justicia: la idea de una justicia especializada en género

La historia de este grupo comenzó el 18 de julio de 2018, cuando se creó. Lo que se sabe hasta ahora es que, durante casi un año, por lo menos 14 estudiantes que cursaban los primeros semestres de Derecho, Ciencia Política e Ingeniería compartieron imágenes íntimas de compañeras con quienes mantenían relaciones sexo-afectivas, sin que ellas lo supieran ni autorizaran.

Las conversaciones contenían memes que incitaban a la pedofilia, invitaciones a imaginar a profesoras con juguetes sexuales o teniendo relaciones con ellas. Comentaron sobre el cuerpo de sus compañeras; compartieron imágenes íntimas y videos sexuales sin el consentimiento de las mujeres; hablaron de drogarlas para agredirlas sexualmente y se refirieron de forma morbosa a las niñas del colegio IPARM, adscrito a la Universidad Nacional, como “terneritos”.

El 18 de julio de 2020, el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional abrió una investigación disciplinaria por estos hechos. La primera instancia se definió el 10 de mayo de 2023, cuando algunos de los procesados ya se habían graduado, estaban a punto de hacerlo o habían abandonado la universidad. La decisión constató que las estudiantes y profesoras de la universidad, así como las niñas del colegio IPARM, “eran tratadas por la mayoría de los participantes como objetos destinados a la satisfacción de los deseos erótico-sexuales de los miembros del chat, contando con el silencio cómplice de algunos de ellos”.

En video: Así pueden quitar imágenes personales íntimas o explícitas de Google

La existencia del grupo “Fedegán” se conoció por primera vez a mediados de 2020, por una publicación en Twitter. Tras conocer la denuncia, varias mujeres del semestre de los agresores se agruparon para recolectar las pruebas y llevar la denuncia ante la universidad. María Paula, otra de las estudiantes que denunció la existencia del grupo, le dijo a El Espectador que participó del proceso, aunque no fue mencionada en el chat, porque la sola existencia del grupo “implicaba un riesgo para todas”. Laura concuerda con ella. “El agresor es agresor con esa mujer, pero puede serlo con cualquier otra. Nosotras también fuimos víctimas porque no teníamos garantías para estudiar en un espacio seguro”, dijo en conversación con este diario.

Las estudiantes denunciantes, que fueron “víctimas directas e indirectas” de este caso, hablaron con varios miembros del grupo “Fedegán”, lograron que uno de ellos lo abandonara y les entregara la copia de seguridad, que va desde su creación hasta principios de 2019. Con esa información fue que las 23 estudiantes, una psicóloga y una abogada presentaron la denuncia formal ante la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional.

A partir de entonces, se abrió una investigación disciplinaria en contra de los 14 estudiantes que hicieron parte de “Fedegán” y, tres años después de la denuncia, en mayo de 2023, la entidad tomó una decisión en primera instancia. La investigación no solo probó que los hombres señalados por las estudiantes pertenecían al grupo, sino que compartieron “material de carácter pornográfico no consentido de las mujeres con las que los integrantes contraían vínculos sexo-afectivos”.

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En la resolución también se indica que los miembros del chat realizaron prácticas sistemáticas de discriminación, que crearon un ambiente hostil e inseguro para las mujeres. “Este Consejo encontró que de manera reiterada y persistente, las estudiantes y profesoras de la Universidad Nacional y las niñas y estudiantes del colegio IPARM eran cosificadas, sexualizadas, burladas, menospreciadas”. La decisión de la universidad fue suspender por dos periodos académicos a la mayoría de los estudiantes y expulsar a tres de ellos, quienes tenían gran parte de la responsabilidad.

El Espectador habló con uno de los integrantes de “Fedegán”, quien aseguró que la mayoría de las veces “estaban mamando gallo” y que, aunque en el grupo sí enviaban pornografía y fotos íntimas de compañeras, “en un principio el chat no tenía ese fin”. “De lo que recuerdo, nunca había rostros ni nombres de por medio. Sí, hacíamos comentarios pasados de tono, lo acepto. Hablábamos de las compañeras, de si eran bonitas, si estaban muy flacas, cosas que estaban mal, pero nunca con una intención tan radical con la que nos tildaron”, indicó. También admitió que nunca se opusieron al contenido.

