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El pasado 14 de octubre, una mujer radicó una queja en la Procuraduría en contra de la Comisaría 10 de Familia de Medellín. La denunciante, a la que llamaremos Camila*, asegura que la comisaria Paula Álvarez y su secretaria, Rosalba Osorio, se negaron inicialmente a recibir su solicitud de medida de protección por violencia familiar. Ella relata que, desde hace 11 años, es víctima de violencia psicológica y económica por parte de su esposo y papá de su hijo, y por eso se acercó a la Comisaría 10 a exponer su caso y solicitar medidas de protección. (¿Alguien quiere pensar en los hombres?)
“Su violencia escaló de forma abrumadora, con palabras de que yo era una enferma, una ignorante, que yo era la culpable de todo lo malo que le pasaba en su vida, que yo era la responsable de sus fracasos económicos, laborales y personales, por ende, cuando el día 24 julio se inició una discusión por un regalo que le dieron a mi hijo Samuel, y no estuve de acuerdo con la decisión que tomo frente a esto, él decide totalmente irse de la casa (…) Al día siguiente, cuando me encuentro destino a mi trabajo me llama a insultarme, diciéndome que era una maldita y que me daba 30 minutos para regresar a la casa y entregarle a nuestro hijo, que de lo contrario me atuviera a las consecuencias y se aparecería en mi trabajo y me haría un escándalo (…)”, relata la mujer en su queja ante la Procuraduría. (Informe de HRW denuncia abuso a personas LGBTIQ+ en Qatar)
Por eso, el pasado 29 de julio, Camila se acercó a la Comisaría 10 de Familia en el barrio Boston de Medellín. Según su testimonio, allí la recibió la secretaria, quien la escuchó durante cinco minutos y determinó que su caso “no era violencia”, que “no tenía nada que denunciar”, que realmente era la mujer “quien estaba maltratando” a su esposo y que, si exponía el caso, seguramente era Camila “quien iba a ir a la cárcel e incluso podría perder a su hijo”. “Me dijo que ella no me iba a recibir ‘la denuncia’ porque realmente eso era sólo un conflicto”, relata Camila.
La denunciante entró en pánico y llamó a su abogada, María Alejandra García. La profesional llegó hasta el lugar, pero la comisaría tampoco quiso reconocerla como apoderada por el hecho de no exhibir físicamente su tarjeta profesional, aunque de forma verbal la abogada dijo que podía mandarla en PDF e incluso se podía verificar con su número de cédula la vigencia de su tarjeta profesional en la página web del Consejo Superior de la judicatura. Minutos después, la abogada sostiene una discusión con la secretaria porque no quiere radicar la solicitud de su apoderada. (¿El twerk es feminista? Origen, prejuicios y sexualización)
Esta es la conversación entre la abogada y la secretaria que quedó grabada en video:
Rosalba: “Que lo suyo es un conflicto”
Abogada: ¿O sea que no puede radicar una denuncia?
Rosalba: No, una violencia yo no la puedo radicar si es un conflicto.
Abogada: Osea, ¿tú te niegas a radicarle una denuncia por violencia?
Rosalba: No es que me niego, es que la comisaria me dice a mí que es lo cuando yo debo radicar
Abogada: ¿Osea que la comisaria te dice que tú no le puedes recibir una denuncia?
Rosalba: No, si no hay denuncia, si no hay violencia, no.
Abogada: Osea que, ¿tú eres la que determina si hay violencia o no?
Rosalba: No, yo no determino, la que determina es la comisaria.
Abogada: Entonces claramente me estás diciendo que la comisaria te dio la orden de que ella no sufre de violencia, entonces que no puede radicar una denuncia.
Rosalba: se sienta ahí y la comisaria ahorita le dice.
De acuerdo con Camila, la comisaria Paula Andrea Álvarez se negó también a reconocer a su abogada, y la hizo pasar sola a su despacho. Estando ahí no le permitió grabar la conversación con su celular. “No está permitido grabar… señora con esa actitud no la atendemos, es que es sencillo, ya la atendimos dos veces”, dijo la funcionaria, según relató la mujer en la Procuraduría. (“Salir del clóset” siendo deportista profesional)
“Al no recibir atención por parte de la comisaria de familia, mi abogada se contactó con la Personería de Medellín y no obtuvo respuesta, con Policía y no obtuvo respuesta, hasta que se contactó con la concejala de Medellín Dora Cecilia Saldarriaga, quien indagó sobre lo que me estaba ocurriendo. De forma casi milagrosa, a las dos horas aproximadamente, la comisaria decidió atenderme, recibir mi denuncia, reconocer poder a mi abogada, y emitir todas las medidas de protección pertinentes, pues de forma extraña, en menos de dos horas, pareció cambiar de opinión, reconoció que yo sufría violencia psicológica y me remitió a Medicina Legal, remitió a mi hijo con asesoría psicológica y me pidió los datos de notificación de mi esposo”, relata la mujer en la Procuraduría.
