El distrito de Medellín fue encontrado responsable del feminicidio de Claudia Patricia Gómez Castaño, ocurrido en 2017, siendo alcalde Federico Gutiérrez, quien hoy ostenta el cargo de nuevo. Así lo sentenció el juzgado primero administrativo de esa ciudad, el cual ordenó una acción de reparación directa por parte del Estado hacia los familiares de la víctima.
Contexto: Alcaldía de Medellín responsabiliza a Claudia Gómez de su propio feminicidio
El juzgado encontró que la Alcaldía de Medellín tiene responsabilidad administrativa por no haber protegido la vida de Claudia Gómez, quien en 2017 pidió ayuda en la Comisaría 12 de familia por las agresiones que recibía de su esposo, Andrés González, quien ocho días después la asesinó.
Aunque para casos de riesgo inminente para la vida la Ley 1257 establece que las comisarías pueden, incluso, ofrecer refugio para las víctimas, la madre de once hijos y hermana de la congresista Susana ‘Boreal’ solo recibió unas fotocopias de una orden de alejamiento para González. Como consta en la sentencia, la comisaría de familia no informó debidamente a la Policía local para que brindara protección a Claudia. Por eso, la familia de Claudia demandó a la alcaldía. La sentencia obliga a la alcaldía a indemnizar a la familia, pedir disculpas públicas y capacitar al personal de las comisarías de familia.
En 2023, en El Espectador revelamos que la defensa de la Alcaldía de Medellín, entonces a cargo de Daniel Quintero Calle, consistió en culpar a la víctima por “faltar al autocuidado”. De acuerdo con la defensa de la alcaldía, la actuación de la comisaría de familia fue adecuada. Quintero, pese a que la demanda se radicó cuando él era alcalde, afirmó que esa defensa provenía de la alcaldía anterior de Federico Gutiérrez, quien hoy es alcalde nuevamente. En su momento, la noticia causó controversia.
El juzgado rechazó los argumentos de la Alcaldía de Medellín
Una comunicación firmada por Daniel Quintero, que en 2023 publicó este diario, decía que la comisaría de familia actuó correctamente, pese a que la comisaria no se hubiera asegurado de la implementación de las medidas de protección. La defensa de la alcaldía aseguró que la tarea de notificar a la policía era de la víctima y que la comisaría, en la semana en que ocurrieron los hechos, tuvo muchas ocupaciones prioritarias que le impidieron trasladar la alerta. El juzgado administrativo rechazó esa tesis, y consideró que hay una “falla del servicio por omisión imputable a la comisaría de familia”.
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El tribunal tampoco aceptó el argumento de que la víctima faltó al autocuidado y por eso tuvo responsabilidad en su propio asesinato. “Lo que es claro es que [la comisaría] no revisó el historial ni los antecedentes de la señora Claudia Gómez, quien ya había acudido a denunciar”, ni se encontraron pruebas de que la comisaría de familia “hubiera ejercido control alguno sobre este caso”. La sentencia afirma también que la comisaría no revisó debidamente el contexto ni implementó un enfoque de género.
En 2023, El Espectador preguntó al entonces alcalde Daniel Quintero si consideraba revictimizante culpar a la víctima de su propio asesinato por “faltar al autocuidado”. El alcalde dijo que a nivel personal pensaba que sí, pero que el contenido del documento, pese a que llevaba su firma, no lo representaba a él, sino a lo consignado en la defensa de la alcaldía de Federico Gutiérrez, durante la cual ocurrió el feminicidio.
Quintero contestó vía Twitter que la demanda se presentó en 2019 y por eso su obligación era darle continuidad a la argumentación en favor de la alcaldía que se habría formulado antes de ser él alcalde.
El Espectador indagó en el registro digital del Consejo de Estado, donde se pueden ver todos los procesos administrativos vigentes en el país, y confirmó que la familia Gómez Castaño radicó la demanda contra la alcaldía el 16 de enero de 2020.
No obstante, el exalcalde Daniel Quintero le aseguró a este medio que fue en un informe de la Secretaría de Seguridad de la primera administración de Federico Gutiérrez donde él vio “textualmente” que la víctima faltó al autocuidado.
