Honduras rendirá cuentas ante la ONU por prohibir y penalizar el aborto

Fausia, frente a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Foto: Centro de Derechos Reproductivos

Fausia es mujer, hondureña, indígena Nahua y defensora de los derechos humanos. En 2015, fue violada sexualmente como represalia por la defensa de su territorio y, producto de esa agresión, quedó embarazada. En ese entonces, la pastilla anticonceptiva estaba prohibida y, cuando Fausia expresó en un centro de salud su deseo de no continuar con el embarazo, los médicos que la atendieron la amenazaron con ir presa si abortaba. Ella no sabía que el aborto estaba totalmente penalizado en Honduras. No importa si el embarazo es producto de una violación o si la mujer está a punto de morir. En ningún caso es legal abortar en ese país.

Tuvo que asumir el embarazo y una maternidad forzada. Fue amenazada de muerte por parte de sus agresores, que buscaban intimidarla para que no denunciara. Cuando descubrieron que, pese a eso, había hecho la denuncia, la hostigaron hasta obligarla a dejar a su familia y salir de su territorio. A partir de entonces, Fausia empezó a luchar para ser reparada por las violencias que tuvo que padecer.

Ante la falta de justicia por parte del Estado, este miércoles 10 de abril, nueve años después, el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Derechos de Mujeres presentaron su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con el fin de pedir justicia en su nombre. “Es la primera vez que Honduras va a rendir cuentas en un proceso de litigio internacional por la prohibición y penalización absoluta del aborto”, le dijo Carmen Cecilia Martínez, directora de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos, a El Espectador.

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Las organizaciones que hacen parte del litigio alegan que el Estado hondureño violó el derecho a la vida de Fausia, pues falló a la hora de protegerla de las amenazas de sus agresores y no evitó que fuera desplazada. La penalización absoluta del aborto la puso en peligro de muerte, la condujo a un intento de suicidio y el embarazo y la maternidad forzada afectaron su proyecto de vida. Dicen que el Estado también violó su derecho a la seguridad, pues le impidió el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, luego de ser víctima de violación; le generó graves afectaciones a su integridad física, al imponerle ser mamá; y le infligió, intencionalmente, graves sufrimientos físicos y psicológicos.

Martínez, abogada del caso, explica que pedir justicia por Fausia es pedir justicia por todas, pues su caso es la “radiografía” de lo que viven las mujeres en Honduras, un país donde el aborto está prohibido y penalizado en cualquier circunstancia, incluso si se trata de una violación o cuando la vida y la salud de la persona gestante está en riesgo. En 2021, el Congreso hizo una reforma constitucional que reforzó esa prohibición. “En este contexto, una niña o una mujer puede ir a la cárcel por sufrir un aborto, incluso si es espontáneo, y son las mujeres empobrecidas, que viven en zonas rurales, sin acceso a derechos económicos y sociales, las que enfrentan las consecuencias de esta penalización”.

Con el caso de Fausia, las organizaciones esperan que la ONU le ordene al Estado hondureño modificar el marco legal que prohíbe y penaliza la interrupción voluntaria del embarazo, le exija adoptar todas las medidas necesarias para que el aborto se garantice como un servicio de salud, que la píldora anticonceptiva de emergencia sea distribuida en condiciones de igualdad y que se emitan protocolos para que las sobrevivientes de violencia sexual puedan acceder a servicios integrales de salud. Según datos de la Secretaría de Salud de Honduras, en 2022, cada día tres niñas menores de 14 años son forzadas a mantener embarazos producto de violaciones y a ser madres sin quererlo.

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Regina Fonseca, fundadora del Centro de Derechos de Mujeres en Honduras, advierte que la penalización absoluta del aborto y su prohibición no evitan que ocurran abortos, sino que “orilla a las mujeres a hacerlos en la clandestinidad y en condiciones inseguras. Hemos documentado casos de suicidios de mujeres que no encuentran otra salida frente a un embarazo no deseado; o, como ocurrió con Fausia, un enorme daño psíquico y físico debido a una maternidad forzada”.

Según indica la directora de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos, después de presentar el caso, el Comité debe comunicárselo al Estado hondureño, que hará sus observaciones. Posteriormente, el Comité deberá examinarlo para tomar una decisión al respecto. Se espera que con esta decisión se le ordene al Estado hondureño cambiar la ley que prohíbe y penaliza el aborto, garantizar su acceso en condiciones seguras y restituir los derechos fundamentales que fueron violados con la prohibición. Aunque el proceso no tiene un tiempo establecido, Martínez espera que se haga de manera ágil, como respuesta a la gravedad de los hechos.

“El caso de Fausia no es una tragedia individual, sino un símbolo de la injusticia sistemática que enfrentan las mujeres y las niñas en Honduras. El Estado debe rendir cuentas y tomar medidas inmediatas y concretas para garantizar que nunca más una mujer tenga que vivir lo mismo”, concluye Martínez.

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* Fausia es el nombre que eligió la víctima para proteger su identidad.