372 menores de edad han sido abandonados en medio de la pandemia

“Ayúdame a darle una mejor calidad de vida, ya que yo no puedo. No quiero verlo sufrir y no tengo recursos. Cuídalo mucho, ámalo. Nació el 04-06-2020. Tiene dos vacunas”. Junto a este mensaje fue encontrado un bebé de dos días de nacido en la calle Murillo de Barranquilla el 6 de junio de 2020. Al día siguiente, en Cali, otro bebé fue rescatado y permaneció tres días hospitalizado con hipotermia. Cinco meses después, una recién nacida fue encontrada en un lote de Valledupar gracias al llanto que fue escuchado por un vigilante. Estos son solo tres de por lo menos 372 menores de edad que han sido abandonados durante la pandemia generada por el COVID-19 en Colombia. (Lea aquí: La eterna espera de los niños huérfanos)

Las cifras revelan que 63.994 niños, niñas y adolescentes se encuentran hoy bajo protección del ICBF por distintas razones y con un proceso administrativo en curso para restablecer sus derechos. De ese total, 4.255 ingresaron a la entidad porque fueron abandonados y, en consecuencia, la mayoría de ellos (69 %) fueron declarados en adoptabilidad y apenas un 3,5 % se reintegró a su núcleo familiar. Lo cierto es que desde 2014 la estadística de abandonos ha crecido anualmente. Antioquia es la zona que acumula la mayoría de los casos, seguida de Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca y Caldas. (Lea aquí: Bebé de dos días de nacido fue abandonado en la puerta de una casa en Medellín)

Pero si los datos se analizan exclusivamente durante el período de la pandemia generada por el COVID-19, el ICBF registra que por lo menos 372 menores de edad fueron abandonados entre marzo y noviembre de 2020 y están hoy bajo protección del ICBF. La cifra, que para el mismo período en 2019 se ubicó en 368, es calificada por expertos como una primera aproximación al panorama de abandono de menores de edad en Colombia, pero es insuficiente para conocer su real dimensión. Esto debido a que hay otros tipos de abandono que no aparecen en los conteos oficiales, porque no necesariamente ocurren en el espacio público ni son identificados por ciudadanos.

Organizaciones consultadas por este diario llaman la atención, por ejemplo, sobre los menores de edad que son abandonados en las calles o lugares inhóspitos y nunca llegan a ser rescatados; que son dejados al cuidado de vecinos o familiares, debido a la imposibilidad de sus padres de cuidar de ellos, o que, aun estando en sus núcleos familiares, no son atendidos por sus padres o están expuestos a todo tipo de violencias, entre ellas la sexual.

Ángela Rosales, directora de Aldeas Infantiles, que atiende a menores de edad bajo protección del ICBF, considera que gran parte de las situaciones de abandono empiezan con los embarazos no deseados y que las acciones del Estado para atender a estas familias son insuficientes. “El abandono refleja la falta de apoyo a las personas que no se sienten en capacidad de seguir cuidando a sus hijos. En la pandemia esto se ha agudizado porque, si antes no sabían a dónde acudir cuando se sentían ahogadas en esa paternidad o maternidad, ahora menos. Los colegios y jardines infantiles, donde seguramente también se alimentaban sus hijos, no están prestando servicios. Además, deben estar padeciendo falta de ingresos. Si una mamá es vendedora informal y su hijo ya no va al colegio por la pandemia, ¿cómo sale a trabajar?, ¿quién le cuida al niño?, ¿cómo lo orienta en las clases virtuales si es que no tiene internet o computador?”, explica Rosales a El Espectador.

De acuerdo con su experiencia, Rosales explica que quienes deciden abandonar a sus hijos no siempre lo hacen por una decisión “malvada”, sino que se sienten incapaces de tomar una decisión diferente por falta de apoyo estatal. “No tenemos en Colombia un sistema de apoyo con servicios articulados listos para atender a las familias que tienen dudas sobre su paternidad o que se sienten incapaces de cuidar a sus hijos por la situación económica. Muchos países como Noruega, Holanda, Italia, Brasil y Uruguay tienen servicios de apoyo desde el momento en que la mujer queda en embarazo para saber si desea o no ejercer la maternidad. Si lo tuviéramos, las personas podrían contemplar otras opciones que no fueran el abandono”, concluye Rosales.

Aunque Aldeas Infantiles reconoce que sí ha atendido algunas situaciones de abandono de menores de edad en medio de la pandemia, la organización prende las alarmas es sobre los abandonos en las familias migrantes, pues, según Rosales, han aumentado estos casos, porque en medio del confinamiento los padres han visto que no pueden cuidar a sus hijos o que seguir migrando con ellos pone en riesgo su vida o salud.

