La abogada indígena que le habló a la Asamblea General de la OEA

Patricia Torres Sandoval es una de las voces de la sociedad civil que habló ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se lleva a cabo estos días en Asunción, Paraguay. Lo hizo en representación de los pueblos indígenas. En su intervención, abogó por respetar el derecho de los pueblos de prohibir concesiones en sus tierras para la extracción minera, particularmente del litio; establecer mecanismos que erradiquen la criminalización de las y los defensores del territorio y el desplazamiento forzado por el cambio climático e inseguridad; y agilizar las resoluciones de los casos sobre violaciones de mujeres indígenas.

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Ella es la representante de la Coalición de Naciones y Organizaciones Indígenas ante la Asamblea General OEA y hace parte de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en México y del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Tras su intervención en el organismos internacional y también en el Foro Interamericano contra la Discriminación, de la organización Raza e Igualdad, habló con el Espectador.

¿Qué la motivó a convertirse en abogada?

Por azares de la vida. En realidad pensaba estudiar Medicina, para ayudar a las personas cercanas que no tenían cómo costear sus tratamientos médicos. Pero, cuando estuve en la preparatoria, conocí varios grupos estudiantiles y mis papás también estaban en el movimiento indígena y la lucha social, y eso llamó mi atención en la participación política. Me di cuenta de que mis aptitudes están más encaminadas a cuestiones sociales y no a ciencias duras. Cuando terminé la prepa, mi tía me ayudó a buscar una escuela para estudiar Derecho, desde una perspectiva occidental. Tenía 19 años, hoy tengo 38.

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¿Se considera una mujer feminista?

No como feminismo de occidente. En el concepto amplio sí me considero feminista. Desde la concepción que tengo yo y otras mujeres indígenas, pensamos que sí existen posturas feministas y en ocasiones la mayoría de esas se han racializado demasiado y eso me hace repensar reconocerme como feminista.

¿Cuáles son las causas hoy de la participación de las mujeres indígenas en México?

La participación y representación política creo que es la más grande, porque ha habido una usurpación de las acciones afirmativas. Hay personas que no son indígenas que se han candidateado accediendo a los espacios, reconociéndose como mujeres indígenas pese a no serlo. Ese es un signo de racismo estructural. También están la vida libre de violencias, el acceso a la justicia y los derechos sociales, económicos y culturales. El cambio de uso del suelo de manera ilegal, la tala clandestina, la contaminación de los cuerpos de agua. Se necesita una política antirracista que reconozca que los indígenas no estamos en contra del desarrollo, como se atiende en las agendas sostenidas por el sistema económico actual, sino como una manera de vida que le apuesta a la conservación.

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En Colombia el movimiento de mujeres indígenas feministas ha logrado litigar casos para defender el derecho como un aborto. ¿Usted lucha por el derecho al aborto?

Por el derecho a decidir, que la mujer pueda decidir si quiere tener el producto. Eso sí, provida no me considero. No estamos en las mismas condiciones y hay situaciones que se tendrían que pensar para poder traer una nueva vida al mundo y nadie puede estar en una posición de juzgar tus decisiones.

Hay discusiones de vieja data sobre las jurisdicciones indígenas y las ordinarias. En términos de violencia de género, ¿cree que deberían mantenerse separadas?

En México no tenemos dos jurisdicciones. Eso me cuestionó cuando estudié Derecho, porque se cree que solo existe una forma de justicia, que es la del Estado, y yo vengo de una comunidad indígena donde hay temas que se resuelven sin tener que pasar al sistema estatal y en ocasiones eso ayuda a mantener la convivencia social. Hay cuestiones que sobrepasan como las violencias y homicidios, por ejemplo. En los casos de violencias de género me parece que es importante entender que las mujeres indígenas no vivimos de la misma manera o la misma perspectiva que los varones indígenas, las violencias son más crudas y se naturalizan. Estas violencias se deben juzgar.

¿Cuál es la necesidad más urgente de las mujeres indígenas en América Latina?

La participación y representación política es fundamental. Somos 32 millones de mujeres en América Latina, de esas han sido pocas que llegan a espacios de decisiones. Ha habido una modificación en material electoral en México que se prioriza la paridad, tener igual número de hombres y mujeres en espacios de decisión. Sin embargo, hemos visto que esa igualdad sustantiva no se está representando, antes no había suficientes mujeres en esos espacios, ahora llegan pero no todas tienen la posibilidad de tomar decisiones, sino que alguien más decide por ellas, para llenar cuotas.

Creo que también falta reconocer que existe la justicia del Estado y la justicia comunitaria de los pueblos indígenas y que se pueden resolver temas allí, porque en ocasiones garantiza más la seguridad y permanencia de las compañeras en los espacios comunitarios, y no las expone a un sistema que no conocen y es costoso. Por último, debería atender la violencia política por razones de género, muchas de nuestras lideresas están siendo criminalizadas y perseguidas por su activismos y defensa del territorio.

*Esta entrevista fue posible gracias a la invitación de la organización Raza e Igualdad a su Foro Interamericano contra la Discriminación, llevado a cabo en Paraguay, en el marco de la Asamblea General de la OEA.

