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Bajo creencias, rituales, tradiciones con orígenes en la discriminación de género y como una forma de ejercer control sobre la sexualidad de las mujeres, cada año cerca de cuatro millones de niñas son víctimas de la mutilación genital femenina (MGF), de acuerdo con Unicef, y se estima que entre el 2015 y el 2030, 68 millones de niñas están en riesgo de ser víctimas de esta práctica. Esta forma de violencia de género consiste en intervenir a niñas y jóvenes para lesionar o alterar sus órganos genitales.
La Organización Mundial de la Salud establece cuatro formas de MGF: la resección parcial o total del clítoris (clitodectomía); la resección parcial o tal del clítoris y los labios menores (escisión); la creación de un sello y recolocación de los labios, con o sin escisión del clítoris (infublación) y todos los procedimientos en los genitales femeninos que no tienen ningún beneficio médico, es decir, perforaciones, raspados, incisiones y cauterizaciones.
Esta vulneración a los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, especialmente indígenas y afrodescendientes, contrario a representar algún beneficio a su salud, puede desencadenar en hemorragias prolongadas, infecciones, infertilidad y un mayor riesgo de transmisión del VIH, poniendo en riesgo la vida de las víctimas, que en su mayoría son niñas.
Además, a largo plazo, esta práctica, que todavía está vigente en varias comunidades alrededor del mundo, las mujeres que han sufrido una MGF pueden tener problemas durante el parto, hemorragias y muertes fetales.
Colombia no es ajena a esta práctica. Durante el 2021 el Instituto Nacional de Salud registró 16 casos en el país: tres en Antioquia y La Guajira, dos en Boyacá, Valle del Cauca y Risaralda y un caso en Buenaventura, Cartagena, Quindío y Santa Marta respectivamente. En todos los casos las víctimas eran mujeres menores de 19 años, esto sin contar el subregistro de los casos que no se denuncian porque esta práctica es socialmente aceptada.
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La pandemia por covid-19 causó que colegios y escuelas cerrarán, que se suspendieran o ralentizaran los programas para erradicar esta práctica en todo el mundo, poniendo en riesgo a dos millones de niñas, según explicaron la doctora Natalia Kanem, directora ejecutiva del UNFPA, y Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF en el marco del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se llevó a cabo este domingo.
En una declaración conjunta expresaron que “los países que ya luchan contra el aumento de la pobreza, la desigualdad y los conflictos están viendo cómo la pandemia de la covid-19 amenaza aún más los progresos alcanzados durante los últimos años para poner fin a esta práctica, generando una crisis dentro de otra crisis para las niñas más vulnerables y marginadas del mundo”.
Dentro del quinto objetivo de desarrollo sostenible (ODS) sobre igualdad de género, se espera que para el 2030 esta práctica, asociada a otras violencias como matrimonios infantiles y uniones tempranas y forzadas, sea erradicada. Para ello, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) recomienda “mejorar y diseñar políticas públicas orientadas a la prevención y atención de la MGF de manera articulada con las comunidades indígenas y afrodescendientes”, así como incluir el tema en los programas de prevención de violencias basadas en género.
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Hasta 2018, la práctica de la mutilación genital femenina se concentraba en 31 países de África y Oriente Medio, priorizados por las organizaciones para erradicarla. En Asia, los países donde persiste la MGF son India, Iraq y Pakistán. Según Unicef, en América Latina y Europa se sigue agrediendo a las mujeres y niñas con esta intervención en algunas comunidades indígenas y en poblaciones migrantes.