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A las nueve de la noche del sábado 1° de marzo de 2008, tras un espectacular operativo desde el aeropuerto militar de Catam, en el que se usaron dos tanquetas de la Policía, 16 motos y 36 hombres del grupo de antiterrorismo de la Dijín, fue ingresado al Instituto de Medicina Legal el cadáver del jefe guerrillero Raúl Reyes, abatido horas antes en Ecuador. Un año después, casi nadie sabe dónde fue inhumado el cuerpo sin vida del canciller de las Farc, pero el caso desbordó en una investigación que aún no aclara por qué la Policía terminó decidiendo el lugar donde yace el cadáver.
Con los restos mortales de Reyes, los oficiales a cargo de su traslado entregaron una orden de la Policía de Puerto Asís (Putumayo) para que le fuera practicada la necropsia. La diligencia estuvo a cargo del perito Pedro Morales y Medicina Legal, mediante el cotejo dactiloscópico, constató que se trataba de Luis Édgar Devia Silva, verdadero nombre del jefe insurgente. El cadáver fue depositado en una de las neveras del organismo en medio de un inusitado despliegue de la fuerza pública que, literalmente, se tomó la sede de la institución con tres anillos de seguridad.
Al día siguiente, al despacho del entonces director regional de Medicina Legal en Bogotá, el médico cirujano de 44 años Jorge Arturo Jiménez Pájaro, se presentó una mujer argumentando que pertenecía a una iglesia cristiana y reclamaba la opción de inhumar el cadáver de Reyes. El funcionario explicó a la visitante que no podía acceder a su petición por razones legales. 24 horas después apareció una segunda persona, supuestamente perteneciente a una asociación de beneficiencia, interesada en el mismo fin: darle cristiana sepultura a Reyes. Jiménez Pájaro volvió a negar el requerimiento.
El martes 4 de marzo, a su oficina ubicada en el tercer piso de Medicina Legal, llegó la señora María Hilda Collazos Claros, con un argumento más sólido. En condición de esposa de Raúl Reyes y supuestamente madre de dos hijos, solicitaba retirar el cadáver para darle una tumba.
La mujer apareció acompañada de tres desconocidos que no musitaron palabra. El médico Jiménez Pájaro se comprometió a tramitar la petición y recibió la partida de matrimonio y otros documentos que acreditaban la condición de cónyuge y legítima reclamante de la extraña visitante.
El miércoles, a primera hora, María Hilda Collazos regresó, esta vez para radicar un oficio en el que le daba poder al señor Jaime Ramón Endo para reclamar el cadáver de Raúl Reyes y proceder a su sepultura. Según conoció El Espectador, tanto al médico Jiménez como a sus auxiliares del grupo de Tanatología Forense, no les quedó duda: se trataba de un funerario, en palabras del entorno judicial próximo a los legistas, “un chulo” que en su habitual lenguaje y comportamiento buscaba agilizar la entrega del cadáver para ganar su respectiva comisión a cargo de una empresa de servicios fúnebres.
A partir de ese momento, se rompe el protocolo acostumbrado para entrega de cadáveres. Lo usual es aguardar la autorización de un fiscal y corresponder al derecho de la familia del occiso. Pero esta vez, intervino el propio director de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Rodolfo Palomino, con un criterio ineludible: razones de Estado. Fueron tres reuniones en las que participaron funcionarios de Medicina Legal y la Alcaldía de Bogotá, en las cuales el punto crucial de la discusión fue la seguridad, tanto para la familia de Reyes como para el propio instituto forense.
Un entorno matizado por un enorme despliegue de Fuerza Pública. Un anillo de seguridad únicamente franqueado por funcionarios de Medicina Legal con carné visible. Un segundo dispositivo, con armas largas, pendiente de cualquier movimiento sospechoso en los pasillos. Y un tercer grupo, a manera de custodios del cadáver, atento a que nadie se acercara al sitio donde reposaba el cuerpo. 48 horas de vigilia que empezaron a cambiar cuando llegó la orden del Fiscal 20 de la Unidad contra el Terrorismo para que el cadáver fuera entregado a María Hilda Collazos.
No obstante, ese mismo viernes 7 de marzo, el general Rodolfo Palomino aportó una autorización de la señora Collazos y del funerario Jaime Ramón Endo, donde facultaban al Estado a disponer del cadáver. En las reuniones decisorias se había explicado la opción de la inhumación estatal, caso en el cual la casi desconocida Unidad de Servicios Públicos del Distrito llevaría el cadáver a las bóvedas del Cementerio del Sur, donde reposan historias secretas de al menos 30 años de personas muertas. Sin mayores protocolos, ese viernes se firmó un acta de inhumación oficial.
