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En lo que va de 2022 han ocurrido cuatro masacres en el departamento de Putumayo, según datos de Indepaz, que han dejado al menos 20 personas asesinadas y decenas de familias víctimas de un conflicto entre grupos armados -que se disputan las rutas del narcotráfico por estar en la frontera con Ecuador-, guerrillas y el Ejército. La violencia que resulta de querer dominar el territorio y a su población deja en medio a los habitantes del departamento, muchos de ellos mujeres que buscan alternativas para que sus comunidades puedan vivir al margen del conflicto.
María Carlina Esterilla y Fátima Muriel son dos lideresas de Putumayo que desde hace años se han dedicado a proteger a las mujeres cabeza de hogar y víctimas del conflicto armado por medio del trabajo colectivo, del empoderamiento y de la pedagogía sobre sus derechos. El trabajo de ambas y de las asociaciones que lideran han encontrado en el emprendimiento una forma de fomentar la independencia económica de las mujeres y hacerles frente a las violencias de las que son víctimas por el simple hecho de ser mujeres.
En el departamento, además de la violencia doméstica relacionada con el género, las mujeres viven otras violencias machistas que se trasladan a espacios públicos a causa del conflicto. Han sido víctimas de desaparición forzada, amenazas, desplazamiento, feminicidios y acceso carnal violento, y en el proceso de buscar verdad y justicia han sido revictimizadas y relegadas de los espacios de participación.
En 2005, al igual que hoy en día, las disputas por el territorio tenían a las mujeres y sus familias en medio de tomas paramilitares, fuegos cruzados y narcotráfico. Muriel vio la necesidad de crear una asociación dedicada a la defensa de los derechos humanos, de las mujeres y de su rol como constructoras de paz durante un paro armado de más de un mes.
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Con más de 40 organizaciones de mujeres, las lideresas y mujeres de Putumayo crearon la Alianza Departamental de Mujeres Tejedoras de Vida, que desde entonces se han dado a la tarea de hacer pedagogía sobre DD. HH., la participación política de las mujeres y su rol en el desarrollo social y económico. Por medio de formaciones, de la socialización del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las antiguas Farc, sesiones de intercambio de experiencias y manifestaciones culturales y artísticas, las mujeres han sido mediadoras de paz y se han especializado en la resolución de conflictos.
“Tejedoras de Vida, a través de su eje estratégico mujer, derechos humanos y construcción de paz, se constituye en la principal organización de Putumayo en cuanto a prevención y atención de mujeres víctimas de violencia basada en género, situación que resulta pertinente en una región con limitado campo de acción para enfrentar esta problemática. Los retos que tiene la organización son garantizar la atención de las mujeres víctimas en la subregión Alto Putumayo, estos municipios son receptores de población desplazada y la violencia intrafamiliar es recurrente”, explica Pedro Hernán Ortiz Narváez, magíster en desarrollo rural sobre el impacto del trabajo de Tejedoras de Vida en el departamento.
El arte les ha servido para acompañar a otras mujeres, visibilizar sus luchas y hablar de paz partiendo de la construcción de memoria. “Nuestros Murales de la Verdad son acciones para la reconstrucción de la memoria histórica de las mujeres víctimas del conflicto armado en Putumayo desde las que buscan la verdad, la justicia y la reparación de las múltiples afectaciones del conflicto armado en las mujeres y sus cuerpos”, explica Muriel, y añade que el mural construido en Puerto Asís, con 80.000 tapas plásticas, es símbolo del proceso de resiliencia y empoderamiento que han vivido las mujeres.
Sin embargo, señala que las manifestaciones y acciones requieren un componente de participación política, en el que se materialice su trabajo, para así poder tener incidencia en las agendas de los municipios y posteriormente hacer veeduría y garantizar la protección de los derechos de las mujeres y la implementación de políticas con enfoque de género. Por eso, desde 2015, junto con 25 mesas de trabajo en todo el departamento y la cooperación de alrededor de 2.500 mujeres, diseñaron una política pública de la mujer, que fue aprobada en 2017, pero que ha tenido dificultades en su implementación.
