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La llegada de Armando Benedetti como nuevo asesor político del presidente Gustavo Petro ha reavivado dudas sobre el compromiso del Gobierno nacional con los derechos de las mujeres. Con Benedetti, son al menos cinco hombres cercanos al mandatario que han sido denunciados por violencias basadas en género, lo que ha generado cuestionamientos a los que el presidente no ha dado respuesta aún.
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Benedetti, que ocupaba el cargo de embajador de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), hace unos días había anunciado que inició un proceso de rehabilitación y desintoxicación por problemas con drogas y alcohol. Él presentó su renuncia ante la Casa de Nariño el pasado lunes, 25 de noviembre, argumentando que quería dedicarse a “temas personales” y a su “salud”. Sin embargo, ese mismo día, y en medio de la conmemoración por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Petro anunció que sería su asesor presidencial.
Y es que el ahora asesor ha sido señalado en distintas ocasiones por violencia contra las mujeres. Como recordó en un video la Defensora del Pueblo, Iris Marín, Benedetti fue acusado por comentarios y expresiones misóginas y denigrantes contra Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exjefa de gabinete de Petro. A mediados del año pasado, se conocieron unos audios en los que Benedetti, en más de 30 ocasiones durante 26 minutos, acude a los insultos y otras formas de agresión en contra de Sarabia.
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El más reciente caso, y por el que varios integrantes del Pacto Histórico pidieron en su momento su salida del Gobierno, fue por un presunto episodio de violencia de género contra Adelina Guerrero, su esposa, el pasado mes de junio mientras estaban en España. A través de un comunicado, la Cancillería colombiana informó que le había abierto a Benedetti un proceso disciplinario por presunta violencia intrafamiliar, pues la embajada española, reportó un episodio violencia de género en el que Benedetti presuntamente amenazó con un cuchillo y le cortó la ropa a su esposa. Desde entonces, el exembajador ha negado los hechos y hoy 27 de noviembre, Guerrero publicó en su cuenta de X que ella nunca fue agredida por él.
Sin embargo, las reacciones en contra del nombramiento del político como asesor presidencial sugieren que esto representa una ofensa para las mujeres y las víctimas de violencia de género. “¿Qué mensaje se enviaría al país, precisamente en los días en que nos indignamos por la grave crisis de derechos humanos de las mujeres, si se llegara a nombrar al señor Benedetti en el cargo?”, dijo la Defensora de Pueblo, quien también sugirió que su nombramiento alienta el machismo del país.
Por su parte, la congresista del Pacto Histórico, Alexandra Vásquez, tildó el nuevo rol de Benedetti como “un golpe para las mujeres”. La representante añadió que espera que la llegada del exembajador “no empañe las iniciativas que se han logrado ni intimide a las mujeres que trabajan en la Casa de Nariño. Su entrada no debería eclipsar nuestras luchas ni justificar comportamientos violentos bajo la excusa de una rehabilitación”. En esta misma línea, Jennifer Pedraza, Representante a la Cámara, manifestó su inconformismo y resaltó que la Corte Suprema de Justicia tiene siete procesos contra “la mano derecha del Presidente”.
Este no es el único caso en el que se le cuestiona al Gobierno su “bandera feminista”
El tema de la violencia de género dentro de los círculos cercanos a la administración Petro no es nuevo. A casos como el de Armando Benedetti se suman a los de Víctor de Currea-Lugo, quien renunció a su cargo como embajador en Emiratos Árabes tras múltiples señalamientos de abuso sexual; Mauricio Lizcano, actual ministro de las TIC, quien fue denunciado por acoso en 2018, cuando era presidente del Senado; el senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, quien tiene un proceso por violencia intrafamiliar agravada; Hollman Morris, actual gerente del sistema de medios públicos, denunciado por acoso sexual, acoso laboral, maltrato y violencia intrafamiliar; y uno de los casos más recientes, Diego Cancino, que habían nombrado presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) pero no asumió el cargo, fue denunciado por tocamientos e intentar besar a la fuerza a una funcionaria del Ministerio del Interior.
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Estos hechos han generado críticas hacia el presidente Petro por la falta de acción contundente ante estas acusaciones y denuncias, especialmente teniendo en cuenta que una de sus mayores promesas de campaña fue abogar públicamente por políticas que protejan a las mujeres y que, en estos años, ha promulgado un discurso aparentemente “feminista”. Si bien, desde su gobierno, se ha avanzado en acciones como la creación del Ministerio de la Igualdad, el nombramiento de estas personalidades en su administración ha sido catalogado como poco coherente.
“¿Cómo se logra avanzar hacia un camino en el que a las mujeres y niñas se les garantice una vida libre de violencias, si quienes están encargados de proteger de manera integral nuestros derechos tienen procesos abiertos por violencias contra las mujeres?”, cuestionó la Red Nacional de Mujeres en un mensaje dirigido al presidente. Así, la organización hizo un llamado al Gobierno nacional para que garantice que los altos cargos de toma de decisión no sean ocupados por personas que tengan procesos abiertos por violencias basadas en género.
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Actualmente, Colombia está enfrentando una crisis por violencias basadas en género. De enero a octubre, el Observatorio Colombiano de Feminicidios de la Red Antimilitarista Feminista registró 745 víctimas de feminicidio. Además, según el Instituto Nacional de Salud, durante el primer semestre de 2024 se registraron 66.621 casos de violencias basadas en género, es decir, un caso cada 4,5 minutos.
