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Durante 32 años, nunca ha habido una mujer dirigiendo la Defensoría del Pueblo. Este año, el gobierno colombiano abrió una convocatoria pública para la terna, con un total de 79 candidaturas, de las cuales 39 pertenecen a mujeres. Organizaciones sociales y liderazgos territoriales presentaron las hojas de vida de candidatas con una amplia trayectoria en temas de derechos humanos, género y territorio: desde académicas, lideresas sociales, hasta mujeres con experiencia en la política colombiana. ¿Podría ser esta la primera vez que haya una defensora del Pueblo en Colombia? ¿Sería pertinente con la situación actual del país? ¿En qué podría hacer la diferencia?
El pasado 13 de junio, tres plataformas de Derechos Humanos (La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos) le enviaron una carta abierta al presidente Gustavo Petro indicando algunos criterios para la elección de la persona que dirigirá la Defensoría del Pueblo, agregando que la terna debería estar conformada por mujeres, pues “sentaría un precedente muy importante en términos de paridad de género, y además permitiría que una mujer ocupe por primera vez en 32 años en la historia de Colombia el cargo de Defensora del Pueblo.”, se menciona en la comunicación.
Sin embargo, estos no son los únicos argumentos que podrían motivar a diversos sectores sociales a respaldar una terna de mujeres. En entrevista con El Espectador, Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas, subraya que además de la deuda histórica del país en términos de paridad de género, una mujer podría abordar con un enfoque diferencial otras problemáticas prioritarias: el desplazamiento forzado, la reforma rural, la implementación del Acuerdo de Paz, la migración, la violencia contra líderes sociales y las violencias de género. Muchas de estas situaciones afectan de manera desproporcionada a las mujeres en el país.
“Ya es hora de que las acciones de la Defensoría en pro de las mujeres, líderes y comunidades rurales no sea cuestión de una sola funcionaria con buenas intenciones o de una delegada. Es necesario que haya un lineamiento estratégico de toda la institución desde la cabeza”, agrega Ana María Rodríguez.
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Y es que las problemáticas que aborda la experta no están muy alejadas de la realidad colombiana. Por ejemplo, en temas de desplazamiento forzado, solo en 2023 la Defensoría del Pueblo reportó cerca de 121.000 víctimas, sumando estas personas a las cifras históricas del país, que rondan entre las 8,5 millones personas desplazadas hasta diciembre de 2023. Una situación que afecta principalmente a mujeres de zonas rurales en términos más allá del conflicto armado: su economía, salud mental, violencia sexual y tejido social.
Otro ejemplo es el tema de la migración. Según datos recopilados por Migración Colombia, se estima que a finales de 2022 había en el país cerca de 2,4 millones de migrantes venezolanos, de los cuales más del 51% eran mujeres. Muchas de ellas relegadas al trabajo doméstico, sin garantía de derechos fundamentales como la salud, la educación y el empleo formal, y expuestas a una vulnerabilidad mayor frente a las violencias de género.
Y, según el último informe de Medicina Legal, la violencia intrafamiliar en Colombia va en alza. De enero a abril de 2024, se reportaron 20.638 casos de este tipo de violencia, y más de 15 mil dirigidos hacia mujeres. En materia de feminicidios, el Observatorio de Feminicidios reporta 417 casos hasta finales de junio de 2024.
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Estos son algunos de los ejemplos que demuestran la situación actual del país en temas de género. Según Ana María Rodríguez, una mujer en el cargo de defensora del Pueblo podría abordar estas problemáticas desde un enfoque interseccional. “Hemos visto claramente que las mujeres en Colombia son más de la mitad de la población, son sujetos particulares de diversas formas de violencia y discriminación, y se necesita una acción diferenciada para lograr la transformación de su situación”, apunta.
Para ella, si bien es importante el componente de justicia y sanción de todo tipo de violencias, en especial las de género, la Defensoría del Pueblo cumple un rol fundamental en estas situaciones. “Esta institución es la encargada de la difusión de los derechos humanos y en esa misma línea, de combatir los componentes culturales que rigen las violencias de género”, afirma la experta.
Por otro lado, algunas organizaciones sociales también apoyan la propuesta de establecer una terna de mujeres. “La actual Defensoría del Pueblo está en deuda con las mujeres y con la población LGBTIQ+. Necesitamos pronunciamientos fuertes y respuestas efectivas frente a al violencia de género y la discriminación”, afirma Diana Salcedo, directora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz, en entrevista con El Espectador.
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Desde su punto de vista, la Defensoría es una institución importante para combatir la violencia en los territorios más alejados, pues cuenta con una fuerte presencia institucional. Sin embargo, “no ha sido suficientemente impulsada la agenda de derechos de las mujeres y las diversidades al interior de la magistratura moral de la Defensoría del Pueblo”, añade Salcedo. Según argumenta, bajo el liderazgo de una mujer, esta institución no se encargaría únicamente de los asuntos jurídicos, sino del reconocimiento de otras categorías en el marco de los derechos humanos y de otras respuestas necesarias de la institucionalidad.
Ambas expertas coinciden en que este cargo de dirección muchas veces se elige bajo intereses y favores políticos. No obstante, con la convocatoria pública de postulaciones, guardan la esperanza de que este sea un proceso transparente en donde se elija a una persona por su trayectoria profesional y experiencia en temas relacionados a los derechos humanos.
¿Un gobierno comprometido con la paridad de género?
Lo cierto es que no hay un panorama seguro para que la próxima cabeza de la Defensoría del Pueblo sea una mujer. Para las expertas, sería un mensaje coherente con la bandera feminista que el presidente ha impulsado su Gobierno desde épocas electorales. “El Gobierno ha manifestado un claro compromiso con los derechos de las mujeres y de las minorías étnicas, lo hemos visto en la designación de la primera mujer afrocolombiana como vicepresidenta, en la adopción de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre otras acciones. Por lo que esta es una oportunidad para poner en este cargo a una mujer”, menciona Ana María Rodríguez.
“El Estado tiene que garantizar diferentes acciones y medidas para lograr la igualdad, lograr la igualdad no significa darle a todo el mundo lo mismo, sino que requiere ciertos pasos de equidad para lograr la igualdad. Este no es un país igualitario, todavía necesitamos muchos pasos para que las mujeres podamos estar en las mismas condiciones para el acceso a cargos de poder. Actualmente en la Defensoría las labores de las mujeres corresponden al cuidado y no al poder”, concluye Diana Salcedo.
Mientras el proceso de selección sigue andando, por el momento no hay ninguna certeza de que la terna es exclusiva de mujeres. Según la información oficial, se espera que antes de septiembre el presidente Petro entregue a los 183 representantes de la Cámara una lista con tres nombres opcionados para este cargo.
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Entre la lista de 75 personas que ya está revisando el Departamento Administrativo de la Función Pública, hay algunos nombres que resuenan entre las fuentes cercanas a la presidencia: el exministro de Justicia, Néstor Osuna; la vicepresidenta del Cajar, Jomary Ortegón; la magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, Iris Marín; el excandidato del Pacto Histórico para la Gobernación del Cauca, Juan Diego Castrillón; y la abogada feminista María Cristina Hurtado.