“La política la tenemos hace cinco años, pero no se ha podido implementar porque hablan de que somos de sexto nivel y no hay recursos para tener una oficina de género. Actualmente se atiende como población vulnerable y no han entendido que las mujeres somos el 50 % de la población y no somos una población minoritaria, es una política y una denuncia por el abandono que hemos sufrido”, señala Muriel.
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Y aunque han insistido en la implementación de la política pública, hay temas que evitan tocar para preservar su seguridad y la de sus compañeras y sus familias. “El problema que nosotras vemos es que los grandes proyectos y programas vienen sin ningún componente de seguridad, y el Bajo Putumayo está en una situación muy difícil, sobre todo por el narcotráfico”, y añade que “siempre hay dificultades, a veces hay confinamiento, hay que pedir permiso, hay muchos temores, inseguridad, pero en ese sentido no hemos tenido problemas porque nuestra labor es principalmente social, tratamos de no tocar temas políticos o que toquen intereses económicos, hay que tener mucho cuidado, andar con prevención y tratamos de cuidarnos entre nosotras”.
Otras acciones que llevan a cabo para acompañar a las mujeres, y a la vez impulsar el desarrollo de la comunidad, han sido el emprendimiento y la defensa del territorio. “Buscamos el fortalecimiento de los canales de comercialización de sus emprendimientos mediante la participación en ferias y ruedas de negocios, establecimiento de canales cortos de comercialización y creación de alianzas empresariales”, dice Muriel.
Son 35 los proyectos productivos liderados por mujeres los que actualmente se están implementado con la colaboración, principalmente, según Muriel, de cooperación internacional en áreas diversas como la modistería, la cría de cerdos y peces, así como el cultivo de cacao. Ahora están a la espera del desarrollo de otros proyectos que beneficien a toda la comunidad, como la construcción de casas comunales.
En cuanto a la participación en el desarrollo ambiental, Tejedoras de Vida creó el programa “Guardianas del agua”, donde crean espacios de sensibilización sobre los planes de ordenamiento territorial que prioricen la conservación, el cambio climático, el uso de hidrocarburos en el piedemonte amazónico y la protección de los recursos naturales en la región. No obstante, su participación en temas ambientales se ha limitado a la pedagogía, pues las condiciones casi nulas de seguridad no les permiten hacer denuncias que impliquen a grupos armados o a empresas del sector privado que estén afectando el medio ambiente.
“Las mujeres vienen formándose para defender su territorio, han hecho un mapeo hidrográfico defendiendo sus ríos para que no los contaminen y deforesten los alrededores, y así ayudan también a proteger toda la flora y fauna que tenemos en el departamento”, explica Muriel.
Por su parte, María Carlina Esterilla es la representante de la Asociación de Mujeres Negras y Afrodescendientes Defensoras de Derechos Humanos y Víctimas del Conflicto Armado de Putumayo (Asomunep), un espacio que reúne alrededor de 80 mujeres afros, con el fin de empoderar a sus pares que, de acuerdo con María Carlina, “son mujeres que no solo han sufrido múltiples violencias de género en el conflicto armado, sino que han sido revictimizadas y discriminadas por el color de piel”.
Al sur del departamento, en el municipio Valle del Guamuez, las mujeres de la Asomunep realizan talleres, capacitaciones y diplomados que les permitan conocer y defender sus derechos, buscar espacios de participación a niveles local y departamental, donde puedan estar representadas sin temor a ser discriminadas o revictimizadas.
En el proceso han creado alianzas entre la comunidad, la Mesa de Género del departamento, el ICBF y las autoridades locales para acompañar los procesos de mujeres víctimas de violencia de género en el marco del conflicto armado, pero también para aquellas que son víctimas en el interior de sus hogares, pues Putumayo es uno de los departamentos con mayores reportes de violencia de género, según la Defensoría del Pueblo, junto a Norte de Santander, Bolívar y Valle del Cauca.
