“La vasectomía no te hace menos hombre”: presidenta de la CIDH

Julissa Mantilla Falcón, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Foto: CIDH

Este viernes 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que en las Américas y el mundo no solo se evidencia en los casos de feminicidios ni agresiones sexuales, sino en otro tipo de violencias a veces naturalizadas e imperceptibles, como sucede con la violencia psicológica y reproductiva. Estas situaciones las conoce bien la abogada peruana Julissa Mantilla Falcón, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora de los derechos de las mujeres. (¿A las mujeres les gusta el maltrato?)

En entrevista con El Espectador, la experta en derechos humano hablar sobre aborto, educación sexual, violencia de género y discriminación. Ella es graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), cuenta con un Diploma de Género de la PUCP y un LL.M. en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de The London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres. Trabajó en la Defensoría del Pueblo del Perú y fue la encargada de la Línea de Género de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Fue Asesora Internacional en Justicia Transicional para ONU Mujeres y es docente del Departamento de Derecho y de la Maestría de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú, así como de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Washington College of Law the American University.

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Cuáles son las violencias que más sufren las mujeres en las Américas?

Más que decir cuál es el mayor número de casos, quiero plantear la existencia de una violencia de género continua, que empieza desde el nacimiento de las mujeres, de su socialización, de la niñez, desde cuando las niñas asumen mayor tiempo para las labores de cuidado en la casa, lo cual les impide estudiar y realizar sus labores escolares. Esta violencia continúa durante la adolescencia, la edad adulta y cuando las mujeres llegan a ser mayores. Siempre digo que la mujer mayor de hoy es la niña que nunca pudo denunciar y que, a lo largo de su vida, sufrió violencia sexual, acoso, violencia psicológica. (Violencia económica: ¿tu pareja es la que decide en qué se gastan el dinero?)

Si miramos la región en términos más concretos, tenemos el caso de El Salvador, que nos preocupa muchísimo, por la penalización absoluta del aborto, incluso en los casos en que las mujeres tienen abortos por emergencia obstétrica. Esta situación, más allá de la penalización absoluta en sí, que va en contra de los estándares internacionales tanto de Naciones Unidas como el Sistema Interamericano, genera una serie de nuevas violencias. Por un lado, las mujeres tienen miedo a ser detenidas y cuando tienen un embarazo de riesgo no acuden a los servicios de salud, con lo cual se generan sus muertes o daños permanentes en la salud. En segundo lugar, las mujeres que son detenidas y condenadas a penas de 30 años en adelante, y que en algunos casos han logrado salir por la presión internacional, como el caso de Teodora. Ella tenía un niño de cuatro años y, cuando salió de la cárcel, él ya tenía 14. Hay una afectación a su salud, autonomía de todo tipo. Esa violencia es preocupante. (“Te dice inútil”: alertas para identificar la violencia psicológica)

También la situación de las mujeres que sufrieron violencia sexual en las dictaduras del cono sur, el caso de Argentina, Chile, Uruguay. Si bien hay algunos procesos en Argentina que se han dado con las mujeres víctimas de la dictadura, la comisión organizó una audiencia a pedido de las mujeres expresas políticas de Uruguay que fueron violentadas durante la dictadura y hasta ahora no obtienen justicia. (Exguerrilleras de las Farc denuncian violencia sexual intrafilas en el frente 57 )

Otra situación que hemos documentado es la situación de los conflictos armados y aquí el caso de Colombia es muy importante. La comisión, desde su rol de cooperación, tiene convenios con la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Lo que encontró la comisión colombiana en cuanto a violencia sexual tuvo un aporte importantísimo porque también empezó a hablar de violencia reproductiva y que la JEP haya abierto ahora este macrocaso de violencia sexual también es un mensaje vinculado a las violencias que sufren las mujeres durante los conflictos armados que incluye la violencia sexual, pero no se limita a ella. (Aborto en Colombia: las 39 veces que se pudo despenalizar y el Congreso no lo hizo)

Podríamos seguir hablando de la violencia política, que sufren las mujeres que se dedican a la actividad partidaria o no partidaria representativa, que les impide acceder a los puestos de gobierno, pero cuando acceden sufren discriminaciones. También está el acoso cibernético, comprobado por la CIDH, estableciendo diferenciadamente la persecución que sufren las mujeres periodistas y el impacto que eso tiene. Muchas mujeres periodistas no denuncian o, si denuncian, no les dan atención o les dicen que es “ser parte de ser periodista” y esto genera que abandonen los medios. Podríamos seguir hablando, pero hay una continuidad de violencia de género y diferentes tipos de violencia.

