En las primeras semanas de septiembre de 2023, las fuerzas armadas venezolanas llevaron a cabo una gran operación contra la explotación ilegal de oro en Yapacana, un parque nacional del Estado de Amazonas, en Venezuela. Muchos mineros huyeron a un lugar cercano en búsqueda de mejor suerte. No se sabe con precisión cuántos, pero varios llegaron —o retornaron— a Puerto Inírida, la capital del departamento de Guainía, al extremo este de Colombia. La Procuraduría registró, entonces, 160 familias desplazadas; la Alcaldía declaró alerta amarilla hospitalaria y —cuenta ahora un líder indígena— más dragas aparecieron en el río Guainía, la principal “vía” de la región. El éxodo en las minas de Yapacana fue de unas 14 mil personas.

Guainía, a donde solo se llega por avión o por un río en el que viajan personas, alimentos, plátanos, motos, madera y paneles solares en canoas, no siempre fue un territorio agobiado por la minería ilegal, hoy responsable del 80% de la producción de oro en toda Colombia. Las comunidades indígenas de este territorio aseguran que, antes de la década de 1980, ni siquiera conocían el oro.

Pero, desde entonces, su extracción ilícita se intensificó tanto, que no la pudo detener ni un hecho por el que Guanía brilló en medios nacionales e internacionales: en 2014, tras 10 años de investigaciones científicas y trabajo entre comunidades indígenas, campesinas, academia y ONG, el Gobierno declaró como sitio Ramsar a uno de sus ecosistemas más populares, la Estrella Fluvial de Inírida. Se trata de un complejo de humedales de más de 250.000 hectáreas, en el que confluyen tres grandes ríos de la Amazonia.

Con esa figura se esperaba blindar aún más a su biodiversidad de cualquier actividad que pudiera ponerla en problemas. Después de todo, el departamento, donde también está la Reserva Nacional Natural Puinawai (1’092.500 hectáreas), es un corredor biológico que conecta las sabanas de la Orinoquia con el bosque amazónico; hace parte de la Reserva Forestal de la Amazonia y resguarda unas de las formaciones rocosas más antiguas de la Tierra. Está destinado, casi en su totalidad, a la conservación.

Sin embargo, contrario a lo esperado, el territorio tomó otro rumbo. Entre 2015 y el primer trimestre de 2023 se extrajeron, al menos, 1.565 kilogramos de oro. Naciones Unidas estima que el 95% de este mineral se extrajo de manera ilegal y la autoridad ambiental del departamento ha documentado cómo las balsas mineras se han expandido.

“La minería llegó con los blancos; algunos brasileros y otros del centro del país. Ellos bajaron por el río con las dragas y se extendieron. Nadie los paró”, dice un líder de la etnia Curripaco. “Hoy están ‘repelando’ el territorio con esas dragas. Y nosotros estamos metidos en ese sistema, trabajando con ellos, porque aquí el oro lo mueve todo. Pero nosotros no somos mineros ancestrales o artesanales”, insiste. Como él, el 80% de la población del Guainía es indígena.

¿Cómo es que puede terminar ese oro de Guainía convertido en oro legal? ¿Cuáles son las grietas de este mercado que también financia a grupos armados al margen de la ley? El Espectador —como parte de la Red Transfronteriza de OjoPúblico— viajó a este departamento para investigar las piezas de este rompecabezas.

Hay una cifra que ayuda a dimensionar lo que está sucediendo con el opaco mercado de oro en el país. El análisis de la base de datos de exportaciones de oro de países amazónicos —construida como parte de esta serie investigativa Las rutas del oro sucio—, revela que entre el 2014 y el 2023 Colombia declaró haber producido 503 toneladas oro, pero exportó mucho más: 574. En otras palabras, más de 115 toneladas (lo suficiente para llenar cuatro tractomulas a tope) tienen un origen desconocido.

Esta cantidad, sin embargo, es conservadora. Los informes de fuentes oficiales estiman que el 80% del oro que se produce en Colombia es ilegal.

La Fiscalía, como supo El Espectador para esta investigación, está tratando de encontrar las razones de esa enorme brecha. Actualmente, investiga a varias de las principales exportadoras de oro colombiano, entre esas, a CI Metales Hermanos, que tiene, precisamente, vínculos con la extracción del mineral en Guainía.

