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Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que busca evidenciar los avances en materia de derechos de las mujeres, pero también los retos que aún persisten. Según el Foro Económico Mundial, América Latina y el Caribe ha cerrado casi tres cuartas partes de su brecha de género. Sin embargo, la democracia paritaria está lejos de ser cumplida y esta brecha se incrementa cuando se pone el foco en la vejez.
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Promover la participación y liderazgo de las mujeres en espacios políticos, asuntos de seguridad y construcción de paz es una deuda pendiente de los Estados. En entrevista con El Espectador, Roberta Clarke, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), habla sobre por qué debe existir un compromiso por la inclusión de las mujeres en estos asuntos y sobre la importancia de reivindicar las experiencias de las mujeres mayores para reducir las brechas de desigualdad.
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Clarke es abogada oriunda de la República de Barbados y ha dedicado su trayectoria profesional a la promoción y protección de los derechos humanos, el desarrollo y la equidad de género. Por varios años trabajó para las Naciones Unidas, donde lideró las oficinas regionales de ONU Mujeres en África del Este y del Sur, Asia del Pacífico, el Caribe y Libia. Integra la CIDH desde enero del 2022 y se ha desempeñado como relatora sobre los derechos de las personas LGBTIQ+ y los derechos de las mujeres.
A lo largo de su trayectoria se ha destacado por la defensa de la justicia social y la equidad de género. ¿Cuáles considera que son hoy los retos en la región para la participación plena de las mujeres en asuntos de seguridad?
La participación de las mujeres es esencial para la democracia y el desarrollo y es crucial para el éxito de cualquier iniciativa estatal, como las estrategias de seguridad y para hacer frente a situaciones de crisis. Es un derecho protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará. Cuando hay participación igualitaria aumenta la probabilidad de que las políticas y prácticas estatales respondan a las necesidades diversas de la población.
Por ejemplo, en Colombia ha habido algunos avances notables en la participación de las mujeres en el Congreso, que aumentó al 29% en 2022. Esta participación permite que las prioridades y necesidades específicas de protección se incorporen a las políticas de seguridad. Pero es necesario que los Estados creen e institucionalicen espacios que garanticen la participación de las mujeres en la construcción de políticas de seguridad ciudadana y que esta participación sea efectiva, en todos los niveles de toma de decisiones, y en todas las etapas del proceso de elaboración de políticas de seguridad.
Esto no solo forma parte de la obligación de los Estados como aspecto indispensable para garantizar la igualdad formal y real de las mujeres en la vida pública, sino que también tiene un efecto multiplicador para lograr la igualdad de derechos en todos los ámbitos relevantes para la igualdad de género.
¿Cómo cree que se encuentra Colombia frente al reconocimiento de las mujeres como actores clave en la construcción de paz?
Después de una larga lucha de las mujeres para que se incorporen sus demandas y participen activamente en los procesos de paz, Colombia es el único país de la región que ha desarrollado mecanismos concretos para la participación de las mujeres. Ellas desempeñaron un papel importante durante las negociaciones del proceso de paz y uno de los resultados de este compromiso fue la creación de la Subcomisión de Género, destinada a garantizar que todas las experiencias de conflicto fueran reconocidas y abordadas en el proceso final.
Los aportes de las mujeres fueron base para el contenido del Acuerdo Final que debe aún ser implementado de forma integral. Ello implica que las mujeres y la perspectiva de género tengan el lugar que se merecen, siguiendo los estándares interamericanos de derechos humanos y los instrumentos internacionales en la materia.
Cada vez se habla más sobre las causas y consecuencias de la violencia de género y el derecho a la participación. Pero no se suele hablar de las mujeres mayores en estos temas. ¿Cree que persiste una invisibilización de esta población?
A pesar de los avances en la elaboración de leyes, la violencia de género persiste y limita la vida de las mujeres, así como su participación en la vida pública. Las mujeres mayores también sufren violencia doméstica en la familia, y esto incluye el abuso psicológico, pero también la negligencia y el abuso físico. La dependencia de los demás puede aumentar las probabilidades de sufrir abusos y también reduce la capacidad de obtener asistencia y apoyo. Es una cuestión de visibilidad.
En virtud de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas concretas para garantizar una vejez digna, libre de violencia y con participación efectiva. La Convención también insta a los Estados a promover la creación y el fortalecimiento de servicios de apoyo para atender los casos de violencia, maltrato, abuso y explotación de las personas mayores. Este es particularmente el caso de las personas mayores de poblaciones históricamente marginadas o vulnerables, como indígenas, afrodescendientes, LGBTIQ+, migrantes o personas con discapacidad, que pueden haber sufrido altos índices de exclusión económica y discriminación.
Indiscutiblemente, hay un progresivo cambio del paradigma de la vejez que se pone de manifiesto en el desarrollo y la implementación de políticas. Paulatinamente, van integrando un enfoque integral de derechos humanos, donde las personas mayores son sujetas de derechos, y esto debe extenderse en toda la región.
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¿Considera que la edad es un factor que encrudece las violencias de género?
Definitivamente, la edad es un factor en los daños específicos a los que las mujeres y las niñas están expuestas a lo largo de su vida. La situación de vulnerabilidad de las mujeres mayores se acentúa por la persistencia de estereotipos de género que asignan roles tradicionales y que tienden a invisibilizar situaciones de maltrato y violencia.
En el contexto de los sistemas de justicia de la región, por ejemplo, persisten desafíos para abordar los casos de violencia contra las mujeres mayores desde una perspectiva de género y edad que aborde la situación de especial vulnerabilidad. La falta de una respuesta efectiva de los Estados conduce a la impunidad y perpetúa la violencia y el maltrato, y esto debe cambiar. Este es otro desafío que se debe abordar.
¿Cómo cree que están los derechos de las mujeres en su vejez y qué debería ser más prioritario para los Estados?
En su informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores y los Sistemas Nacionales de Protección, la CIDH indicó que varios Estados de la región han adoptado medidas para ampliar su red de protección social, así como políticas económicas y de salud pública con enfoque de género. Sin embargo, los Estados deben incorporar en sus leyes y políticas un enfoque holístico para abordar las formas múltiples e interconectadas de discriminación que enfrentan las mujeres mayores, mediante el establecimiento de acciones afirmativas y políticas diferenciales en los sistemas de pensiones, salud y vivienda, entre otros.
Este enfoque holístico debe hacerse con la participación de las personas mayores, respetando su voluntad de tal manera que se garantice su cuidado, sus medios de vida, la libertad de expresión e información, la participación política, la autonomía, la independencia y la integración comunitaria de acuerdo con sus necesidades.
