El ‘dossier’ de los palmeros

A sabiendas de que las comunidades negras del Chocó son las únicas dueñas de las tierras adyacentes a las cuencas de los ríos que rodean a los municipios de Carmen del Darién y Belén de Bajirá, desde hace 10 años, con el apoyo del Estado, dichos territorios se convirtieron en asiento de un megaproyecto agroindustrial de siembra de palma de aceite. Hoy, la Fiscalía comienza a adoptar decisiones contra los empresarios privados que se apropiaron de estas ‘tierras comunales’ y contra los funcionarios públicos que permitieron o fomentaron estas acciones de despojo.

Esta misma semana, ante fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, comenzaron a rendir indagatoria los representantes legales y directivos de ocho empresas cultivadoras de palma que, a través de procedimientos presuntamente ilegales y desconociendo claras disposiciones constitucionales, usurparon e invadieron las tierras y aguas de las comunidades negras de las cuencas de los ríos Jiguamiandó, Curvaradó y Domingodó, en una práctica que además podría configurar los delitos de daño en bien ajeno, enriquecimiento ilícito y prevaricato por acción y omisión.

Aunque la denuncia penal interpuesta por los consejos comunitarios afectados se radicó en la Fiscalía desde 2005 y organismos estatales como la Defensoría y la Procuraduría ya habían advertido sobre las irregularidades en la adquisición de tierras para plantaciones de palma aceitera en el Urabá chocoano, sólo en febrero de 2007, por orden específica del fiscal Mario Iguarán, se activaron las investigaciones. El pasado 20 de diciembre de 2007, el ente investigador dispuso la apertura de instrucción ordenando practicar numerosas pruebas y llamando a indagatoria a 23 empresarios palmicultores.

El Espectador tuvo acceso a este documento, que resume los resultados de las primeras investigaciones, las cuales apuntan a constatar que tras la adquisición ilegal de tierras en el Urabá chocoano, al parecer estuvieron los grupos paramilitares. Cerca de 50 testigos consultados por la Fiscalía aseguran que, desde 1998 y 1999, en Belén de Bajirá y Brisas, aprovechando que las comunidades negras eran víctimas del desplazamiento forzado, integrantes de los grupos paramilitares participaron en la adquisición de territorios y, en algunos casos, coaccionaron a las comunidades para la venta de los predios.

Las primeras pesquisas de la Fiscalía demuestran además que, con la misma finalidad de quedarse con las tierras, se crearon en la zona diversas asociaciones regionales que posteriormente “fueron utilizadas en el proceso de adquisición de tierras, a través de la figura de la accesión por aluvión natural y posterior venta e hipoteca de los inmuebles”. Según los testimonios recaudados, tales asociaciones “estuvieron influenciadas por los grupos paramilitares”. En algunos asentamientos, los nativos “fueron sacados de la cuenca de Curvaradó y hoy estos lugares figuran como cultivos de palma aceitera”.

En criterio del ente investigador, estas acciones habrían derivado en conductas penales como el concierto para delinquir y el desplazamiento forzado. Con un agravante: la Fiscalía investiga cómo en algunos casos, para adquirir el dominio de las tierras se adulteraron documentos públicos y privados. Asimismo, el organismo encontró que los promotores del proyecto agroindustrial de palma aceitera en el Urabá chocoano también desconocieron la reglamentación ambiental vigente, generando “una alteración en el sistema ecológico de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó”.

Los antecedentes

La tragedia de las comunidades negras del Urabá chocoano data desde finales de los años 70, cuando llegaron a las áreas rurales de los municipios de Carmen de Darién y Belén de Bajirá los primeros frentes de las Farc. Con el paso de los años, la región se convirtió en zona de operaciones y presión a las comunidades por parte de los frentes 5, 8, 34, 57 y 58 del bloque José María Córdoba de esta organización guerrillera. A principios de la década de los años 90 irrumpieron en la región los grupos de autodefensa, que para el año 1996 ya estaban representados por el frente Élmer Cárdenas, comandado por Freddy Rendón Herrera, más conocido como El Alemán.

Producto de la violenta confrontación entre guerrilla y autodefensas, las comunidades negras empezaron a sufrir las consecuencias y a poner las víctimas. Situación que se agravó a partir de febrero de 1997, cuando las autodefensas incursionaron en las comunidades y ordenaron el desalojo de la región, bajo el argumento de que debían ejecutar acciones militares tendientes a erradicar a los grupos guerrilleros. Las comunidades negras iniciaron el éxodo hacía Quibdó o poblaciones menores del Chocó, en momentos en que avanzaba exitosamente el reconocimiento de sus derechos territoriales en la zona afectada.