En sus manos, la entidad tiene pruebas similares a las de dos comercializadoras —CIJ Gutiérrez y Goldex— que hace unos años sacudieron el mercado del oro en el país, cuando fueron investigadas por, supuestamente, tener proveedores ficticios y empresas fachada para certificar el origen del oro que exportaban. Gran parte del mineral provenía, según la Fiscalía, de yacimientos ilegales, como los que hoy existen en la Amazonia, pero luego terminaba incorporándose al mercado legal y global.

Basta darle una mirada a las siguientes imágenes, capturadas en sobrevuelos realizados por la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (que reúne organizaciones como Amazon Conservation Team, Gaia y WWF) para dimensionar lo que está pasando en la región amazónica colombiana. Tanto en la frontera con Perú, como con Brasil y con Venezuela, hay balsas mineras removiendo los ríos y abriéndose paso en medio de la selva para extraer diminutos fragmentos de oro.

Imágenes aéreas tomadas en la frontera con Brasil, en el río Puré, en el departamento del Amazonas. / Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro

Imágenes aéreas tomada en la frontera con Perú, en el río Cotuhé, en el departamento del Amazonas. / Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro

En el caso de la frontera con Venezuela, a donde viajamos, uno de los puntos donde más se ha extendido esa minería, y que ha encendido las alertas entre las autoridades ambientales, es el río Atabapo, uno de los afluentes que conforma el humedal Ramsar Estrella Fluvial del Inírida, donde está prohibido todo tipo de minería.

Con un factor agravante: en Colombia, como sucede en otros países que comparten la Amazonia, la minería ilegal ha sido impulsada por organizaciones criminales. Un informe de 2021, elaborado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirma que el oro se ha convertido en una fuente de financiación para estos grupos. Otra reciente investigación de OjoPúblico muestra que en varias regiones del país la minería ilícita representa más del 50 % del total de la economía de los grupos criminales.

El origen desconocido de 155 toneladas de oro

Para ir al río Atabapo, en la frontera con Venezuela, nos embarcamos en Puerto Inírida a las cinco de la mañana. Es noviembre de 2023 y, tras una hora larga de navegación, encontramos las primeras pruebas de explotación minera: un par de canoas largas con hombres, cargadas de recipientes plásticos azules (de 55 galones) que suelen contener hasta 200 litros de combustible. Unos metros más allá, aparecen las primeras dragas. Son unas estructuras flotantes con forma de casa, techos de palma, un motor, un compresor, un par de mangueras, combustible, hamacas y alrededor de 10 hombres.

“Ahí vive el administrador, el motorista, el manguerero, los buzos y una sola mujer, la cocinera. Trabajan día y noche, durante meses, succionando el lecho del río para extraer el oro”, explica Carlos*, un indígena de la zona que trabajó más de siete años como minero ilegal.

Es un lugar, dice, en el que “todo se tranza en oro”. “Una parte es para los trabajadores, que reciben entre uno y dos gramos por día. Otra, para la comunidad indígena por donde transitan (porque el 90% de Guainía es Resguardo Indígena); otra más para pagar el combustible, la comida y la ‘vacuna’ (pago) a los grupos armados que operan en la zona. El dueño de la draga (que no suele ser indígena) también se queda con una parte”, explica. Si sobra algo es para provisiones y ganancia.

Pablo Willan Acosta, que fue alcalde de Puerto Inírida hasta enero de este año, es franco al reconocer lo que sucede en su ciudad: “La minería es una actividad informal en el municipio, pero para nadie es un secreto que es la que dinamiza realmente la economía”.

Para saber qué estaba pasando en los ríos del Guanía, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), autoridad ambiental en la región, hizo un diagnóstico de la minería en 2020. “Para entonces, no había más de 30 balsas en tres ríos: el Inírida, el Atabapo y el río Negro”, asegura Jenny Rojas, directora de la entidad en Guainía. “Pero, actualmente, la situación es más preocupante: hay cerca de 35 balsas solo en el río Guainía”.

