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Valentina Donoso no quería ser mamá a los 21 años y, por eso, consumía la marca de pastillas anticonceptivas Anulette CD. Pero hubo una falla de la farmacéutica al empacarlas en Chile y el Estado las distribuyó así de defectuosas. Valentina quedó embarazada sin desearlo en 2021 y no pudo abortar porque era ilegal en su situación: no peligraba su vida, el feto no era inviable y tampoco la habían violado. Desde entonces, han pasado tres años y hoy la joven solo se dedica a cuidar de su bebé. Sigue molesta porque le impusieron la maternidad en una etapa en la que no la quería. Deseó morir, se deprimió, dejó de trabajar y no ha podido empezar a estudiar Contabilidad, como soñaba.
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La historia de Valentina es la misma de Karen, Valentina, Melanie y 376 mujeres más, que, según un conteo de la organización Miles, quedaron embarazadas por la negligencia farmacológica y estatal. No querían ser mamás, porque simplemente así lo decidieron o eran muy jóvenes, tenían ya varios hijos, no poseían dinero, eran mayores y embarazarse representaba un riesgo o tenían alguna discapacidad. Las razones eran diversas. “Sigo pensando que es terrible que, por culpa de un laboratorio, hayamos quedado embarazadas. El Estado tampoco ha dicho nada ni ha tomado cartas en el asunto. Cada mujer afectada debería ser indemnizada, porque un hijo es para toda la vida y conlleva muchos gastos económicos”, afirma Valentina Donoso a El Espectador.
La falla farmacológica se supo en Chile en 2020, en medio de la pandemia del Covid-19. Javiera Canales, abogada y directora de Miles, recuerda que la organización empezó a recibir quejas de distintas mujeres que aseguraban que el Estado les estaba proporcionando pastillas anticonceptivas en mal estado en los servicios públicos de salud. La mayoría de ellas eran de escasos recursos económicos y vivían en zonas rurales. Luego, un grupo de profesionales de la salud informó lo mismo: que el empaquetado de las píldoras se veía defectuoso.
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Miles se dedica a la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, así que les pidió información a las autoridades chilenas para saber si algo inusual estaba pasando. A los pocos días, se conoció la primera alerta oficial que daba cuenta de la falla en un lote de Anulette CD y pedía retirarla del mercado. Pero, a diciembre de 2020, después de hacer sus propias investigaciones, las activistas determinaron que eran dos lotes de 260.000 blísteres, que el Estado los había comprado un año antes y que se habían distribuido en casi todo Chile, más precisamente en 15 de las 16 regiones del país.
En aquella época, por culpa de esta falla en los anticonceptivos, once mujeres ya habían contado haber quedado embarazadas sin desearlo. La noticia llegó a medios de comunicación masivos, como The New York Times, BBC, El País y Washington Post, y solo así muchas más mujeres supieron que estaba pasando por lo mismo. Esto supuso una afectación a sus proyectos de vida, pues ninguna de ellas quería ser mamá en ese momento y por eso estaban planificando. “Me hubiera gustado ser mamá más adelante, no tan joven. Primero, estudiar y terminar mi carrera. Después, trabajar y tener mi casa”, explica Donoso a este diario.
Otras mujeres estaban medicadas para atender afectaciones en su salud mental y tuvieron que suspender los medicamentos porque afectaban sus embarazos. Debido a esa interrupción, tuvieron desregulación emocional y presentaron ideas suicidas. Según un informe de Miles, muchas de ellas refirieron sentirse solas, incomprendidas y aisladas. “Llevaba un mes trabajando y las colegas murmuraban que había quedado embarazada para seguir trabajando, que lo había hecho a propósito”, contó una de las afectadas.
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Miles afirma que está comprobado que el embarazo no planificado representa una carga que puede afectar la salud física y mental de las mujeres y generar un factor de estrés capaz de generar síntomas de ansiedad y depresión. Además, la Organización Mundial de la Salud menciona que “los embarazos no deseados pueden reducir las posibilidades educativas, laborales y aumentar la pobreza en las mujeres (…) Al no ser planificado, no están preparadas para convalidar el proceso de embarazo con sus estudios o trabajos, además que tiende a estar acompañado de estigmatización y violencia por parte de las instituciones”.
Varias de las mujeres que consumieron pastillas Anulette CD defectuosas querían abortar, pero en Chile la ley no se los permitía. En ese país existe desde 2017 el sistema de causales, es decir, debe demostrarse estar en tres situaciones para poder acceder a un aborto legal: cuando la vida de la mujer se encuentra en riesgo; cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida extrauterina; y cuando el embarazo sea producto de violación sexual.