En efecto, desde la expedición de la Constitución de 1991, a través del artículo 55 transitorio se ordenó al Congreso expedir una ley para reconocer a las comunidades negras sus derechos sobre las tierras ancestrales. Este mandato se convirtió dos años después en la Ley 70 de 1993, que definió el concepto y alcance de las “tierras comunales de los grupos étnicos”. Y precisamente, en desarrollo de esta legislación, el 22 de noviembre de 2000, a través de las resoluciones 2809 y 2810, el Incora adjudicó a las comunidades negras los terrenos baldíos de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en el Urabá chocoano.

Es decir, legalmente las comunidades negras son las dueñas de esas tierras. No obstante, a partir de 2001, con “la protección armada perimetral y concéntrica de miembros de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados en sus factorías y bancos de semillas”, empresarios privados empezaron a promover la siembre de palma aceitera. La firma pionera fue Urapalma, que con el correr de los años constituyó en la región una compleja infraestructura de carreteras, canales de drenaje y viveros, con la consiguiente tala de árboles y cambios en los cursos de las fuentes de agua, a fin de desarrollar su proyecto económico.

A noviembre de 2004 tenía sembradas 2.723 hectáreas con cultivos de palma de aceite y había adquirido 105 lotes en un área de 5.654 hectáreas. Con procedimientos similares fueron llegando a la zona de las comunidades negras y, mediante contratos de compraventa, adquiriendo lotes de terreno, las empresas Palmas S.A., Promotora Palmera de Curvaradó, Palmas de Curvaradó, Inversiones Fregni Ochoa, empresa La Tukeka, empresa Selva Húmeda, sociedad Asibicon y la empresa Palmas del Atrato. En ningún caso los consejos comunitarios cedieron sus derechos o fueron consultados para la siembra de palma aceitera.

Según lo empieza a demostrar la Fiscalía, en el proceso de adquisición de tierras para estas plantaciones intervinieron miembros de los grupos paramilitares. Varios testigos han ratificado al ente investigador que sujetos con los alias de Palillo, Gago, Yimi, Diomedes y Secretario, entre otros, participaron directamente en las negociaciones, a través de la coacción directa o por procedimientos irregulares, como el caso del propietario Lino Díaz Almario, quien supuestamente había vendido 5.890 hectáreas en el año 2000, a pesar de que oficialmente había muerto ahogado en el río Jiguamiandó en el año 1995.

El Estado patrocina

Paradójicamente, el negocio de la siembra de palma de aceite en las tierras comunales del Urabá chocoano, ha contado con el generoso apoyo del Estado. No sólo el Ejército ha colaborado en la protección de la actividad palmicultora, sino que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha otorgado múltiples licencias a diversas empresas para la protección de sus negocios. Además, como lo informó El Espectador en su edición del 3 de diciembre de 2006, incluyendo Incentivos de Capitalización Rural, el Banco Agrario a otorgado créditos a las empresas palmicultoras por valor de $10.957 millones.

Aún más, desde junio de 2005, la Defensoría del Pueblo, a través de su resolución 39, advirtió sobre la apropiación ilegal de terrenos de las comunidades negras del Urabá chocoano y detalló su desalojo a través de procedimientos ilegales. En sendas resoluciones del 6 de marzo de 2003 y el 7 de febrero de 2006, ya lo había advertido también la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó al Estado colombiano a proteger a las comunidades desplazadas del Chocó debido a la intervención de empresas privadas en las tierras comunales de los grupos étnicos.

A pesar de que buena parte de las empresas palmicultoras emprendieron acciones sin una licencia ambiental o un plan de manejo ambiental, la empresa estatal Codechocó no emprendió ningún proceso sancionatorio. Escasamente se limitó a formular unas recomendaciones para la protección de las selvas húmedas. En cuanto al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y el propio Ministerio de Agricultura, desde septiembre de 2006 la Procuraduría General de la Nación cuestionó su pasividad frente a la explotación de cultivos agroindustriales en la zona del conflicto.

En medio del debate, el 18 de julio de 2006, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, solicitó a la Sala de Consulta del Consejo de Estado un concepto para establecer el alcance del derecho de propiedad de las comunidades negras en los terrenos baldíos ubicados en la cuenca del Pacífico. Dos meses después, la Sala de Consulta del Consejo de Estado expresó que el derecho de las comunidades negras prevalece sobre la ocupación de las mismas. En otras palabras, ratificó lo que los consejos comunitarios de Jugiamiandó y Curvaradó venían reclamando desde varios años atrás.

