Agricel, la gran obra que prometió Luis Monsalvo Gnecco y que ahora es investigada

Esta semana en Valledupar tuvo lugar un nuevo episodio de una historia de posible corrupción que empezó con las denuncias de los campesinos de la vereda El Toco en estas páginas. La investigación publicada por El Espectador en noviembre de 2022 advirtió de las serias irregularidades alrededor de un proyecto anunciado, con bombos y platillos, por Luis Alberto Monsalvo Gnecco, exgobernador del Cesar, condenado hace dos semanas por corrupción en recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Esta semana en Valledupar tuvo lugar un nuevo episodio de una historia de posible corrupción que empezó con las denuncias de los campesinos de la vereda El Toco en estas páginas. La investigación publicada por El Espectador en noviembre de 2022 advirtió de las serias irregularidades alrededor de un proyecto anunciado, con bombos y platillos, por Luis Alberto Monsalvo Gnecco, exgobernador del Cesar, condenado hace dos semanas por corrupción en recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La diputada Claudia Margarita Zuleta citó a la Gobernación de Cesar a control político, tras la publicación de este diario, y el debate en la asamblea departamental finalmente sucedió el pasado martes. Al evento llegaron los secretarios de Ambiente y Agricultura, responsables del proyecto Agricel, el distrito de riego que se construye en la vereda El Toco del municipio de San Diego, a una hora de Valledupar, que comprende varios contratos que están en ejecución y han tenido adiciones. La cuenta, con cargo al patrimonio público, empezó en $ 6.725 millones y ya va en más de $ 8.400 millones.

Agricel, “el futuro del campo cesarense”, fue una promesa que hizo el entonces gobernador Monsalvo Gnecco, pero el proyecto fue estructurado y presentado conjuntamente por las carteras de Agricultura y Ambiente. Cuando la Fiscalía ordenó arresto domiciliario a Monsalvo, la Gobernación quedó en cabeza del secretario de Ambiente, Andrés Meza.

El Espectador reveló que el contratista de la obra, el Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT) Ganadero, es una entidad mixta con participación de la misma Gobernación que estaba embargada y enfrentando un proceso de insolvencia ante la Superintendencia de Sociedades. En conversación con este diario, el entonces director del CDT Ganadero, Juan Felipe Orozco, reconoció que no tenía experiencia en instalación de distritos de riego.

Además del contrato con CDT para el distrito de riego, la Gobernación le encargó la interventoría —el control sobre las obligaciones del contrato— a un consorcio en el que tenía participación una empresa propiedad de uno de los mejores amigos del gobernador encargado Andrés Meza.

Según los informes de interventoría, en el momento de la visita de este diario al sitio de la obra, CDT llevaba un avance de casi el 80 % en el sistema de pivotes, a pesar de que no había instalado ni siquiera el primero de los cuatro que se contrataron. El director de CDT explicó que ese 80 % se debía a que ya habían comprado los cuatro pivotes y se comprometió a entregar la obra en cuatro meses. Han pasado más de dos años y no se ha terminado de instalar el primer pivote. El exsecretario de Agricultura y nuevo director de CDT se comprometió a finalizar la obra en junio próximo.

Control político en la Asamblea

El ambiente en la Asamblea del Cesar el pasado martes era tenso. La diputada citante pidió que la administración departamental hablara primero y el secretario de Agricultura, José Sequeda, empezó a responder el cuestionario que previamente entregó la diputada Zuleta. Explicó que el proyecto tenía un alcance inicial planteado de 400 hectáreas, que se cubrirían con cuatro pivotes, pero aseguró que hay “fuerzas oscuras” que quieren ver fracasar la iniciativa y difunden información falsa para minar la confianza de los campesinos. Muchos ya se han retirado del proyecto y por eso, dijo, han tenido que cambiar el trazado y ya no será posible instalar los cuatro pivotes contratados sino apenas dos.

En respuesta, la diputada Zuleta le exigió al secretario que no responsabilizara a los campesinos por retirarse del proyecto en el que ya no creen debido a los constantes incumplimientos. “No es ninguna información falsa que el contrato tenía un plazo inicial de seis meses y a los campesinos se les dijo que entregarían su predio por seis meses. Han pasado más de dos años y no se ve que vaya a terminar pronto; es normal que ya no crean en el proyecto. Eso debió haberse previsto”, dijo Zuleta.

Los murmullos en la sala aumentaron cuando la diputada aseguró que los constantes incumplimientos, los sobrecostos y las decisiones de varios campesinos de abandonar el proyecto Agricel son consecuencia de la falta de planeación adecuada por parte de la administración. “En el proyecto de inversión radicado en la oficina de Planeación no existen los diseños eléctricos que son fundamentales para saber cómo se va a llevar la energía hasta el pivote para que funcione. Nada de eso estaba listo”, aseguró la diputada.

