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El inicio del 2023 estuvo marcado en Colombia por la ocurrencia de distintos hechos de violencias de género. Una de las formas de esta violencia fue el acoso en espacios universitarios y se dieron a conocer testimonios de estudiantes que señalaban a sus profesores por actos sexuales no consensuados. Los casos más mediáticos han sido el de Víctor de Currea-Lugo, quien tuvo que rechazar la oferta de una embajada de Colombia debido a que diferentes mujeres contaron haber sido acosadas por él; y Porfirio Ruiz, quien fue destituido de la Universidad Nacional por hostigar sexualmente a uno de sus alumnos. A propósito de estas denuncias, El Espectador analiza en este artículo la existencia, el uso y la efectividad de los protocolos para atender el acoso y las violencias en las instituciones de educación superior del país. (¿Hasta dónde vamos a cancelar a Ciro Guerra y a Víctor de Currea?)
Desde 2008, cuando se promulgó la ley sobre discriminación y violencia contra las mujeres, se ordenó al Ministerio de Educación implementar medidas de prevención, capacitación y protección hacia las violencias de género en las instituciones educativas del país. Una década después, en 2018, la Corte Constitucional dictó unos lineamientos para que la educación superior fuera más inclusiva y con perspectiva de género, componentes que, según la justicia, deben ser garantizados e incorporados. (Las propuestas del PND contra la violencia hacia mujeres y personas LGBT)
Sin embargo, no fue hasta julio del año pasado, que el Ministerio de Educación le pidió a las universidades del país presentar sus protocolos de prevención, detección y atención de Violencias Basadas en Género (VBG), que incluye al acoso sexual. Hasta el pasado 26 de enero, cerca de 261 instituciones presentaron sus protocolos y la entidad anunció que los está evaluando y planea presentar un primer informe en marzo de este año.
El caso de Víctor de Currea revivió señalamientos que existían en su contra por presunto acoso sexual, mientras fue profesor en la Universidad Javeriana y Universidad Nacional entre los años 2011 y 2015. Varias mujeres, algunas exalumnas de él, contaron que las invitaba a salir por redes sociales y las invitaba a su casa, donde ocurrirían situaciones sexuales no consensuadas. La publicación de los testimonios puso en evidencia que, para la fecha en la que sucedieron los hechos, las instituciones no tenían mecanismos de atención a las VBG y de recepción de denuncias.
El Espectador consultó a las universidades Javeriana y Nacional y, para el periodo que Currea fue docente, no existen denuncias formales ni procesos disciplinarios en su contra. “Víctor de Currea- Lugo estuvo vinculado, mediante contrato de trabajo, como profesor asociado tiempo completo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales entre el 16 de agosto de 2011 y el 1 de diciembre de 2014. No existen denuncias formales ni procesos disciplinarios en su contra. El motivo de desvinculación de la universidad fue renuncia voluntaria”, respondió a este diario la Javeriana. En la Nacional, De Currea fue profesor ocasional de la asignatura Estudios sobre Oriente Medio, entre agosto y diciembre de 2015. “No se registran trámites disciplinarios activos o finalizados”, afirmó a El Espectador la entidad.
Esto está relacionado con que no fue sino hasta el 2018 que la Javeriana implementó formalmente su protocolo. Antes de eso, las denuncias eran atendidas directamente por los decanos, y se expidieron rutas de atención. Por su parte, la Universidad Nacional adoptó su protocolo para atender estas denuncias en 2017. No obstante, los señalamientos públicos relatan que era un conocimiento “a voces” en las facultades, aun cuando los casos no están radicados oficialmente. (La violencia que parece invisible, que te humilla, pero no te da golpes)
Como mencionan las abogadas investigadoras María Ximena Dávila y Nina Chaparro en el libro “Acoso sexual, universidades y futuros posibles”, la violencia sexual en el entorno universitario apenas salió a la luz en los últimos años. Esto tiene que ver con que los hechos muchas veces ocurren fuera de los campus y por ello estaba el imaginario de que las instituciones no podían hacer nada al respecto. Sin embargo, esto no es así, pues al estar inmersos en un contexto universitario, independiente del lugar en el que ocurrió el acoso, “allí emergen disparidades de poder en términos de género, orientación sexual y, especialmente, posición académica”, explican las investigadoras.