Me gustaría ahondar en esa idea suya de que “la mujer mayor de hoy es la niña que nunca pudo denunciar”. ¿Por qué?

Los códigos penales actuales penalizan la violencia sexual dentro del matrimonio, pero eso no siempre fue así. Pensemos entonces en la mujer que hoy tiene 70 años y que, cuando tenía 30 o 40, no existía una legislación que le permitiera denunciar la violación sexual dentro del matrimonio, que era sometida constantemente a esto y que quedaba embarazada producto de esa violación. Ahora está penalizado, es muy difícil denunciar la violación sexual dentro del matrimonio, sin duda, pero solo el hecho de que antes no estuviera tipificado es un mensaje a las víctimas de que esa era su obligación, de que “dentro del matrimonio no hay violación sexual, sino una constante obligación de la mujer de aceptar y someterse”. (“El trabajo sexual es trabajo”: sindicato de putas en Colombia)

Por otra parte, las encuestas de trabajo de cuidado no remunerado también nos dicen que las mujeres, desde la infancia, dedican más tiempo de su vida al cuidado y al trabajo no remunerado. Cuidan desde niñas, desde grandes, desde esposas, viudas, cuidan siempre, y todo ese tiempo invertido implica que las mujeres no pueden perfeccionar su desarrollo educativo, profesional, y terminan accediendo a trabajos informales, menos remunerados y que no generan pensiones o seguros de vida o salud. Las mujeres que hoy tienen 70 años y que dedicaron toda su vida al cuidado, ¿de qué viven ahora? Hay que recordar en este día a las mujeres mayores que están invisibilizadas y que cargan con una historia de violencia. Hay trayectorias de dolor y hay una responsabilidad de darles voz a ellas y preguntarles, desde el feminismo, los Estados y la Comisión.

Usted mencionó también el macrocaso de violencia sexual que abrió la JEP en Colombia. ¿Qué tan histórico es eso en la región?

Hay antecedentes muy interesantes como el caso de Sepura Zarco en Guatemala, donde se condena por esclavitud sexual a personas de las fuerzas de patrullaje que, no solamente llegaban a la localidad a matar a los hombres, sino que a las mujeres, además de violentarlas, las tenían como esclavas, para cocinar, lavar, etc. El caso Sepura Zarco es simbólico. Otras comisiones de la verdad como las de Perú, Guatemala, Sudáfrica trataron el tema de la violencia sexual. ¿Qué pasa con la JEP? Que haya abierto un macrocaso de violencia sexual envía un mensaje muy importante. (JEP escucha a las víctimas y abrirá macrocaso de violencia sexual)

Si no se hubiera abierto, el mensaje hubiese sido tan dañino como decirles a las víctimas: “Bueno, ustedes cuenten su historia en los mecanismos de memoria, pero en el lado de la justicia ‘aquí no podemos procesar’”. Si un tribunal como la JEP mandaba ese mensaje, ¿entonces qué podíamos esperar de otros tribunales? Por eso, sí valoramos muchísimo desde la comisión y estamos a disposición para la colaboración para la consolidación de este macrocaso. Además, en este contexto es fundamental hablar de violencia reproductiva, porque nos está diciendo que en los conflictos armados las mujeres no solamente son víctimas de de violencia sexual sino que su autonomía reproductiva para tener o no tener hijos también fue violentada. Y eso nos habla de unas dimensiones nuevas del conocimiento del conflicto armado.

La Corte IDH ya tiene la primera sentencia que rechaza la criminalización del aborto (Manuela vs El Salvador), pero sigue habiendo Estados en las Américas que penalizan y restringen totalmente el derecho al aborto. ¿Qué se necesita para que el aborto sea un derecho garantizado en la región?

