Agentes de Estado violentaron sexualmente como arma de tortura contra “enemigas”

Foto: Eder Rodríguez

En más de cincuenta años de conflicto armado, las violencias sexuales contra las mujeres se usaron también para castigar a aquellas que eran percibidas como aliadas de los adversarios, ya fueran rotuladas como guerrilleras por parte de los paramilitares y la fuerza pública, o como paramilitares por parte de los guerrilleros, al igual que por ser familiares o parejas de integrantes de estas organizaciones. Esta es una de las principales conclusiones de la Comisión de la Verdad, en su apartado sobre las afectaciones que padecieron miles de mujeres y niñas en la guerra, en el Informe Final.

De acuerdo con los hallazgos de esta entidad, las violencias sexuales se utilizaron para obtener ventajas y beneficios relacionados con los intereses estratégicos de los bandos en contienda y no solo para “satisfacer el deseo sexual de los combatientes”. Para la Comisión es claro que, aunque las violencias sexuales han estado siempre presentes en tiempos de paz, en tiempos de guerra se agudizaron, degradaron y se incrementaron. Fueron parte de la cotidianidad de las mujeres y cometidas con una crueldad exacerbada, sin tener en cuenta la edad o la procedencia de las víctimas.

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Llegaron al punto de ser, incluso, un arma: “los perpetradores ejercieron violencia sexual como forma de castigo, para dar una lección, para infundir terror y para destruir las comunidades y sus mecanismos sociales”, dice el documento. En ese sentido, la Comisión escuchó diversos testimonios en los que se responsabilizó a miembros de la fuerza pública en estas violencias, aunque señaló que no figuran como los mayores perpetradores.

De acuerdo con el documento, la institución con más victimizaciones atribuidas fue el Ejército Nacional, seguida de la Policía. Las edades de sus víctimas corresponden a mujeres jóvenes. Estos hechos ocurrieron sobre todo en los departamentos de Antioquia, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo. Los picos de ocurrencia varían en comparación con los de guerrillas y paramilitares, que son entre 1997 y 2005. Tanto los datos propios de la Comisión como los del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) apuntan a que el período de mayor ocurrencia fue entre 2006 y 2014. Eso quiere decir que, mientras que en el país se transitaba hacia el desescalamiento del conflicto con el Acuerdo de Paz de La Habana, las violencias sexuales cometidas por la fuerza pública aumentaron.

Igualmente, algunos testimonios, mostraron que las violencias sexuales fueron una forma de tortura específica que la fuerza pública –en especial integrantes del Ejército– cometió contra mujeres hacia finales de los setenta y principios de los ochenta, en el contexto de las detenciones arbitrarias enmarcadas en el Estatuto de Seguridad Nacional, durante el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala:

“Conocí muchos casos de compañeras que fueron violadas. Cuando llegué al Cantón, me amenazaron; como uno está vendado no sabe quién es, pero uno de los tipos que estaba ahí, interrogándome y gritándome, me amenazó y me cogió el botón del pantalón para tratar de abrirlo. Yo, la verdad, me quedé paralizada, no me moví ni nada. Me quedé absolutamente quieta y el tipo me soltó; al final no me hizo nada. Pienso que hubo razones para que conmigo la cosa no hubiera sido tan dura como fue con otras compañeras, pero sí supe de varias que fueron violadas como parte de la tortura”, le confió su testimonio una mujer a la Comisión.

Una realidad que conoció el país en el acto de reconocimiento público a la dignidad de las víctimas de violencias sexuales, “Mi cuerpo dice la verdad”, llevado a cabo por la Comisión de la Verdad en Cartagena, el 26 de junio de 2019. Allí Vera Grabe, excombatiente del M-19, recordó hechos dolorosos de los que fue víctima durante una detención en la ciudad de Bogotá, que reseñó el informe:

“En la noche de Halloween llegaron dos hombres con un espantoso tufo a trago y una enorme grabadora. “Bueno, acá vamos a tener nuestra propia noche de brujas”, dijeron. Pusieron música rock a todo volumen y empezaron. Me pellizcaban los senos, me abrían las piernas y me golpeaban los genitales con una toalla mojada. Hasta que se aburrían... y volvían. Ya debía ser el día siguiente. Los mismos pellizcos, amenazaban con violarme, me golpeaban el vientre, me tiraban al piso y me metían un palo en la vagina. Sangraba y tuve dolores en el vientre durante mes y medio. Pienso mucho en una compañera de 17 años a quien violaron ocho tipos durante su detención. Una mujer violada es un ultraje para todas”.

Varios testimonios entregados evidencian que la violencia sexual sobre las mujeres consideradas enemigas, particularmente enmarcados en la lucha contrainsurgente, fue cometida como parte de las acciones desarrolladas por algunos miembros de la fuerza pública en los territorios.

