Se está elaborando una ley modelo para sancionar la violencia digital contra mujeres

“Durante la pandemia, el mundo virtual se convirtió en el mundo real que habitamos una parte de la población”. Así lo indica Luz Patricia Mejía, secretaria técnica de MESECVI, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Esta convención interamericana fue creada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para erradicar la violencia contra la mujer.

Sin embargo, Mejía advierte que muchas personas desconocen que habitar la virtualidad representa un riesgo para las mujeres, pues allí también se ejerce violencia contra ellas. “En el mundo digital se extiende la misma violencia que sufren las mujeres en las calles”. También explica que existe un vacío enorme en la región, no solo jurídico, sino de políticas públicas y medidas coordinadas con las plataformas digitales, que permitan abordar la violencia facilitada por las nuevas tecnologías.

Por eso, MESECVI, con el apoyo de organizaciones como Equiality Now, ONU Mujeres, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, entre otras, empezaron un largo proceso para desarrollar una ley modelo que le dé a los Estados latinoamericanos estándares y marcos legales que sean claros y les sirvan de referencial para regular, prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia en línea contra mujeres.

Bárbara Jiménez Santiago, abogada de derechos humanos y representante de Latinoamérica y el Caribe de Equality Now, una organización de la sociedad civil que aboga por la protección y promoción de los derechos de niñas y mujeres, explica que la violencia digital tiene muchas manifestaciones: el sexting, la publicación de imágenes no consentidas, amenazas en línea, acoso cibernético, mensajes de odio, acercamientos a través de redes sociales que pueden terminar en la violencia que se perpetúa en persona y hasta la explotación sexual.

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La abogada asegura que, incluso, hay mujeres que ya están tratando de denunciar acoso y acercamientos no consentidos dentro de los mundos virtuales. Durante una conversación con expertas, organizaciones y víctimas de violencia digital el pasado primero de diciembre en Washington D.C., en el marco de los diálogos para empezar el proceso de esta ley, se planteó la teoría de que “todas estas manifestaciones tienen que ver con violencia sexual. Los mensajes de odio, el acoso cibernético, las amenazas, todo está relacionado con nuestro cuerpo y con la violencia que podrían ejercer sobre él”.

Por eso, la creación de la ley modelo es tan importante. Luz Patricia Mejía explica que el proceso es también la oportunidad de poner en la agenda esta conversación, pues el documento es la desembocadura de un diálogo con organizaciones dedicadas a temas de género, mujeres con procesos en esta materia, agencias de las Naciones Unidas, plataformas digitales, gobiernos aliados, víctimas, defensoras de derechos humanos y expertos en libertad de expresión.

No obstante, Jiménez explica que llegar al documento final implica varios retos: que las compañías tecnológicas se comprometan y tengan políticas que protejan a las mujeres; poder balancear la regulación con el derecho a la libertad de expresión, sobre todo en los países latinoamericanos, que tanto dependen de ella; y lograr escribir un documento que responda a la rapidez con la que avanza la tecnología para que, “cuando por fin sea terminado, no esté caducado y tengamos que volver a empezar”.

Pero el reto más grande de todos es la implementación; que la ley no sea solo un documento formal, sino que venga acompañada con políticas públicas y procesos de alfabetización digital. “Es importante que las mujeres conozcan a dónde tienen que acudir, cuáles son los organismos involucrados y que pueden exigir el mejoramiento de la legislación nacional. Debe haber políticas públicas que nos permitan aprender a prevenir violencias, para que las plataformas sean una herramienta de progreso, de garantías de derechos y de mayor capacidad de atención. No solo de violencia”, asegura la secretaria técnica de MESECVI.

Lea: Infancias trans: ¿un proyecto de ley pone en riesgo sus derechos?

“Durante la pandemia, el mundo virtual se convirtió en el mundo real que habitamos una parte de la población”. Así lo indica Luz Patricia Mejía, secretaria técnica de MESECVI, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Esta convención interamericana fue creada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para erradicar la violencia contra la mujer.

Sin embargo, Mejía advierte que muchas personas desconocen que habitar la virtualidad representa un riesgo para las mujeres, pues allí también se ejerce violencia contra ellas. “En el mundo digital se extiende la misma violencia que sufren las mujeres en las calles”. También explica que existe un vacío enorme en la región, no solo jurídico, sino de políticas públicas y medidas coordinadas con las plataformas digitales, que permitan abordar la violencia facilitada por las nuevas tecnologías.

Por eso, MESECVI, con el apoyo de organizaciones como Equiality Now, ONU Mujeres, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, entre otras, empezaron un largo proceso para desarrollar una ley modelo que le dé a los Estados latinoamericanos estándares y marcos legales que sean claros y les sirvan de referencial para regular, prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia en línea contra mujeres.

Bárbara Jiménez Santiago, abogada de derechos humanos y representante de Latinoamérica y el Caribe de Equality Now, una organización de la sociedad civil que aboga por la protección y promoción de los derechos de niñas y mujeres, explica que la violencia digital tiene muchas manifestaciones: el sexting, la publicación de imágenes no consentidas, amenazas en línea, acoso cibernético, mensajes de odio, acercamientos a través de redes sociales que pueden terminar en la violencia que se perpetúa en persona y hasta la explotación sexual.

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La abogada asegura que, incluso, hay mujeres que ya están tratando de denunciar acoso y acercamientos no consentidos dentro de los mundos virtuales. Durante una conversación con expertas, organizaciones y víctimas de violencia digital el pasado primero de diciembre en Washington D.C., en el marco de los diálogos para empezar el proceso de esta ley, se planteó la teoría de que “todas estas manifestaciones tienen que ver con violencia sexual. Los mensajes de odio, el acoso cibernético, las amenazas, todo está relacionado con nuestro cuerpo y con la violencia que podrían ejercer sobre él”.

Por eso, la creación de la ley modelo es tan importante. Luz Patricia Mejía explica que el proceso es también la oportunidad de poner en la agenda esta conversación, pues el documento es la desembocadura de un diálogo con organizaciones dedicadas a temas de género, mujeres con procesos en esta materia, agencias de las Naciones Unidas, plataformas digitales, gobiernos aliados, víctimas, defensoras de derechos humanos y expertos en libertad de expresión.

No obstante, Jiménez explica que llegar al documento final implica varios retos: que las compañías tecnológicas se comprometan y tengan políticas que protejan a las mujeres; poder balancear la regulación con el derecho a la libertad de expresión, sobre todo en los países latinoamericanos, que tanto dependen de ella; y lograr escribir un documento que responda a la rapidez con la que avanza la tecnología para que, “cuando por fin sea terminado, no esté caducado y tengamos que volver a empezar”.

Pero el reto más grande de todos es la implementación; que la ley no sea solo un documento formal, sino que venga acompañada con políticas públicas y procesos de alfabetización digital. “Es importante que las mujeres conozcan a dónde tienen que acudir, cuáles son los organismos involucrados y que pueden exigir el mejoramiento de la legislación nacional. Debe haber políticas públicas que nos permitan aprender a prevenir violencias, para que las plataformas sean una herramienta de progreso, de garantías de derechos y de mayor capacidad de atención. No solo de violencia”, asegura la secretaria técnica de MESECVI.

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