Álvaro Pardo, que, por años, fue un gran crítico de la manera en que el Estado colombiano ha manejado la minería y que ahora es el director de la Agencia Nacional de Minería (ANM), cuenta que también ha recorrido este río y ha sido testigo de las dragas que lo acechan. Dice que están haciendo un gran esfuerzo con el Ministerio de Defensa para acabarlas, pero reconoce que la tarea no es nada fácil.

En sus palabras, hoy la minería informal, sumada a la minería ilegal, y a la minería criminal, que alimenta las finanzas de grupos al margen de la ley, ya es un “problema estructural del sector” que crece cada vez que se dispara el precio internacional del oro. Mientras recorremos Guainía, donde la sensación térmica supera los 40 °C antes de medio día, su valor alcanzó un nuevo pico: US $70 por gramo. Hoy sigue subiendo. Actualmente, un gramo se cotiza en US $76.

Pardo también reconoce que es una situación que ha estado atravesada por irregularidades. Por ejemplo, en la ANM, dice, han encontrado personas que reportaban oro extraído de un título legal, cuando, en realidad, lo habían explotado en otro lugar. O personas que, aunque estaban muertas, seguían “extrayendo” oro y figurando en los registros. Algunas más que, aunque nunca habían tenido nada que ver con la minería, figuraban ante la entidad como “mineros de subsistencia”.

Estos ingredientes hacen muy difícil saber cuál es la “trazabilidad” de gran parte del oro que se extrae en Colombia. En teoría, cada gramo que se exporta debe dejar un registro en papeles que permite conocer el punto preciso de donde salió. Así, las empresas extranjeras pueden tener la certeza de que no provino de un yacimiento ilegal, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podría asegurarse de que cada actor declare y pague los impuestos de su actividad.

Pero las cifras analizadas para esta investigación exponen que este proceso no marcha como debería. El análisis de la base de datos de exportaciones —construida como parte de la serie investigativa Las rutas del oro sucio— revela varias inconsistencias.

Una de las más alarmantes es que, entre 2014 y 2023, Colombia envió al exterior más de 574 toneladas métricas de oro, pero la autoridad minera solo tiene registrada la producción de 508 toneladas. Pese a que entre 2014 y 2016, el país exportó menos de lo que produjo, desde 2017 hasta 2023, las cantidades exportadas fueron mucho mayores de las que el país declaraba producir. Como resultado, por lo menos 115 toneladas no tienen un origen conocido. ¿De dónde salen y a dónde están llegando esas toneladas de oro cuyo origen no es claro?

El país a donde más oro se exporta desde Colombia es Estados Unidos, que compró entre 2014 y 2023 cerca de 232 toneladas. Italia es el segundo mayor importador actualmente, que no tenía una participación importante antes de 2019, y ya ha importado 88 toneladas. Suiza, aunque ha reducido la cantidad de oro que le compra a Colombia, ha recibido 67 toneladas en nueve años. En total, las transacciones de oro con el exterior representaron, entre 2014 y 2023, una suma equivalente a US $21.320 millones de dólares, más de mil veces lo que gana Lionel Messi con el Inter de Miami, su actual equipo de fútbol.

Un elemento más muestra lo complejo de este mercado: en el top 15 de las empresas exportadoras de oro colombiano (que concentran más del 72 % de la exportación de oro desde 2014) hay por lo menos tres compañías con procesos penales en la Fiscalía por lavado de activos: CIJ Gutiérrez, CI Metales Preciosos de Colombia y CI Metales Hermanos.

Algunas de ellas, como CIJ Gutiérrez, la exportadora más grande del país, y CI de Metales Preciosos de Colombia (Meprecol), han pasado por extinción de dominio (es decir, fueron decomisadas por el Estado por usarse, directa o indirectamente, en actividades ilícitas) y actualmente son administradas por una entidad estatal: la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Entre 2014 y 2023, estas empresas han enviado, respectivamente, 83 toneladas y 48 toneladas de oro al exterior.

CI Metales Hermanos, otra de las principales exportadoras de oro colombiano, está en la misma situación. Según la Fiscalía, entre 2009 y 2015, esta empresa realizó compras ficticias a personas inexistentes e infló sus transacciones con el fin de certificar el origen del oro. Algunas de ellas, revela el expediente al que se tuvo acceso para esta investigación, fueron hechas con los habitantes de un resguardo indígena llamado Chorrobocón, en Guainía. La comunidad, sin embargo, no reconoce esas ventas.

