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¿Cómo sería denunciar una violación sin que supusiera revictimización? ¿Que quien recibiera la denuncia no preguntara a la víctima si ella provocó la violación? ¿Que no juzgara cómo iba vestida? ¿Que el proceso no durara años impidiéndole a la víctima rehacer su vida? ¿Que tal si la Fiscalía investigara el homicidio de un hombre gay sin asumir primero que se buscó su muerte por “promiscuo”? Eso y más es lo que cambiaría con la nueva reforma a la justicia, que un grupo de 40 expertos y expertas cocina hace meses y cuyo primer paquete de propuestas se presentaría el próximo 20 de julio.
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La Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, en cabeza de la abogada Mariana Ardila Trujillo, junto a sus asesoras Enith Bula Beleño y María Alejandra López, puso sobre la mesa la idea de crear juzgados penales especializados en atender casos de violencias basadas en género y por prejuicio, tales como feminicidio, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. En términos prácticos, eso implicaría tener funcionarios formados y con experiencia en abordar estos casos, y con dedicación exclusiva a éstos. ¿Cómo lograrlo? Podría ser con algunos cambios internos de entidades como el Consejo Superior de la Judicatura, pero, por ahora, la carta por la que más se inclinan es un proyecto de ley.
La propuesta no se limita a crear juzgados penales especializados en estas violencias, sino que habla de conformar un sistema de atención, protección, investigación y judicialización que abarca más allá de lo penal. Por ejemplo, crear cuerpos de investigación especializados en la Fiscalía, así como programas de atención psicosocial, medidas para que la víctima no sea confrontada con su agresor y reglas de valoración de la prueba para casos de violencia sexual. Contempla, además, que haya una autoridad como las comisarías de familia que pueda brindar medidas de protección inmediata a las víctimas fuera del contexto familiar, y que éstas no tengan que esperar a un proceso penal para pedir auxilio.
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Aunque por ahora todas son ideas en construcción y ninguna está escrita en piedra, la violencia de género es un hecho en el país. De acuerdo con Sisma Mujer, el año pasado Medicina Legal realizó 15.194 exámenes para determinar si hubo delitos sexuales. Casi el 88% de estos se practicaron a mujeres, la mayoría menores de edad. El 86% de las víctimas de violencia intrafamiliar ejercida por la pareja o expareja fueron mujeres, así como también representaron el 82% de las víctimas de casos de violencia psicológica. Además, según la Fiscalía y Caribe Afirmativo, en 2023, una persona LGBTIQ+ fue asesinada cada 56 horas en el país. Hay pocos avances en la investigación y judicialización de estos casos.
Con estos y otros argumentos, la propuesta de las abogadas del Minjusticia ya fue socializada en la subcomisión de justicia inclusiva y diversa, uno de los grupos en los que se dividieron las personas expertas que están elaborando la nueva reforma a la justicia, que ha escuchado a diversos sectores, desde las altas cortes, Fiscalía, sindicatos, academia, sociedad civil y pueblos indígenas. Pese a ser tan dispares, hay un consenso en decir al menos que el sistema de justicia colombiano necesita algo nuevo para tener enfoques diferenciales, entre los que está el abordar de mejor manera los casos concernientes a las mujeres y las personas LGBTIQ+.
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“Esta propuesta intenta ser una respuesta para solucionar los obstáculos, las demoras y las revictimizaciones que hoy enfrentan las víctimas. No es un tema de jueces y fiscales únicamente, sino también, por ejemplo, las comisarías de familia y el sistema de salud, que no se dialogan entre sí”, explica la abogada María Alejandra López. ¿Por qué la justicia suele revictimizar a las mujeres y personas LGBTIQ+ que acuden al sistema? La Fiscalía dice que tiene fiscales especializados y que son los jueces los que fallan. La Judicatura dice que es al revés, que ya ha hecho pilotos con jueces especializados y que el problema es la Fiscalía.
“Podría haber una coordinación mucho más engranada. El ahondar en los datos y en las conversaciones nos ha llevado a la idea de que no es solo una cuestión jueces y fiscales o ambos, sino que realmente tiene que ser una cadena mucho mejor articulada, pero que sí sea especializada”, agrega Mariana Ardila Trujillo, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia.
En el mismo sentido, la abogada Enith Bula Beleño, quien ha estudiado la experiencia de países que hoy cuentan con una justicia especializada en género, concluye que una de las lecciones aprendidas es que no sirve tener al juez especializado aislado, sino que debe estar integrado al sistema. Hay todo tipo de actores que deben estar involucrados con este enfoque de género, incluyendo servicios médicos, psicosociales, casas de refugio y servicios comunitarios.
Kenia es un ejemplo de esto. La investigación del Minjusticia asegura que, en 2022, el país africano estableció por primera vez un tribunal especializado para manejar casos de violencias basadas en género y modernizó sus tecnologías para permitir que los procesos se desarrollen virtualmente, logrando que las personas no tengan que recorrer largas distancias para atender las diligencias judiciales.
Esos procesos duran en promedio entre dos y tres meses. También han implementado las “sentencias suspendidas” en casos de violencia intrafamiliar, que es la posibilidad de suspender la condena en contra de un agresor por petición o acuerdo con la denunciante, dado que las víctimas suelen querer retirar o detener los procesos en contra de sus parejas. Pero, de ser denunciado nuevamente, se levanta la suspensión y el agresor tiene que cumplir la sentencia.
Otras de las experiencias internacionales analizadas fueron las de Sudáfrica, que cuenta con cortes especializadas para atender casos de violencias sexuales; la de Guatemala, donde se crearon juzgados especializados en feminicidio y otras violencias contra las mujeres; y la argentina, que incluyó fiscalías especializadas en violencia de género y violencia doméstica. Aunque hay puntos positivos que se destacan, persisten algunos retos como lograr el uso de las tecnologías, articular todo el sistema (no solo juzgados), garantizar el acceso de víctimas en zonas rurales, y brindar un acompañamiento jurídico y psicosocial integral a las víctimas.
Las buenas prácticas de este análisis comparado que hizo el Minjusticia sugieren que es positivo que los juzgados de violencias basadas en género cuenten con instancias o cortes de apelación también especializadas en violencias basadas en género; que se creen mecanismos de seguimiento y monitoreo a ese trabajo para mejorar el desempeño; que se creen fiscalías especializadas; y que se creen opciones para las mujeres cuidadoras, para que puedan participar en los procesos. Por ejemplo, disponer de guarderías que cuiden de los hijos y las hijas de las mujeres mientras ellas asistan a las diligencias judiciales.
Se espera que esta información y la propuesta del Minjusticia sigan siendo socializadas en las próximas semanas. La iniciativa es distinta a la de la bancada de mujeres en la Cámara de Representantes, que hace poco radicó un proyecto de ley en el mismo sentido. La primera quiere crear una especialidad en la jurisdicción ordinaria, que ya existe y tiene un proceso definido, y también está pensada para las personas LGBTIQ+. Mientras que la segunda supondría crear una nueva jurisdicción con reglas nuevas, que atendería casos en los que se les ha ocasionado daños solo a las mujeres, por razones de género.