Los estándares de la Corte IDH y del sistema universal son claros: se reconoce la facultad del Estado de regular el tema de la interrupción del embarazo, pero una penalización y criminalización absoluta no solo va en contra de los estándares sino que, incluso, puede generar una responsabilidad del Estado con una muerte masiva clandestina de mujeres, por ejemplo, pero también un tema de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Lo primero es conocer los estándares. Lo segundo es que hay que mirar el tema de la interrupción del embarazo desde la autonomía de las mujeres, pero también de las políticas públicas de salud. Y mirar, además, dos elementos vinculados: la educación sexual integral, la necesidad de que haya información; y el acceso a métodos de anticoncepción de acuerdo con las condiciones de las personas. (El aborto libre es una realidad, pero tras bambalinas no es tan sólido como parece)

Hace poco hablaba en una entrevista sobre cómo a las mujeres se les niega el acceso a anticonceptivos, pero la pregunta que yo haría es ¿por qué no estamos también trabajando en el acceso de los hombres a las vasectomías?, ¿por qué dentro de las políticas públicas de salud en anticoncepción el énfasis son las mujeres?, ¿por qué no se da más información a los hombres sobre la vasectomías?, ¿cuál es la diferencia en que una mujer decida una esterilización o tomar anticonceptivos y que un hombre pueda tener una vasectomìa? Es necesaria la desmitificación de ciertos aspectos que repiten aspectos machistas y patriarcales. Que un hombre se haga una vasectomía, no le hace ser menos hombre ni le quita virilidad. La autonomía sexual y reproductiva de las mujeres deben entenderse desde un enfoque de derechos humanos. Trabajar con los hombres, niños y adolescentes me parece fundamental.

¿Cómo cree que está ubicada Colombia frente a los estándares interamericanos ahora con su más reciente sentencia del aborto que implementa el modelo mixto?

En el caso colombiano, desde la primera sentencia de 2006, ha habido un avance y una discusión interesante. Además, en el caso constitucional de las sentencias me parece importante el mensaje que se da. Así como en el tema de matrimonio igualitario, se le pide al Ejecutivo y Legislativo que actúen. Los avances que se están dando son importantes, pero no van a ser sostenibles sino van de la mano con la política de prevención. La comisión valora estos avances, pero tiene que recordar las dificultades que todavía se verifican para acceder a los metodos anticonceptivos, a la autonomía, el reconocimiento de defensoras de derechos humanos, que incluye al movimiento feminista, entre otros. (¿Por qué la clínica Madre Bernarda de Cartagena niega el derecho al aborto?)

¿Qué otro caso en manos de la CIDH podría cambiar o aclarar los estándares interamericanos frente al aborto?

Los casos que tenemos en estudio, por confidencialidad, no los puedo comentar en amplitud. Tenemos el caso de Beatriz, que ha pasado a la Corte IDH y ustedes ya conocen nuestra posición. Se trata de una muerte que consideramos evitable y que, por no recibir la atención concreta en ese momento, la comisión verifica la violación de una serie de principios y derechos, y sobre todo del derecho a vivir una vida libre de violencias.

Siendo presidenta de la CIDH, ¿ha sufrido discriminación de género?

Siendo presidenta y sin serlo. La discriminación de género no para, y eso lo digo con todo cariño como dicen ustedes las colombianas, porque una asuma la presidencia. Cuando yo llegué a la comisión llegué con otro comisionado y, en sesiones con embajadores o en viajes, al comisionado Ralón le decían así, “comisionado Ralón”, y a mí me decían “Julissa”. El año pasado fue la primera junta directiva de mujeres y era impresionante cuando estábamos en audiencias virtuales, porque el saludo era “comisionado Ralón, comisionado Hernández, Flavia, Antonia y Julissa”. A veces tenemos audiencias en las que solo estamos dos o tres comisionadas, solo mujeres, y al inicio nos dicen “buenos días, comisionados”.

Esta conversación que estoy teniendo aquí la hemos tenido al interior de la CIDH porque siempre pienso que si yo, que soy presidenta de la CIDH, recibo este trato en estas circunstancias, ¿qué pasará con las abogadas más jóvenes de la CIDH?, ¿qué pasará con las pasantes? Desde esta presidenta, que es feminista, tenemos que trabajar desde dentro; tenemos una secretaria ejecutiva mujer, tenemos una mayoría de mujeres y trabajamos desde dentro con un cambio de la cultura organizacional en busca de la igualad y el respeto permanente. En la CIDH no podemos hablar de igualdad si no tenemos igualdad al interior y hemos asumido el reto. Cuando una puede hablar, debe hacerlo, por las veces que una misma calló y por tantas otras que tienen que seguir callando.