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El trabajo de las mujeres latinoamericanas para garantizar el cumplimiento de nuestros derechos no es nuevo. Es una lucha que desde hace décadas han dado para representar a más de la mitad de la población, tener un rol en la comunidad internacional que les permita ser escuchadas y disminuir la brecha de género en la región.
Aunque son muchas las mujeres que desde sus profesiones trabajan por la equidad, en vísperas al Día Internacional de la Mujer, destacamos la labor de tres mujeres defensoras de derechos humanos que llevan años de esfuerzos para que las latinoamericanas gocen de sus derechos, de una vida digna y puedan acceder a la justicia.
Su papel en diversas organizaciones ha sido reconocido por su importancia para las mujeres, su enfoque social y su capacidad de transformar la realidad y las condiciones de vulnerabilidad de mujeres migrantes, afrodescendientes, víctimas de discriminación y violencias basadas en género.
Viviana Krsticevic
La abogada argentina Viviana Krsticevic se ha convertido en una experta en materia de derechos humanos, especialmente derechos de las mujeres, que desde hace más de 25 años vela por el reconocimiento y la reparación de las mujeres víctimas ante las cortes internacionales.
Además de su formación como abogada, Krsticevic es máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford y en Leyes de la Universidad de Harvard, experiencia que le ha servido para ser referente en la defensa de las víctimas de violencia y compartirla en espacios académicos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Perú y, fuera del continente, en Francia, Portugal, Suecia, Suiza y Turquía.
Es directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), pero antes ya había hecho parte de organizaciones en pro de las mujeres. Fue consultora del Departamento Legal del Banco Mundial en Estados Unidos y becaria del Cambridge and Somerville Legal Services también en ese país, donde asesoraba a mujeres migrantes y refugiadas de Somalia y Haití. Perteneció al Centro de Derechos Reproductivos, al Comité de Expertos en Litigio de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales y a la Oficina Jurídica de la Mujer, en Bolivia.
Se ha destacado por su trabajo en su país investigando los casos de desaparición forzada desde los años de la dictadura militar en 1976. Entre los casos que ha defendido están la expulsión de miles de ciudadanos dominicanos y haitianos sacados a la fuerza de República Dominicana y el juicio por el asesinato de la lideresa política Marielle Franco en Brasil.
El año pasado, culminó favorablemente su trabajo representado a dos víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En el primer caso, en abril, logró que el gobierno mexicano reconociera su responsabilidad en la muerte de la activista Digna Ochoa y Plácido, quien apareció asesinada en su oficina en Ciudad de México en 2001.
Dos décadas después del crimen, la familia Ochoa y Plácido defendida por la CEJIL en cabeza de Krsticevic, según la Corte, deberá ser reparada por el Estado y la investigación reabierta, pues en su momento “hubo violaciones al acceso a la justicia y a las garantías judiciales. La manera en que llevaron adelante la investigación fue violatoria de los derechos a la honra y la dignidad de ella”, reconoció el asesor de la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
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El segundo caso, que involucra a Colombia, fue la representación de la periodista Jineth Bedoya Lima contra el Estado. Desde el 2013 la CEJIL asumió la defensa de Bedoya, quien en mayo de 2000 fue interceptada, secuestrada y sometida a agresiones físicas, sexuales y verbales mientras cumplía labores periodísticas sobre crímenes y violaciones a derechos humanos que ocurrían en la cárcel La Modelo, en Bogotá.
“Nos sumamos al equipo legal que acompaña a Jineth en 2013, a pedido de ella y de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Desde entonces, acompañamos el proceso internacional ante el Sistema Interamericano. Decidimos aceptar su invitación debido a nuestra admiración por ella y su trabajo periodístico. También porque entendimos que el litigio, en el Sistema, podría asegurar la protección de los derechos de Jineth y catalizar cambios más estructurales en hechos de violencia sexual, la respuesta estatal frente a las amenazas, los mecanismos de silenciamiento de la prensa y la impunidad en casos que vinculan a los intocables”.
El 18 de octubre del año pasado, la Corte IDH declaró al Estado de Colombia responsable por la violación de diversos derechos, incluidos el derecho a la integridad personal, libertad personal, honra y dignidad, y libertad de pensamiento y expresión de la periodista. Además, agregó al Estado su responsabilidad por “la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia en las investigaciones”.
Marta Sánchez Soler
Aunque la activista y feminista mexicana Marta Sánchez Soler es oriunda de Francia, vivió su crianza en México y desde allí se dedicó a trabajar por los derechos de las mujeres migrantes de la región. Desde sus años como estudiante de Sociología en Estados Unidos, se interesó por la organización, educación, protección y autogestión de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad de California, principalmente por la población migrante.