Pese a eso, asegura que el proceso fue injusto, pues no hubo principio de inocencia. “Fuimos atacados desde el principio, nunca tuvimos la oportunidad de dar nuestra versión. Cuando pusieron nuestras caras y nuestros nombres en redes sociales, empecé a recibir comentarios por todas partes de mujeres que me escribían para decirme que era un acosador. Sin embargo, les pido perdón a las víctimas en nombre de todos. Éramos muy jóvenes”.

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María Luisa Rodríguez Peñaranda, profesora de la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, también fue víctima del grupo. Ella dijo a este diario que el caso tuvo fuertes repercusiones en su vida, porque se encontraba atravesando otro proceso por acoso sexual en la universidad y esos mismos estudiantes habían cursado con ella una cátedra de feminismo y nuevas masculinidades, lo que la hizo cuestionar el papel de la educación en la erradicación de las Violencias Basadas en Género.

“Le estás apostando a la educación como una forma de transformación social, cuando te das cuenta de que la educación no es suficiente. Aceptar eso como profesora fue muy duro”, asegura. Rodríguez acompañó a las estudiantes durante el proceso y, una vez publicada la resolución de la universidad, presentó un recurso de reposición porque sentía que había sido apartada del proceso, consideraba que las sanciones no eran suficientes y que no se había previsto la reparación de las víctimas.

En la decisión de la universidad sí se menciona la necesidad de reparación. Sin embargo, no se determina cómo, sino que se les invita a las víctimas a “pensar en las acciones que ayuden a reparar”. En enero de 2024, en la decisión de segunda instancia, la universidad resolvió mantener las sanciones tal y como estaban y negar la reparación económica que pedía la profesora Rodríguez para ella y las otras víctimas del caso.

María Paula asegura tener muchos reparos con la forma en que la universidad abordó el caso “Fedegán”. Explica que no atendió el caso de manera oportuna, lo que implicó que tuvieran que terminar su proceso académico en medio de la incertidumbre y la revictimización. “El proceso se demoró tres años y muchas de nosotras nos graduamos antes de conocer la resolución. Varias veces asumimos que no iba a pasar nada y, luego, repentinamente, teníamos que reactivar el proceso. Fue un desgaste enorme. Logramos que nos dieran una respuesta, pero considerarla un logro implica que de fondo la institucionalidad tiene un problema muy grande porque lo mínimo es una respuesta”.

Sin embargo, considera que el caso les “permitió poner en evidencia una violencia que está normalizada y reflexionar sobre la importancia de tomarse en serio las violencias que suceden en la virtualidad”. Del caso también quedó una circular de la facultad en la que se establece un protocolo para que las mujeres no tengan que ver clase o compartir espacios académicos con sus agresores. “Hemos intentado que la medida se aplique a toda la universidad, pero, aunque no lo hemos conseguido, sigue siendo un avance. Fuimos muy valientes y logramos lo que logramos porque nos unimos”.

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Por otro lado, Laura afirma que la circular fue insuficiente, pues faltó empatía por parte de los profesores, que muchas veces no buscaban alternativas para que las víctimas no compartieran espacios con sus victimarios. “Teníamos que explicar todo el tiempo lo que había pasado, repetir una y otra vez la violencia que habían ejercido, nos pedían pruebas y entrar en esa disputa era sumamente revictimizante”.

Añade que, después de denunciar, recibieron amenazas, comentarios violentos y discriminación y que en ningún momento tuvieron un acompañamiento eficaz por parte de la universidad. “Entendemos que las transformaciones institucionales son complejas, pero hay urgencias que deben asumirse de manera oportuna”.

Catalina Moreno Arocha, codirectora de la Fundación Karisma, explica este fenómeno y dice que las estudiantes tuvieron que enfrentar escenarios de violencia institucional. “Cuando no se toman medidas, ni siquiera provisionales; cuando los procesos se tardan demasiado y el daño se prolonga en el tiempo, los agresores ya no son solo los estudiantes, sino que la universidad se vuelve un segundo agresor”. Moreno agrega que, aunque esté en el plano digital, este tipo de violencia existe. “Puede que no haya transgredido al plano físico, pero crea el caldo de cultivo para que después, posiblemente, lo haga”.

De esta manera, casi cuatro años después de este proceso, se cierra el capítulo disciplinario contra el grupo “Fedegán” de la Universidad Nacional.

