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De los casi 2,5 millones de migrantes venezolanos que están en Colombia, reportados por Migración, el 51 % son mujeres. El hecho de ser mujeres las hace más vulnerables a sufrir violencias basadas en género, a la trata de personas y al desempleo; si se tiene en cuenta su condición de migrantes, la protección es todavía más escasa pues también deben afrontar barreras para acceder a servicios médicos, de educación e incluso a la justicia.
Impulsar la participación económica y social de las mujeres migrantes es una necesidad, pues, de acuerdo con el Índice de Precondiciones de Empoderamiento económico de las mujeres (IPE), desarrollado por ONU Mujeres en alianza con el DANE, el 92,9 % de las mujeres migrantes no cuentan con precondiciones para su empoderamiento; 35,1 puntos por encima de las mujeres no migrantes, para quienes el porcentaje es de 57,8 %.
La falta de dichas “precondiciones”, como el acceso a servicios públicos, salud, educación, condiciones mínimas de vivienda, y vinculación laboral limita la participación de las mujeres migrantes en actividades de la comunidad, que apenas llega al 2 %, aunque 15 % de ellas ocupaban cargos como profesionales, científicas, directoras o gerentes de empresas en su país de origen, de acuerdo con la segunda ronda del Pulso Migratorio del DANE.
Programas como “Más allá de las banderas, somos mujeres”, impulsado por ONU Mujeres y la Oficina de Población y Migrantes de EE. UU., le apunta a mejorar las condiciones de vida tanto de las migrantes que se asentaron en el país, como de aquellas que apenas transitan por el país para llegar a otro destino.
La iniciativa tiene presencia en Barranquilla, Soledad, Cartagena, Santa Marta, Riohacha y en Nariño (Pasto e Ipiales) con acciones enfocadas en el acceso de las migrantes al Estatuto de Protección Temporal (ETPV), para que puedan ser agentes con incidencia en las comunidades que habitan y que hagan parte del mercado laboral, ya sea desde un empleo formal o como emprendedoras.
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El SENA, la OIT y la Unidad del Servicio Público de Empleo se han encargado de formalizar las habilidades de estas mujeres en artesanías, mercadeo, gestión digital, vigilancia, transporte, producción de bebidas, música, entre otras, con el fin de facilitarles soportes de su experiencia para acceder al mercado laboral.
La violencia basada en género es otro de los desafíos. De acuerdo, con el Análisis de necesidades de refugiados y migrantes RMNA 2022, “en 2021, se presentaron 5.441 casos de violencia contra personas venezolanas mientras que para el año 2020, esta cifra era de 3.809 casos, lo que supone un aumento del 30 %”, donde el 81 % de las víctimas fueron mujeres y niñas.
En el acompañamiento durante la regularización de 2.554 mujeres y 988 niños y niñas, mediante el Permiso Protección Temporal (PPT), lideresas colombianas que hacen parte de “Más allá de las banderas, somos mujeres” han realizado 64 jornadas de prerregistro en las que recibieron atención psicosocial e información sobre la prevención de violencia basada en género.
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A nivel local se está diseñando e implementando un piloto para la inclusión del enfoque de género en la atención a población migrante venezolana, en Barranquilla, en alianza con las autoridades locales y estas organizaciones de cooperación internacional.
Pero, teniendo en cuenta que la población migrante y refugiada está presente en todo el país, en conjunto con el DANE, se trabaja en la elaboración del “índice de precondiciones para el empoderamiento económico de mujeres venezolanas (IPE)”, con el objetivo de crear mejores políticas públicas y toma de decisiones que respondan a las necesidades económicas y sociales de estas mujeres.