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Por ejemplo, Manuela tenía trece años cuando quedó huérfana en San Vicente de Chucurí (Santander). En 1990, el Frente 12 de las Farc estaba presente en la zona y los guerrilleros la reclutaron: “En ese momento sentí apoyo, porque estaba sola, y por las circunstancias ingresé a la guerrilla; me sentí apoyada y respaldada por ellos, porque no tenía mamá ni hermanos. Nadie” Pero, en medio de una confrontación, fue capturada por el Ejército Nacional. “Yo iba de civil y no llevaba dotación”. Manuela intentó escaparse, pero fue recapturada junto a un compañero:

“Pablo salió a la carretera y yo iba a salir y quedé enredada en las cuerdas de alambre. Nos tiroteaban y a él le pegaron un tiro que le voló medio talón. Yo quedé ahí. El tipo vino, me cogió del pelo, me arrastró por todo el matadero y dijo que me matarían, pero que antes me violarían. Dio la orden para que me violaran y él también lo hizo. Esa noche las cosas no terminaron ahí: después de que me violaron, me torturaron; me echaron gasolina, me prendieron las piernas y me echaron a pie. Como a las dos de la mañana me dijeron: “¡Corra, corra, que la vamos a matar!”, y me tiraron al río”

Otro de los testimonios más duros que recogió la Comisión fue el de Victoria, una lideresa social y comunitaria torturada y detenida por más de tres días en el Batallón Pichincha de la ciudad de Cali:

“Me subieron a un carro. Eso fue un operativo grande: había cuatro camiones, por ahí con unos treinta militares. Cuando escuché los gritos comencé a gritar también: “¿Qué está pasando? ¿Dónde están? ¡Suéltennos! ¡No los torturen!”. Entonces, me metieron periódico en la boca. Como a las tres de la mañana me bajaron otra vez para el primer sitio. Fue horrible, fue catastrófico. Me violaron yo no sé cuántos. Entré en un momento muy difícil, porque me preguntaban por comandantes del ELN que yo no conocía; me preguntaban por profesores de la universidad que yo conocía, o sea, me preguntaban muchas cosas, por personas que conocía. Pero hubo una cosa que afortunadamente logré hacer. Si me preguntaban cómo me llamaba, contestaba con el número de la personería del comité al que pertenecía y eso me salvó”.

Otro periodo importante para la Comisión de la Verdad sobre estas violencias sexuales es entre 2005 y 2010, en el contexto de la Política de Seguridad Democrática y el Plan Nacional de Consolidación Territorial. Para esta entidad durante esa época se incrementaron los efectivos en terreno a lo largo de varias zonas del país, incluidos el Bajo Cauca antioqueño, el Cauca, el sur del Valle del Cauca y Putumayo, y esa mayor presencia armada en los territorios produjo de inmediato un aumento en las violencias sexuales contra mujeres y niñas.

Por ser un grupo armado legal, la relación entre los soldados del Ejército y las civiles fue más directa y, aunque oscilaba entre la seducción y la coerción, queda claro que por ser hombres armados existía una asimetría de poder y de fuerza que les impedía a las mujeres tomar decisiones libres a la hora de entablar vínculos sexuales o afectivos, en especial cuando se trataba de niñas menores de catorce años, lo que además constituye un delito, subrayó la Comisión.

Por otra parte, las personas que vivían en regiones históricamente ocupadas por la guerrilla fueron señaladas como sus colaboradoras o simpatizantes, lo que produjo no solo estigmatizaciones, sino también violencias sexuales. Mónica, campesina del departamento de Nariño, que en el momento de los hechos estaba embarazada, narró su experiencia:

“Me llevaron al lugar donde nosotros vivíamos y las órdenes que les llegaban a ellos por la radio era que no me podían dejar viva, pero que me sacaran la información. Que si el esposo mío se había escapado era por haber sido un guerrillero o un comandante o una persona importante; por eso se había escapado. Entonces me tenían que sacar la información a como diera lugar (…) me tuvieron ahí, me encerraron, me amarraron. Había unos seis hombres o hasta más. Me violaron, jugaron conmigo, hicieron conmigo lo que se les vino a su mente. En la madrugada le dijeron a uno de ellos: “Tienen que sacarle la información. Ella tiene que decirles todo, los campamentos, quiénes son, cómo son, dónde están, por dónde se puede llegar y todo eso. Hagan lo que tengan que hacer”. Y con ese “hagan lo que tengan que hacer” me abrieron, intentaron sacarme vivo a mi hijo y me dejaron muerta; para ellos, quedé muerta y ya hasta ahí es mi conciencia. Me cortaron con un bisturí. Tengo las marcas en mi cuerpo; son como las miradas para recordar todas estas cosas, pero yo creo que esas marcas son las que me hacen fuerte cada día”.

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En la mayoría de los testimonios narrados a la Comisión de la verdad que involucran a miembros del Ejército Nacional, las violencias sexuales se inscribieron en una lectura política que se tradujo en victimizaciones en contra de las mujeres que consideraban enemigas. Así fue desde el Estatuto de Seguridad, en los años ochenta, hasta épocas recientes del conflicto armado.

*Las identidades fueron reservadas por motivos de seguridad e intimidad.