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Mayer Sánchez y Dilcia Benítez crecieron en distintos territorios, la primera en el Cauca y la segunda en Nariño, pero tienen en común que llevan las riendas de la defensa de los derechos de las mujeres en sus comunidades. Son lideresas: defienden su participación y la de otras compañeras en la política, trabajan en la formación de jóvenes y mujeres en sus derechos, la recuperación ancestral y la protección colectiva de sus territorios.
Hoy, en el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, hacen un llamado a que se garantice la protección de las lideresas en el país, expuestas no solo a amenazas y asesinatos por parte de grupos armados, sino a violencias de género y a la discriminación por el hecho de ser mujeres campesinas, indígenas o afros.
De acuerdo con Indepaz, en los cinco años de implementación del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc, 179 defensoras y lideresas han sido asesinadas en Colombia. Cauca, Antioquia y Nariño son los departamentos con más casos y en lo que va de 2021 han ocurrido 24 asesinatos. “Somos señalados como guerrilleros, como disidencias, como paramilitares, cuando en realidad el país está ambientado en una política de guerra que no nos ha ayudado a construir. Queremos que ser defensoras no signifique un riesgo, sino al contrario, una garantía de protección para nosotras, nuestras familias y comunidades”, señala Mayer.
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Ella es indígena del pueblo nasa del resguardo de Paniquitá, de Totoró (Cauca) y hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Ha sido alguacil mayor, secretaria de cabildo, alcaldesa y gobernadora. Entre sus prioridades está que las mujeres indígenas tengan una participación activa en la política de sus resguardos y que no sean limitadas a las tareas del hogar o a hacer la comida para la minga. Es la coordinadora del “Proyecto de protección ancestral a las guardianas del territorio”, el cual está acompañado por Prodefensoras y se desarrolla en las diez zonas del Cauca pertenecientes al CRIC.
Prodefensoras es una alianza entre ONU Mujeres, la Embajada de Noruega y la Defensoría del Pueblo para proteger a las defensoras de derechos humanos. Se inició en julio de 2020 en los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y Antioquia, y ahora acoge 85 municipios y a más de 3.000 lideresas sociales. Los proyectos de organizaciones de mujeres seleccionados se ejecutarán hasta 2022 gracias a una inversión de US$5,5 millones.
“Uno de los mayores aportes del programa está en reconocer las voces, ideas y estrategias colectivas de las lideresas para desarrollar acción pública que transforme de manera efectiva sus propias realidades en materia de prevención y protección”, asegura John Petter Opdahl, embajador de Noruega. Y agrega que lo que se busca “es incidir en actores públicos con responsabilidades directas en la política pública y de esta forma garantizarles entornos seguros; por ejemplo a través de territorialización y puesta en marcha, de manera diferenciada, del Programa Integral de Garantías.
Justamente, la Defensoría del Pueblo ha hecho un acompañamiento a las organizaciones de mujeres para la territorialización de este programa de garantías. “Hemos avanzado en la construcción de cuatro Informes defensoriales sobre los riesgos de lideresas y defensoras en Antioquia, Cauca, Nariño y Chocó. Hemos trabajado con más de 670 lideresas y defensoras y hemos fortalecido las capacidades internas de cuidado y autocuidado de más de 190 servidoras y servidores de la entidad”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Gracias a esta iniciativa, Mayer trabaja con mujeres que son o fueron autoridades ancestrales, guardias indígenas, médicas tradicionales y parteras. El fin es fortalecer lo que ella llama la seguridad ancestral: “Primero hay que conocer en qué consisten para una mujer la seguridad y la violencia, y de ahí establecer cómo podemos construir un buen vivir de manera colectiva, pero teniendo en cuenta las particularidades en los usos y costumbres de cada uno de los diez pueblos indígenas que hacen parte de este territorio”, explica.
Ayudó en la construcción de un diplomado en herramientas psicoculturales, en el que están 28 mujeres capacitándose en política, para que tengan capacidad de liderazgo y orientación; y en derecho propio y sanación interior, con el acompañamiento de las sabedoras ancestrales. El proyecto en general ha beneficiado a más de 2.000 mujeres del Cauca a través de las acciones de réplica que hacen las sabedoras y guardias.
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Dilcia también hace parte de Prodefensoras. Ella es la cofundadora del colectivo Mujeres Nariñenses por la Paz, que nació en 2016 con el acuerdo hecho con las ex-Farc. Es administradora de empresas, especialista en Finanzas e integrante de la Corporación 8 de Marzo, la Mesa Territorial de Garantías y de la Comisión de Verificación de Derechos Humanos.
Un año después de tener el apoyo de Prodefensoras lograron la creación de la Red de Defensoras del Departamento de Nariño Urdiendo y Tejiendo Paz, que justamente hoy será oficializada por la Gobernación de este departamento. En esta red participan mujeres indígenas, afros y campesinas de veinte municipios de Nariño. “Queremos que la red genere conciencia, empezando entre las mismas lideresas, de que es necesario que las tareas de cuidado se redistribuyan en cada hogar”.
“Las lideresas tienen una sobrecarga de actividades que no reconocemos ni nosotras mismas, por todas las tareas formativas, de liderazgo político y social, más las tareas del hogar, que nos terminan afectando en nuestra salud y relaciones sociales”, sostiene. A través de la red y Prodefensoras, construyeron un curso virtual para la formación en autocuidado y autoprotección en el que se han certificado 129 lideresas de todo el país. También han construido herramientas tecnológicas para hacer seguimiento a la vulneración de derechos humanos y, al igual que Mayer, han hecho encuentros e intercambios de saberes sobre medidas espirituales de protección y cuidado.
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“Por medio de Prodefensoras, hemos logrado crear protocolos de seguridad, tener conciencia de los riesgos que teníamos normalizados y hemos conocido herramientas de autocuidado a través de la espiritualidad y la relación con la naturaleza. Nos ha servido también para generar conciencia de nuestro trabajo en nuestras familias y comunidades y así generar entornos protectores”, agrega.
Mayer comenta que la iniciativa también les permitió hacer un diagnóstico de la participación política de las mujeres indígenas en sus resguardos y organizaciones locales. “Sí ha habido participación, pero no ha sido significativa ni representativa. Las mujeres no están en los espacios de decisión importantes, ni tienen voz y voto igual que los hombres”. Añade que están construyendo una propuesta para no solo fortalecer la participación política, sino para que desde las políticas públicas se combata la violencia hacia las mujeres indígenas y se hable de sus derechos sexuales y reproductivos.
Ambas coincidieron en que tener un acompañamiento institucional ha ayudado para que las mujeres que hacen parte de estos procesos se reconozcan como defensoras de derechos humanos, para fortalecer herramientas de autoprotección y ser más efectivas en los ejercicios de liderazgo en sus territorios. “Hoy somos más visibles, pero solas no somos capaces de seguir trascendiendo. Cuantas más mujeres nos encontremos para seguir nuestros pasos estos serán muchos más seguros y poderosos”, manifiesta Mayer.
Por su parte, Bibiana Aído Almagro, representante de ONU Mujeres Colombia, asegura que “el trabajo articulado con las entidades del Estado, la cooperación internacional, organizaciones aliadas y el compromiso de todos como sociedad nos permitirá avanzar hacia un escenario que favorezca la garantía de los derechos humanos de las lideresas y defensoras en Colombia. Un escenario que les permita seguir siendo piedra angular para la paz y el desarrollo sostenible.