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El 13 de junio del 2019 la vida de Laura Ayala y su familia cambió; su hermana July Marcela Ayala fue víctima de feminicidio. No hubo tiempo para el duelo, sus cinco sobrinas, todas menores de edad, acababan de quedar huérfanas y junto con su madre debían hacerse cargo de ellas. “Uno no sabe qué hacer, a qué es lo que le tiene que poner cuidado; si a la situación de las niñas, ponerse a trabajar o buscar al que asesinó a mi hermana día y noche”, comparte a El Espectador. Pasaron tres años y medio para que sus sobrinas pudieran acceder a atención psicológica tras el feminicidio de July.
En el país en los últimos seis años se han registrado 3.598 casos de feminicidio, para lo corrido de 2023 ya se tiene cuenta de al menos 213 casos. Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, en el primer trimestre de este año 57 mujeres víctimas de feminicidios eran madres; entre enero y marzo 77 menores quedaron huérfanos. Además, en dos de estos casos las víctimas estaban en embarazo cuando sucedió el crimen. Sin embargo, no existe una estadística oficial sobre cuántos niños, niñas y adolescentes en el país resultaron huérfanos a causa de un feminicidio.
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El pasado 26 de julio, ante la Secretaría de la Cámara de Representantes, fue radicado un proyecto de ley que busca proteger a esta población. De autoría de la representante y presidenta de la Comisión de la Mujer, Carolina Giraldo Botero, el articulado busca brindar ayuda económica y atención psicosocial a los niños, niñas y adolescentes que quedan en situación de vulnerabilidad tras la pérdida de su madre. El proyecto que cuenta con el aval de más de 30 congresistas de distintos partidos fue redactado de la mano de 25 familias de la colectiva Huérfanos por Feminicidio Colombia.
“Fue casi un año en el que nosotros como familiares víctimas de feminicidio compartimos desde nuestras experiencias qué se podría hacer para que a esos huérfanos se les diera una mayor importancia, fuera en salud o recreación, pero también en todos los trámites legales que esto conlleva”, cuenta Camilo Beltrán, hermano de Leidy Beltrán, una joven de 29 años que fue asesinada el 12 de mayo de 2022. En este caso de feminicidio fue el mismo agresor quien confesó los hechos y la llevó al hospital, en donde a pesar de haber sido identificado y detenido quedó en libertad minutos más tarde.
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Tras el feminicidio de sus madres, estas niñas, niños y adolescentes, así como las familias que se hacen cargo de ellos, se encuentran en una situación de desprotección y, generalmente, de vulnerabilidad económica. “Muchas veces el papá fue el victimario o está ausente, entonces son las abuelas, tías, primos, quienes quedan a cargo de los niños, siendo personas que en algunos casos no tienen trabajo, que tienen otras responsabilidades a su cargo, o que están en edades avanzadas”, agrega en entrevista con este diario la congresista Giraldo.
La iniciativa presentada en el Congreso busca generar medidas para garantizar los derechos fundamentales de los huérfanos hasta los 25 años en condición de dependencia económica o de cuidado de una mujer víctima de feminicidio. A través de medidas de asistencia legal, económica, emocional, psicosocial, educativa y de salud, buscan que los huérfanos y sus familias sean reconocidos como víctimas indirectas de los feminicidios. Asimismo, estipula una asistencia económica por una sola vez para cubrir gastos funerarios de la víctima directa, el traslado del cuerpo y su exhumación de ser requerida en el marco de una investigación penal.
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Para la periodista Marcela Boyacá, quien está tras la colectiva Huérfanos de Feminicidio Colombia, lo fundamental de este proyecto de ley es la creación del registro que permita identificar y caracterizar cuántas personas son huérfanas de feminicidio en el país. “La ley Rosa Elvira Cely (que tipifica el crimen de feminicidio) establece que Medicina Legal es la que tiene que hacer esa caracterización y determinar a las víctimas indirectas para garantizar sus derechos. Pero en la práctica no pasa, hay un subregistro”, afirma Boyacá.
El proyecto se enmarca entonces en el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo de generar un registro unificado de violencias basadas en género en el cual se contemple el registro de las familias víctimas. En palabras de la representante Giraldo, tener una cifra real permitiría “focalizar la atención y entrar a solventar esa ausencia”. De la misma manera, el articulado también establece que para que las familias puedan ser beneficiarias no se requerirá tipificación o condena por feminicidio. Bastaría el concepto de Medicina Legal y/o de la Fiscalía General cuando haya evidencia clara o de sospecha fundada de perpetración de un feminicidio.
En palabras de Laura y Camilo, el trámite legislativo que le espera a esta iniciativa es una lucha por las que ya no están y por los que han sido o siguen siendo víctimas indirectas de feminicidio. “Este proyecto básicamente es la voz de todos nosotros, los que en algún momento no supimos qué hacer en esta situación”, reflexiona Laura. De ser aprobado, Colombia sería el séptimo país en la región en crear una ruta de atención integral y especial para estos casos. A la fecha Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y República Dominicana cuentan con políticas de atención a familias y niños, niñas y adolescentes víctimas.