En los años 90, trabajó en la implementación del “Memorando de entendimiento sobre educación de adultos en la Baja California”, que fue firmado por los presidentes de México y de Estados Unidos. A la par, era educadora en los centros regionales de California donde atendían a niños y jóvenes migrantes.
Ante la cantidad de menores marginados y sin familia que Sánchez atendía, durante los primeros años de los 2000 viajó por los países de Centroamérica y allí conoció grupos de mujeres que en cada país se organizaban para emprender la búsqueda de sus hijos que habían abandonado sus países, con situaciones de pobreza, violencia y pocas oportunidades, para empezar una nueva vida en Estados Unidos, hijos de los que durante años no habían tenido razón.
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Con más de 70.000 hijos desaparecidos, las madres de Centroamérica crearon la Caravana de Madres por América Central en 2005. Este grupo de mujeres estaba acompañado por Sánchez y un año más tarde, en 2006, se convirtió en el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM).
Cada año, mujeres de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México se reúnen para rastrear el paradero de los jóvenes migrantes en una caravana que durante varios días recorre las rutas que suelen hacer los migrantes durante su travesía ilegal a Estados Unidos. Hasta el momento, han logrado reunir alrededor de 279 desaparecidos con sus familias.
Adicional a su trabajo de búsqueda, la organización liderada por Sánchez realiza acciones simbólicas y peticiones a los gobiernos de Centroamérica para que regulen la situación migratoria de sus países sin dejar de lado el respeto por los derechos humanos, de modo que las familias no se vean obligadas a separarse y sin que sean necesarias acciones militares en las fronteras que puedan vulnerar su integridad. Instando a la creación de estas políticas, el MMM espera que los migrantes tampoco se enfrenten a los riesgos actuales, como estafa, secuestro, actividades criminales forzadas, extorsión, explotación sexual y condiciones de insalubridad.
Dado que la desaparición de migrantes es un tema mundial, en 2018 Marta organizó la Cumbre de Madres de Desaparecidos, un encuentro internacional de mujeres cuyo objetivo es conformar una red global de solidaridad entre las familias de migrantes desaparecidos y promover una política regional sobre las demandas que implica la movilidad humana en el mundo.
En 2016, junto a las también defensoras de derechos humanos Pilar Arrese Alcalá, Claudia Medina Tamariz y Brenda Rangel Ortiz, Sánchez les pidió a los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos buscar alternativas a la atención de la población migrante para disminuir y erradicar los casos de detención, desaparición forzada y tortura. Ese mismo año, fue reconocida como una de las nueve mujeres latinoamericanas más influyentes en la lista 100 Women de la BBC.
Morena Herrera
La salvadoreña Morena Herrera se ha destacado por su activismo en contra de la prohibición del aborto en El Salvador. Durante la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), del cual hacía parte, Herrera aseguró que amenazaban los derechos de las mujeres y explicó que “esos acuerdos dejaron grandes vacíos cuando se trata de los derechos de las mujeres. Me di cuenta de que tenía que luchar de otra manera. Los derechos de las mujeres son derechos humanos y tienen que ser una prioridad”.
En su defensa por los derechos humanos y el acceso libre al aborto, en 1990 fue cofundadora de la organización feminista Las Dignas, que estaba compuesta por mujeres afectadas por el conflicto armado que sufrió el país, preside la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y forma parte de La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, de la cual también es cofundadora.
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Aunque en su país el aborto era legal cuando la vida de la gestante estaba en riesgo o si la mujer era víctima de violación, desde 1997, con la reforma al Código Penal de El Salvador, se prohibió la interrupción voluntaria del embarazo en todos los casos. Desde entonces, Herrera se ha dado a la lucha para despenalizar el aborto en ese país y se ha especializado en la defensa de los derechos relacionados con el género. Aunque es filósofa de profesión, también es máster en Relaciones de Género por la Universidad de Gerona y en Desarrollo Local de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Ha realizado investigaciones sobre feminicidios, ciudadanía y participación política de las mujeres, movimientos sociales de mujeres y consecuencias sociales de la penalización del aborto.
En 2009, empezó a trabajar con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico en El Salvador, que ahora preside. Amnistía Internacional ha reconocido su esfuerzo y, al igual que la mexicana Sánchez, en el 2016 fue reconocida como una de las nueve mujeres latinoamericanas más influyentes en la lista 100 Women de la BBC.