Plan Internacional ha advertido que las restricciones de movimiento y el cierre de fronteras, consecuencia de la pandemia, han exacerbado la violación de los derechos de la población migrante, especialmente las niñas y adolescentes. La región de las Américas está viviendo dos de las peores crisis migratorias del mundo: el flujo de personas venezolanas, mayoritariamente asentadas en Colombia, Brasil, Ecuador y Perú, y la población del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) que migra hacia México y Estados Unidos. Alrededor de siete millones de niñas, niños y adolescentes migrantes son los más afectados.

Margarita Martínez, asesora nacional de protección de la Fundación Plan, pide que las medidas tomadas en medio de la pandemia generada por el COVID-19 tengan un foco especial en las niñas, niños y adolescentes, pues además de la movilidad, se les han afectado la educación y el alimento. También pone la lupa sobre las niñas y adolescentes debido a la alta exposición que tienen frente a la violencia sexual en contextos de pandemia. “Ahora tenemos que estar encerrados y muchos de los agresores o abusadores son personas cercanas o de su núcleo familiar. A través de líneas de ayuda, sabemos que se han desbordado las llamadas solicitando ayuda de niños”, afirmó Martínez a este diario.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unifec) también ha dicho que durante la pandemia aumentó el riesgo de que los niños sufran no solo abandono, sino abusos, explotación y violencia. Y que ese incremento de las tasas de abusos y explotación de niños ya se dio en emergencias de salud pública anteriores. “El cierre de las escuelas durante el brote de la enfermedad del ébola en África Occidental de 2014 a 2016, por ejemplo, contribuyó al repunte del trabajo infantil, el abandono, los abusos sexuales y los embarazos de adolescentes. En Sierra Leona los casos de embarazos adolescentes llegaron a 14.000, más del doble de casos que había antes del brote”, aseguró la Unicef en un comunicado.

El abandono es una forma de maltrato y se da únicamente por parte de quien tiene el deber legal de asistir al niño, niña o adolescente en sus necesidades, es decir, sus padres, custodios o cuidadores. Además, es sancionado en Colombia desde los ámbitos administrativo y penal. En el primero se valora si es necesario iniciar un proceso administrativo de restablecimiento de derechos para que se defina si los padres pueden hacerse cargo del menor de edad o si es necesario que sean adoptados por una nueva familia. En el segundo, el abandono es calificado como un delito y se castiga con hasta 108 meses de prisión. La condena se agrava incluso si la conducta se cometiere en un lugar despoblado o solitario.

“Ayúdame a darle una mejor calidad de vida, ya que yo no puedo. No quiero verlo sufrir y no tengo recursos. Cuídalo mucho, ámalo. Nació el 04-06-2020. Tiene dos vacunas”. Junto a este mensaje fue encontrado un bebé de dos días de nacido en la calle Murillo de Barranquilla el 6 de junio de 2020. Al día siguiente, en Cali, otro bebé fue rescatado y permaneció tres días hospitalizado con hipotermia. Cinco meses después, una recién nacida fue encontrada en un lote de Valledupar gracias al llanto que fue escuchado por un vigilante. Estos son solo tres de por lo menos 372 menores de edad que han sido abandonados durante la pandemia generada por el COVID-19 en Colombia. (Lea aquí: La eterna espera de los niños huérfanos)

Las cifras revelan que 63.994 niños, niñas y adolescentes se encuentran hoy bajo protección del ICBF por distintas razones y con un proceso administrativo en curso para restablecer sus derechos. De ese total, 4.255 ingresaron a la entidad porque fueron abandonados y, en consecuencia, la mayoría de ellos (69 %) fueron declarados en adoptabilidad y apenas un 3,5 % se reintegró a su núcleo familiar. Lo cierto es que desde 2014 la estadística de abandonos ha crecido anualmente. Antioquia es la zona que acumula la mayoría de los casos, seguida de Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca y Caldas. (Lea aquí: Bebé de dos días de nacido fue abandonado en la puerta de una casa en Medellín)

Pero si los datos se analizan exclusivamente durante el período de la pandemia generada por el COVID-19, el ICBF registra que por lo menos 372 menores de edad fueron abandonados entre marzo y noviembre de 2020 y están hoy bajo protección del ICBF. La cifra, que para el mismo período en 2019 se ubicó en 368, es calificada por expertos como una primera aproximación al panorama de abandono de menores de edad en Colombia, pero es insuficiente para conocer su real dimensión. Esto debido a que hay otros tipos de abandono que no aparecen en los conteos oficiales, porque no necesariamente ocurren en el espacio público ni son identificados por ciudadanos.

Organizaciones consultadas por este diario llaman la atención, por ejemplo, sobre los menores de edad que son abandonados en las calles o lugares inhóspitos y nunca llegan a ser rescatados; que son dejados al cuidado de vecinos o familiares, debido a la imposibilidad de sus padres de cuidar de ellos, o que, aun estando en sus núcleos familiares, no son atendidos por sus padres o están expuestos a todo tipo de violencias, entre ellas la sexual.

