Cuando se comete un feminicidio, son varias las personas que resultan víctimas. No solo la mujer asesinada. Eso sucedió este domingo, cuando cientos de personas celebraban el Día de la Madre. Erika Aponte, de 26 años, fue asesinada por su expareja y padre de su hijo, Christian Rincón. Ambos murieron. Ella, por cuenta de la agresión, y él, horas después, tras haber intentado suicidarse. Pero el hijo que tenían en común, que no tiene más de 10 años, también es víctima de este delito, quedó sin padres y ahora se enfrenta a la orfandad. (¿Por qué el crimen en Unicentro será investigado como feminicidio?)
Una investigación de El Espectador reveló hace poco que en Colombia los niños y las niñas que pierden a su madre por un feminicidio se ven expuestos a un difícil y doloroso escenario, en el que no siempre encuentran ayuda, porque no hay normas que los protejan específicamente por ser víctimas de un feminicidio y porque hay pocos especialistas para atender ese trauma psicológico. (Lo que se sabe de Christian Camilo Rincón, señalado feminicida de Unicentro)
Tampoco se sabe con exactitud cuántos niños, niñas y adolescentes quedan cada año huérfanos por feminicidios. Solo existe un conteo independiente, realizado por el Observatorio Colombiano de Feminicidios, que asegura que más de 700 menores de edad han quedado orfandad en los últimos cuatro años. Ellos y ellas se han enfrentado a la falta de ayuda social, económica y terapéutica, porque no hay una política pública que atienda a estas necesidades. (Huérfanos por feminicidios en Colombia)
Por ejemplo, en el trabajo periodístico realizado por El Espectador, Juliana Cely, hija de Rosa Elvira Cely, víctima de feminicidio y cuyo nombre lleva la ley que creó ese delito, contó que sufrió bullying después del asesinato de su madre. “Además, en varios colegios le negaron un cupo por no tener un núcleo familiar conformado por mamá y papá”.
Los menores de edad podrían enfrentarse a síntomas como trastornos del sueño, negación, incapacidad para vincularse emocionalmente, apego ansioso, miedo de experimentar de nuevo el incidente y bajo rendimiento académico. Por eso, necesitan recibir ayuda psicosocial.
Por eso, según constató la investigación de este diario, “algunos países de América Latina han contemplado en sus leyes algunas estrategias para salvaguardar la protección de los menores de edad afectados por el feminicidio de sus madres. En Argentina, por ejemplo, el Gobierno creó la Ley Brisa o la Ley 27.452, con la que el Estado brinda una reparación económica mensual para los huérfanos menores de 21 años equivalente a una jubilación mínima. Actualmente, ese precio es de un poco más de US$ 100, es decir, cerca de $500.000 (pesos colombianos)”. (La deuda de Colombia con los huérfanos por feminicidios)
Erika Aponte había denunciado a su agresor tres días antes de su feminicidio. Sufría violencia intrafamiliar y buscó a la Personería de Bogotá para solicitar ayuda, a través de una “llamada de vida”, que es una línea dispuesta para las denunciantes en la Secretaría de Integración Social. La entidad le otorgó unas medidas de protección provisionales y solicitó acompañamiento y protección a la Policía de Soacha, donde vivía la víctima. (Erika Aponte, víctima de feminicidio, había denunciado y tenía medida de protección)
Según la Personería, en Bogotá se han reportado 21 casos de feminicidio en lo corrido de 2023. El año pasado, de acuerdo con Medicina Legal, se presentaron por lo menos 140 casos a nivel nacional, y la mitad de ellos ocurrieron en la capital. Los conteos independientes, sin embargo, aseguran que el 2022 se presentaron 557 casos de feminicidio y en los primeros meses de 2023 ya suman 133. (Bogotá: murió Christian Rincón, señalado feminicida de Érika Aponte en Unicentro)