Fallas en las comisarías de familia
La inoperancia de las comisarías de familia es un problema que va más allá de las gestiones individuales de Daniel Quintero o Federico Gutiérrez, alcalde al momento de los hechos y quien ahora deberá responder. El fallo del tribunal administrativo reconoce que hubo una omisión grave en el servicio de la comisaría de familia.
En 2022, la Procuraduría General de la Nación informó de un estado precario en esos entes a nivel nacional, que les impedía activar adecuadamente las rutas de atención para violencias sexuales y basadas en género.
De 668 comisarías evaluadas a nivel nacional, “solo el 52 % cuentan con un equipo interdisciplinario completo y permanente, que en un 23 % se encuentra de manera ocasional y en el 25 % no existe un equipo completo que cumpla con el marco normativo. Solo el 47 % cuentan con un sitio para la atención de víctimas en condiciones de privacidad con una infraestructura suficiente y accesible. En al menos el 18 % de las comisarías, hacen falta puestos de trabajo para los funcionarios”. Y concluye avisando con que esa situación es similar a la evaluada en 2011 y 2018, “lo que permite inferir que no existen proyectos correctivos”.
En video: Las fallas al momento de denunciar una violencia de género
Por parte de la Alcaldía de Medellín, en septiembre Federico Gutiérrez anunció que destinaría alrededor de 16 mil millones de pesos para la creación de siete nuevas comisarías de familia en la ciudad. Así, Medellín tendría 29 comisarías. Al momento del anuncio, el alcalde aseguró que pretendía descongestionar el sistema y mejorar la atención y prevención de la violencia intrafamiliar.
¿Se sienta precedente?
La abogada feminista experta en feminicidios Mariana Botero Ruge considera importante que existan fallos de este tipo que dan visibilidad a una problemática “sistemáticamente callada por los jueces”. Añade que, hasta 2015, cuando salió la ley Rosa Elvira Cely, “era impensable pensar una demanda de reparación directa contra el Estado por un feminicidio”. Sin embargo, advierte que existe posibilidad de apelación del fallo, por lo que la última palabra no la tendría el Tribunal Administrativo de Medellín, sino el Consejo de Estado.
Susana y Clara Gómez, dos de las hermanas menores de Claudia Patricia, afirman que fue una grata sorpresa el resultado favorable de la sentencia. Clara resalta que en la sentencia la jueza hubiera destacado que la negligencia de la comisaria fue mecánica, es decir, que “la violencia intrafamiliar se les volvió paisaje”.
“Espero que la alcaldía realmente la ejecute y que capacite a los funcionarios de las comisarías para que hagan todo lo que no hicieron con mi hermana”, afirma Clara. Por su parte, Susana dijo que consideraría la eventual apelación como un rechazo de la alcaldía a implementar el enfoque de género. Afirma que “en Colombia tenemos leyes suficientes para proteger a las mujeres, lo que falta es ejecutarlas”.
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La sentencia reconoce que la comisaría falló en su servicio y busca obligar a la Alcaldía a corregir mediante políticas públicas ese tipo de falla. Sebastián Gómez Sánchez, secretario general de la Alcaldía, dijo a El Espectador que por el momento no podía confirmar si la alcaldía o la Aseguradora Solidaria (que es la que indemnizará a la familia) interpondrá recursos de apelación contra el fallo. En los próximos días se sabrá si las partes demandadas apelarán, lo que extendería el proces.
Si bien el funcionario reiteró que por la reserva de sumario que cobija al proceso no podía hacer valoraciones en concreto sobre el caso de Claudia Gómez, sí afirmó que la alcaldía acata y respeta las decisiones judiciales.
¿Dónde puedo recibir ayuda ante un caso de violencia de género?
- Línea única de atención de emergencias 123, al comunicarse solicitar especialista en temas de género.
- Línea Nacional 155 para recibir orientación si estás siendo víctima de alguna violencia basada en género.
- Red Solidaria de Mujeres: WhatsApp 3223328655.
- Línea de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes: 141. WhatsApp: 3202391685 – 3208655450 – 3202391320.
- Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.