Camila y su abogada consideran que la Comisaría 10 de Medellín le negó la atención, la revictimizó y presuntamente abusó de su autoridad. En su opinión, las servidoras públicas violaron sus derechos fundamentales como el acceso a la justicia, el debido proceso y la dignidad humana. “Pusieron en peligro mi vida y mi integridad y la de mi hijo, al negarse a recibir mi denuncia, al prejuzgarme, revictimizarme, y provocar aún más temor y terror, pues me sentí desolada, sola, desprotegida”, concluyó Camila en su escrito radicado en la Procuraduría. (Las niñas también saben sobre derechos sexuales y equidad de género)
Carmen Lilia Uribe Moya, abogada especializada en derecho de familia y quien trabajó 20 años con la Universidad del Rosario, donde también hizo parte de la Clínica contra la Violencia Intrafamiliar y de Género en el consultorio jurídico, explica que en este caso la comisaría no actuó en debida forma. “Cualquier persona puede ir a solicitar una medida de protección inmediata cuando es víctima de violencia. La principal función de las comisarías de familia es emitir medidas de protección inmediata y, posteriormente una medida de protección definitiva a una víctima de violencia intrafamiliar”, sostiene la abogada Uribe en diálogo con este diario.
Una persona que llega a una comisaría de familia para exponer su caso de violencia debe ser atendida de forma inmediata, luego se debe dictar una medida provisional mientras se llama a una audiencia en la que se escucha a las dos partes y se practican las pruebas. Cada uno debe llegar las pruebas, se escucha al agresor y se determina si la medida será definitiva Una vez el comisario o la comisaria dicta la medida de protección definitiva, está obligada a enviar el expediente a la Fiscalía para que se investigue como un delito y ahí inicia el proceso penal. (Nueva denuncia por violencia sexual en el club Besser, ahora contra su fundador)
“En mi experiencia del consultorio jurídico de la universidad vi infinidad de casos como el que relata Camila, en los que no se le atendía de debida forma. La persona tiene que luchar con la comisaría, para que le crean y le den la medida de protección y no lo tomen como un simple conflicto. Estos casos se presentan muchísimo, a las víctimas les cuesta mucho acudir al Estado para ser atendidas”, concluye la abogada Uribe.
La Comisaría 10 de Familia fue contactada por este diario. Su titular, Paula Álvarez, aseguró que no ha sido notificada hasta el momento de la queja en la Procuraduría, y explicó que inicialmente Camila narró unos hechos que no se encuadraban en violencia intrafamiliar, sino en un conflicto familiar. “Solo dijo que la abogada le sugirió que requería una denuncia de violencia intrafamiliar porque eso puede configurar una de las causales que da pie para el divorcio”, afirmó Álvarez a El Espectador. Sin embargo, según la funcionaria, una vez se inició el altercado con la abogada, posteriormente, la mujer narró nuevos hechos que sí daban cuenta de posible violencia intrafamiliar, así que se radicó la denuncia y se emitió una medida de protección provisional de manera inmediata. (¿Se consideran feministas? Charla con las primeras contralmirantes de Colombia)
La violencia intrafamiliar que denuncia estar sufriendo Camila tiene un componente psicológico y económico. En el primero, la persona que te violenta actúa con la intención de hacerte sentir que no vales nada o que eres inferior. Empiezas a sentir culpa, ira, ansiedad, depresión, aislamiento familiar y social, baja autoestima, pérdida de la concentración, alteraciones en el sueño, disfunción sexual, limitación para tomar decisiones.
No te pega físicamente, pero ataca tu integridad moral y psicológica. Implementa estrategias de intimidación, desprecio, chantaje, humillación, insultos y/o amenazas de todo tipo. Son comportamientos sistemáticos, sutiles y, en algunas ocasiones, imperceptibles para otras personas. Por ejemplo, te dice: “No sirves para nada, inútil”, “Eres una niña, madura”, “Si me sigues reclamando, te dejo”. Te dejar de hablar por días, un silencio que duele; te impide hablar con tu familia y amigos.
Por su parte, en la violencia económica tu pareja es la que manipula el dinero, no te lo permite a ti y todos los bienes están a su nombre. No importa si tú eres la que lleva el dinero a la casa, te lo controla. No puedes participar en las decisiones económicas del hogar y estás obligada a rendirle cuentas de todo gasto. Tu pareja es la que decide unilateralmente cómo y en qué se gastan el dinero. Te impide estudiar o trabajar para evitar que logres tu independencia económica, haciéndote creer que, sin tu pareja, no podrías sobrevivir. Esta clase de agresiones son muy difíciles de percibir porque se presentan bajo una apariencia de “colaboración entre pareja”.
Este tipo de violencias se pueden denunciar en las comisarías de familia, pero un caso reciente develó las falencias que el sistema tiene, especialmente para las mujeres que denuncian. Un niño de cinco años fue asesinado por su padre, Gabriel Enrique González Cubillos, quien cometió el homicidio para “vengarse” y lastimar a su expareja, Consuelo González, tras su reciente separación. Pese a que la mujer denunció el acoso del que era víctima antes del asesinato de su hijo, una comisaría de familia permitió que el sujeto visitara y saliera con el niño.
