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Este jueves 19 de diciembre, un tribunal francés dictó sentencia en uno de los casos más estremecedores de violencia sexual sistemática registrados en el país. Dominique Pelicot fue condenado a 20 años de prisión, la pena máxima contemplada por la ley francesa, tras ser hallado culpable de violación agravada en contra de su exesposa, Gisèle Pelicot.
La investigación reveló que, durante más de una década, este hombre administró ansiolíticos y somníferos - estos últimos para inducir el sueño- a Gisèle sin su consentimiento y, posteriormente, organizó encuentros con hombres para que la violaran mientras estaba inconsciente en su casa, en el pueblo de Mazan. Los abusos fueron documentados en cerca de 4.000 archivos, entre videos y fotografías, que la policía descubrió en 2020, cuando Pelicot fue detenido por grabar ilegalmente a mujeres en un supermercado.
El proceso judicial, que comenzó el pasado 2 de septiembre y se extendió durante cuatro meses, incluyó la presentación de pruebas, videos y testimonios de los implicados. Además de Dominique Pelicot, otras 50 personas enfrentaron cargos por violación. Los acusados, hombres de entre 27 y 74 años, con diferentes profesiones y oficios como bomberos, guardias de seguridad y camioneros, recibieron condenas de entre 3 y 15 años de prisión, unas penas inferiores a las solicitadas por la fiscalía que crearon malestar en los tres hijos de Gisèle y Dominique Pelicot, y entre colectivos feministas.Debido a la variedad de perfiles y su proximidad a la víctima, los medios franceses les asignaron el apodo de “Monsieur-Tout-Le-Monde” o “Señor Cualquiera”.
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La cultura de la violación y la falsa creencia de que los agresores son desconocidos
El caso de Gisèle Pelicot es un claro ejemplo de cómo la violencia sexual es perpetrada mayoritariamente por personas cercanas a la víctima. Según el Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual (NSVRC), el 51.1% de las mujeres víctimas de violación han reportado haber sido atacadas por una pareja íntima y el 40.8% por un conocido. Sin embargo, las narrativas culturales y mediáticas suelen encasillar a los agresores como “monstruos” o personas con “trastornos mentales”, una visión que, según expertas en violencia de género consultadas por El Espectador, simplifica el problema e invisibiliza su naturaleza estructural.
“Existe una creencia errónea de que el abuso sexual ocurre solo en la calle o es ejercido por desconocidos, cuando, en realidad, sucede principalmente dentro de las familias y con personas cercanas que deberían ser de confianza. Esta cultura refuerza el miedo de las víctimas a denunciar, ya que exponer a un agresor puede afectar profundamente su entorno familiar. De cada cinco casos de abuso sexual, solo uno se denuncia”, explica Micaela Turnes, abogada penalista e integrante de la Fundación Vivir Libres Argentina, en entrevista con este diario.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado violencia sexual en algún momento de su vida, lo que refleja la magnitud de este problema.
Vea aquí: El caso Pelicot y la falsa creencia de que los violadores son enfermos mentales
Gisèle Pelicot cuestionó el silencio en torno a la violencia sexual
Y es sobre ese temor a la denuncia y a los agresores, que el caso de Gisèle sentó un precedente de cara a todas las víctimas de violencia sexual. Desde el primer momento en que inició el juicio, ella decidió renunciar a su derecho a la privacidad, declarando que lo hacía “por todas esas mujeres que están drogadas y no lo saben”. Y también, “para que ninguna más tenga que soportar la sumisión química”.
Pero más allá de promover un mensaje de concientización y empoderamiento a través de lo público del proceso judicial, hubo una frase en particular que le dio la vuelta al mundo por lo que significa: “Ellos son los que deben avergonzarse. La vergüenza tiene que cambiar de bando”. Convirtiéndose en una bandera de lucha para quienes trabajan en contra de la violencia sexual y otros tipos de violencia de género, y para las víctimas. El mensaje fue contundente, la culpa y la vergüenza no son de las víctimas, sino de los agresores.
Según las fuentes consultadas, abrir el juicio al público tenía como objetivo centrar la atención en los agresores y no en la revictimización de Gisèle. Al hacerlo de está forma, se buscaba que el peso de la sanción social recayera sobre los hombres responsables de los abusos, lo que también contribuyó a agilizar los procesos judiciales al mantener el caso bajo el escrutinio de la sociedad.
Así mismo, durante cuatro meses, este caso evidenció las barreras y desafíos que enfrentan las víctimas en los procesos judiciales. “Interrogatorios invasivos y el constante cuestionamiento del testimonio no solo reviven el trauma, sino que perpetúan la idea de que las víctimas deben demostrar qué tan ‘buenas víctimas’ son”, afirma Turnes.
Lea aquí también: Gisele Pelicot pide que las víctimas de abusos sexuales dejen de ser cuestionadas
Además, las expertas señalan que, en este caso, los medios de comunicación se enfocaron en la vida privada de la víctima en algunas ocasiones, difundiendo material probatorio como chats, fotos y videos fuera de contexto, lo que aumentó su exposición pública. Este escrutinio también se extendió a su entorno cercano, en un intento por obtener testimonios que, muchas veces, reforzaban la revictimización.
Fue así como no solo demostró la realidad de miles de víctimas de violencia sexual, sino que se convirtió en un símbolo del movimiento feminista, movilizando a cerca de 700 personas en la plaza de la República en París con pancartas que decían: “Víctimas, les creemos. Violadores, los vemos”.
“La exposición pública de su caso amplificó las voces de las mujeres y transformó el abuso sexual en un debate público”, explica Ana Paola Tinoco, profesora en violencia de género y derechos humanos de la Pontificia Universidad Javeriana, en entrevista con El Espectador. Según Tinoco, el apoyo colectivo es esencial para enfrentar la violencia: “El cambio ocurre cuando la sociedad, desde la familia, los vecinos hasta grupos comunitarios, rodea y respalda a las víctimas”.
Sin embargo, según las expertas consultadas, durante estos cuatro meses también se puso de manifiesto la necesidad de abordar otros temas en el marco de la violencia sexual, como, por ejemplo, el consentimiento. En algunos países, como Francia, no hay una legislación clara sobre este asunto. Actualmente, la violación se define como un “acto de penetración sexual” cometido “mediante violencia, coacción, amenaza o sorpresa”, sin contemplar explícitamente el consentimiento o el escenario de la sumisión química.
Frente a esto y a partir del juicio Pelicot, legisladoras feministas proponen que se haga explícito en la normativa que el sexo sin consentimiento es violación y que este no puede darse cuando la víctima está en un estado que anula su juicio.
Y es que la sumisión química no es un tema menor; implica el uso de sustancias psicoactivas para anular la voluntad de una persona. Es una modalidad de violencia difícil de identificar debido a la falta de denuncias y protocolos específicos. “Es crucial discutir leyes que reconozcan el consentimiento como un factor clave, ya que muchas personas no consideran estas acciones como formas de violencia”, señala Turnes.
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De igual manera, también abre el debate sobre la regulación de los entornos digitales frente a casos de violencia sexual. En el caso de Gisèle Pelicot, su expareja utilizó la plataforma Coco.gg para contactar a otros hombres y organizar agresiones sexuales en su contra. “Este caso demuestra cómo el entorno digital, cuando no está regulado, puede ser utilizado para planificar y ejecutar crímenes”, explica Turnes.
Es así como el impacto del juicio Pelicot radica no solo en la lucha personal de Gisèle, sino en cómo su historia tuvo la capacidad para movilizar a la sociedad y plantear conversaciones abiertas sobre los delitos sexuales.