El sábado 8 de marzo, hacia las 10:30 de la mañana, el médico Jiménez fue interrumpido en su descanso familiar para que acudiera a Medicina Legal porque se habían cumplido los trámites y era preciso entregar el cadáver de Reyes. Jiménez acató la orden y minutos antes del mediodía apareció el mayor de la Policía Giovanny Riaño para llevarse el cadáver. El médico y el mayor ya se conocían y no fueron necesarias más aproximaciones. A las 12:10 de la tarde, con el apoyo de dos testigos del grupo de Tanatología Forense, el cuerpo de Reyes fue entregado a la Policía.
No fue movilizado hacia un carro funerario, como se acostumbra, sino que fue trasladado a una “paletera”, como se denomina a los carros de la Policía que transportan cadáveres. Desde entonces, el paradero del cadáver de Raúl Reyes es un misterio. ¿Por qué la señora Collazos y el funerario Endo terminaron autorizando a la Policía a llevarse el cadáver? ¿Qué detalles quedaron escritos en el formato cadena de custodia que formalizó la entrega? Lo cierto es que, un año después, el director de Medicina Legal, Pedro Gabriel Franco, terminó pidiendo a la Fiscalía investigar lo sucedido.
Después de 16 años de servicio a la institución, con una hoja de vida intachable, el médico Jorge Arturo Jiménez renunció a la Dirección Regional de Medicina Legal en Bogotá. Hoy sólo confía en que las investigaciones salven su responsabilidad porque, según él, siempre obró atendiendo órdenes de sus superiores y acatando las directrices de seguridad nacional invocadas por el general Rodolfo Palomino. La Fiscalía investiga el caso y el senador Javier Cáceres hace lo propio, porque está convencido de que el asunto del cadáver de Reyes amerita un debate de control político.
Ante las suspicacias de las últimas semanas, la Policía expidió un comunicado manifestando que obró a petición de “los seres queridos” del señor Luis Édgar Devia o Raúl Reyes, que lo hizo para protegerlos porque eran objeto de “constantes amenazas”, que por respeto a la familia “se reserva el lugar final de la inhumación”, pero que está en disposición de retornar el cadáver a sus deudos. El propio general Rodolfo Palomino expresó que el cuerpo nunca ha desaparecido y que sólo se le dio una “reservada y cristiana sepultura”.
El Espectador conoció que en el interior de la Policía quedó una fisura, pues las razones de Estado que argumentó el general Palomino para reclamar el cadáver, no fueron producto de consenso.
La pregunta del millón se la siguen haciendo las autoridades: ¿A quién correspondía el general Palomino en su gestión? ¿Cumplía órdenes u obraba como autoridad de Policía en Bogotá? El caso va para largo y la justicia investiga, pero seguramente tendrá el mismo derrotero del destino del cadáver del legendario cura guerrillero Camilo Torres en los años 60. Nada se supo.
La mano derecha y el cuerpo de alias ‘Iván Ríos’
El 7 de marzo de 2008, en la sede de Medicina Legal en Manizales, se recibió la mano derecha de Manuel Jesús Muñoz Ortiz, conocido en las Farc como el comandante Iván Ríos. Al día siguiente, a la sede del Instituto en Pereira fue llevado el cuerpo del jefe insurgente.
La mano fue enviada a Pereira y, después de los exámenes de rigor, por autorización del padre de Iván Ríos, el cuerpo sin vida del jefe guerrillero fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja. La entrega se hizo el 25 de abril de 2009, y para los efectos de su inhumación, participó la funeraria Sacro Santo de Pereira.
La documentación fue enviada a la Fiscalía, que investiga la muerte a manos de su compañero de armas, alias Rojas.
¿Dónde está el cadáver de Camilo Torres?
El 15 de febrero de 1966, en Patio Cemento, perteneciente al corregimiento El Carmen del municipio de San Vicente (Santander), junto con otros cinco guerrilleros del Eln, cayó abatido el sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo.
Por orden del Ministerio de Guerra, el entonces coronel Álvaro Valencia Tovar, comandante de la Quinta Brigada, viajó a la zona y dispuso mantener en absoluto secreto el lugar donde fueron enterrados los cadáveres, supuestamente en un sitio cercano al encuentro armado.
Hoy, 43 años después, no se sabe dónde está el cadáver de Camilo Torres, aunque el general Valencia manifestó que le hizo saber al hermano del cura Camilo, el lugar donde éste fue enterrado.