La misma semana en que trascendió el concepto, el Ministerio de Agricultura anunció que, como resultado de averiguaciones adelantadas por una comisión conformada por el organismo, se había detectado que 25 mil hectáreas adaptadas para la siembra de palma de aceite no tenían respaldo en títulos individuales legítimos. De paso, el Ministro anunció que su despacho emprendía un proceso de nulidad de las normas que permitieron las ocupaciones ilegales, para posteriormente desarrollar procesos de recobro de dineros girados a través de préstamos de Finagro y el Banco Agrario.

Tres meses después, la Fiscalía ordenó la apertura de procesos penales contra las empresas palmicultoras y, según conoció El Espectador, además de las 23 indagatorias que ya empezaron a desarrollarse, un fiscal acaba de compulsar copias para que se indague la conducta de funcionarios del Incoder que permitieron o avalaron la expedición de resoluciones falsas. Asimismo, pretende establecer el grado de colaboración del ex comandante de la Brigada XVII del Ejército, general Pauselino Latorre, a las empresas privadas, como lo documentaron algunos testigos del proceso.

La denuncia instaurada ante la Fiscalía señala al general Pauselino Latorre como un “amistoso componedor” de negocios a través de los cuales les eran arrebatadas las tierras a los campesinos. Por eso se pretende que sea investigado por los presuntos delitos de prevaricato por acción y omisión. El Espectador estableció que la Fiscalía indaga por qué el alto oficial prestó su decidido apoyo a los palmicultores y si él o algunos de sus hombres presionaron a los propietarios para que vendieran sus tierras o alguno entró a participar como accionista en las mismas firmas.

En síntesis, tres años después de que las comunidades ancestrales del Chocó denunciaron el caso ante la Fiscalía y casi diez años después de que empezara la apropiación de tierras comunales en el Urabá chocoano, el ente investigador empieza a comprobar lo que el hoy fugitivo jefe paramilitar Vicente Castaño había reconocido desde 2005 en entrevista concedida a la revista Semana: “en la región de Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguía a los empresarios para invertir en esos proyectos, que son duraderos y productivos”.

La versión de un empresario

Carlos Daniel Merlano Rodríguez, uno de los palmicultores vinculados mediante indagatoria en el proceso, relató a El Espectador su versión de los hechos. “A finales de los años 90 enfrentamientos armados entre la Farc y las Autodefensas Unidades de Colombia, Auc, convirtieron a la zona en un campo de batalla generando desplazamiento. Justo en esta zona llegaron los palmeros y vincularon a la comunidad”

Explica el directivo que: “Habiéndose adjudicado estos terrenos a las comunidades negras, los empresarios ya empezaban a concertar con los representantes legales de estos Consejos Comunitarios cuando aparecieron en escena grupos con perspectivas y fines oscuros organizados bajo formas de ONG internacionales y que bajo los ojos de todos se sabe interlocutan con la Farc, quienes presionaron la elección de Ligia Chaverra para la representación legal del consejo comunitario de la cuenca del Río Curvaradó desmontando por las vías de hecho a Moya, que era y sigue siendo el legítimo representante legal de estas comunidades.

Según Merlano,  “hoy las ONG y su ficha de turno, Ligia Chaverra, tienen acosado el sector palmero con múltiples denuncias entre las que destaca el desplazamiento forzado del cual no tuvieron culpa los empresarios palmeros, para quienes el único interés que los ha movido es hacer de esta región un lugar próspero con los cultivos de palma de aceite y su producto final, el biodiesel, el cual se perfila necesariamente como el combustible de los siglos venideros. Toda clase de conjeturas se tejen en este ataque frontal que ejecutan las ONG internacionales contra los grupos palmeros, pero lo más preocupante de todo es que atacan el proyecto palmero sin proponer ellos fórmulas de progreso para la región y haciendo connivencia con otros grupos del sector palmero a quienes pretenden entregarles los cultivos de palma una vez les sean arrebatados a quienes con esfuerzo denodado y sacrificio los implementaron en la zona”.

Empresarios vinculados

Gabriel Jaime Sierra Moreno.

Raúl Alberto Penagos González.

Katia Patricia Sánchez Mejía.

Antonio Nel Zúñiga Caballero.

Javier Daza Pretelt.

Sor Enid Ospina Rendón.

Claudio  Fregny Ochoa.

Guillermo  Ochoa Pino.

Héctor Duque Echeverry.

Iván Patiño Patiño.

Ernen José Muñoz González.

Iván José Palacio Palacios.

Jorge Luis Santos Ortega.

Orlando Moreno Mora.

Danilo José Pacheco de la Hoz.

Javier Morales Estrada.

Mario León Villa Pacheco.

John Alfredo Zea Restrepo.

Carlos  Merlano Rodríguez.

Miguel Pérez Cabadía.

Remberto  Álvarez Bertel.

Mario Alberto Vélez Giraldo.

Víctor Andrés Zapata Caicedo.

nquevedo@elespectador.com