En junio de 2023, el proyecto sufrió un cambio importante. La administración departamental aprobó el acta de modificación n.° 7, en la que se incluyó el diseño eléctrico, se redujo el alcance del contrato de cuatro pivotes a dos, y se aprobó una adición presupuestal de más de $1.800 millones que fueron destinados, en su mayoría, a la instalación de la red eléctrica.

Para la diputada Zuleta, esa modificación debe ser revisada por los organismos de control, pues implica que la Gobernación destinó más recursos de los inicialmente aprobados para que CDT realizara menos labores. El secretario de Agricultura y el nuevo director de CDT coinciden en que esa reducción en el objeto del contrato no se debe a malos manejos administrativos, sino a los desistimientos de la comunidad provocados por información falsa malintencionada que quiere ver fracasar el proyecto.

Sin embargo, la diputada del Centro Democrático reveló que, desde al menos un año antes de la modificación n.° 7, la administración del proyecto ya sabía que solo instalaría dos de los cuatro pivotes pactados. En las actas de compromiso que la Gobernación hizo firmar a los campesinos que entregaron sus predios para la instalación del distrito de riego solo se alcanzan a sumar 200 hectáreas, suficientes para dos pivotes, pero no para cuatro. Además, el proyecto incluía la compra de cuatro bombas hidráulicas, una para cada pivote, pero solamente se compraron dos, incluso antes de aprobar la modificación n.° 7, que redujo el alcance del contrato.

A pesar de que la administración sabía desde 2022 que solo instalaría dos pivotes, solo lo formalizó en junio de 2023. “En ese tiempo lo que hicieron fue aumentar cantidades de obra y cambiar los precios unitarios para justificar que, aunque ya no instalarían los cuatro pivotes, se iban a gastar la misma plata. Pero ni eso les bastó, porque tuvieron que adicionar $1.800 millones más para las redes eléctricas, cuando eso tenía que estar presupuestado desde el inicio, pues era obvio que los pivotes necesitarían energía para funcionar. Eso solo demuestra las fallas de planeación”, dijo Zuleta a este diario.

El proyecto nunca tuvo licencia ambiental porque ni siquiera fue solicitada a Corpocesar. La Gobernación explicó que no fue tramitada porque “no era necesaria”, pues en el lugar de la obra no había árboles grandes que hubiera que talar para permitir el paso de los pivotes. Sin embargo, como pudo comprobar El Espectador en la visita de noviembre de 2022, y como se puede ver en las fotos tomadas en febrero, para el montaje de los pivotes fue necesario desmontar la vegetación, lo que incluyó la tala de varios árboles. Incluso, algunos de esos árboles talados fueron utilizados por CDT para instalar la cerca que encierra el espacio donde girarán los pivotes.

Sobre ese cerramiento también hay controversia. Según el acta de justificación de la modificación y prórroga n.° 4, se incluyó el ítem no previsto de aislamiento de pivotes para prevenir la presencia de animales en el lugar de la obra. El cerramiento tendría que estar compuesto por postes de madera de dos metros y alambres de púas de cinco líneas. Como lo denunció la diputada Zuleta, CDT cobró $23.900 por cada poste de madera, a pesar de que los obtuvo de talar los árboles que estaban en la zona.

Otro de los problemas más complicados que enfrenta el proyecto es la gestión predial. La Gobernación nunca exploró alternativas jurídicas para asegurar la disponibilidad de los predios, sino que les pidió a los campesinos que firmaran actas de compromiso, que no tienen carácter obligatorio y que los campesinos pueden simplemente abandonar cuando quieran. “¿Qué pasa si el dueño del predio en donde está ubicado el reservorio de agua decide que ya no quiere hacer parte del proyecto? La Gobernación tuvo que haber previsto eso antes de comprar cuatro pivotes que no va a poder instalar”, expresó la diputada Zuleta en el debate.

El nuevo director del CDT es José Emilio Osorio, quien se desempeñó en la administración anterior como secretario de Agricultura y fue uno de los estructuradores del proyecto Agricel, firmó el acta de inicio y fue el supervisor del contrato con CDT. “Uno no puede pasar de supervisar un contrato a ejecutarlo. Usted está impedido, doctor Osorio. Revise eso jurídicamente”, le dijo la diputada. El Espectador contactó en varias ocasiones al señor Osorio, pero este se negó a responder preguntas.

Las investigaciones contra la administración de Monsalvo Gnecco avanzan con lentitud. La Fiscalía acaba de lograr la condena contra el exgobernador por corrupción en los recursos del PAE durante su primera administración, en 2015. La Procuraduría abrió un expediente disciplinario por el caso Agricel, que ha tenido muy pocos avances. Las esperanzas de los campesinos están puestas en los organismos de control.

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