“Hace unos años vinieron unos señores y sus abogados que nos pedían firmas, porque les incautaron unos kilos de oro. Llegaron a la comunidad porque éramos los únicos que teníamos zona minera. Y porque también hay barequeros registrados. Entonces vinieron a pedirles que firmaran un papel donde manifestaban que el oro era sacado aquí y se vendía para ellos”, explica el capitán de Chorrobocón, máxima autoridad de la comunidad. “Ofrecían 10 millones de pesos (al rededor de 2.600 dólares) a la comunidad por la firma, pero la autoridad de esa época no lo aceptó”, cuenta.

Pese a que Chorrobocón fue la primera Zona Minera Indígena que se formalizó en el país, en los años 90, actualmente no tiene títulos mineros vigentes, pues los perdió en 2006 por no llevar registros contables del oro que extraía ni tener reportes de las regalías que debían pagar. Sin embargo, como también confirma su capitán, el oro se sigue extrayendo de forma informal en los ríos.

Los papeles del lavado

En las 20 calles que conforman la zona urbana de Puerto Inírida, solo un almacén tiene un letrero grande que dice “compra de oro”. Está acompañado del NIT, el número de identificación que demuestra que es un negocio legal, registrado. Pero no es el único lugar donde se comercializa oro. En este pequeño caserío que se abre paso entre la selva, hay más de una decena de joyerías y compraventas que se dedican a la misma actividad.

En la parte trasera de uno de estos sitios en los que se comercializa el oro sin mayores controles, hay un pequeño horno, que alcanza temperaturas de hasta 1200 °C. Allí, cuenta un hombre detrás del mostrador, funden los gramos que compran a los distintos mineros. Tanto los que están registrados como “mineros de subsistencia”, una categoría que creó el Estado colombiano para reconocer y formalizar a los mineros artesanales; como a quienes trabajan en las dragas.

Según el “Registro Único de Comercializadores” de la Agencia Nacional de Minería (ANM), en Guainía hay 1.556 mineros inscritos como de subsistencia. Todos ellos tienen prohibido usar máquinas, explosivos o hacer actividades subterráneas. Y ninguno puede extraer más de 420 gramos de oro por año.

Aunque hay algunos que cumplen la normativa, investigaciones de la Fiscalía a las que tuvo acceso El Espectador, como parte de la Red Transfronteriza de OjoPúblico, revelan que este registro (RUCOM) también se ha usado para “certificar” o lavar el oro extraído en yacimientos ilegales. En otras palabras, asegura una fuente de la Fiscalía que ha investigado la minería ilegal, pero que solicitó mantenerse en el anonimato, ha sido un camino para lavar o blanquear el oro de origen ilegal.

La Agencia Nacional de Minería pide diligenciar unos formatos en los que está el nombre de la persona registrada en Rucom, el lugar de extracción y la cantidad de gramos que ha vendido (con un límite mensual de 32 gramos). “Pero cualquier persona puede registrarse, llenarlos y, con esos papeles, vender el oro que viene de yacimientos ilegales. Entonces, los comerciantes pagan las regalías, como si hubiera salido de una explotación formal, y consiguen la autorización para exportarlo”, explica. Cuando superan el tope de producción, agrega, inscriben a familiares o amigos en el sistema, así no realicen la actividad. “En la autoridad minera (ANM) no hay manera de verificar que ese oro es legal. Ahí hay una falla en el sistema”.

Álvaro Pardo, director de la ANM, dice que no es cierto que estén comprando oro ilegal y reitera que están haciendo esfuerzos para que eso no ocurra. En el caso de los mineros de subsistencia, asegura que el límite de los gramos es uno de los controles de la agencia. “Ahí no puede filtrarse oro de lavado de dólares o de dudosa procedencia”.

Pero también reconoce que, en el tiempo que lleva en el cargo (un año y medio), han detectado ciertas inconsistencias con esos registros. Ha habido, por ejemplo, mineros artesanales que no logran extraer los 420 gramos por año y venden su “cupo” restante por $100 mil o $200 mil pesos colombianos (US $ 20 - 50) a otras personas para que los usen. En otros casos, han hallado personas fallecidas cuyos nombres siguen siendo utilizados para comercializar oro con registro (RUCOM).