Sin embargo, ellas quedaron embarazadas por una “negligencia farmacológica”, una causal que no está contemplada en la ley. Aunque, después de este episodio, se ha propuesto desde el Legislativo incluirla como un motivo para reclamar la responsabilidad civil de los privados. El objetivo es lograr que, cuando se presente, las mujeres puedan demandar a los laboratorios y farmacéuticas en el mismo país de forma ágil y reclamar una indemnización económica.
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A nivel interno, según Javiera Canales, Chile no ha aceptado su responsabilidad y no ha reparado ni indemnizado a las mujeres afectadas. De acuerdo con la abogada, el Estado no quiso mediar con ellas, que propusieron, por ejemplo, obtener apoyo económico para la educación de sus hijos. Por eso, Miles está evaluando acciones jurídicas para solicitar reparaciones y acciones de no repetición, y han descubierto que Anulette CD no ha sido la única marca de anticonceptivos que ha presentado fallas y por lo menos otras cuatro defectuosas se han distribuido. La más reciente fue hace dos meses.
“El Estado nunca pudo decir una cifra sobre cuántas mujeres fueron afectadas con Anulette CD. Hoy sabemos, por nuestras investigaciones independientes, que son por lo menos 380. Pero ¿qué pasó con las mujeres que no tenían televisión y nunca supieron lo que pasó? El Estado nunca pudo llamar a las mujeres a las que les había entregado el anticonceptivo a contarles la falla, porque el sistema informático no permite identificar la serie del medicamento (es decir, no tienen cómo saber quién recibió cada blíster). Por eso, una de nuestras peticiones será actualizar el sistema de registro, que es precario”, agrega la abogada Canales.
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Anulette CD era fabricada por los laboratorios Andrómaco y Silesia en Chile, de la farmacéutica alemana Grünenthal. La falla se dio en el envasado, pues en algunos casos las pastillas de placebo se ubicaron donde debían estar los activos o al revés. En otros casos, faltaban pastillas en los blísters. Como en Chile había dificultades para obligar a responder a las empresas privadas, las activistas acudieron en 2021 a mecanismos especiales de las Naciones Unidas para exponer el caso y tener resultados.
En esa instancia internacional, a través de una acción urgente, lograron que los mecanismos de la ONU (el grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; el grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; y la relatoría especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental) se comunicaran con el Estado chileno, expresaran su preocupación por su respuesta insuficiente y por el actuar de los laboratorios. Y lo exhortaron a tomar medidas para garantizar el aborto a aquellas mujeres que quedaron embarazadas por su negligencia.
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Además, le pidieron al Estado chileno dar detalles del proceso de investigación respecto a la falla, informar la fecha exacta en la que conocieron los primeros casos y cómo realizaron el control de la calidad a las píldoras, indicar si tenía la intención de revisar la ley sobre el aborto porque el sistema de causales es insuficiente, entre otras cosas. También enviaron cartas a los gobiernos de Alemania, Brasil, China y Estados Unidos, donde estaban las empresas relacionadas con las denuncias.
Gracias a esa presión internacional, las víctimas negociaron con la farmacéutica y 227 mujeres recibieron una indemnización. El acuerdo es confidencial y no se conocen públicamente los detalles. Estefanny Molina, abogada senior de Women’s Link Worldwide (aliada de Miles) y quien lidera el trabajo de la organización en derechos sexuales y reproductivos en Chile, cree que los responsables de esta negligencia son el Estado, por no cumplir sus obligaciones con los estándares internacionales sobre los anticonceptivos: calidad, disponibilidad y accesibilidad, y por no fiscalizar la cadena de suministro de esos medicamentos; y la farmacéutica, porque los actores privados también tienen la obligación de garantizar los derechos humanos.
Hasta ahora, ninguna empresa privada ha sido condenada internacionalmente por vulnerar derechos sexuales y reproductivos. Este es el primer caso analizado por los mecanismos especiales de Naciones Unidas que tiene que ver con la actuación de empresas privadas en derechos sexuales y reproductivos.
“Este caso nos ha enseñado que es un derecho decidir cuántos hijos tener y cuándo, que no es imposición. También nos ha servido para darle la vuelta a esa narrativa estigmatizante de ‘quedaste embarazada porque no te cuidaste’. Las que quedaron embarazadas fueron mujeres meticulosas con sus anticonceptivos, pero el Estado les falló, y eso vulnera la autonomía”, concluye la abogada Canales, que no descarta que en el futuro esta historia se lleve a un litigio internacional para también reclamar la responsabilidad internacional de Chile.
