En 2020, la implementación del Acuerdo de Paz llegó a un 30 %, según el informe “Cinco años de implementación del Acuerdo Final en Colombia”, presentado por el Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame. Es una situación que, sumada a la creciente violencia, está afectando a las mujeres de todo el país que viven en los territorios donde se debería estar llevando a cabo dicho proceso.
En medio de este panorama, alrededor de 100 mujeres de todo el país se congregaron en Bogotá en la III Cumbre Nacional de Mujeres y Paz para discutir su participación en la construcción de paz, las dificultades que han tenido para acceder a estos espacios y la necesidad de fortalecer su intervención para lograr avances significativos en la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc.
Francisca Álvarez Pretel, lideresa en Rionegro (Antioquia), explicó una de las dificultades que tienen las comunidades al trabajar sus procesos de construcción con perspectiva de género: “A quienes les está tocando la implementación no saben mucho del tema, se refieren a que el enfoque de género es solamente ver a mujeres en una convocatoria, pero no van más allá. Nos corresponde definir en términos concretos y de forma que de verdad llegue a la gente lo que es la participación de nosotras, no con tecnicismos ni un lenguaje enredador para explicar lo que de verdad es el enfoque de género”.
Durante la Cumbre, organizada por ocho organizaciones de mujeres, las lideresas tuvieron distintos espacios de debate y participación para analizar los factores del contexto nacional que han afectado la seguridad y la participación de lideresas y defensoras de derechos humanos.
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Además, los efectos de la pandemia de covid-19 sobre las mujeres en las regiones han estado relacionados con el ejercicio de su liderazgo y con su género. En la cumbre se destacó que algunos actores del conflicto han aprovechado los períodos de confinamiento para cometer acciones violentas contra ellas a través de amenazas y hostigamientos. Además, los asesinatos contra defensores presentaron un aumento del 61 % durante el primer semestre de 2020, respecto al mismo período del año anterior a la pandemia.
Otro ejemplo de la violencia contra ellas fue registrado por el programa Somos Defensores, que evidenció que el 28 % de las víctimas de asesinatos de líderes sociales fueron mujeres durante el primer semestre de 2020, es decir, 125 mujeres entre las 463 víctimas.
Por otro lado, el confinamiento les representó mayores dificultades para acceder a la administración de justicia y a los sistemas de atención ciudadana dispuestos por las instituciones del Estado, como comisarías de familia y la Defensoría del Pueblo. También se intensificó la percepción de inseguridad, de acuerdo con las lideresas que participaron en el evento, por la inactividad de la Unidad Nacional de Protección y las entidades territoriales.
Un acuerdo sin enfoque de género
Los retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz, debidos, según las integrantes de la cumbre, a “la falta de voluntad política del Gobierno Nacional, la insuficiencia de recursos financieros, obstáculos de tipo jurídico para la puesta en marcha de las instancias y la ausencia de garantías de seguridad para líderes/as sociales y firmantes del Acuerdo”, están afectando de manera particular el desarrollo de las mujeres rurales y de las lideresas.
En cuanto al primer punto del Acuerdo, sobre la reforma rural integral, solo 826 mujeres fueron beneficiarias con la asignación de tierras hasta el 30 de junio de 2021. Y aunque hay una participación del 41 % de mujeres en el proceso de construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), no se está llevando a cabo la implementación de los proyectos que cuentan con un enfoque diferencial de género.
Esta misma observación la hizo la organización Sisma Mujer, que registró que las 4.606 iniciativas con un componente de género solo constituyen el 14 % de las más de 32 mil iniciativas PDET, es decir, el 86 % no tienen un componente de género, lo que excluye a las mujeres del proceso de desarrollo en sus territorios.
Sobre la participación política, establecida en el punto 2, se ha avanzado en el 32,72 % de los compromisos establecidos en el Plan Marco de Implementación (PMI), de acuerdo con la cumbre y de los 45 indicadores del PMI analizados por la Procuraduría General de la Nación, 18 no cuentan con información de avance para ningún año, y de estos, solo seis incluyen la clasificación de género.
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En el punto 4, sobre el fin del conflicto y garantías de no repetición, las mujeres perciben una estigmatización generalizada hacia las mujeres firmantes de paz en las comunidades e instituciones; también denunciaron un aumento en la inseguridad y las violencias cruzadas contra las mujeres firmantes de paz, líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos, sobre todo afrocolombianas, indígenas o pertenecientes a comunidades rurales y campesinas; el incremento de asesinatos selectivos, masacres y de siembra de minas antipersonales en zonas de disputa y cultivos de uso ilícito.