“Tengo otras denuncias gravísimas de lo que pasó en años anteriores: a un montón de gente que no tenía nada que ver con la minería, le dieron RUCOM. También había personas de bajos recursos a los que les pidieron sacar ese registro para luego vender el ‘cupo’. Así, otros legalizaban el oro que era ilegal. Es muy grave. Pero desde la ANM estamos poniéndole freno a esa situación”, sostiene Pardo.

Aunque las Alcaldías de cada municipio son las que deben registrar y verificar a esos mineros de subsistencia, es fácil comprobar la fragilidad del sistema al ingresar a una de las compraventas de oro en Puerto Inírida. Mientras estamos en una de ellas, un hombre moreno, flaco y alto entra y, de su bolsillo, saca una pequeña bolsa con fracciones diminutas de oro y un trozo de un par de centímetros. Los vierte en una taza sobre una báscula; suman tres gramos. Le pagan en efectivo y se va. No le pidieron documentos, no revisaron el registro de barequeros. Tampoco contaron cuántos gramos ha vendido en el mes o en el año.

Transacciones con resguardos indígenas en Guainía

Algo similar a este problema fue lo que detectó la Fiscalía en el caso de la empresa antioqueña CI Metales Hermanos y sus transacciones con el Resguardo Indígena Chorrobocón. La investigación documentó transacciones por $38.860 millones (US $12.7 millones) con el resguardo en Guainía. Y, según la entidad, la empresa realizó esos pagos a través de la Cooperativa Mineros de Colombia (Coomilcop), representada por Sergio Alejandro Varón Moreira.

Sergio Varón ha sido señalado de liderar el plan para que los indígenas aparecieran como proveedores de CI Metales Hermanos, pero, actualmente, se desconoce su paradero. “Él fue el representante legal de esa asociación de mineros. Pero creo que cometió un error ante la ley, entonces desapareció”, recuerda la autoridad indígena del resguardo.

La Fiscalía había iniciado esa investigación en 2018. Sospechaba que los accionistas de esa empresa, los hermanos Carlos Felipe y Jorge Andrés Ortiz Yepes, eran culpables de lavado de activos, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito de particulares. Con las pruebas que habían recopilado, el 4 de abril de 2019 el fiscal encargado presentó la imputación ante un juzgado de Medellín y pidió medidas de aseguramiento que no privaran de la libertad a los hermanos Ortiz Yepes y a otros funcionarios de la empresa. El juez accedió a que hubiese vigilancia electrónica y les prohibió salir del país.

Al cabo de unos meses, en noviembre de 2019, la Fiscalía presentó el escrito de acusación con un hallazgo clave: aseguró que las transacciones que CI Metales Hermanos había hecho a resguardos indígenas por compras de oro nunca existieron. Pero la empresa sí registraba transacciones millonarias a distintos proveedores. “La mayoría de las transacciones realizadas desde y hacia las cuentas corrientes de CI Metales Hermanos superan los $500.000.000 (US $164.000) [cada una]. Gran parte se giraba mediante cheques de gerencia”, se lee en el expediente al que tuvo acceso El Espectador para esta investigación.

En otro apartado, quienes lideraban la investigación ratificaron que en los municipios en los que los empresarios dijeron haber adquirido el oro, no existía ese mineral o la explotación no era de la magnitud que se reportaba. También constataron que muchas de las empresas de las que CI Metales Hermanos decía haber adquirido el oro eran, en realidad, proveedores ficticios.

Solo en algunos casos las direcciones de funcionamiento de los proveedores de CI Metales Hermanos sí correspondían a pequeñas compraventas de oro. En muchas otras ocasiones eran direcciones falsas, direcciones de casas de familia o de chatarrerías. Aun así, entre 2014 y 2015, la empresa exportó 6,78 toneladas métricas de oro colombiano. La última exportación que hizo fue en 2015. Desde septiembre de 2016 se encuentra en extinción de dominio y está en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). En total, según la Fiscalía, CI Metales Hermanos lavó $1.9 billones (US$ 580 millones) a través de oro ilegal.