Patricia Torres Sandoval es una de las voces de la sociedad civil que habló ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se lleva a cabo estos días en Asunción, Paraguay. Lo hizo en representación de los pueblos indígenas. En su intervención, abogó por respetar el derecho de los pueblos de prohibir concesiones en sus tierras para la extracción minera, particularmente del litio; establecer mecanismos que erradiquen la criminalización de las y los defensores del territorio y el desplazamiento forzado por el cambio climático e inseguridad; y agilizar las resoluciones de los casos sobre violaciones de mujeres indígenas.

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Ella es la representante de la Coalición de Naciones y Organizaciones Indígenas ante la Asamblea General OEA y hace parte de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en México y del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Tras su intervención en el organismos internacional y también en el Foro Interamericano contra la Discriminación, de la organización Raza e Igualdad, habló con el Espectador.

¿Qué la motivó a convertirse en abogada?

Por azares de la vida. En realidad pensaba estudiar Medicina, para ayudar a las personas cercanas que no tenían cómo costear sus tratamientos médicos. Pero, cuando estuve en la preparatoria, conocí varios grupos estudiantiles y mis papás también estaban en el movimiento indígena y la lucha social, y eso llamó mi atención en la participación política. Me di cuenta de que mis aptitudes están más encaminadas a cuestiones sociales y no a ciencias duras. Cuando terminé la prepa, mi tía me ayudó a buscar una escuela para estudiar Derecho, desde una perspectiva occidental. Tenía 19 años, hoy tengo 38.

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¿Se considera una mujer feminista?

No como feminismo de occidente. En el concepto amplio sí me considero feminista. Desde la concepción que tengo yo y otras mujeres indígenas, pensamos que sí existen posturas feministas y en ocasiones la mayoría de esas se han racializado demasiado y eso me hace repensar reconocerme como feminista.

¿Cuáles son las causas hoy de la participación de las mujeres indígenas en México?

La participación y representación política creo que es la más grande, porque ha habido una usurpación de las acciones afirmativas. Hay personas que no son indígenas que se han candidateado accediendo a los espacios, reconociéndose como mujeres indígenas pese a no serlo. Ese es un signo de racismo estructural. También están la vida libre de violencias, el acceso a la justicia y los derechos sociales, económicos y culturales. El cambio de uso del suelo de manera ilegal, la tala clandestina, la contaminación de los cuerpos de agua. Se necesita una política antirracista que reconozca que los indígenas no estamos en contra del desarrollo, como se atiende en las agendas sostenidas por el sistema económico actual, sino como una manera de vida que le apuesta a la conservación.

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En Colombia el movimiento de mujeres indígenas feministas ha logrado litigar casos para defender el derecho como un aborto. ¿Usted lucha por el derecho al aborto?

Por el derecho a decidir, que la mujer pueda decidir si quiere tener el producto. Eso sí, provida no me considero. No estamos en las mismas condiciones y hay situaciones que se tendrían que pensar para poder traer una nueva vida al mundo y nadie puede estar en una posición de juzgar tus decisiones.

Hay discusiones de vieja data sobre las jurisdicciones indígenas y las ordinarias. En términos de violencia de género, ¿cree que deberían mantenerse separadas?

En México no tenemos dos jurisdicciones. Eso me cuestionó cuando estudié Derecho, porque se cree que solo existe una forma de justicia, que es la del Estado, y yo vengo de una comunidad indígena donde hay temas que se resuelven sin tener que pasar al sistema estatal y en ocasiones eso ayuda a mantener la convivencia social. Hay cuestiones que sobrepasan como las violencias y homicidios, por ejemplo. En los casos de violencias de género me parece que es importante entender que las mujeres indígenas no vivimos de la misma manera o la misma perspectiva que los varones indígenas, las violencias son más crudas y se naturalizan. Estas violencias se deben juzgar.

¿Cuál es la necesidad más urgente de las mujeres indígenas en América Latina?

La participación y representación política es fundamental. Somos 32 millones de mujeres en América Latina, de esas han sido pocas que llegan a espacios de decisiones. Ha habido una modificación en material electoral en México que se prioriza la paridad, tener igual número de hombres y mujeres en espacios de decisión. Sin embargo, hemos visto que esa igualdad sustantiva no se está representando, antes no había suficientes mujeres en esos espacios, ahora llegan pero no todas tienen la posibilidad de tomar decisiones, sino que alguien más decide por ellas, para llenar cuotas.

Creo que también falta reconocer que existe la justicia del Estado y la justicia comunitaria de los pueblos indígenas y que se pueden resolver temas allí, porque en ocasiones garantiza más la seguridad y permanencia de las compañeras en los espacios comunitarios, y no las expone a un sistema que no conocen y es costoso. Por último, debería atender la violencia política por razones de género, muchas de nuestras lideresas están siendo criminalizadas y perseguidas por su activismos y defensa del territorio.

*Esta entrevista fue posible gracias a la invitación de la organización Raza e Igualdad a su Foro Interamericano contra la Discriminación, llevado a cabo en Paraguay, en el marco de la Asamblea General de la OEA.