Seguridad nacional bajo reserva

El riesgo no es inminente, pero el Gobierno colombiano no puede descartar la eventualidad de una agresión en el mediano plazo, cuando Venezuela reciba el equipo militar que contrató con Rusia por un monto de US$5.000 millones. Esta es una de las conclusiones del Ministerio de Defensa en un informe remitido al Congreso de la República, en el cual deja ver que, de llegarse a una situación extrema por la aguda confrontación verbal con el gobierno del presidente Hugo Chávez, el país tendría varios puntos vulnerables pues carece de sólidos sistemas de defensa antiaérea.

A mediados de noviembre de 2009, en medio de las amenazas guerreristas del presidente Chávez, la plenaria de la Cámara aprobó una proposición citando a los ministros de Defensa, Comercio Exterior y Relaciones Exteriores a una sesión reservada para evaluar el tema. Dicha convocatoria debió realizarse el 1° de diciembre, pero a petición del Gobierno fue aplazada. Sin embargo, de los ministerios llegaron al Congreso las respuestas a los cuestionarios y en ellas queda claro que el panorama actual de distensión en las relaciones binacionales es preferible a las conclusiones de entonces.

El Espectador conoció los documentos enviados desde las tres carteras para satisfacer las inquietudes del Congreso y aunque se abstiene de revelar algunos de sus contenidos, atendiendo un comentario del ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, en el sentido de preservar la información “por sus implicaciones en la seguridad y defensa nacional”, afirma que hay algunas regiones del país donde es preciso reforzar las condiciones militares para evitar sorpresas y que las unidades operativas mayores del Ejército, aunque limitadas, tienen capacidad de generar disuasión creíble.

En esencia, el ministro Silva le responde al Congreso que constituye “una preocupación estratégica para la seguridad y la defensa de Colombia” la masiva compra de armas por parte de Venezuela, sobre todo por sus capacidades ofensivas y “muy poco defensivas”.  Además, porque en su sentir, no sólo “la llamada revolución bolivariana contraría al sistema democrático colombiano”, sino porque desde marzo de 2006 el presidente Hugo Chávez sostiene “una postura bélica y agresiva contra la soberanía y la paz nacional”. Dicha posición crece cuando Chávez atraviesa por una compleja situación interna.

Respecto a la apreciación que se tiene sobre la verdadera potencia y capacidad de las Fuerzas Armadas de Venezuela para agredir a Colombia, el Ministerio de Defensa cree que hoy están en capacidad de conducir una operación ofensiva blindada para conquistar territorio, otra defensiva a lo largo de la frontera, e incluso de promover operaciones de contraguerrilla. De igual modo, podrían promover operaciones aerotransportadas, navales de guerra de superficie o submarina, fluviales con tropas de infantería o realizar acciones de combate aéreo y de defensa en este mismo escenario de confrontación.

Por supuesto, el país también cuenta con una capacidad disuasiva en su Ejército, Armada y Fuerza Aérea, cuyos detalles este diario se abstiene de publicar. Sin embargo, y es lo más importante del informe, a la pregunta de qué tan vulnerable es hoy la península de La Guajira, que en criterio de los expertos sería la zona de un eventual ataque, la respuesta del Ministerio de Defensa no es muy halagüeña. En pocas palabras, el ministro Silva Luján admite que lamentablemente las unidades de cobertura ubicadas actualmente en esa región “son muy limitadas en su capacidad antitanque”.

El informe expresa que la conformación topográfica de La Guajira y las características de su escasa vegetación ofrece amplias opciones de aproximación tanto para tropas como para unidades mecanizadas del vecino país. La única manera de hacerles frente sería con unidades propias de la misma naturaleza, y allí está la debilidad. Una desventaja a la que, según el Ministerio de Defensa, se agrega la de saber por inteligencia estratégica que, en caso de una agresión externa, el despliegue principal de fuerzas sería precisamente hacia la península de La Guajira.

Esta realidad no es nueva. Tal como lo revela un informe publicado por El Espectador en febrero de 2008, titulado “Jugando a la guerra”, desde los inicios de los años 90 forma parte de los teatros de guerra imaginarios que en el vecino país se han diseñado para preparar a sus fuerzas militares. En 1991, por ejemplo, el juego era que el entonces coronel Hugo Chávez, comandante del Batallón de Paracaidistas, recibía la orden de batalla de tomarse por asalto la base militar del Grupo de Caballería Rondón, del Ejército colombiano, en La Guajira, porque supuestamente Venezuela y Colombia estaban en guerra.

Hoy, en un escenario muy distinto y con unas relaciones entre las dos naciones muy afectadas desde hace varios años, la conclusión no puede ser otra que la que aporta el informe del Ministerio de Defensa: “La necesidad de capacidad antitanque propia en la región es una necesidad estratégica urgente y sentida”. Es decir, el punto de mayor vulnerabilidad en la actualidad en caso de una confrontación armada con Venezuela es La Guajira y hacia allá deben apuntar los esfuerzos por erradicar la amenaza.