Ahora, la Fiscalía se prepara para la próxima audiencia, que está programada para mayo de este año. Por el momento, los abogados de la compañía se han centrado en explicar que la actividad minera de la que provino el oro que comercializó la empresa se hacía en entornos muy informales, en donde los mineros no estaban registrados y otros no tenían interés en hacerlo. Entre sus argumentos indican que las operaciones de comercio exterior realizadas por CI Metales Hermanos se ajustaron a las normas que, en ese entonces, regían la actividad de comercio de metales preciosos entre Colombia y Estados Unidos.

Los icónicos casos de “blanqueo” de oro que siguen sin concluir

El caso de CI Metales Hermanos es el más avanzado de todos los que adelanta la Fiscalía por lavado de activos en contra de empresas comercializadoras vinculadas con minería ilegal, pero no es el único. La primera investigación de ese tipo fue hace casi una década, en 2015, y ocupó un lugar especial en la memoria de los colombianos. Fue contra Goldex que, con el tiempo, empezó a ser conocida como la “lavadora de dinero” más grande del país.

Goldex era propiedad de Úber Hernández, conocido como “el zar del oro”. Aunque fue acusado de concierto para delinquir, lavado de activos, fraude procesal y falsedad en documentos en 2015, quedó libre un año después por vencimiento de términos. La acusación por “lavado de activos” que hay en contra de los funcionarios de la compañía caduca en enero del 2025.

Además del escándalo que desató ese caso, en el proceso hubo un acontecimiento muy particular que capturó la atención de todos los medios: uno de los acusados se suicidó en plena audiencia. Hoy, seis de los siete procesos que tiene abiertos el ente investigador contra los integrantes de esta empresa están lejos de acabar (continúan en audiencias preparatorias), pero los delitos están cerca de prescribir, adviertieron fuentes cercanas al proceso.

Otro caso icónico en Colombia es el de CIJ Gutiérrez, una de las comercializadoras de oro más antiguas del país, constituida en 1936, y que actualmente sigue ocupando el primer lugar en la exportación de oro colombiano de la última década (83 toneladas, valoradas en más de US $3 mil millones). La Fiscalía también acusó a sus accionistas de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En el expediente, al que accedió El Espectador, esa entidad sostiene tener pruebas para asegurar que, como en el caso de Goldex, la compañía usó nombres de personas fallecidas, nombres inexistentes en la base de datos de la Registraduría o de empresas de fachada para justificar la procedencia del oro. Además, vincula a la compañía con grupos armados.

Entre 2006 y 2008, según el expediente judicial, la compañía realizó supuestas operaciones con la empresa de Jairo de Jesús Rendón, alias Germán Monsalve, hermano de los exjefes paramilitares Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, y Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”. Ambos fueron líderes de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia en los departamentos de Antioquia, Meta y Chocó. El primero está preso en Estados Unidos, desde 2018, por narcotráfico. El segundo, está libre luego de someterse a la justicia.

De hecho, la Fiscalía señala que en 2010 CIJ Gutiérrez realizó operaciones por más de $1.900 millones (US $1’029.200) con Jairo Hugo Escobar Cataño, también llamado “el zar del oro”, actualmente condenado y preso por el asesinato de cuatro mineros en Remedios (Antioquia) y por haber financiado grupos criminales en el Bajo Cauca.

Desde 2019, CIJ Gutiérrez es administrada por la SAE, temporalmente, mientras se define si se utilizó con fines ilícitos. Sin embargo, en agosto de 2023, un juez anuló por tercera vez el proceso contra la compañía, pues, a su parecer, la imputación y la acusación de la Fiscalía fueron “confusas”. En octubre de 2020 y febrero de 2023, otros dos jueces ya habían anulado el proceso: consideraron que la Fiscalía no sustentó adecuadamente los cargos contra los miembros de la empresa.

Por su parte, los abogados de Goldex, que también defienden a los directivos de CI Metales Hermanos, señalan que “la Fiscalía no ha podido demostrar que el origen del oro es ilícito o demostrar que las empresas tienen nexos con grupos criminales”. En otras palabras, en los dos casos más emblemáticos de la Fiscalía sobre el lavado de activos a través de oro, no hay una sola condena.