Este martes, durante el debate en el Congreso de la República sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND), se eliminó, con 122 votos a favor y ninguno en contra, el artículo 304 que buscaba crear de una Política de Derechos Sexuales y Reproductivos. Mientras sectores conservadores lo han tildado como “un triunfo contra la imposición de la educación sexual ideologizada”, desde el movimiento feminista aseguran que su eliminación fue el “camino menos grave”, pero que sigue constituyendo una vulneración a los derechos humanos. (El alquiler de vientre en Colombia, ¿se va a regular?)
De acuerdo con el texto inicial del PND, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer iban a formular, de forma participativa y articulada, una nueva Política de Derechos Sexuales y Reproductivos. Esta debía tener “enfoques de género, discapacidad, étnico-territorial y de curso de vida”, según se lee en el documento. (En Colombia había 23 depredadores sexuales en serie y así fueron capturados)
Sin embargo, a finales del mes de abril, cuando entró en discusión el artículo que buscaba la creación de esta política, la llamada “bancada del comité provida”, compuesta por al menos 60 congresistas, pretendía eliminarlo en su totalidad. Karina Espinosa Oliver, senadora por el Partido Liberal, también conocida por radicar la “Ley cero cachos”, repartió “fetos” de plástico entre los asistentes y proyectó un video con información falsa sobre el aborto. Esto provocó que las palabras “derechos reproductivos” fueran eliminadas del proyecto, aunque se mantuvo la mención de los “derechos sexuales”.
Los derechos sexuales y reproductivos son, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), derechos humanos que buscan asegurar y proteger que todas las personas podamos vivir de forma autónoma, informada y libre de discriminación y violencias, nuestra sexualidad y reproducción. Esto implica, por ejemplo, poder decidir si tener o no relaciones sexuales, expresar la orientación sexual o identidad de género sin miedo, que el sistema de salud garantice la confidencialidad cuando le confiamos nuestra intimidad sexual, acceder a métodos anticonceptivos o decidir si se quiere o no tener hijos.
Al incluir en el Plan Nacional de Desarrollo la creación de una política pública en este asunto, se pretendía, por ejemplo, implementar estrategia para prevenir el embarazo en adolescentes, erradicar el matrimonio infantil, promover el acceso a métodos anticonceptivos y reducir las barreras a la interrupción voluntaria del embarazo. De la misma forma, dentro de las bases del PND se proponía un programa de educación integral para la sexualidad enfocada en la eliminación de las violencias y promoción de las “relaciones sanas basadas en el respeto”. (¿Indemnización por acoso sexual? El caso de una estudiante que lo logró)
Como argumentan desde el movimiento Causa Justa, separar los derechos sexuales de los derechos reproductivos resulta anticonstitucional. “Son derechos humanos fundamentales, autónomos e interdependientes que han sido reconocidos por el Bloque de Constitucionalidad colombiano y por tratados internacionales, de esta forma no se puede hablar de una política de derechos sexuales sin los reproductivos”, argumenta Laura Castro, coordinadora de La Mesa por la vida y la salud de las mujeres.
En ese sentido, esta semana “la idea era revivir el artículo 304 en su versión inicial”, explica la representante a la Cámara Jennifer Pedraza. Pero, al no haber viabilidad política durante el debate para incluir los derechos reproductivos y con el fin de agilizar el trámite del Plan de Desarrollo en el legislativo, se optó por eliminarlo. “Esto es muy crítico porque el PND plantea las prioridades de un gobierno y ahora esperamos que, aunque no esté incluido como un artículo, pues el gobierno se ‘ponga la 10′ para actualizar esta política pública”, añadió la congresista. (Los problemas del proyecto de ley que propone adoptar fetos desde el vientre)
Por otra parte, varios congresistas del Partido Conservador, encabezados por el senador Mauricio Giraldo y el representante Luis Miguel López, han celebrado este hecho como un triunfo del “#ConMisHijosNoTeMetas”. Los congresistas argumentaban que con el articulado el Gobierno tenía la libertad de hacer lo que “quisiera al imponer una política nacional sexual”. Además, en palabras de López, supuestamente lo que se buscaba con el artículo 304 era “como sea imponer la educación sexual ideologizada en los colegios”.
Beatriz Quintero, activista y coordinadora de la Red Nacional de Mujeres, explica que en Colombia es una obligación garantizar los derechos y servicios de salud sexual y reproductiva, por lo que el contemplarlo dentro de las bases del PND y sus artículos lo que buscaba era facilitar su implementación y acceso. “Nosotras no vamos a retroceder, por eso creo que ayer realmente no perdimos porque tampoco se permitió que quedara un artículo incoherente”, dice Quintero. La activista también hace un llamado a recordar que cuando se habla de derechos reproductivos no se puede reducir únicamente al aborto. (La exposición que recupera el cuerpo y la memoria de las mujeres y personas LGBTIQ)
En esta misma línea, la abogada Aura Cuasapud cuestiona la desinformación y la falta de compromiso con los derechos sexuales y reproductivos. “No entienden que estos derechos tienen que ver con la dignidad de las mujeres, la autonomía reproductiva, la reducción de la mortalidad materna, el acceso a la información y a métodos anticonceptivos. No importa cuántos exhortos, cuántos llamados se le hagan, cuántas obligaciones tengan con nosotras: el Congreso es un escenario inviable”, opinó la abogada por medio de su cuenta de Twitter.
Vale la pena mencionar que la política de derechos sexuales y reproductivos existe en Colombia desde el año 1992, pero esta debe actualizarse periódicamente, un proceso que no se ejecuta desde el 2021. Por esta razón, la Corte Constitucional, en la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24, hizo un llamado al Gobierno para diseñar e implementar esta política lo más pronto posible. Así, aunque ya no esté mencionada en el PND, no significa que no haya lineamientos, normativas y recursos que, eventualmente, desarrollen esta política.
