Bombazo al avión de Avianca, crimen de lesa humanidad

A una semana de que prescriba la investigación por el bombazo al avión HK-1803 de Avianca —perpetrado el 27 de noviembre de 1989 por el Cartel de Medellín y en el que murieron 107 personas—, la Fiscalía declarará hoy el atentado como delito de lesa humanidad, para evitar que quede en la impunidad. En consecuencia, el caso tomará un nuevo aire con el objetivo de desempolvar evidencias y declaraciones para procesar a los responsables del atroz crimen que durante dos décadas han pasado de agache.

El Espectador conoció que un fiscal especializado de Medellín, acogiendo la tesis que permitió declarar como delito de lesa humanidad el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, le formalizará este viernes al fiscal general (e) Guillermo Mendoza Diago su decisión y los soportes jurídicos que en su criterio aplican para revivir un proceso que durante años permaneció en el ostracismo y donde no  fueron investigados a fondo ex miembros del Cartel de Medellín que saltaron al empresariado o escondieron sus fortunas desapareciendo del radar de las autoridades.

Con base en normas del Derecho Internacional Humanitario, el fiscal del caso tomó esta trascendental decisión, que marca un derrotero del ente acusador para evitar a toda costa que la ola de barbarie desatada por el Cartel de Medellín en la azarosa década de los años ochenta quede sin castigo. Así las cosas, esta es la segunda investigación que la Fiscalía redirecciona con el fin de escarbar en cabos sueltos insuficientemente indagados o en nuevas revelaciones sobre los autores del aleve atentado terrorista.

El ataque al vuelo 203 de Avianca fue ordenado por Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín, con el objetivo de asesinar a César Gaviria Trujillo, quien a última hora decidió no viajar. En el hecho fallecieron además dos norteamericanos, por lo cual la justicia de EE.UU. condenó a varias cadenas perpetuas a Dandenis Muñoz Mosquera, alias La Quica, sicario del Cartel de Medellín.

No obstante, autoridades de ese país  han venido moviendo el expediente y se aprestan a escuchar las declaraciones de Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, quien le dijo a El Tiempo que le había pagado a Carlos Mario Alzate, El Arete, para desviar la investigación, con el fin de que excluyera de su versión a Eugenio León García Jaramillo, conocido como El Taxista.

En lo que concierne a la investigación de la Fiscalía, El Espectador estableció que Eugenio León García Jaramillo fue uno de los beneficiarios de la amnistía que favoreció a los llamados “12 del patíbulo”, un grupo de narcotraficantes que aportó información que llevó a la muerte al capo de capos Pablo Escobar. La amnistía se formalizó el 26 de julio de 1993, pero en poco tiempo su nombre volvería a aparecer en la investigación por el atentado contra el avión de Avianca.

El Arete lo salpicó –aunque después se retractó– y García Jaramillo fue vinculado al caso y se ordenó su detención en 1995. En febrero de 2001 fue declarado persona ausente en el proceso, pero además se le relacionó con el homicidio de 49 personas, el ataque al DAS el 6 de diciembre de 1989 e incluso por el bombazo al diario El Espectador, ocurrido el 2 de septiembre de 1989. No obstante, el 19 de abril de 2002 su nombre volvió a quedar limpio, luego de que un fiscal precluyera el caso en su favor y anulara las órdenes de captura en su contra.

Otros de los hechos que deberá indagar la Fiscalía son las declaraciones de John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, y de otros testigos que supuestamente relacionan a John Freydell como uno de los empresarios que dieron dinero para ejecutar el crimen. Precisamente el suegro del automovilista Juan Pablo Montoya desmintió a Popeye y dijo que no tiene cuentas pendientes con la justicia, pero un portavoz de la Fiscalía de Carolina del Sur, en EE.UU., replicó que sí tiene un proceso en su país que sigue abierto.

Ante la formalización del delito de lesa humanidad del atroz ataque que dejó 107 víctimas mortales, la Fiscalía empieza a marcar un paradigma en las investigaciones por grandes crímenes sin resolver, como el del director de El Espectador Guillermo Cano, que todo apunta también será declarado como delito de lesa humanidad en el marco de una campaña de crímenes sistemáticos en contra del diario.