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Una de las banderas de campaña del presidente electo, Gustavo Petro, y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, fue la creación de un Ministerio de la Igualdad pensado en la “generación y la articulación de las políticas públicas y los recursos para asegurar la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales entre hombres y mujeres en todas sus diversidades”, como dice su programa de gobierno.
Sin embargo, antes de avanzar en la creación de nuevas medidas en pro de la igualdad, en términos de género, el nuevo gobierno tiene que retomar los esfuerzos y las políticas ya existentes que durante los últimos cuatro años se han parado o no han tenido mayores esfuerzos, como explica Lucía Ramírez Bolívar, coordinadora de la línea de género de Dejusticia, pues “han dependido de las voluntades políticas del Gobierno”.
Hablamos con diversas entidades dedicadas a promover la igualdad de género, los derechos de las mujeres y de la población LGBTI, así como a hacer veeduría frente a las acciones de las instituciones frente a este tema. El primer punto de encuentro fue la resistencia por parte del gobierno saliente del presidente Duque para poner en marcha la política pública LGBT.
En mayo de 2018, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos expidió el Decreto 762 de 2018 para oficializar la política pública nacional LGBT con el objetivo de adoptar “medidas, mecanismos y desarrollos institucionales encaminados a materializar progresivamente el derecho a la igualdad y no discriminación y demás derechos”, haciendo énfasis en los derechos a la salud, educación, trabajo, vivienda, recreación, deporte y cultura.
Frente a la no implementación de esta política, en cabeza del Ministerio del Interior, el 14 de septiembre de 2020 se realizó una audiencia en el Congreso, liderada por los representantes a la Cámara Mauricio Toro y Jorge Alberto Gómez, para conocer el estado de la política.
“Si no existe un lineamiento claro del Gobierno Nacional, transversal a todas las entidades del mismo orden, no va a ser posible tener un plan de acción y una política pública LGBT; aun más cuando esta se enmarca en el sistema nacional de derechos humanos, en donde la Consejería Presidencial de Derechos Humanos ejerce un liderazgo”, dijo en ese entonces Juan Felipe Rivera, coordinador del área de Litigio de Colombia Diversa.
Casi dos años más tarde, dicha política sigue sin implementarse en su totalidad. Lina Cuéllar, directora y cofundadora de la organización Sentiido, señala que “estos cuatro años no fueron significativos en avances de reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ, es importante decir que la Corte Constitucional ha garantizado muchos derechos de las personas LGBTI+, pero el gobierno de Duque simplemente no se esforzó por poner a andar temas pendientes”.
Además de la implementación de esta política, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, explica otras deudas que deja el gobierno Duque y que deberá asumir la próxima administración, que tienen que ver con el aumento en los casos de violencia contra población LGBTI y los mecanismos de atención oportuna que tienen las víctimas. “El Gobierno tenía una mesa de casos urgentes para evaluar y prevenir la violencia contra personas LGBTI+, y lejos de hacer uso de esa mesa frente al aumento de casos de violencia, esta fue desactivada. No avanzó, paralizó las acciones que venían de gobiernos anteriores y hoy está entregando un país donde no solo se estancó la agenda LGBTI, sino que aumentaron la violencia y la ausencia de instancias que ya habían sido establecidas previamente”, afirma Castañeda.
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De acuerdo con el informe “Nada que celebrar”, de Colombia Diversa, las cifras de agresiones a personas LGBT han tenido un aumento significativo, pues “desde 2011 se venían registrando en promedio 110 homicidios por año, sin embargo, 2020 ha sido en el que más personas LGBT fueron víctimas de violencia policial, asesinadas o amenazadas”.
Las amenazas, por ejemplo, pasaron de 106 en 2019 a 337 en 2020, los homicidios de 107 a 226 y los casos de violencia policial de 109 a 175, esto sin tener en cuenta los subregistros en cada caso o los desfases en registros de las entidades que no aplican a cabalidad la diferenciación de identidades de género y orientaciones sexuales diversas.