Pero hay otros escenarios igualmente preocupantes. ¿Qué sucedería en el caso de un eventual ataque aéreo o bloqueo naval a puertos comerciales? La respuesta del Ministerio de Defensa es contundente: actualmente los puertos del Caribe “serían altamente vulnerables”. Y esta circunstancia obedece, según el informe, a que las unidades mayores de la Armada hoy están en proceso de modernización y sólo se dispone de patrulleras de mar y costa. El único puerto con amplia capacidad de disuasión en los actuales momentos es la ciudad de Cartagena.

En contraste, en Barranquilla, Santa Marta, Coveñas, Turbo o Puerto Bolívar, aunque existen unidades de reacción inmediata y estaciones de guardacostas, no hay capacidades contundentes de defensa antiaérea y, por consiguiente, de enfrentar una amenaza externa. Que no es una situación muy distinta a la del Litoral Pacífico. Es cierto que son puntos más distantes a la frontera con Venezuela, pero en términos claros, los puertos de Buenaventura y Tumaco, por las mismas razones, serían igualmente vulnerables. Tampoco se cuenta con defensa antiaérea.

¿En qué consisten estos sistemas? El documento conocido por El Espectador los describe así: “Estos sistemas permiten efectuar la defensa de los centros vitales o estratégicos de un país a través del uso de armamento de largo y mediano alcance, los cuales son guiados por radar y se emplean contra blancos detectados a una distancia considerable, y son la última línea de defensa una vez han actuado el sistema de alerta temprana y las aeronaves caza”. Y este es precisamente el esquema del cual carece hoy Colombia.

Por eso, las dos últimas preguntas del cuestionario son tan desconcertantes como las respuestas. ¿Con que defensas aéreas cuenta Bogotá y cómo se protegería al alto gobierno? El Ministerio de Defensa contestó: “En la actualidad no se cuenta con este tipo de sistemas en la ciudad de Bogotá”. Acto seguido preguntó el Congreso: “¿Con qué defensas aéreas cuentan nuestras refinerías?”. El Ministro respondió: “En la actualidad no se cuenta con este tipo de sistemas en las refinerías del país”. Así las cosas, hoy está claro que un ataque aéreo desde Venezuela sería muy lesivo para el país.

Con un agravante: el Congreso de la República, a sabiendas de que el tema con Venezuela ha tomado giros insospechados y que sus reportes sobre compras de armas estiman montos superiores a los US$6,6 millardos, el interrogante no podría ser otro que saber si el Ministerio de Defensa planea modificar su plan de compras para adquirir capacidades disuasivas mínimas. La respuesta era de esperarse: hoy, en los planes del Ministerio sólo están incluidos los recursos para el mantenimiento y modernización de sus sistemas y equipos de funcionamiento.

Sin duda, un escenario preocupante que se contrarresta con el criterio asumido en otro frente del Estado: las relaciones exteriores. Y en este contexto, el informe de la Cancillería al Congreso deja claro que el Gobierno ha sido contundente en llevar a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la relación de todas las graves y sistemáticas amenazas que ha formulado el presidente de Venezuela contra Colombia, poniendo en riesgo la paz y la seguridad de carácter internacional.

Sin embargo, ante el interrogante de cómo asumir una postura diplomática aún más agresiva, la Cancillería es clara en resaltar que su posición es “prudente pero firme en la defensa de los altos intereses nacionales”. Y aclara que Colombia no ha cerrado los canales de interlocución con Venezuela, buscando la oportunidad de restablecer un diálogo respetuoso y constructivo con su gobierno, sin dejar de llevar a las instancias multilaterales internacionales todas las acusaciones que ha venido planteando el presidente Hugo Chávez.

Y seguramente con la convicción de que buena parte del lío y las dudas que persisten hoy en las relaciones entre las dos naciones provienen del publicitado computador de Raúl Reyes, el Congreso le preguntó a la Cancillería si el país y la comunidad internacional conocen todo lo que pueda comprometer a Chávez en ese computador. La respuesta tiene sabor de primicia: “Dada la extrema sensibilidad que representa la información allí contenida, ésta es confidencial. Es por ello que no se ha dado a conocer a la opinión pública en Colombia la totalidad de esta información”.

Venezuela contra el comercio binacional

En el informe al Congreso, el Ministerio de Relaciones Exteriores detalla las acciones adelantadas por Venezuela y que están afectando el comercio binacional. En un primer punto, señala que hay una “operación tortuga” consistente en el aumento de controles y chequeos en los pasos fronterizos “para volver más engorroso el movimiento de mercancías y desincentivar el comercio”.

Asimismo, menciona la suspensión de la inspección y emisión de certificados fitosanitarios y zoosanitarios, sin los cuales no puede entrar ningún producto agrícola al vecino país.

Finalmente, el documento se refiere a los incidentes de los cierres de los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y La Unión, ocurrido en noviembre de 2009 tras el asesinato de dos efectivos de la Guardia Nacional Venezolana, lo cual implicó la pérdida diaria de aproximadamente US$5,5 millones en el comercio binacional.