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Con Fescol, el Instituto CAPAZ y el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, las mujeres de Asomunep presentaron ante la JEP el informe “Dinámicas de género en el Bajo Putumayo (1978-2016)” en febrero de este año. En el texto reúnen 26 testimonios de mujeres víctimas de violencias basadas en género en el marco del conflicto armado, en los que se cuentan nueve casos de violencia sexual, lo que en palabras de Asomunep, “permitió identificar que este tipo de VBG generó impactos negativos sobre la salud sexual y reproductiva, mental y emocional de las mujeres, además de daños morales y afectaciones en su relacionamiento con otras personas, incluida su familia”.
“Los estereotipos negativos que la Fuerza Pública asociaba a la población del Bajo Putumayo, y las dinámicas de control social y territorial pervivían en la zona, generando diversos tipos de violencias que señalaban a las comunidades como colaboradoras de la guerrilla y las obligaba a continuar en la dinámica amigo-enemigo. Muestra de ello es la permanencia de elevados niveles de violencia sexual, así como de las relaciones de poder asimétricas derivadas de un reparto desigual del poder en razón del género y la sexualidad, condiciones todas necesarias para que se sostenga en el tiempo la violencia y discriminación contra las mujeres”, se relata en el informe.
Como consecuencia de este tipo de denuncias, de su constante participación en la comunidad y de su liderazgo, María Carlina ha recibido múltiples amenazas contra su integridad y la de su familia por parte de los grupos armados que actúan en Valle del Guamuez, razón por la que tiene un esquema de seguridad asignado, pero según denuncia, desde hace dos meses ese esquema fue reducido por negligencia en los trámites de la Unidad Nacional de Protección, dejándola expuesta a las amenazas que sigue recibiendo.
Además de sus esfuerzos para hacer pedagogía sobre sus derechos y el acompañamiento a víctimas, las mujeres afros de Putumayo, acompañadas por Esterilla, también son emprendedoras y buscan que otras mujeres puedan serlo para tener independencia económica y de esta forma darles la oportunidad de separarse de espacios violentos a los que están sometidas por cuestiones económicas, pues esta es una de las principales formas de VBG, precedida por la violencia física y psicológica.
Actualmente se han enfocado en la gastronomía y la cultura como las representaciones de sus tradiciones que quieren reivindicar, a través de las cuales pueden generar oportunidades de emprendimiento y trabajo para las mujeres. Varias de ellas, de Asomunep, preparan platos típicos de la región para venderlos a domicilio, cocinan mojarra frita con arroz con coco y patacones, ceviche, arroz con camarones y pusandao, una sopa similar al sancocho, pero con los sabores del Pacífico.
Su otro emprendimiento también tiene que ver con la cultura afro, pues han encontrado en los turbantes, las trenzas y los peinados una estrategia para ser independientes económicamente y preservar su cultura. Por medio de talleres sobre turbantes trabajan con las mujeres y las niñas para transmitir el significado cultural de estos tocados a las más jóvenes, y así rescatar los usos y las costumbres que las mujeres afros tienen sobre esta prenda.
Esterilla cuenta que “estamos luchando por lo microempresarial, estamos próximas a abrir un espacio, un salón de belleza, donde las mujeres puedan seguir trabajando el tema cultural de los peinados, de los turbantes y de las trenzas, para que ellas tengan un lugar propio para generar recursos, lo que hace que no se pierdan nuestras raíces y tradiciones”.
Con este trabajo de colaboración y acompañamiento, Esterilla espera que las mujeres puedan expresarse libremente en espacios de participación política, de emprendimiento y defensa del territorio, que puedan exigir justicia frente a los casos de los que son víctimas sin temor a represalias, y también, como explica la líder comunitaria, “que puedan ser gestoras de proyectos productivos que se hagan con las mismas mujeres de la Asociación, siendo así un apoyo económico para sus familias”.