“Un nuevo ministerio como símbolo de cambio en la política”
Así define Castañeda lo que representaría la creación del Ministerio de la Igualdad, que al igual que en países como Argentina y España, donde se han creado estas instancias para atender a poblaciones con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, buscan transversalizar las políticas de igualdad con enfoque interseccional en todas las acciones e instituciones del Estado.
“Ante la creación de un nuevo ministerio, o de la entidad que sea que vaya a estar encargada de dirigir las políticas de igualdad, lo más importante es que haya capacidad financiera, capacidad técnica y capacidad de coordinar transversalmente las acciones”, explica Rivera, y argumenta que, de no ser así, las facultades de este organismo quedarán limitadas y relegadas a funciones de apoyo o consejo sin seguimiento o indicadores que permitan verificar el avance en materia de derechos.
Por su parte, Castañeda aplaude la creación de un ministerio, pues considera que las acciones tomadas desde las consejerías presidenciales de DD. HH. y para la Equidad de Género no ahondaron en las particularidades y la interseccionalidad que requieren las agendas de mujeres y de las personas LGBTI. “Para nosotros es una decisión muy asertiva, porque el hecho de que actualmente el avance en estos temas sea responsabilidad de una dependencia del Ministerio del Interior o de oficinas aisladas puede hacer que asuntos como lo humanitario o las emergencias en materia de derechos de las personas LGBT no se respondan de manera contundente”.
El director de Caribe Afirmativo, además, asegura que una entidad con rol ministerial tiene mayor perfil con plan de acción, seguimiento e indicadores que permiten hacer un ejercicio más operativo que teórico. “Un ministerio que trabaje estas agendas puede ser muy estratégico; puede llegar a las causas estructurales de discriminaciones como la misoginia, el racismo, la homofobia y la transfobia, y trabajar para eliminarlas y tener acciones específicas o viceministerios que se encarguen de la particularidad de cada grupo poblacional como son las mujeres, grupos étnicos y personas LGBT”.
La burocracia y la corrupción son los retos principales que Cuéllar ve frente a la creación de un nuevo ministerio. Explica que es “partidaria de que no se creen cosas nuevas, porque el Estado tiene muchas cosas, leyes, políticas públicas, consejerías; hay muchos lados por los que se puede buscar la garantía de la igualdad y la no discriminación” y que, en cualquier caso, será el presupuesto que se le asigne a dicho ministerio lo que defina su capacidad de acción.
Pero no todo son obstáculos desde la perspectiva de la directora de Sentiido, pues entre las funciones principales que tendría el Ministerio de la Igualdad y que no requieren el mismo presupuesto de ejecutar planes es el de institución veedora para que la política pública de igualdad se cumpla. Por su parte, Rivera añade que serán necesarias no solo acciones preventivas, sino de estímulos y acciones en pro de la igualdad.
Para Castañeda, las tareas fundamentales del ministerio serán “identificar las necesidades de la población, crear líneas estratégicas de lo que significa la igualdad y no discriminación, construir una batería de acciones con objetivos, indicadores tiempos y presupuestos que nos permita ir superando las prácticas de discriminación y desigualdad, y empezar desde una política rectora a dar instrucciones a los demás ministerios por sus competencias”.
En este punto no podemos hablar solo de las tareas para avanzar hacia la equidad de género, sino de las características que deberá tener el ministerio, que empiezan por “la capacidad de ver de manera integral los problemas sociales de este país que están interconectados y que afectan particularmente a las mujeres y a las personas LGBTI”, en palabras de Ramírez; el desempleo, que desencadena en pobreza monetaria y multidimensional, la deserción escolar y las barreras de acceso a un sistema de salud de calidad son algunos de las problemáticas a las que hace referencia.