*El nombre de la víctima fue cambiado a petición suya para proteger su identidad

“Fedegán”, así bautizaron un grupo de WhatsApp en el que estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia compartían imágenes íntimas y contenido sexual no consentido de sus compañeras; hacían comentarios cosificantes hacia ellas; e incitaban a la violencia sexual. El nombre, que hace alusión a la Federación Colombiana de Ganaderos, tenía una connotación violenta, pues pretendía “objetivizar a las mujeres y referirse a ellas como ganado”, le dijo a El Espectador Laura*, una de las denunciantes.

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La historia de este grupo comenzó el 18 de julio de 2018, cuando se creó. Lo que se sabe hasta ahora es que, durante casi un año, por lo menos 14 estudiantes que cursaban los primeros semestres de Derecho, Ciencia Política e Ingeniería compartieron imágenes íntimas de compañeras con quienes mantenían relaciones sexo-afectivas, sin que ellas lo supieran ni autorizaran.

Las conversaciones contenían memes que incitaban a la pedofilia, invitaciones a imaginar a profesoras con juguetes sexuales o teniendo relaciones con ellas. Comentaron sobre el cuerpo de sus compañeras; compartieron imágenes íntimas y videos sexuales sin el consentimiento de las mujeres; hablaron de drogarlas para agredirlas sexualmente y se refirieron de forma morbosa a las niñas del colegio IPARM, adscrito a la Universidad Nacional, como “terneritos”.

El 18 de julio de 2020, el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional abrió una investigación disciplinaria por estos hechos. La primera instancia se definió el 10 de mayo de 2023, cuando algunos de los procesados ya se habían graduado, estaban a punto de hacerlo o habían abandonado la universidad. La decisión constató que las estudiantes y profesoras de la universidad, así como las niñas del colegio IPARM, “eran tratadas por la mayoría de los participantes como objetos destinados a la satisfacción de los deseos erótico-sexuales de los miembros del chat, contando con el silencio cómplice de algunos de ellos”.

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La existencia del grupo “Fedegán” se conoció por primera vez a mediados de 2020, por una publicación en Twitter. Tras conocer la denuncia, varias mujeres del semestre de los agresores se agruparon para recolectar las pruebas y llevar la denuncia ante la universidad. María Paula, otra de las estudiantes que denunció la existencia del grupo, le dijo a El Espectador que participó del proceso, aunque no fue mencionada en el chat, porque la sola existencia del grupo “implicaba un riesgo para todas”. Laura concuerda con ella. “El agresor es agresor con esa mujer, pero puede serlo con cualquier otra. Nosotras también fuimos víctimas porque no teníamos garantías para estudiar en un espacio seguro”, dijo en conversación con este diario.

Las estudiantes denunciantes, que fueron “víctimas directas e indirectas” de este caso, hablaron con varios miembros del grupo “Fedegán”, lograron que uno de ellos lo abandonara y les entregara la copia de seguridad, que va desde su creación hasta principios de 2019. Con esa información fue que las 23 estudiantes, una psicóloga y una abogada presentaron la denuncia formal ante la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional.

A partir de entonces, se abrió una investigación disciplinaria en contra de los 14 estudiantes que hicieron parte de “Fedegán” y, tres años después de la denuncia, en mayo de 2023, la entidad tomó una decisión en primera instancia. La investigación no solo probó que los hombres señalados por las estudiantes pertenecían al grupo, sino que compartieron “material de carácter pornográfico no consentido de las mujeres con las que los integrantes contraían vínculos sexo-afectivos”.

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En la resolución también se indica que los miembros del chat realizaron prácticas sistemáticas de discriminación, que crearon un ambiente hostil e inseguro para las mujeres. “Este Consejo encontró que de manera reiterada y persistente, las estudiantes y profesoras de la Universidad Nacional y las niñas y estudiantes del colegio IPARM eran cosificadas, sexualizadas, burladas, menospreciadas”. La decisión de la universidad fue suspender por dos periodos académicos a la mayoría de los estudiantes y expulsar a tres de ellos, quienes tenían gran parte de la responsabilidad.

El Espectador habló con uno de los integrantes de “Fedegán”, quien aseguró que la mayoría de las veces “estaban mamando gallo” y que, aunque en el grupo sí enviaban pornografía y fotos íntimas de compañeras, “en un principio el chat no tenía ese fin”. “De lo que recuerdo, nunca había rostros ni nombres de por medio. Sí, hacíamos comentarios pasados de tono, lo acepto. Hablábamos de las compañeras, de si eran bonitas, si estaban muy flacas, cosas que estaban mal, pero nunca con una intención tan radical con la que nos tildaron”, indicó. También admitió que nunca se opusieron al contenido.