No obstante, la existencia de protocolos y herramientas no garantiza una atención efectiva a los casos. Según Dejusticia, entre 2019 y 2020, hubo 423 denuncias por acoso en universidades, de las cuales 83 fueron por acoso sexual. Solo en aproximadamente el 10% de los casos por violencia sexual se aplicaron sanciones contra los agresores, esto quiere decir que 75 casos quedaron en total impunidad. Asimismo, el 90 % de las víctimas fueron mujeres y el 98 % de los agresores hombres.
La dilatación en las investigaciones al interior de las universidades lleva a que muchas víctimas prefieran dar a conocer sus casos en las redes sociales. Esto fue lo que ocurrió en el caso contra Porfirio Ruiz, exdecano de la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, quien es señalado de acosar sexualmente a tres estudiantes. Entre 2018 y 2019, los estudiantes instauraron quejas ante la universidad y pidieron investigar al docente, sin embargo, no fue hasta inicios de febrero de este año que el tribunal disciplinario de la institución lo sancionó en primera instancia con 20 años de inhabilidad por uno de los casos. (Puso mi mano en su pene: el tercer denunciante del profesor Porfirio Ruiz)
Si bien el caso contra Ruiz es el primero conocido en el que la Universidad Nacional sanciona una conducta de acoso sexual contra hombres gais, el que tomara casi cinco años representa una revictimización, explica Colombia Diversa, organización que acompañó los casos por solicitud de los denunciantes. Aunque la universidad cuenta con un protocolo, “deben existir rutas claras y redes de apoyo para los hombres gais que decidan denunciar, muchos se quedan en silencio por miedo a las represalias, la vergüenza o ser percibidos como débiles”, añade la organización.
Según las fuentes consultadas por este diario, hay un patrón en el desarrollo de estas situaciones de acoso. De cierto modo, empiezan con una atención especial por parte del profesor hacia las cualidades académicas de la o el estudiante. Luego, continúan con invitaciones en lugares fuera de la universidad. Y finalizan con solicitudes de encuentros sexuales a cambio de algún beneficio o reconocimiento. Además, al momento de ser señalados, los docentes excusan sus comportamientos en “coquetería”, “chistes subidos de tono” o incluso que están siendo sacados de contexto. (¿Por qué culpamos a las víctimas de sus feminicidios y no a sus agresores?)
El que muchas personas prefieran acudir a colectivas estudiantiles y redes sociales para denunciar se debe a una alta desconfianza al manejo que las instituciones les dan a estos hechos. “Es claro que hay una brecha entre las instituciones y las estudiantes, particularmente porque las universidades han demostrado ser absolutamente negligentes a la hora de investigar desde un enfoque de género”, explica Mónica Godoy, antropóloga y magíster en género.
Valeria Jiménez, Isabella Pérez y María Camila Parra, estudiantes pertenecientes a la colectiva feminista Polifonía de la Universidad Javeriana, la cual ha sido utilizada como plataforma de denuncia pública por estudiantes y por ello fue consultada por la institución para realizar los ajustes en su protocolo, afirman que, “mientras haya desconfianza, las colectivas siguen jugando un rol muy importante”. Ellas explican que, si bien el nuevo protocolo tiene avances significativos, como que las rutas de atención pueden ser activadas por terceros con la autorización de las víctimas, aún hay barreras burocráticas. La principal preocupación está en hacer efectivos los procesos disciplinarios, pues el nuevo protocolo permite solicitar prórrogas y esto podría implicar años sin una solución efectiva, como lo que sucedió en la Nacional con el caso contra Ruiz.
A pesar de que técnicamente las universidades no pueden activar sus protocolos si la denuncia no es radicada formalmente, el que las personas prefieran hacer sus casos públicos por otros medios es algo que debe ser tomado en consideración. Luz Ángela Gómez, investigadora feminista y defensora de derechos humanos, explica que usar las redes sociales para denunciar no es violar el debido proceso, ya que es una respuesta a la falta de compromisos serios por parte de las instituciones. Asimismo, como aseguran las integrantes de Polifonía, esto ayuda a las víctimas a sanar y entender que no están solas.
El que cerca de 261 instituciones cumplieran con el llamado del Ministerio de Educación muestra que avanzan gradualmente en la implementación de protocolos contra el acoso y las VBG, de acuerdo con Godoy. Sin embargo, las tareas pendientes que tienen las universidades son la socialización efectiva de estas normativas con la comunidad académica, el seguimiento y cumplimiento de estas y, como explican las fuentes expertas consultadas, demostrar que efectivamente son procesos acordes a los derechos humanos y un enfoque diferencial de género que respete el debido proceso de los implicados.