Además, Castañeda agrega cinco características esenciales del nuevo ministerio: primera, una ministra que tenga claro como voluntad política corregir la exclusión y garantizar la igualdad; segunda, que el ministerio tenga vocación participativa, donde se escuche la polifonía de voces, a los grupos que están invisibilizados en la sociedad y que termine siendo un lugar donde se puedan desarrollar sus aportes; tercera, debe tener una amplia capacidad de planeación, pues según él la razón de ser de los ministerios es la ejecución y no puede quedarse en lo participativo, sino hacer de la participación un plan de acción que les permita actuar a corto plazo, para corregir y a mediano y largo plazo para tener una transformación social. Finalmente, en cuarto y quinto lugares, explica que el ministerio debe tener capacidad frente a la interseccionalidad y, por otro lado, una alta capacidad de diálogo con el Gobierno, donde se cree una línea rectora para ejecutar con los demás ministerios, pero también con entidades del Estado.
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En el proceso del Ministerio de la Igualdad, los voceros de las organizaciones destacan la importancia que tendrá la participación de la vicepresidenta electa Francia Márquez, pues además de potenciar temas que resaltó en la campaña electoral como la igualdad salarial, el sistema nacional de cuidado y el ingreso vital, sus características de lideresa social y activista pueden marcar la hoja de ruta del ministerio.
“El papel de Francia es que ella pueda poner tantos años de activismo y movilización social al servicio de la política, pues sabe cuáles son esas problemáticas estructurales que hacen que en Colombia se naturalice la desigualdad; logre hacer que el Ministerio de la Igualdad no sea un ministerio burocrático, sino que sea un espacio donde se recogen las particularidades territoriales, poblacionales de la sociedad”, explica Ramírez.
Por su parte, Cuéllar asegura que gracias al rol de Márquez “hay un camino muy avanzado en la relación entre Gobierno y sociedad, porque ella sabe las dificultades a las que se enfrenta la sociedad civil en términos de presupuesto, seguridad, espacios para difundir el trabajo que hacen; puede haber una comunicación más abierta”.
La interseccionalidad liderada por el Ministerio de la Igualdad
Uno de los riesgos de crear un ministerio dedicado a procurar la igualdad es que entidades y demás ministerios recarguen sus responsabilidades en esta materia sobre el nuevo ministerio y se desentiendan de su papel dentro de la ejecución de las políticas de igualdad. Por eso, una ruta que las organizaciones ven viable es que este espacio político se encargue de construir los planes de acción, las estrategias, todo el mapa operativo y las rutas para implementar las acciones ya existentes, y desde ese punto darles claridad y orientación al resto de organismos para actuar de forma conjunta.
Por otro lado, un tema transversal en el próximo gobierno será la implementación del Acuerdo de Paz, y en este sentido Castañeda considera que “debe ser un ministerio pensado también para implementar el acuerdo”, por ejemplo, tomando acciones sobre una reforma rural, priorizando la propiedad de la tierra para las mujeres o, como añade Ramírez, “verificando que el enfoque diferencial de género se esté aplicando en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, impulsando la creación del macrocaso sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado en la JEP”.
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Además de la construcción de paz, este ministerio deberá tener en cuenta la coyuntura que dejó el covid-19 de pobreza, desempleo y desigualdad que particularmente afectó a las poblaciones que debe atender este ministerio, la realidad migratoria de las personas trans venezolanas que están en riesgo de ser víctimas de trata de personas y la implementación de un sistema nacional de cuidado que tenga en cuenta las particularidades de las personas LGBTI.
“Las políticas de cuidado deben tener esa particularidad de entender la vida de las personas, para no tener un montón de rutas de atención que son ineficaces porque terminan revictimizando a las personas con sus particularidades. No deben ser políticas asistencialistas o de beneficencia, deben establecer esa dignidad de vida que ha sido rota y violentada, para garantizar una ciudadanía plena”, concluye Castañeda.
