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En Colombia, en promedio, tres mujeres son asesinadas al día en razón de su género. Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios de la Red Antimilitarista Feminista, hasta octubre de este año se registraron 745 feminicidios en todo el país. Esta cifra supera los casos reportados en los últimos siete años, desde que se tiene registro. Los departamentos que encabezan la lista son Antioquia, con 110 casos; seguido de Bogotá, con 74; y Atlántico, con 66. Cada número no solo representa una vida, sino también el contexto de impunidad, desigualdad y violencia que sigue marcando a las mujeres en el país.
“Estas cifras son un llamado para pensar en el país que queremos construir, no es que la cifra de feminicidios haya aumentado, porque la violencia contra las mujeres siempre ha estado presente, es que ahora hay una visión más clara de lo que es un feminicidio en la sociedad colombiana”, afirma Carol Rojas, directora del Observatorio Colombiano de Feminicidios, en entrevista con El Espectador.
Según ONU Mujeres, el feminicidio es el asesinato de una mujer simplemente por ser mujer, representando el punto culminante de una cadena de violencias basadas en género y la forma más extrema de una sociedad patriarcal. En Colombia, este delito fue reconocido como autónomo en 2015 a través de la “Ley Rosa Elvira Cely”. Es considerado la forma más grave de violencia contra las mujeres, y quienes lo cometen enfrentan penas más severas. Pero más allá del delito y las cifras, ¿qué se oculta detrás?
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Estas mujeres no son una simple cifra en una estadística. No son solo números en un reporte o el conteo de un delito. Son madres, hijas, hermanas, amigas, trabajadoras, cuya muerte deja una huella en sus familias y en la sociedad. “La pérdida de mujeres de la comunidad a causa de esta violencia genera rupturas que profundizan la precariedad, dejando en la orfandad a niños que crecen en contextos de abuso y desesperanza, arrastrándonos a una imposibilidad de construcción de nación”, explica Carol Rojas.
Los datos recopilados por esta organización muestran que aproximadamente el 35% de las víctimas eran madres. Muchas de ellas eran las principales proveedoras de sus hogares, sustentando a sus familias a través de trabajos relacionados con la economía informal, que caracteriza a gran parte de la población colombiana, señala Rojas. En este sentido, los feminicidios no solo atacan las vidas de las mujeres, sino que también afectan directamente a sus familias, que dependen de su trabajo y cuidado.
Asimismo, se pudo corroborar en los registros, que cerca del 6% de las mujeres víctimas de feminicidio en lo que va del año tenían un empleo formal. Lo que pone en evidencia la doble vulnerabilidad que enfrentan estas mujeres ante un contexto de violencia de género. Karol Martínez, directora de la Clínica Jurídica de Violencia Intrafamiliar de la Universidad del Rosario, en entrevista con El Espectador, explica que la falta de independencia económica y la escasez de empleos dignos obliga a muchas de ellas a permanecer en relaciones abusivas, ya sea por temor a la pobreza o por la falta de alternativas.
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Pero la violencia no se origina únicamente en la precariedad o en la desigualdad económica; también está vinculada a las dinámicas de poder dentro de las relaciones afectivas. En más del 36% de los casos, el agresor era alguien cercano, como una pareja o un familiar. Lo que demuestra cómo “la familia patriarcal se presenta como una institución que facilita la reproducción de control y violencia hacia mujeres y diversidades sexuales”, agrega Rojas.
Por otro lado, la violencia feminicida tampoco discrimina por edad. Dentro de esta realidad, las niñas se encuentran entre las víctimas más vulnerables. Aproximadamente un 4% de los feminicidios registrados fueron cometidos contra niñas menores de 14 años. “La depredación de las niñas es una característica de estos tiempos”, afirma Rojas. Agregando que varios de estos casos se dan como parte de ese deseo de controlar a las madres o como represalia por desafiar la “autoridad y el poder” de sus agresores, con el agravante de que también involucra violencia sexual.
A esto se suma que las mujeres no están seguras ni en sus casas ni en los espacios públicos. De hecho, los hallazgos del observatorio revelan que cerca del 40% de los feminicidios ocurrieron en el hogar, un lugar que tradicionalmente se considera seguro y de confianza, pero que para muchas mujeres se ha convertido en una trampa.
Los espacios públicos, como vías, tiendas y centros comerciales, tampoco están exentos de la violencia machista. Más de la mitad de los feminicidios registrados ocurrieron allí, algunos incluso a la vista de todos. Las expertas consultadas por este diario señalan que el delito, en estas circunstancias, transmite dos mensajes claros. El primero es que los agresores, en su mayoría hombres, tienen la creencia de que las mujeres que atacan les pertenecen, como si fueran su propiedad, y que, por tanto, pueden decidir sobre sus vidas. El segundo es que buscan generar “miedo y terror” en las demás personas, lo que dificulta la formación de redes de apoyo y obstaculiza las acciones colectivas para prevenir el feminicidio.
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“Si entendemos cada una de estas formas de violencia como un mensaje, queda más que claro. Lo que se espera dentro de las perspectivas patriarcales es que tengamos miedo, que no nos sintamos seguras, que no salgamos a la calle y que desconfiemos de todo. Así, el mensaje permanece intacto y cumple su función”, menciona Carol Rojas.
Entre tanto, las expertas coinciden en que, aunque cada vez más mujeres recurren a las autoridades ante casos de violencia de género, y a pesar de la existencia de políticas públicas y la tipificación del delito, cuando las mujeres se acercan a las instituciones, “las medidas son insuficientes, las revictimizan y las exponen a la violencia feminicida”, señala Rojas.
Por su parte, Martínez comenta que “quienes imparten justicia, ya sean hombres o mujeres, tienen profundamente arraigados los estereotipos de género. Además, no está claro qué implica realmente aplicar un enfoque de género o un enfoque diferencial, ni por qué es necesario determinar si existe un conflicto familiar o violencia intrafamiliar que podría desembocar en un feminicidio”.
No obstante, estas barreras no solo se presentan al momento de denunciar, sino que también se manifiestan en la impunidad que sigue a la perpetración del feminicidio, cuando el daño ya ha ocurrido y la justicia no responde de manera efectiva. Por ejemplo, según un informe de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en 2023, el 54% de los casos de feminicidio se encontraban en fase de indagación, el 8.6% en fase de investigación, el 47.3% en etapa de juicio, y solo el 7.3% llegó a la ejecución de penas.
Es así como detrás de cada feminicidio, hay mucho más que un delito o una cifra. Hay una vida perdida, una familia que también es víctima y una cadena de condiciones estructurales de la sociedad colombiana y sus instituciones que promueven la manifestación más extrema de las violencias basadas en género.
Hoy, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, El Espectador rinde homenaje a las vidas de las mujeres víctimas de feminicidio, recopilando sus nombres y fotografías a través de la información recolectada por el Observatorio Colombiano de Feminicidios, para que no queden en el olvido.
¿Dónde puedo recibir ayuda ante un caso de violencia de género?
- Línea única de atención de emergencias 123, al comunicarse solicitar especialista en temas de género.
- Línea Nacional 155 para recibir orientación si estás siendo víctima de alguna violencia basada en género.
- Red Solidaria de Mujeres: WhatsApp 3223328655.
- Línea de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes: 141. WhatsApp: 3202391685 – 3208655450 – 3202391320.
- Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.
- Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. WhatsApp 3007551846