Ángela Rosales, directora de Aldeas Infantiles, que atiende a menores de edad bajo protección del ICBF, considera que gran parte de las situaciones de abandono empiezan con los embarazos no deseados y que las acciones del Estado para atender a estas familias son insuficientes. “El abandono refleja la falta de apoyo a las personas que no se sienten en capacidad de seguir cuidando a sus hijos. En la pandemia esto se ha agudizado porque, si antes no sabían a dónde acudir cuando se sentían ahogadas en esa paternidad o maternidad, ahora menos. Los colegios y jardines infantiles, donde seguramente también se alimentaban sus hijos, no están prestando servicios. Además, deben estar padeciendo falta de ingresos. Si una mamá es vendedora informal y su hijo ya no va al colegio por la pandemia, ¿cómo sale a trabajar?, ¿quién le cuida al niño?, ¿cómo lo orienta en las clases virtuales si es que no tiene internet o computador?”, explica Rosales a El Espectador.

De acuerdo con su experiencia, Rosales explica que quienes deciden abandonar a sus hijos no siempre lo hacen por una decisión “malvada”, sino que se sienten incapaces de tomar una decisión diferente por falta de apoyo estatal. “No tenemos en Colombia un sistema de apoyo con servicios articulados listos para atender a las familias que tienen dudas sobre su paternidad o que se sienten incapaces de cuidar a sus hijos por la situación económica. Muchos países como Noruega, Holanda, Italia, Brasil y Uruguay tienen servicios de apoyo desde el momento en que la mujer queda en embarazo para saber si desea o no ejercer la maternidad. Si lo tuviéramos, las personas podrían contemplar otras opciones que no fueran el abandono”, concluye Rosales.

Aunque Aldeas Infantiles reconoce que sí ha atendido algunas situaciones de abandono de menores de edad en medio de la pandemia, la organización prende las alarmas es sobre los abandonos en las familias migrantes, pues, según Rosales, han aumentado estos casos, porque en medio del confinamiento los padres han visto que no pueden cuidar a sus hijos o que seguir migrando con ellos pone en riesgo su vida o salud.

Plan Internacional ha advertido que las restricciones de movimiento y el cierre de fronteras, consecuencia de la pandemia, han exacerbado la violación de los derechos de la población migrante, especialmente las niñas y adolescentes. La región de las Américas está viviendo dos de las peores crisis migratorias del mundo: el flujo de personas venezolanas, mayoritariamente asentadas en Colombia, Brasil, Ecuador y Perú, y la población del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) que migra hacia México y Estados Unidos. Alrededor de siete millones de niñas, niños y adolescentes migrantes son los más afectados.

Margarita Martínez, asesora nacional de protección de la Fundación Plan, pide que las medidas tomadas en medio de la pandemia generada por el COVID-19 tengan un foco especial en las niñas, niños y adolescentes, pues además de la movilidad, se les han afectado la educación y el alimento. También pone la lupa sobre las niñas y adolescentes debido a la alta exposición que tienen frente a la violencia sexual en contextos de pandemia. “Ahora tenemos que estar encerrados y muchos de los agresores o abusadores son personas cercanas o de su núcleo familiar. A través de líneas de ayuda, sabemos que se han desbordado las llamadas solicitando ayuda de niños”, afirmó Martínez a este diario.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unifec) también ha dicho que durante la pandemia aumentó el riesgo de que los niños sufran no solo abandono, sino abusos, explotación y violencia. Y que ese incremento de las tasas de abusos y explotación de niños ya se dio en emergencias de salud pública anteriores. “El cierre de las escuelas durante el brote de la enfermedad del ébola en África Occidental de 2014 a 2016, por ejemplo, contribuyó al repunte del trabajo infantil, el abandono, los abusos sexuales y los embarazos de adolescentes. En Sierra Leona los casos de embarazos adolescentes llegaron a 14.000, más del doble de casos que había antes del brote”, aseguró la Unicef en un comunicado.

El abandono es una forma de maltrato y se da únicamente por parte de quien tiene el deber legal de asistir al niño, niña o adolescente en sus necesidades, es decir, sus padres, custodios o cuidadores. Además, es sancionado en Colombia desde los ámbitos administrativo y penal. En el primero se valora si es necesario iniciar un proceso administrativo de restablecimiento de derechos para que se defina si los padres pueden hacerse cargo del menor de edad o si es necesario que sean adoptados por una nueva familia. En el segundo, el abandono es calificado como un delito y se castiga con hasta 108 meses de prisión. La condena se agrava incluso si la conducta se cometiere en un lugar despoblado o solitario.