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Dentro del articulado del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, las mujeres y personas LGBTIQ+ son contempladas como claves para este “cambio por la vida” que propone el gobierno de Gustavo Petro. De hecho, a lo largo del documento se establece como pilar la necesidad de adoptar un enfoque de género. Además, busca reducir la discriminación y violencias que se afrontan en materia social, económica, ambiental, educativa, salud, entre otras. Para ello, se plantea la implementación de dos herramientas que permitan a las entidades del Estado trabajar de manera conjunta en la prevención. (Trabajadoras domésticas remuneradas no se sienten incluidas en el PND)
Por una parte, se habla de la creación del sistema de monitoreo de las violencias de género, que tiene la intención de centralizar la información de los casos de violencia y feminicidio en el país. Asimismo, busca crear las rutas de prevención para evitar revictimización y hacer seguimiento para que cada caso, si es necesario, llegue a instancias judiciales. En el documento también se lee que una de sus prioridades es que quienes denuncien no se encuentren con barreras para acceder a un proceso judicial digno. (Violencia basada en género: ¿qué está haciendo el Distrito para prevenirla?)
Cifras de la Defensoría del Pueblo cuentan que, entre 2020 y 2022, fueron atendidos 15.784 casos de violencia de género, de los cuales en el 71% se reportó violencia psicológica. Según Medicina Legal, el año pasado cada ocho horas fue asesinada una mujer. Además, en lo que va recorrido del año el observatorio de Feminicidios Colombia ha registrado 30 casos. (Valentina Trespalacios y un inicio de año que le quita esperanza a Colombia)
Para Yamile Roncancio, directora de la fundación Feminicidios Colombia, el que se proponga un único mecanismo que funcione a nivel nacional es más que necesario. Esto ayudaría a que las mujeres que denuncian en un municipio y que, por algún motivo, se deben desplazar, no tengan que reiniciar sus procesos o que estos pierdan validez. Sin embargo, la experta asegura que pensar este sistema desde el monitoreo es ambiguo. “Monitoreo es estar mirando cámaras y la prevención no se logra así. El PND no dice cómo, ni cuándo, ni quiénes van a ingresar en ese proceso de recolección de datos y no hay claridad de qué acción se va a tomar”, añade.
El subregistro que existe en el país en esta materia también está relacionado con el hecho de que las violencias basadas en género, que busca monitorear el gobierno, no están tipificadas. Esto quiere decir que, hasta este momento, a diferencia del delito de feminicidio, no existen unos marcadores que permitan ver patrones para tomar decisiones y adoptar medidas efectivas. Entonces, el primer reto que afronta esta propuesta, más allá de poner en funcionamiento un mecanismo tecnológico, es cómo este sistema no va a ser solo para reaccionar, sino para prevenir las violencias.
Esta ruta de gobierno también propone crear un mecanismo para la prevención y atención integral de violencias y actos de discriminación a población LGBTIQ+. Esta es la primera vez que un plan nacional de desarrollo tiene directrices concretas para esta población. El objetivo de este mecanismo es definir las rutas, los procesos y procedimientos de prevención, atención e investigación en casos de violencia. Asimismo, dice que todas las entidades territoriales tendrán la tarea de adelantar mesas de trabajo con el fin de erradicar todo tipo de discriminación y desigualdad contra esta población. (“La homosexualidad no es un pecado”: James Alison, sacerdote y activista LGBT)
En Colombia, la principal barrera en el acceso a la justicia que enfrentan las personas LGBTIQ+ es la dificultad para superar la etapa de indagación. La organización Colombia Diversa estima que, de los 3.748 casos de víctimas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas reportados entre enero de 2020 y julio de 2022, el 90% no ha superado esta etapa. Estos casos están relacionados principalmente con homicidios, amenazas y violencia policial.
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, dice que el mecanismo, tal como lo propone el gobierno en el PND, “recoge una preocupación más holística de la ciudadanía frente al número de casos de violencia, presentándose como preventivo, coordinador y con acciones claras”. Explica que, aunque ya hay entidades como la Fiscalía, Procuraduría o la Defensoría del Pueblo que tienen medidas establecidas para atender estas violencias, el Estado sigue dando la impresión de que no tiene respuesta efectiva a las necesidades de las personas LGBTIQ+. Por eso, al pensarse como un sistema nacional, significaría un avance.
Sin embargo, a pesar de que dentro de las bases del PND se estableció la creación de la Comisión Intersectorial para la Política Pública LGBTIQ+, dentro del articulado radicado en el Congreso, no hay mención de esta. Desde el 201,1 la Corte Constitucional ordenó crearla como una forma de atender nacional, territorial e integralmente la discriminación y la violencia contra las personas LGBTIQ+. Por esto, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, opina que, si no se asignan los recursos y las responsabilidades institucionales concretas para su ejecución, no se podría activar este mecanismo integral que propone el gobierno. (En Colombia se cocina una ley trans, esto es lo que ha pasado en otros países)
Además de estas dos apuestas del PND contra la violencia hacia mujeres y personas LGBT, el documento establece que para ser efectivas es necesario un trabajo de pedagogía. Esto quiere decir que el gobierno reconoce que el origen de estas violencias es sociocultural. Todas las fuentes consultadas concuerdan que esto es fundamental para la prevención porque apunta a crear conciencia alrededor de que no discriminar o violentar no es solo una obligación legal. (Interseccionalidad: un enfoque para entender los privilegios y la discriminación)
El PND está a la espera de los debates en las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes, que se darán entre abril y mayo. El próximo 6 de mayo es la fecha máxima que tiene el Congreso para aprobarlo como ley. De no ser así, el presidente de la República tendrá la facultad de expedirlo vía decreto, tal cual lo radicó originalmente ante el Congreso.