Pese a eso, asegura que el proceso fue injusto, pues no hubo principio de inocencia. “Fuimos atacados desde el principio, nunca tuvimos la oportunidad de dar nuestra versión. Cuando pusieron nuestras caras y nuestros nombres en redes sociales, empecé a recibir comentarios por todas partes de mujeres que me escribían para decirme que era un acosador. Sin embargo, les pido perdón a las víctimas en nombre de todos. Éramos muy jóvenes”.

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María Luisa Rodríguez Peñaranda, profesora de la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, también fue víctima del grupo. Ella dijo a este diario que el caso tuvo fuertes repercusiones en su vida, porque se encontraba atravesando otro proceso por acoso sexual en la universidad y esos mismos estudiantes habían cursado con ella una cátedra de feminismo y nuevas masculinidades, lo que la hizo cuestionar el papel de la educación en la erradicación de las Violencias Basadas en Género.

“Le estás apostando a la educación como una forma de transformación social, cuando te das cuenta de que la educación no es suficiente. Aceptar eso como profesora fue muy duro”, asegura. Rodríguez acompañó a las estudiantes durante el proceso y, una vez publicada la resolución de la universidad, presentó un recurso de reposición porque sentía que había sido apartada del proceso, consideraba que las sanciones no eran suficientes y que no se había previsto la reparación de las víctimas.

En la decisión de la universidad sí se menciona la necesidad de reparación. Sin embargo, no se determina cómo, sino que se les invita a las víctimas a “pensar en las acciones que ayuden a reparar”. En enero de 2024, en la decisión de segunda instancia, la universidad resolvió mantener las sanciones tal y como estaban y negar la reparación económica que pedía la profesora Rodríguez para ella y las otras víctimas del caso.

María Paula asegura tener muchos reparos con la forma en que la universidad abordó el caso “Fedegán”. Explica que no atendió el caso de manera oportuna, lo que implicó que tuvieran que terminar su proceso académico en medio de la incertidumbre y la revictimización. “El proceso se demoró tres años y muchas de nosotras nos graduamos antes de conocer la resolución. Varias veces asumimos que no iba a pasar nada y, luego, repentinamente, teníamos que reactivar el proceso. Fue un desgaste enorme. Logramos que nos dieran una respuesta, pero considerarla un logro implica que de fondo la institucionalidad tiene un problema muy grande porque lo mínimo es una respuesta”.

Sin embargo, considera que el caso les “permitió poner en evidencia una violencia que está normalizada y reflexionar sobre la importancia de tomarse en serio las violencias que suceden en la virtualidad”. Del caso también quedó una circular de la facultad en la que se establece un protocolo para que las mujeres no tengan que ver clase o compartir espacios académicos con sus agresores. “Hemos intentado que la medida se aplique a toda la universidad, pero, aunque no lo hemos conseguido, sigue siendo un avance. Fuimos muy valientes y logramos lo que logramos porque nos unimos”.

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Por otro lado, Laura afirma que la circular fue insuficiente, pues faltó empatía por parte de los profesores, que muchas veces no buscaban alternativas para que las víctimas no compartieran espacios con sus victimarios. “Teníamos que explicar todo el tiempo lo que había pasado, repetir una y otra vez la violencia que habían ejercido, nos pedían pruebas y entrar en esa disputa era sumamente revictimizante”.

Añade que, después de denunciar, recibieron amenazas, comentarios violentos y discriminación y que en ningún momento tuvieron un acompañamiento eficaz por parte de la universidad. “Entendemos que las transformaciones institucionales son complejas, pero hay urgencias que deben asumirse de manera oportuna”.

Catalina Moreno Arocha, codirectora de la Fundación Karisma, explica este fenómeno y dice que las estudiantes tuvieron que enfrentar escenarios de violencia institucional. “Cuando no se toman medidas, ni siquiera provisionales; cuando los procesos se tardan demasiado y el daño se prolonga en el tiempo, los agresores ya no son solo los estudiantes, sino que la universidad se vuelve un segundo agresor”. Moreno agrega que, aunque esté en el plano digital, este tipo de violencia existe. “Puede que no haya transgredido al plano físico, pero crea el caldo de cultivo para que después, posiblemente, lo haga”.

De esta manera, casi cuatro años después de este proceso, se cierra el capítulo disciplinario contra el grupo “Fedegán” de la Universidad Nacional.

*El nombre de la víctima fue cambiado a petición suya para proteger su identidad