Al respecto se refirió Jhon Petter Opdahl, embajador de Noruega: “Para garantizar la participación de las mujeres lideresas y defensoras de DD. HH. es necesario garantizar que se sientan seguras en el ejercicio de su liderazgo. Nos preocupa la situación de inseguridad y violencia que afecta a diferentes regiones del país, esa violencia atenta contra líderes, lideresas y sus esfuerzos para impulsar agendas de paz y reconciliación”.
En lo referente al punto 5, dedicado a las víctimas del conflicto armado, la cumbre alertó sobre las dificultades que tienen las víctimas dentro y fuera del país para acceder a la información, la baja participación de las víctimas en los procesos que adelantan en las instituciones y la exclusión de las mismas en la implementación de acciones que garanticen la no repetición.
Las mujeres reiteraron durante los dos días de cumbre que en los territorios persisten situaciones de victimización, de riesgo e inseguridad para las mujeres, las lideresas y las defensoras de derechos humanos como consecuencia del bajo apoyo al empoderamiento económico y de liderazgo para las mujeres, así como las deficiencias en el acompañamiento psicosocial.
Estas observaciones, además de ser expuestas y trabajadas durante los días del encuentro, también fueron consignadas en el informe “Análisis de la situación de los derechos de las mujeres y el enfoque de género en la implementación del Acuerdo”, realizado por las organizaciones que integran la cumbre.
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María Eugenia Ramírez, vocera de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, presentó el informe y resaltó que “la militarización de los territorios no solo impide la construcción de paz, sino que genera riesgos para las mujeres que se están teniendo en cuenta”. Por esto hizo un llamado a que los informes sobre los procesos en los territorios y la implementación del Acuerdo de Paz cuenten con una perspectiva de género que transcienda los enunciados y que genere recomendaciones puntuales para garantizar la seguridad de las mujeres en los territorios.
“La calidad, pertinencia y sostenibilidad de la negociación y del Acuerdo de Paz mejoraba si las voces de las mujeres y sus propuestas eran tenidas en cuenta”, explicó Bibiana Almagro, representante de ONU Mujeres.
Un mandato por y para las mujeres
Por medio de un acto simbólico, en torno a un altar para la paz, las mujeres que integraron la cumbre compartieron el mandato construido durante las dos jornadas que esperan sean tenidos en cuenta por quienes aspiran al Congreso y a la Presidencia.
Estos son los nueve puntos del mandato:
1. El cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz con la incorporación del enfoque de género, de las 130 medidas allí consignadas para las mujeres, la implementación del Programa Integral de Garantías para Defensoras de DD. HH. y los planes de acción territorial.
2. El aumento del 50 % de los recursos asignados del Presupuesto General de la Nación para garantizar el cumplimiento de lo acordado para el enfoque de derechos de las mujeres y de género para las próximas vigencias, según lo establece la Corte Constitucional.
3. Construir el trazador presupuestal para la implementación del Acuerdo Final de Paz, que permita visibilizar y dar seguimiento a los recursos destinados para la implementación del enfoque de derechos humanos y de género en el mismo.
4. El cese inmediato de las violencias contra las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz y garantizar la investigación y sanción de los responsables de los crímenes cometidos.
5. Garantizar el ejercicio libre del derecho al voto para las mujeres en los territorios, especialmente en los municipios donde se votarán las Circunscripciones Especiales de Paz.
6. A las autoridades que tienen competencia, se cumpla la Sentencia SU020-22 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad de la población firmante en tránsito a la vida civil, previsto en el numeral 3.4. del Acuerdo Final de Paz, desarrollado por las normas constitucionales y legales.
7. En el contexto del proceso electoral a los candidatos y las candidatas a la Presidencia y al Congreso de la República, que asuman un compromiso real con el cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz. Igualmente, a los gobiernos locales y departamentales que asuman el mismo compromiso y la destinación de los recursos que se requieren para ello.
8. Que la política pública nacional de mujeres, en construcción, incorpore de manera clara en sus objetivos y metas el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.
9. Que la integridad de la política pública de salud incorpore la salud sexual y reproductiva, salud mental y que tenga en cuenta los conocimientos ancestrales del cuidado y autocuidado.